Opinión
Al amparo de la Ley de Garantías (Ley 21.430 sobre Garantías y Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, Diario Oficial de 15.03.2022) los niños, niñas y adolescentes deberían comenzar a vivir en mejores condiciones en diversos aspectos de la vida, como salud, vivienda, educación, familia, comunidad, con todo lo necesario para su desarrollo e inserción en la sociedad, particularmente aquellos cuyos derechos no son respetados ni restituidos y a muchos de los cuales, con el fin de protegerlos y resarcir esos derechos, se aplican medidas de protección residenciales por los Tribunales de Familia.
Esta ley está en línea, en sintonía con el cumplimiento del anhelo de una ley de garantías manifestado en materia de niñeces desde hace muchos años, a lo menos desde la entrada en vigencia en Chile de la Convención sobre los Derechos del Niño (1990) y en variados informes sobre la grave situación de niños vulnerados en sus derechos.
Ejemplos de esos informes son los de la Cámara de Diputados de los años 2014 y 2016 y el Informe del Comité de los Derechos del Niño de la Organización de Naciones Unidas del año 2018, todos de aciagas conclusiones.
Es de esperar que sobre la base jurídica que establece la mencionada Ley de Garantías y en conjunto con los demás instrumentos legales como el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, la política pública sobre infancia y adolescencia, la Defensoría de la Niñez, el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, la Ley de Tribunales de Familia y el Sistema Integrado de Información, Seguimiento y Monitoreo del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, se pueda construir otra realidad para los niños.
Consecuentemente otra realidad para toda la sociedad, que se puedan superar las situaciones reveladas por los informes mencionados y también de aquellas de que da cuenta el Informe de la Cámara de Diputados de noviembre del año 2023 respecto del Servicio Mejor Niñez.
Se requiere mucho trabajo y dedicación tanto de los servicios del Estado como de los privados para tan magna tarea, que redundará en una mejor calidad de vida no solo en la realidad y destino de niños, niñas y adolescentes, sino que en la realidad de toda la sociedad.
Uno (entre tantos otros relevantes) de los elementos de importancia para la construcción de otra realidad es el debido seguimiento y cumplimiento de las medidas de protección, para lo cual existe un mecanismo creado por ley, una plataforma que se denomina Sistema Integrado de Información, Seguimiento y Monitoreo del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, el cual nos parece fundamental que sea alimentado, revisado, controlado y fiscalizado día a día, cotidianamente, para que se tomen y oportunamente, las medidas necesarias para la protección y restitución de los derechos de niños, niñas y adolescentes vulnerados en sus derechos.
