Opinión
El 18 de noviembre, Día Mundial para Prevenir la Explotación y los Abusos Sexuales contra los Niños y Niñas, se presenta como una fecha para la reflexión. La explotación y los abusos sexuales contra los niños son una de las vulneraciones más graves de los derechos humanos, y su impacto se extiende más allá de los daños inmediatos, afectando profundamente el desarrollo físico, emocional y psicológico de las víctimas.
Según un informe de Unicef, se estima que aproximadamente 1 de cada 4 mujeres y 1 de cada 11 hombres en el mundo han sido víctimas de abuso sexual durante su infancia.
En América Latina, la situación es alarmante: en países como Chile, el Servicio Nacional de Menores (Sename) reporta más de 7 mil casos anuales de abuso sexual infantil, lo que indica una prevalencia preocupante de este tipo de violencia. Sin embargo, las cifras reales podrían ser mucho mayores, dado el alto nivel de subregistro asociado al estigma, el miedo y la falta de denuncias.
De acuerdo con las cifras de la subsecretaría de la Prevención del Delito, de los casos denunciados en el ámbito de delitos sexuales durante el año 2022, en el 89,3% de los casos las víctimas son mujeres, de ellos, el 27,7% corresponde a jóvenes entre 18 y 29 años, el 19% de los casos corresponde a adolescentes entre 14 y 17 años, la cifra mayor de casos de abuso sexual corresponde al tramo de las menores de 14 años con un 31% de los casos denunciados.
En el caso de los hombres, las denuncias de delitos sexuales corresponden al 10,6% del total, siendo el tramo etario más afectado por este delito, los menores de 14 años, con un 44,2% de las denuncias, seguido por el tramo entre 18 y 29 años con el 19,7% de los casos.
En 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) reportó que, a nivel global, 120 millones de niñas y mujeres han sido víctimas de mutilación genital femenina, una forma de violencia sexual que afecta principalmente a menores de edad en diversos contextos socioculturales.
El ámbito académico, especialmente en áreas relacionadas con la salud, juega un papel crucial en la construcción de una sociedad más justa y equitativa para los niños y niñas. Desde la Obstetricia, tenemos el compromiso de formar a profesionales capacitados no solo en los aspectos técnicos de la salud reproductiva, sino también en la identificación y prevención de los abusos sexuales y la explotación infantil. El trabajo interdisciplinario entre profesionales de la salud, la educación y la justicia es fundamental para garantizar que los menores que son víctimas de abuso reciban la atención integral que necesitan.
Matronas, ginecólogos, psicólogos y trabajadores sociales deben estar entrenados para reconocer señales de abuso sexual y violencia, para proporcionar el apoyo adecuado, y para realizar las derivaciones necesarias a los servicios correspondientes, conociendo el marco legal vigente.
Además, deben ser conscientes de los efectos a largo plazo que tales experiencias traumáticas pueden tener sobre el desarrollo de las víctimas y, por lo tanto, deben promover un enfoque de intervención que favorezca la sanación física y emocional. En este sentido, la formación académica no solo debe centrarse en el conocimiento técnico, sino también en el fortalecimiento de valores éticos y de respeto hacia los derechos humanos.
La invitación es para que todos los actores sociales, académicos, y profesionales reflexionen sobre las responsabilidades que nos corresponden en la promoción de una cultura de paz y respeto hacia esta importante población, en la construcción de políticas públicas más eficaces en la prevención y atención de los casos de abuso, y en la oferta de espacios donde las víctimas puedan sanar y reintegrarse a la sociedad sin el estigma ni el dolor de la violencia sufrida.
