La propuesta para regular Uber y Cabify que fue ignorada en el Senado

Luego de seis sesiones en las que la Comisión de Transportes del Senado se abocó a analizar, con la participación de distintos expertos, una fórmula para resolver el conflicto que había generado entre los taxistas la irrupción de aplicaciones como Uber y Cabify, el presidente de la instancia parlamentaria, Manuel Antonio Matta (DC) anunció el envío de un informe de las conclusiones de ese trabajo al Ejecutivo. Pero descartó tajantemente la posibilidad de impulsar una moción parlamentaria para regularizar esos servicios, dejando de este modo esa decisión en manos del  gobierno.

“Se trata de un servicio que se está dando pero que obviamente no se encuentra ni normado ni regulado por aquellos decretos que básicamente fichan las condiciones para operar en el espacio público como el resto”, dijo el legislador en una entrevista con Radio Bío Bío. Y explicó que el camino que debieran seguir esos servicios es el de equipararse con las condiciones que tienen que cumplir los taxis. “En eso no vamos a hacer una moción parlamentaria y esa es la definición que tomamos como Comisión de Transporte, tampoco tenemos una sola opinión en la comisión al respecto”, dijo. Y puso énfasis en que esa decisión se fundaba en que no se había logrado en este tema el consenso que había pedido el Ejecutivo para sacar adelante un proyecto.

[cita tipo=»destaque»]La idea, detalla el documento, es que los taxis “puedan competir en un plano simétrico con los servicios de aplicaciones tecnológicas e incentive la renovación “por parte de un sector de transporte que no ha evolucionado lo suficiente en los últimos años, haciendo una prestación de servicios sin reconocer y aplicar herramientas que le permitan dar un mejor servicio a los usuarios, quienes demandan dichos servicios”.[/cita]

Sin embargo, la tibieza de las declaraciones de Matta contrasta con las propuestas que tuvieron en sus manos los legisladores y que forman parte de un documento de trabajo al que tuvo acceso El Mostrador Vida. Éste detalla una serie de medidas que no sólo permitirían a Uber y Cabify ofrecer sus servicios en un mercado regulado, sino que también posibilitaría a los taxistas subirse al carro de las nuevas tecnologías.

Lo anterior, en el entendido que se trata de una realidad que requiere una “nueva modalidad de servicios de transportes bajo un registro que incorpore estas plataformas fundado en la seguridad vial y un resguardo a los usuarios para contar con servicios seguros y eficientes y con tarifas debidamente consensuadas”.

Mejor fiscalización

El documento que fue elaborado por la comisión integrada, además de Matta por los senadores Guido Girardi (PPD), Juan Pablo Letelier (PS), Manuel José Ossandón (RN) y Alejandro García Huidobro (UDI) asegura que existen las condiciones para proponer “un proyecto de ley que sirva de norma marco para permitir la inscripción de empresas que dan servicios de aplicaciones tecnológicas para servicios de transporte de pasajeros. Dicho registro permitirá individualizar la razón social, domicilio y representante legal de la empresa que presta servicios en red a terceros denominados usuarios, quienes demandan dichas prestaciones”.

El ministro de Transportes, Andrés Gómez-Lobo, fue una de las autoridades de gobierno que participó en el trabajo de la Comisión del ramo de la Cámara Alta para analizar el caso Uber. La imagen es una de las sesiones celebradas el pasado 12 de abril. (Foto: AgenciaUno)

Asimismo propone que haya “dos registros. El primero referido a taxis básicos que contemple los requisitos y condiciones para ejercer esta actividad, guardando relación con la ley que congeló el parque de estos servicios de taxi básico. Dicho reglamento deberá incorporar las medidas que tiendan a flexibilizar dichos servicios, permitiendo a propietarios y/o a conductores de taxi incorporar las nuevas aplicaciones tecnológicas dentro de un plazo a determinar vía reglamento”.

Y agrega que el segundo registro deberá incorporar todas las modalidades que hoy están cubiertas en el decreto 80, básicamente prestadores de colectivos, turismo y especiales, e incorporar a los propietarios de vehículos privados que prestan servicios de transporte de pasajeros. El principio que debe guiar es el de igualdad de trato por parte de la autoridad ante servicios homologables”.

La conclusión es que dicho reglamento especial generaría “efectos jurídicos deseados”, ya que el hecho que exista un domicilio y un representante conocido, permitiría a las autoridades de transportes, tributarias y otras, fiscalizar y emplazar válidamente a éstos actores, y también eliminaría el inconveniente de sólo relacionarse de manera virtual, “lo que permite eliminar las sospechas e interrogantes de quienes están detrás de las aplicaciones autodefinidas como ‘empresas de redes de transportes’”.

Adiós al taxímetro

Este diagnóstico considera necesario que se regule a los nuevos actores respecto de los estándares de sus vehículos y tecnologías para fijar sus precios y modalidades de pago. Y para garantizar la “igualdad de trato”, plantea la posibilidad de flexibilizar las condiciones con que operan los taxis básicos, colectivos y vehículos de turismo normados  por el decreto 212 y por el decreto 80, “cuerpos legales que requieren de manera imperativa revisarse”.

La idea, detalla el documento, es que los taxis “puedan competir en un plano simétrico con los servicios de aplicaciones tecnológicas e incentive la renovación “por parte de un sector de transporte que no ha evolucionado lo suficiente en los últimos años, haciendo una prestación de servicios sin reconocer y aplicar herramientas que le permitan dar un mejor servicio a los usuarios, quienes demandan dichos servicios”.

En cuanto al decreto 212, los propusieron modificarlo para que el taxímetro pueda usarse de manera voluntaria y pueda reemplazarse por “carreras convenidas para regular la tarifa de los servicios, en este último caso previamente mediante una aplicación tecnológica”. Y también la voluntariedad del uso de sistemas de pago electrónico.

«No vamos a hacer una moción parlamentaria y esa es la definición que tomamos como Comisión de Transporte, tampoco tenemos una sola opinión en la comisión al respecto”, dijo el senador DC y presidente de la instancia legislativa, Manuel Antonio Matta.

Y sobre el decreto 80 la modificación dice relación con obligaciones tales como patentes distintivas, una identificación del Ministerio de Transportes, las incorporación al registro de propietarios y conductores que prestan servicios a empresas de aplicaciones tecnológicas y la declaración e identificación de la relación legal con las empresas tecnológicas.

El informe pone de relieve que uno de los factores que ha llevado a muchos usuarios a utilizar los servicios de Cabify y Uber, tiene que ver con las tarifas basadas en sistemas de geolocalización, que transparenta al inicio el precio que va a tener un determinado trayecto.

“Dado que en los taxis básicos la tarifa se encuentra regulada y la modalidad de cobro se basa en la anacrónica tecnología del taxímetro, proponemos crear un incentivo cierto para que los taxis puedan invertir en sistemas de geolocalización para generar el cobro de los viajes al pasajero. Desde esta perspectiva, el regulador podría eliminar las restricciones a la tarifa para aquellos taxis que utilicen sistemas de geolocalización para reemplazar el taxímetro”.