Las trabas que enfrentan las chilenas para acceder a los anticonceptivos modernos

A pesar que la Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que el uso de anticonceptivos en América Latina es de un 67%, todavía falta para asegurar su acceso, sobre todo en países como Chile, según constató el «Barómetro Latinoamericano sobre el acceso a métodos anticonceptivos modernos».

«Si bien es cierto Chile tiene todo un dispositivo legal en relación al acceso al método anticonceptivo, todavía tenemos una brecha importante entre lo que dice la norma y lo que pasa en terreno, en los servicios de salud de determinadas comunas», explica Débora Solís, directora ejecutiva de la Asociación Chilena de Protección de la Familia (Aprofa), entidad a cargo del capítulo chileno del Barómetro.

El estudio fue promovido por la Federación Internacional de Planificación Familiar/Región del Hemisferio Occidental (IPPF/RHO), con el apoyo de Burson Masteller, y consistió en una aplicación de encuestas a especialistas en salud sexual y reproductiva de Chile y otros cuatro países de América Latina: Argentina, Brasil, Colombia y México.

En el caso chileno, si bien se identificaron fortalezas, como el hecho de contar con una política nacional clara para facilitar el acceso de la población a los anticonceptivos, hay serias debilidades en materia de educación sexual. De hecho, éste fue el peor de los ocho aspectos evaluados, con un 24,4%.

«Los establecimientos educacionales están en la libertad de elegir uno de los siete programas ofrecidos por el Gobierno o de crear uno propio, sin la fiscalización pertinente», advierte en el estudio María Valderas Solaligue, matrona y miembro honorario de la Sociedad Chile de Sexología y Educación.

La consulta también destaca el hecho de que el servicio público de salud en Chile ofrezca a las usuarias gratuitamente el acceso a ocho métodos anticonceptivos: preservativos masculinos, anticonceptivos orales combinados, anticonceptivos orales de progestina pura, anticonceptivos inyectables combinados, anticonceptivos inyectables de progestina pura, el dispositivo intrauterino, implante subdérmico y la píldora anticonceptiva de emergencia.

Asimismo, los especialistas evalúan positivamente la educación de los profesionales de la salud con un 76,8%, pero esta cifra contrasta con lo que ocurre en ciertos consultorios donde algunos funcionarios que ponen barreras al acceso a los sistemas anticonceptivos, sobre todo a la población adolescente.

«Hay profesionales que utilizan como argumento la objeción de conciencia para dificultar el acceso a los anticonceptivos de emergencia y la esterilización quirúrgica», señala en el Barómetro la doctora Soledad Díaz, cofundadora y presidenta del directorio del Instituto Chileno de Medicina Reproductiva (ICMER).

En este sentido, la directora ejecutiva de APROFA apunta a la relación que existe entre estas barreras y el embarazo, sobre todo en la población adolescente. “No siempre estos servicios de salud están respondiendo a la norma, entonces esa traba en el acceso de las mujeres a métodos anticonceptivos se transforma en una vulneración de derechos. Considerando que en América Latina y Chile hay una tasa importante de embarazos no planificados ni buscados, una explicación de esto tiene que ver con estas barreras que se ponen a la población joven para acceder a métodos anticonceptivos”, dice.

Además de constatar las fortalezas y debilidades en al acceso actual a los métodos anticonceptivos, el Barómetro también define una serie de aspectos por mejorar, que apuntan a“cómo democratizar el acceso a métodos anticonceptivos en un país como Chile, donde además estos son sumamente caros”, finaliza Débora Solís.

Otras áreas de mejora

– Existen oportunidades de ampliar la oferta y la disponibilidad de los anticonceptivos modernos e incorporar algunos que están fuera de la cobertura del sistema público, como los condones femeninos y los anillos anticonceptivos vaginales.

– No hay registro de las conductas de acceso, elección y prescripción de métodos anticonceptivos en el sistema privado, y se desconoce qué tanto se implementan las normas nacionales en estos centros de salud.

– La política nacional de salud sexual y reproductiva está muy enfocada en la atención de la mujer, pero descuida el rol del hombre como corresponsable de los procesos de planificación familiar.