Esto luego que en agosto pasado la ex modelo y consultora empresarial Carla Franklin demandara a Google ante un tribunal de Nueva York por negarse a revelar la identidad de quien la insultó a través de la plataforma de videos.
YouTube tiene dos semanas para revelar la identidad de alguien que colgó comentarios difamatorios contra una ex modelo en su web, una decisión judicial que puede sentar precedentes para limitar la impunidad del anonimato en internet y que ha generado un amplio debate en la red.
«Si no puedes llamar a alguien ‘puta’ en los comentarios de YouTube sin ser expulsado, realmente es que el anonimato de internet está muerto», asegura este lunes Gawker, uno de los blogs de carácter informativo más populares de Estados Unidos.
En agosto pasado, la ex modelo y consultora empresarial Carla Franklin demandó a Google ante un tribunal de Nueva York por negarse a revelar la identidad de un usuario de su plataforma de videos YouTube que la insultó en esa web.
«Pido a Google que dé información sobre la persona que me acosa en la red, porque creo que es igual que en persona y si emprendo medidas legales no quiero que las actividades anónimas en internet queden excluidas», asegura la afectada en un comunicado difundido por la red legal FreeSpeechv3.org ante las críticas recibidas por la decisión judicial.
Según la demanda interpuesta, alguien escribió comentarios «maliciosos y falsos» en relación a vídeos colgados en YouTube en los que aparece la demandante, quien sostiene que todas las observaciones despectivas fueron hechas por la misma persona, aunque bajo tres pseudónimos diferentes.
Además, el anónimo usuario también colgó fragmentos de una película independiente de bajo presupuesto en la que aparece la ex modelo, que en la actualidad trabaja de consultora.
La demandante, que es licenciada en biología y completó el año pasado una maestría en administración de empresas en la Universidad de Columbia, asegura en la documentación presentada ante los tribunales que los insultos supusieron «una humillación personal» y afectan a su futuro profesional.
La denuncia citaba como precedente el caso de la modelo Liskula Cohen, que el año pasado logró que un juez obligara a Google a revelar la identidad del responsable de un blog en el que se la insultaba.
En su polémica decisión, los tribunales neoyorquinos han escuchado la petición de Franklin y el pasado jueves dieron dos semanas a YouTube para que desvele la identidad, dirección y número de teléfono del responsable de esos comentarios -registrado con los nombres «JoeBoomo8», «jimmyJeanoo8» y «greyspector09»-, una decisión que ha acaparado la atención de muchos medios y páginas web que debaten sobre si la medida es oportuna o excesiva.
«Si vas a colgar un comentario de alguien, tienes que hacerte responsable de él», aseguraba hoy su abogado, David Fish, en un programa de televisión, en el que defendía que en internet se deben aplicar las mismas leyes que en la «vida real».
Por contra, Gawker calcula que «en YouTube se le llama a alguien ‘puta’ cada 0,03 segundos», por lo que sería una locura que todo el mundo que se sintiera agraviado tuviera derecho a exigir a Google que difundiera sus datos.
«He lidiado con este comportamiento obsesivo y de acoso desde 2006. Pese a ignorar las llamadas y correos electrónicos y cambiar de número, tratando de ser agradable y con la esperanza de que esta actitud se detendría, se ha mantenido durante cuatro años», asegura la ex modelo en el citado comunicado.
Esta decisión se adopta coincidiendo con la demanda presentada por el artista de Broadway Marty Thomas en la que pide una orden judicial para obligar a Twitter a desvelar la identidad de un usuario de su red que, según él, difundió comentarios difamatorios y falsos en su contra.
El portal tecnológico Switched asegura hoy que «esta podría ser la primera vez que un tribunal ordena a YouTube desenmascarar a uno de sus usuarios por sus comentarios cuya legalidad es imprecisa, y probablemente no será la última».
«Después de todo, Franklin tiene todo el derecho a proteger su nombre y reputación. Al menos se le debería permitir que confirmara la identidad de su objetivo antes de utilizar sus propios recursos para presentar una demanda», añade el portal, en el que se afirma que «si se tratara de amenazas o pornografía infantil el juez no lo pensaría dos veces».
