Luego de este fin de semana XL por Fiestas Patrias, hemos sobrevivido. Vamos ahora con la quinta edición de nuestro newsletter Aquí Arica, iniciativa impulsada por El Mostrador para favorecer la descentralización de Chile.
Y porque Santiago no es Chile, como dice nuestro lema, es que trabajamos en la pauta semanal, pese al laaargo feriado, para que nuestros lectores encuentren temas distintos y que pocos medios se atreven a abordar públicamente, por los «costos» que puede acarrear su visibilización.
En esta edición te contamos sobre el trabajo desarrollado por la Fiscalía Regional del Ministerio Público en torno a las «tomas» de terrenos fiscales y privados que florecieron en pandemia y pretendían eternizarse. Se trata de 240 hectáreas que ya han sido desalojadas y restituidas a sus dueños. El plan continuará para terminar con las usurpaciones.
También incluimos una nota política sobre la «misión imposible» que tiene el actual gobernador regional Jorge Díaz Ibarra (DC): asegurar su reelección con 60 mil votos en primera vuelta.
Y como septiembre es el Mes de la Patria, elegimos a un personaje típico del arte callejero chileno: el chinchinero. Lo insólito es que en Arica el sicólogo Carlos Henríquez decidió rescatar este oficio, mirando videos en pandemia y ahora recorre las calles presentándose como tal, cultivando este arte popular musical.
Al cierre, te ofrecemos una nota sobre el origen de la Fundación para las Artes y el Desarrollo Humano, conocida como FA, impulsada por tres profesores de artes musicales, quienes buscan revivir una orquesta de cámara con jóvenes músicos de Arica.
Vamos, entonces, a la lectura de la quinta edición de Aquí Arica, ya que el tiempo apremia y las noticias no esperan…
Lo que parecía imposible, la Fiscalía Regional del Ministerio Público lo ha logrado en apenas dos años. Ocurrió casi como un milagro, y pese a que todos decían que era inviable, seis tomas de gran extensión que proliferaron en pandemia, han sido desalojadas en Arica sin ningún incidente que lamentar hasta ahora.
Toda amenaza de resistencia que proferían algunos de los “okupas” en sus reuniones de comités informales, quedó en nada. Salvo una que, torpe e insistentemente, hizo uno a través del 133 en contra del fiscal regional Mario Carrera y la fiscal Paulina Brito, y que le significó su detención y una formalización por el delito de amenazas.
Los operativos han tenido dos fases. La primera fue el 2023 con el retiro de los ocupantes ilegales en Quebrada Encantada (ladera de cerro en avenida Capitán Ávalos); la Toma VIP del humedal del río Lluta y otra en Quebrada Encantada Alta, a pocos metros del vertedero municipal. La segunda se ha desarrollado durante este año con la expulsión de las comunidades Nueva Victoria, Pueblos Originarios y Nuevo Horizonte, que se habían instalado en predios que bordean la salida norte de la ciudad.
Lo llamativo de todas estas ocupaciones ilegales de terrenos es que ninguno de los «tomadores» hizo una protesta ante las autoridades gubernamentales, reclamando una suerte de injusticia -pese a haberse «saltado la fila»- por no considerar su pedido de obtener una vivienda social.
La mayoría de ellos pensaba que se quedarían para siempre y que, por la fuerza de los hechos, el Estado o el propietario afectado se verían en la obligación de negociar con ellos y acceder a sus pedidos, para evitar un conflicto de largo aliento.
La fiscal a cargo de estos procedimientos, Paulina Brito, explica que para proceder, una vía es la existencia de una denuncia o una querella interpuesta por el propietario. «Una vez que la acción judicial está activa, se verifica mediante la PDI o Carabineros si este terreno o bien inmueble se encuentra habitado. Posterior a eso, se solicita por cualquiera de las partes, es decir, la víctima, el querellante o el Ministerio Público, una audiencia para lograr una medida cautelar sobre el terreno, para que se pueda desalojar este lugar con el auxilio de la fuerza pública. Se hace presente en ella que no es necesario notificar a las personas del desalojo».
Brito señala que también la ley prevé la modalidad de «flagrancia permanente», es decir, la opción de desalojo inmediato sin orden judicial, mientras el terreno se encuentre usurpado. Bajo esta alternativa que supone el uso de la fuerza pública, los usurpadores pueden ser detenidos y sometidos a medidas cautelares como la orden de abandono del sitio o la prohibición de acercarse al lugar.
