Criminalización de la mujer: así funciona la draconiana ley de aborto de El Salvador

Por Jude Webber. Traducción: FT.

El sueño de Mirna Ramírez era modesto: tener dos hijos. Vio a su primer hijo morir a los cuatro meses de una anomalía en el cerebro. Preocupada de que lo mismo sucediera de nuevo, se mantuvo callada durante su segundo embarazo. Pero un mes antes de su fecha de parto, entró en trabajo de parto de forma prematura y su hija recién nacida se cayó adentro de una letrina. La bebé sobrevivió, pero Ramírez fue detenida por intento de homicidio y sentenciada a 12 años y medio de cárcel.

La salvadoreña de 48 años de edad intenta contener las lágrimas mientras describe lo que sintió al ver las fotografías de su hija aprendiendo a caminar, y celebrando los cumpleaños a los que ella nunca pudo asistir. «Mi vida ha sido un fracaso», dice.

Ramírez fue condenada en virtud de leyes antiaborto tan draconianas que no sólo interrumpir un embarazo, sino incluso sufrir un aborto espontáneo o parto prematuro complicado pueden enviar a una mujer a la cárcel por hasta 40 años bajo cargos de homicidio agravado. Activistas proelección dicen que la aplicación de la legislación antiaborto en El Salvador es extremadamente rigurosa incluso entre países donde existen leyes enérgicas contra la terminación del embarazo. Se ha creado una cultura de sospecha, dicen, en la cual las mujeres son presuntas culpables y los profesionales de la salud a quienes ellas acuden en busca de ayuda las reportan.

El entorno en el servicio de salud pública se ha vuelto pernicioso. Los médicos y el personal temen que el hecho de no informar sobre un caso sospechoso provoque la pérdida de sus empleos o suscite alegatos de complicidad. Muchos hospitales estatales ya no son un santuario, sino más bien el último lugar al que puede ir una mujer que ha intentado abortar o ha sufrido una emergencia obstétrica, incluso aunque se esté desangrando y esté en riesgo de perder la vida.

Los activistas estiman que hay hasta 49 mujeres encarceladas por cargos relacionados con el aborto, algunas de ellas a causa de un procedimiento que millones de mujeres de todo el mundo consideran su derecho, y otras a raíz de emergencias médicas o abortos espontáneos. Otras estimaciones arrojan el doble de esa cifra de mujeres privadas de libertad.

«¿Dónde está la intención criminal en un aborto espontáneo?» pregunta Dennis Muñoz, un abogado que colabora con grupos de derechos humanos para liberar a las mujeres en prisión por cargos de aborto en el país más pequeño de Centroamérica. En una sociedad que está sumida en la violencia entre sangrientas pandillas callejeras, a Muñoz le parece especialmente injusta la severidad del castigo. «Bien podrían acusar a alguien de estornudar», dice.

Hasta hace unos 20 años, El Salvador permitía el aborto si la vida de la mujer estaba en riesgo, si un caso de malformación fetal hacía inviable la vida del bebé o si el embarazo era consecuencia de una violación. A pesar de la influencia de la iglesia católica, que enseña que la vida comienza en el momento de la concepción, las clínicas privadas ofrecían abortos semiclandestinos: tabú, pero silenciosamente tolerados; caros, pero no exageradamente.

Pero a raíz de presiones por parte de grupos antiaborto, un nuevo código penal entró en vigor en 1998, prohibiendo totalmente el aborto. Chile, Honduras y Nicaragua están entre los países latinoamericanos con prohibiciones similares, pero El Salvador es singular por establecer lo que Dee Redwine, jefa del Programa Latinoamericano de la Federación de Planificación Familiar de EEUU, proveedora estadounidense de servicios de aborto, llama «un agresivo ataque punitivo contra las mujeres; una cacería de brujas es una muy buena forma de expresarlo».

Carmen Vásquez Aldana, una trabajadora doméstica que quedó embarazada tras ser violada a la edad de 17 años, parió a su bebé sola en una habitación oscura en la casa de su empleador. El bebé murió. Horas más tarde, aún sangrando profusamente, la llevaron al hospital, donde despertó esposada a la cama.

La Sra. Vásquez fue indultada el año pasado, tras cumplir siete años de su condena de 30 años por homicidio agravado. Su liberación se produjo tras una campaña para liberar a 17 mujeres que cumplían largas condenas, encabezada por Morena Herrera, principal promotora en El Salvador de la reforma de la ley antiaborto. Alegando que las mujeres son víctimas y no delincuentes, activistas presentaron simultáneamente indultos para todo el grupo en abril de 2014, pero sólo la solicitud de la Sra. Vásquez fue aceptada. La Sra. Ramírez fue liberada por buena conducta. Las otras 15 demandas fueron rechazadas y los activistas siguen luchando para que se conmuten o reduzcan estas condenas.

Sentada en el patio lleno de plantas de su casa, la Sra. Herrera toma café negro y fuma cigarrillo tras cigarrillo. Siendo ex guerrillera de la guerra civil de El Salvador entre 1980 y 1992 y madre de cuatro hijas, parece que ya nada la asusta. Pero sacude la cabeza con incredulidad al recordar la historia de una amiga de clase media que estaba tan desesperada por encontrar ayuda para su hija que había intentado abortar y estaba sangraba tan profusamente que la madre estaba dispuesta a llevarla a un hospital público.

«Prefiero que te arresten a que te mueras», dice que su amiga le dijo a la hija. «Te puedo sacar de la cárcel, pero no del cementerio». La joven finalmente evadió el castigo porque fue trasladada a una clínica privada.

