La Corte Suprema ratificó la absolución de un médico y un tecnólogo médico por el supuesto tráfico de sangre y delitos contra la salud pública, entre 2002 y 2005, desde el Hospital del Salvador.
En fallo dividido, la Sala Penal del máximo tribunal del país, respaldó el fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago que dejó sin responsabilidad criminal al tecnólogo médico del recinto asistencial de la comuna de Providencia, Miguel Manosalva Castillo y al médico oncólogo infantil, Juan Quintana Bustos por la infección de 13 personas con el virus de la hepatitis B.
La sentencia ratifica que no existen evidencias que permitan demostrar que la contaminación con el virus se produjo en la consulta privada del doctor Quintana Bustos, en la Clínica Tabancura, lugar hasta donde el tecnólogo médico Manosalva Castillo llevaba hemoderivados del Banco de Sangre del Hospital del Salvador.
El fallo asegura que «no es posible imputar mera negligencia al acusado si no se ha logrado comprobar el origen y medio de propagación del brote infeccioso a los pacientes, y si la causa de esa propagación o diseminación del germen no pudo ser fehacientemente establecida, sin lograr traspasar la barrera de las hipótesis, tampoco es posible dar por sentada una conducta contraria a la lex artis de su profesión que lo hubiere desencadenado. La creación del riesgo que reclaman los impugnantes no ha cumplido con la demostración de los requisitos necesarios para ello, pues no se logró establecer con certeza la conducta descuidada precisa y su conexión con el resultado lesivo, toda vez que la manifestación de la enfermedad no implica necesariamente, como en el caso de autos, negligencia o impericia en el arte de sanar».
Asimismo, se confirmó que los hemoderivados -sangre y plasma sanguíneos- no están incluidos bajo la protección de la Ley 19.451 que castiga el tráfico de órganos.
El caso quedó al descubierto cuando el neurólogo, Ludwig Codjambasis, presentó un reclamo ante el Ministerio de Salud por la contaminación con hepatitis B de su hijo en la consulta del doctor Quintana, hechos por los que la secretaría de Estado inició un sumario administrativo y se abrió una investigación ética en el Colegio Médico.
upi/so