Catastro y nuevas tareas
Para lograr mayor efectividad en la recuperación de los suelos ocupados indebidamente, la Unidad de Análisis Criminal de la Fiscalía Regional elaboró un catastro de todas las propiedades «tomadas» desde el río Lluta hasta Caleta Vítor, ubicada a unos 70 kilómetros al sur de la ciudad. Este trabajo ha puesto al organismo persecutor como líder dentro de todas las fiscalías en esta materia.
Uno de los desafíos pendientes es la «megatoma», situada al norte de Villa Frontera, sitio dentro de los primeros 10 kilómetros del límite con Perú y que está cercano a la costa. El lugar corresponde a una gran extensión de suelo fiscal que habría sido dividido en etapas y donde hay chilenos y extranjeros.
En dicho lugar abundan cierres perimetrales y rejas que impiden el tránsito libre de personas por la que hasta hace unos años era sólo una pampa desértica. El lugar ha sido un punto predilecto de visita de candidatos a distintos cargos de elección popular. Sus habitantes cuentan con una organización y han demandado al municipio mayor atención, dado que el sector no está considerado para la entrega de diversas prestaciones de aseo y ornato debido a su condición de ocupación irregular.
Cerro Chuño aún espera
Contrariamente a lo ocurrido con las seis tomas desalojadas, la ocupación de 707 viviendas sociales del sector Cerro Chuño aún no tiene un plan de desalojo programado por el Gobierno. Mientras más tiempo transcurre, mayor es el riesgo al que están expuestos los ocupantes de esas casas, dado que se encuentran en un polígono contaminado por minerales tóxicos que fue definido por la Ley N° 20.590 de Polimetales en 2012.
Desde la asunción del Gobierno del Presidente Gabriel Boric, se pusieron en pausa los desalojos parciales que venía haciendo el Serviu con el fin de lograr el abandono de las viviendas que fueron tomadas paulatinamente por chilenos y migrantes. La población ha cobrado notoriedad, dado que entre 2020 y 2022 se instalaron en los alrededores integrantes de la banda criminal «Los Gallegos», organización subsidiaria del Tren de Aragua, cuyos integrantes están en prisión preventiva y enfrentando un juicio por los delitos de secuestro, homicidios, narcotráfico, tráfico de armas y municiones, extorsión y trata de personas.
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En sus manos tiene Bolivia la posibilidad de usar el oleoducto Sica Sica en Arica para importar y exportar hidrocarburos, pese a la resistencia que ha generado el tema en políticos locales como el senador José Durana Semir (UDI). Este está demandando que el vecino país se someta a la normativa ambiental, en caso de que la utilización del oleoducto modifique la infraestructura submarina y subterránea inaugurada en 1965 o le agregue nuevos usos.
Nadie sabe por qué en septiembre del año pasado Bolivia decidió levantar una solicitud formal a Chile para implementar la reversa del ducto e importar el combustible que necesita, teniendo en cuenta que en 1993 había conseguido que el Gobierno del Presidente Patricio Aylwin emitiera un decreto que autorizaba la utilización de esta infraestructura en ambos sentidos.
En esta resolución se indica que el Gobierno de Chile ratifica el Acuerdo con Bolivia de 1992, «por el cual convienen en prestar todas las facilidades para que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos realice los trabajos necesarios en el oleoducto Sica Sica-Arica, tendientes a su utilización en doble vía, tanto para la exportación como para la importación de líquidos en su Terminal de Arica».
Sin perjuicio de la existencia de este decreto, que modifica la autorización inicial de 1957 que permitió sólo la exportación de hidrocarburos, aún no se entiende por qué el Gobierno del vecino país no lo hizo valer como antecedente, cuando en septiembre del año pasado puso sobre la mesa esta solicitud.
En esa oportunidad, Bolivia requirió a nuestro país la autorización para la reversa del ducto, con el fin de favorecer las importaciones de combustibles y con miras a paliar la escasez y lograr un ahorro en la logística montada a través de camiones aljibes que hoy reciben en Arica el hidrocarburo que llega en barcos. La importación sólo se realiza en un tramo submarino y subterráneo por el ducto, que pasa por la avenida Diego Portales, la calle Alejandro Azolas y Renato Rocca hasta llegar a seis estanques del Terminal Terrestre Sica Sica, donde es distribuido en camiones cisternas bolivianos que luego se trasladan hasta La Paz con el hidrocarburo.
