Opinión
Según datos del Ministerio de Educación, el 87% de los escolares posee un celular con acceso a internet y en promedio los obtienen desde los 8 o 9 años.
El debate en torno al uso del celular en los colegios de nuestro país se ha intensificado posterior a la pandemia debido a la sobreexposición de niños y jóvenes a múltiples pantallas, siendo un objeto de distracción, temas de salud mental e incluso acoso escolar. Han aparecido diferentes voces abogando por su prohibición, siendo un hito la decisión del municipio de Las Condes en julio y recientemente el proyecto de ley que regula el uso de dispositivos digitales aprobado por la Cámara de Diputadas y Diputados.
Según datos del Ministerio de Educación, el 87% de los escolares posee un celular con acceso a internet y en promedio los obtienen desde los 8 o 9 años, lo que significa que 9 de cada 10 niños desde tercero básico, dispone de un celular para fines personales como comunicarse vía redes sociales, jugar y ver videos en la red y, en menor medida, para estudiar.
El problema se origina debido a que los estudiantes quieren aplicar estos mismos usos en el aula, no siendo capaces, en su mayoría, de usarlos como un apoyo educativo. Frente a esto, algunos sostienen que es mejor prohibir, mientras otros indican que todavía estos males son menores si se consideran sus múltiples posibilidades educativas.
El informe de seguimiento educativo de la Unesco indica que uno de cada cuatro países ya ha regulado el uso de los celulares en la sala de clases. Si bien existen varios argumentos, el informe de la OCDE en torno a la prueba PISA 2023 deja en claro que estos dispositivos distraen a los alumnos y reducen el aprendizaje, lo que ha sido un argumento clave para varias naciones.
Además, la reciente investigación de la Norwegian Institute of Public Health, indicó que la prohibición disminuyó el estrés y ayudó a una merma del 43% de los casos de acoso, sumado a un aumento en la mejora de las calificaciones.
Por otro lado, existen evidencias de su aporte al aprendizaje, siendo una herramienta de participación que permite implementar nuevas metodologías, facilitando el acceso a información y recursos más interactivos o de estudio, al ser un computador de bolsillo. Estas ventajas hacen explorar la regulación como una instancia de consenso que permita aprovechar sus ventajas.
Si bien el control o incluso la prohibición pueden atender el problema dentro del aula, la realidad seguirá igual si es que no se adopta un enfoque integral de responsabilidad frente a su uso, tanto de los estudiantes como de sus familias. La Radiografía Digital de Niños, Niñas y Adolescentes evidencia que el 58% de los padres en Chile está a favor de la prohibición en las salas de clases, sin embargo, el control del uso del celular por parte de las familias es muy bajo. Se usa como un castigo y no existe posibilidades de diálogo, sobre todo con los adolescentes. Por ende, es importante una preocupación a nivel país.
Ninguna política pública será exitosa si solamente se apunta a negar de forma permanente el uso de estos dispositivos, pero, por otro lado, tampoco será efectiva si no existe el rol de guía de las familias en función de sus hijos y educandos.
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