Vida Opinión
Nos anima la convicción basada en la experiencia que el primer paso para eliminar armas de destrucción masiva es su prohibición. La tarea es enorme y la responsabilidad es de todos. Los riesgos y amenazas representados por la existencia de armas nucleares afectan a todos los estados y a todas las personas.
Por primera vez en muchos años, se vislumbran señales de esperanza para todos aquellos que buscan lograr un mundo libre de armas nucleares.
El reciente ensayo nuclear llevado a cabo por Corea del Norte nos recordó de manera dramática que las armas nucleares siguen representando la principal amenaza a la seguridad internacional.
Después de la detonación de las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki y durante la guerra fría, la opinión pública internacional compartía, en gran medida, la preocupación por una eventual guerra nuclear. Pero luego de la desintegración de la Unión Soviética y de la destrucción del Muro de Berlín, este tema dejó de ser prioritario para la mayoría de las personas, cediendo su lugar a otras causas más evidentes y palpables, como los efectos del cambio climático, las demandas energéticas y el desarrollo sostenible, entre otras.
[cita tipo=»destaque»] Es claro que a pesar de su vigencia e importancia, el Tratado de No Proliferación no es suficiente porque no establece plazos determinados para la obligación de avanzar en el desarme nuclear, y porque ha sido interpretado por algunos estados como un instrumento que otorga legitimidad a los poseedores de estas armas reconocidos en este tratado, dejando a los otros afuera.[/cita]
A pesar de esta menor conciencia sobre los peligros nucleares, mientras las armas nucleares existan no va a desaparecer el riesgo de que sean usadas intencionalmente o detonadas accidentalmente. Ahora también sabemos que los ensayos nucleares tienen consecuencias incalculables tanto para la población como para el medio ambiente.
No se puede desconocer que las armas nucleares siguen cumpliendo un papel central en las doctrinas de seguridad y defensa de muchos estados, tanto poseedores como aliados estratégicos que se creen beneficiados por la supuesta protección de estas armas. Se estima que alrededor de 16.000 armas nucleares se encuentran almacenadas en los arsenales de 14 países, y unas 1.800 se encuentran en un estado de alerta máxima, preparadas para ser usadas en minutos.
Las armas nucleares son las únicas armas de destrucción masiva que no han sido prohibidas a través de un instrumento jurídico internacional vinculante. Las armas biológicas fueron abordadas a través de la Convención sobre Armas Biológicas (1975) y las armas químicas a través de la Convención sobre Armas Químicas (1997).
El Tratado de No Proliferación de las Armas Nucleares (1970) se limita a reconocer a 5 estados como poseedores de armas nucleares (China, Estados Unidos, Francia, el Reino Unido y la Unión Soviética) y establece obligaciones que incluyen medidas para prevenir la proliferación –pero no la prohibición- de armas nucleares, a la vez que asegura el derecho inalienable de todos los estados a beneficiarse de los usos pacíficos de la energía nuclear.
Sin duda, este tratado ha evitado en gran medida que nuevos países adquieran armas nucleares. No obstante algunos sí las han adquirido, por cierto sin adherir al tratado. Es claro que a pesar de su vigencia e importancia, el Tratado de No Proliferación no es suficiente porque no establece plazos determinados para la obligación de avanzar en el desarme nuclear, y porque ha sido interpretado por algunos estados como un instrumento que otorga legitimidad a los poseedores de estas armas reconocidos en este tratado, dejando a los otros afuera.
Por estas limitaciones, y las devastadoras consecuencias para el mundo que tendría su uso, es necesario complementar el TNP con un instrumento que prohíba las armas nucleares de manera explícita.
Un futuro instrumento de prohibición tendría su base en normas elementales del Derecho Internacional Humanitario, las que constituyen la razón de ser del interés activo de Chile. Éstas incluyen aquellas que establecen que las armas militares deben discriminar entre objetivos civiles y militares, deben ser proporcionadas, no causar un daño humano innecesario ni provocar un daño incalculable al medio ambiente. El principio subyacente sigue siendo la protección de la población civil de los efectos de las operaciones militares.
En los últimos años, y con una activa participación de las organizaciones de la sociedad civil agrupadas en la Campaña Internacional para la Abolición de las Armas Nucleares (ICAN), se ha otorgado un mayor énfasis a la dimensión humanitaria. Esta campaña estableció el Compromiso Humanitario, un documento originalmente propuesto por Austria, luego suscrito por 127 países y posteriormente adoptado por la Asamblea General. Los países suscriptores, entre ellos Chile, se han comprometido a llenar el vacío legal existente para la prohibición y eliminación de las armas nucleares.
En nuestra región, la aproximación humanitaria es una causa que ha unido a todos los países de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), cuyos Jefes de Estado y de gobierno han acordado promover la negociación de un instrumento jurídicamente vinculante para la prohibición y eliminación de las armas nucleares.
Hoy este objetivo parece más cerca. Un grupo de trabajo abierto a todos los estados, establecido en las Naciones Unidas por una iniciativa de México y Austria, adoptó un documento de recomendaciones a la Asamblea General para avanzar en las negociaciones del desarme nuclear. La principal recomendación es que la Asamblea General convoque a una conferencia en el año 2017 para negociar un instrumento jurídico internacional que prohíba las armas nucleares.
¿Dónde radica la novedad? En que la Conferencia de Desarme, órgano establecido hace más de 3 décadas como foro de negociación multilateral en este ámbito, sin avances concretos desde hace 20 años, funciona a través del procedimiento de consenso. Esto en la práctica ha permitido a los países nucleares obstruir cualquier iniciativa que implicara asumir compromisos en materia de desarme nuclear. Al ser ahora tratado en la Asamblea General, un órgano de participación universal, se aplican sus reglas de procedimiento incluyendo la posibilidad de recurrir a una votación en el caso de que no se logre obtener el consenso requerido.
Por cierto los países poseedores de armas nucleares han expresado preocupación por esta evolución puesto que en el caso de que se llegara a adoptar, o incluso en el curso de las negociaciones, esto se traduciría en una creciente deslegitimación y estigmatización de estas armas.
No debemos ser ingenuos: es evidente que estamos recién en la etapa preliminar de un proceso muy complejo. Nos anima la convicción basada en la experiencia que el primer paso para eliminar armas de destrucción masiva es su prohibición. La tarea es enorme y la responsabilidad es de todos. Los riesgos y amenazas representados por la existencia de armas nucleares afectan a todos los estados y a todas las personas.
La discusión se inicia ahora en Nueva York durante la 71º Asamblea General. Todos los países tenemos la oportunidad y la obligación de participar. Chile lo hará como miembro activo de la comunidad internacional.