«Postura permisiva»
Consultado sobre la existencia del Decreto N° 1313 y los efectos que podría traer para la región, el senador José Miguel Durana dijo a Aquí Arica que, a contar de 1904, tras la firma del Tratado de Paz y Amistad entre Chile y Bolivia, «nuestro país, pero en especial, nuestra región, está a merced de este acuerdo bilateral, con todos los factores negativos y colaterales que ello conlleva para la ciudadanía de Arica».
En este contexto, menciona que alzó la voz para que el Gobierno, a través de sus organismos públicos, garantice el apego a la normativa ambiental vigente, pero además exija reciprocidad a Bolivia, solicitando la reactivación del Ferrocarril de Arica a La Paz (FCALP), el cual está paralizado por decisión del país fronterizo. Asimismo, insiste en que este permita la reconducción de migrantes a la brevedad para evitar un nuevo colapso en las fronteras del norte del país.
«Arica no puede estar ausente»
El alcalde de Arica, Gerardo Espíndola, se sumó a la posición del senador José Durana respecto a que la comunidad ariquense no puede estar ajena a las conversaciones que están sosteniendo las cancillerías de Chile y Bolivia, dado que uno de los temas -la habilitación del oleoducto en ambos sentidos- puede impactar el desarrollo local.
El jefe comunal sostiene que comprende que Bolivia está afectada por una escasez de combustible, «y entiendo que, como país, debemos avanzar hacia la colaboración internacional. Pero cuando se habla de colaboración, espero que esto sea recíproco, y de Bolivia no hemos tenido reciprocidad, o por lo menos, yo nunca la he visto».
El alcalde argumenta que lo esperable en este nuevo capítulo de conversaciones bilaterales es que el vecino «deje de ser un corredor de migrantes por donde pasan personas que no sólo están migrando, sino que pasan criminales y traficantes de personas. Ya no espero señales de Bolivia, espero gestos. No espero firmas en torno a una agenda. No espero reuniones bilaterales donde planteamos solamente buenas voluntades. Si se va a hacer acciones concretas, yo espero acciones que beneficien a nuestra ciudad como el reintegro del terreno de Diego Portales y avances en materias de pasos fronterizos».
Bolivia aún con escasez
Mientras en Chile surgen voces críticas sobre el enfoque impulsado por la Cancillería respecto a realizar el trueque oleoducto por reconducción de migrantes, en Bolivia sigue la escasez de combustibles, situación que es atribuida por la oposición política a una mala gestión del Gobierno del Presidente Luis Arce y sus ejecutivos de confianza en YPFB.
De hecho, entre julio y agosto pasados, tras lograr la descarga de dos barcos con diésel comprado en Rusia en el Terminal Marítimo Sica Sica en la bahía Chinchorro, ahora ha vuelto a recrudecer la escasez y se agravan los cuestionamientos por los desembarcos pendientes de las naves Seaways Galle y Byzantion, que se encontraban a la espera mar adentro con cargamentos de crudo y gasolina desde mayo y julio, respectivamente.
Finalmente, el Seaways Galle logró una ventana con buenas condiciones marítimas, por lo que entre el jueves y el viernes pasados consiguió descargar el combustible y enviarlo a los estanques que posee YPFB en el Terminal Terrestre Sica Sica, situado en el sector industrial norte de la ciudad.
Nada fácil se ve para el gobernador regional Jorge Díaz Ibarra (DC) la próxima elección de los días 26 y 27 de octubre. Su marea amarilla, color que lo identifica desde los comicios anteriores, deberá arrastrar a más de 60 mil electores, para no ir a una segunda vuelta. La meta se ve casi imposible, dado que ningún candidato en la historia electoral de la región, desde el inicio de la democracia, ha obtenido esa votación de manera unipersonal.
El despliegue de la autoridad ha sido intenso todo este año. No ha parado y tampoco sus funcionarios de confianza, liderados por la exgobernadora de Arica, Andrea Murillo Neumann. Ella es la temida «Mujer de Hierro», responsable de armar las «componendas» y «reclutamientos» de personas al servicio de la maquinaria que busca la reelección y que tiene el control regional de la Democracia Cristiana, además de puentes con Demócratas a través de la mismísima senadora Ximena Rincón.