Los activistas dicen que cada una de las 17 mujeres es solamente culpable de entrar en trabajo de parto de manera prematura, sin una partera o médico presente, y a menudo sin haberse realizado chequeos prenatales que podrían haber detectado problemas gestacionales. Tienen que probar su inocencia.

La bebé de la Sra. Ramírez nació de ocho meses. «Yo no la toqué. Ella sólo salió», dice. Después de ayudar a rescatar a la bebé, quien estaba viva, un vecino llamó a la policía. Cuando la llevaron al hospital, estaba esposada en un carro patrullero. Fue el comienzo de una odisea legal de más de doce años que terminó en octubre de 2014 cuando el Tribunal Supremo aprobó su liberación. Para ese momento, sólo le quedaba un mes de su sentencia original por cumplir.

En un comunicado, la ONU aplaudió la liberación de la Sra. Vásquez, diciendo que «revierte una sentencia tremendamente injusta … pero hay muchas más mujeres encarceladas por acusaciones similares». Es hora de que el gobierno de El Salvador revise la prohibición del aborto «para ponerle fin a esas injusticias», instaba la declaración. El Ministerio de Justicia de El Salvador no hizo comentarios al respecto.

El resultado de la prohibición de El Salvador es una enorme brecha social entre aquellos que pueden pagar un aborto en una clínica privada, donde los médicos no sienten la presión de delatar a sus pacientes, y quienes se ven obligados a confiar en la floreciente industria de los abortos clandestinos.

El misoprostol, un medicamento para inducir el aborto, está fácilmente disponible en el mercado negro. Los menos pudientes recurren a las tabletas de sosa cáustica o a ganchos de ropa, dicen médicos y activistas. Sin seguimiento médico, la tercera parte de los 6 millones de personas de El Salvador que viven en la pobreza tienen la menor cantidad de opciones cuando las cosas van mal.

La prohibición del aborto tiene un amplio apoyo en El Salvador, donde el machismo y la fe religiosa están profundamente arraigados. Una encuesta realizada por el Observatorio Latinoamericano de Políticas de Drogas y Opinión, del grupo de estudio Asuntos del Sur, reveló que el apoyo al aborto en El Salvador es el más bajo de la región —aproximadamente la mitad del nivel de los países encuestados — aunque el apoyo entre los jóvenes estaba aumentando.

El dramático caso de Beatriz en 2013 fue lo que sacó el tema a la luz. A esta mujer de 22 años de edad, identificada sólo por ese nombre, la Corte Suprema de El Salvador le negó un aborto, a pesar de que sufría de lupus y los médicos habían advertido que el embarazo estaba poniendo su vida en peligro.

La corte denegó la solicitud sobre la base de que estaba defendiendo el derecho constitucional a la vida desde la concepción y que los derechos humanos de la mujer no podían prevalecer sobre los de su hijo nonato. El hecho de que el bebé de Beatriz también tenía un defecto conocido como anencefalia, que provoca que partes del cerebro no se desarrollen, no hizo diferencia alguna. Los bebés con esta afección rara vez sobreviven más de unas pocas horas.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos instó al gobierno a salvar la vida de Beatriz. «Al final, ella comenzó a tener contracciones y tuvieron que realizar una cesárea», recuerda la Sra. Herrera. El bebé murió en cuestión de horas.

El tormento de Beatriz impulsó a María Isabel Rodríguez, en aquellos momentos ministra de salud de El Salvador, a pedir un cambio en la ley. La llamó «criminal» e «injusta».

En octubre, Lorena Peña, presidenta de la Asamblea Legislativa de El Salvador del gobernante partido FMLN, se refirió al caso de Beatriz cuando introdujo un proyecto de ley para despenalizar el aborto si la vida de la madre está en peligro, si el embarazo es resultado de una violación, si la vida del bebé no es viable o, en el caso de niñas menores de edad.

Pero la Sra. Herrera prevé que el proyecto de ley se enfrentará una férrea oposición por parte del conservador partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA). La consideran una apologista de lo que muchos salvadoreños consideran un crimen atroz.

Rosa (su nombre ha sido cambiado), una ginecóloga quien abandonó el servicio de salud pública, dice que «muchas veces» se negó a denunciar presuntos abortos y falsificó los informes médicos de sus pacientes. Finalmente, se cambió a una clínica privada, y ayuda de dos a cuatro mujeres al mes a abortar, siempre y cuando vengan recomendadas por personas conocidas. Dice que el trabajo la expone a penas de seis a 12 años de cárcel y la revocación permanente de su licencia médica. Los abortos privados pueden costar hasta $3,500 y Rosa dice que tiene colegas que los realizan como una actividad complementaria, con la condición de que los pacientes no conozcan sus nombres o vean sus caras.

La Sra. Herrera piensa en el caso de Sonia Tábora, quien fue encarcelada en 2005 por 30 años después de dar a luz mientras trabajaba en un campo de café. Según los activistas, el bebé había nacido muerto o murió poco después, y fue enterrado en el campo; la Sra. Tábora estaba sangrando y se desmayó. Su caso fue revisado después de siete años y medio y ella fue liberada. Pero esa revisión fue anulada. La Sra. Tábora debe regresar a la corte, aunque ahora ya tiene otro niño pequeño.

En su voz ya no se escucha la dura guerrillera cuando la Sra. Herrera piensa en lo que podría suceder. «Yo no sé qué haré si la condenan», dice.