Díaz mantiene una nutrida agenda mediática sobre sus tareas como gobernador, a través de transmisiones en vivo por redes sociales de sus propios hitos y también de otras autoridades. Y cuando cae la noche, se intensifica como candidato a través del programa al estilo late «Somos Más», conversando de lo humano y lo divino. Allí tiene un papel preponderante el alcalde de Camarones, Cristian Zavala Soto, quien luce totalmente relajado debido a que su reelección es mero trámite, dado que fue el único que se inscribió en esa comuna para disputar la alcaldía.
Vamos a los números
Para esta elección, el padrón de la región registra 194.266 inscritos. Esta vez hay unas dos mil personas más que el año pasado con ocasión del plebiscito constitucional. Si bien el motivo es distinto, existe un punto en común: la obligatoriedad para ir a votar.
Dicho análisis se sustenta en que la la ley electoral indica que será elegido en primera vuelta quien obtenga el 40% de los votos válidamente emitidos. Así y todo, si sólo se consideran los votos con preferencias válidas, el 2023 fueron 143.248 sufragios, por lo que un 40% de ellos serían poco más de 57 mil votos.
El escenario se ve aún más inalcanzable, porque el gobernador debería triplicar su votación de la segunda vuelta de 2021, oportunidad donde obtuvo 20.385 votos. «Pikachú», como algunos le llaman en privado por el uso de la misma paleta de colores y la cola de este dibujo animado en su logotipo, ha reconocido que si no logra alcanzar el número perfecto, la segunda vuelta será reñida y con la derecha.
¿Candidato de Gobierno?
El paralelismo entre Díaz y Yévenes también ha complicado al gabinete regional, instancia que reúne a los secretarios regionales ministeriales junto al Delegado Presidencial Regional. Prueba de ello es que en agosto, a días de celebrarse el Día del Dirigente Vecinal, durante una reunión de gabinete, el seremi de Gobierno, Nicolás González (ex-Convergencia Social), afirmó ante sus pares que «había que apoyar a Jorge Díaz por orden del delegado, dado que es el candidato del Gobierno».
El arrojo del vocero González no pasó inadvertido para sus pares del PC y frenteamplistas, quienes le pidieron ser cauto, recordándole que el «candidato de Gobierno» era el comunista Carlos Yévenes y no Díaz. La situación molestó al PC, cuya dirigencia regional hizo saber su incomodidad al propio Delegado Presidencial Regional, Ricardo Sanzana sobre la supuesta orden, en una cita que sostuvieron con él.
En la dirigencia comunista local no fue bien visto que Sanzana entregara pautas políticas, especialmente porque desde septiembre del año pasado la autoridad evidencia una compleja fragilidad: no tiene partido, dado que el Frente Regionalista Verde y Social (FRSV) decidió expulsarlo junto a un grupo de militantes. Aun así, el Gobierno ha decidido mantenerlo, pese al constante cobro del FRVS de que el cupo es suyo y Sanzana ya no está en sus filas.
Caso Fundaciones
Un factor que inquieta al equipo de Díaz es qué ocurrirá con una de las investigaciones por el «Caso Fundaciones», que lleva adelante la Fiscalía Regional de Atacama. El proceso se refiere a la Fundación «Comprometidos», entidad que está siendo investigada por la recepción de 246 millones 600 mil pesos desde el Gobierno Regional de Arica y Parinacota, vulnerando procedimientos de control.
El proceso investigativo mantiene atento al círculo cercano de Díaz, dado que, pese a las distintas diligencias realizadas por la Fiscalía y la PDI de Atacama en Arica, aún no ha habido formalizados. Además, la fase indagatoria estaría llegando a un punto de inflexión para la toma de decisiones, ya que en diciembre el fiscal regional de Atacama, Alexis Rogat, debería dejar su cargo por el cumplimiento de su mandato.
PS cuidando la diputación
Pese a los riesgos existentes, la colectividad que sí está «cuadrada» con Jorge Díaz es el Partido Socialista (PS). La razón: cuidar el futuro cupo a diputado para la exintendenta regional, exseremi de Vivienda y Urbanismo, y hoy directora regional del Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu), Gladys Acuña Rosales.
La apuesta del PS sería hacer todo lo posible para que el gobernador sea reelecto, con el fin de que no se constituya en una amenaza para Acuña en las parlamentarias de 2025. Una fuente ligada a ese conglomerado indica que si Díaz pierde, «no se va para la casa. Si Díaz pierde, queda con una muy buena votación y como carta para un posible pacto electoral que pretenda la DC con el socialismo democrático donde está el PS. Ese escenario es muy amenazante para las pretensiones de Gladys, quien solamente se ha medido electoralmente en las parlamentarias de 2021. En esa ocasión obtuvo poco más cinco mil votos, por lo que las cuentas para el PS no son favorables».
Unos se decidieron por las ventas online, otros por hacer pan y otro grupo por el delivery para sobrellevar la pandemia. Sin embargo, hubo una persona que sostuvo un particular interés con miras a paliar el encierro obligatorio decretado el 2020, cuyo fin era evitar la propagación del Covid-19. Se trata del sicólogo Carlos Henríquez Toro, quien decidió revivir el oficio callejero del “chinchinero». Para ello, se dedicó a mirar y estudiar videos de estos artistas callejeros para luego replicar este arte musical popular en Arica.
Carlos es sicólogo de la Escuela D-16 “Subteniente Luis Cruz Martínez”, donde asiste a niños con necesidades educativas especiales. Se crió en la población Cardenal Raúl Silva Henríquez, cuando en los ochenta era llamada “la 11”, por su nombre inicial 11 de septiembre (ex-“Venceremos”).
-¿Por qué elegiste rescatar al chinchinero en una ciudad que tiene otros referentes culturales?
-Es cierto que aquí en el norte no es tan común. Mi idea fue justamente recuperar un poco lo que ha quedado del pasado como herencia en el país y que en el norte no se ve tanto. No es algo que sea muy común, y en vista de que no se mostraba tanto, quise replicarlo en mi ciudad que tanto quiero.
-¿En Arica nunca ha habido chinchineros?
-Tengo entendido que no había y solamente venían de visita desde otras ciudades como Iquique, Antofagasta u otras ciudades de más al sur.
-¿Qué te impulsó en pandemia a aprender este arte callejero?
-En pandemia, como muchos, yo estuve con teletrabajo. Mi hijo más pequeño nació estando encerrado en pandemia. Estando en casa empecé a hacer cosas distintas y comencé a ver videos y a averiguar más sobre las costumbres chilenas. Así llegué al organillero y al chinchinero viendo un programa televisivo llamado “Caleuchístico”, donde había hartos temas de la cultura chilena.
Ahí me puse a investigar más en internet y le mostré a mi hijo pequeño para que conociera ese arte. Fue ahí que llegué a una chinchinera que enseña algo de este oficio y a la Escuela Carnavalera “Chinchintirapié”, cuya comparsa tiene un chinchinero.
-¿Cómo se conserva este arte callejero?
-Cuando comencé a aprender sobre este arte, me enteré de que había familias que lo iban heredando a sus generaciones. De hecho, hay varias familias que tienen generaciones de chinchineros, cuyos padres les han enseñado a sus hijos y luego a los nietos.
Sin embargo, con el tiempo han aparecido chinchineros que no son de tradición y que han decidido aprender este oficio. Me di cuenta entonces de que existía la posibilidad de aprender este arte.
-¿Cómo lograste tener el instrumento para ejercer como chinchinero?
-Cuando conocí harto de la historia, decidí contactarme con gente de Santiago para armar el instrumento. Lo encargué a una persona que hace el chinchín. Invertí unos 300 mil pesos. Cuando me llegó el instrumento, me puse a aprender solo mirando videos. Al comienzo fue un poco complicado, porque necesitaba un espacio para ensayar donde no molestara a nadie y no me molestaran a mí.
-¿Hoy, dónde ensayas?
-Aquí también hay una historia, porque decidí pedir un permiso al municipio en la Piscina Olímpica. Me dijeron que debía enviar una carta al alcalde o a alguien de la municipalidad. Hice la carta y la fui a entregar al Área de Deportes, y fue recepcionada por el jefe de esa entidad.
Finalmente me llegó una respuesta y me prestaron un espacio donde tocaba el Orfeón Municipal detrás de la piscina. Ahí comencé a ensayar solo en un espacio, donde pude realizar el baile y las destrezas que implica este oficio. Allí ensayé durante dos o tres meses y, aunque había dificultades porque estábamos aún en restricciones de pandemia el 2021, me decidí a salir a la calle.
-¿Cómo es tu relación con los chinchineros de otras ciudades?
-Cuando empecé a salir a la calle, comencé a contactarme con algunos de otras ciudades, para saber un poco más sobre ellos y su historia. Al final me enteré que son varias las familias. Entre ellas están los Aravena, los Toledo, los Casanova, los Saavedra, los Lizana y otras más.
-¿Dónde te presentas actualmente?
-He enfocado harto mis presentaciones en el Parque Centenario, donde han aceptado que ingrese o me presente afuera. Yo he conversado con los encargados para poder entrar, dado que no tienen contemplado que un artista callejero vaya a trabajar. Cuando entro y hay cumpleaños, le consulto a la gente si quieren que toque y aceptan.
La idea es que los niños conozcan esta tradición. Ahí he comprobado que ellos saben poco o nada sobre este oficio. Y esto se convirtió en otro de mis objetivos: en la muestra de este oficio. Fue por eso que agregué una pequeña charla en mis presentaciones sobre el origen de este arte.
Los viernes habitualmente después del trabajo, y si no estoy muy cansado, voy al centro a tocar al Paseo 21 de Mayo, mientras que los fines de semana voy al Parque Centenario y me instalo afuera, pero si me permiten, entro.
-¿Necesitas un permiso del municipio para poder actuar de manera más formal?
-Ojalá me permitieran entrar siempre al Parque Centenario y ser un número estable allí. Mi idea es seguir difundiendo esta tradición porque es parte de la cultura popular chilena.
Lleva un año y algunos meses de vida, y ya la Fundación para las Artes y el Desarrollo Humano, conocida como FA, quiere ir por el rescate de una orquesta de cámara y por la difusión de distintas expresiones culturales como ciclos de cine o muestras pictóricas en Arica.
Javier Galeas cuenta a Aquí Arica que uno de sus sueños es llegar al Centenario de Arica con un gran concierto en homenaje a la incorporación de esta ciudad fronteriza a Chile. El preludio será el concierto de la Orquesta Binacional Arica-Tacna para noviembre próximo. Este grupo de jóvenes músicos ya logró conformarse con 18 ariqueños y otros 10 tacneños. Los ensayos se intensificarán en las próximas semanas para un debut impecable que tendrá como escenarios la Catedral San Marcos de Arica y el Teatro Municipal de Tacna.
«Estamos partiendo recién, pero tenemos grandes aspiraciones. En nuestra ciudad es reducido el número de jóvenes que tiene preparación musical para estar en una orquesta como la que hemos organizado. La idea es aprovechar ese talento y generar la inquietud de que haya generaciones nuevas que repliquen esta iniciativa y perdure con el tiempo», afirma el maestro.
El profesor señala que la Fundación se fijó una carta de navegación para el trienio 2023-2025. En el primer año y medio de gestión cultural ya han efectuado conciertos en barrios de Arica y en Tacna y han efectuado un ciclo de cine. En esta tarea han contado con el apoyo del Consulado General del Perú, entidad que les ha facilitado su sede para sus actividades de extensión.
FA quiere ir por más, porque no quiere ser un intento fallido de revitalizar la cultura clásica en una ciudad donde el carnaval andino es su carta de presentación.
«Sabemos que existen fuentes de financiamiento como los Fondart o también las donaciones culturales de empresas. Y también estamos conscientes de que se requieren dos años mínimo de gestión y un portafolio para postular a esos recursos. Por lo mismo, estamos trabajando intensamente para llegar a esos espacios con nuestro quehacer y hacernos elegibles», plantea.
Galeas comenta que los padres de los jóvenes que participan en la Orquesta de Cámara son vitales, ya que ellos animan a sus hijos a asistir a los ensayos, sin que descuiden los estudios en sus colegios.
«Nuestros jóvenes son talentos musicales que no podemos perder. Sabemos que, en algún momento, por razones de sus estudios superiores, es posible que emigren de la ciudad, pero mientras estén aquí, queremos que puedan mostrar la potencia de su talento musical», indica.
Antes del concierto binacional, la fundación ofrecerá un espectáculo de gran calidad: la presentación del Coro de la Universidad de Tarapacá el próximo 11 de octubre. El grupo lo dirige el más joven de los maestros de la FA, Miguel Navia, y en quien descansa la esperanza de que esta iniciativa perdure en el tiempo, ya que Galeas y Platero, maestros algo más avezados en la formación de talentos musicales, creen que es tiempo de que alguien «tome la posta» en el desafío de que la orquesta prenda y se transforme en un ícono de la ciudad.
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