Entramos en tierra derecha con las elecciones este fin de semana. Y como si nada, Aquí Arica ya lleva nueve semanas junto a ustedes. Como buen newsletter de El Mostrador, venimos algo recargados, pero, nada que hacer, hay mucha demanda informativa y no queda de otra que atenderla.
Nuevamente nos vamos al altiplano, porque el conflicto de la minera Quiborax S.A. está que arde, al punto que los tres sindicatos de trabajadores iniciaron un bloqueo de la ruta a Bolivia el miércoles pasado, para «disciplinar» al Consejo de Defensa del Estado (CDE) y lograr que sean liberadas las 400 mil toneladas de ulexita que quedaron retenidas por la suspensión temporal de operaciones. La audiencia para revisar esta medida será mañana.
Esta semana es la última para las campañas electorales. Así es que les damos a conocer algunas pildoritas de cómo ha sido ese despliegue en distintos formatos.
Vamos, entonces, por esas noticias. Ahora será con un juguito de maracuyá y una marraqueta con queso de Camarones y orégano de Socoroma, porque aquí ya el calor empieza a golpearnos…
Fue un golpe duro a pocos días de las elecciones. Una escucha telefónica dada a conocer la semana pasada en el juicio contra la banda criminal de «Los Gallegos» reveló que el comerciante Patricio Urtuvia Herrera le informaba el 8 de septiembre de 2022 al exmiembro de la organización, Álvaro Muñoz Sotomayor, que el concejal DC Jorge Mollo Vargas le había confirmado que estaban finiquitadas las gestiones en la municipalidad para autorizarles una nueva patente de alcoholes para un restaurante de atención diurna y nocturna.
Extracto de la acusación del Ministerio Público.
En rigor, sólo transcurrieron un poco más de tres meses para que abrieran de nuevo un negocio con otra fachada y burlarse así de la justicia. El nuevo permiso lo consiguieron 12 días después del llamado al concejal, durante la sesión del 20 de septiembre del Concejo Municipal. Este sería el salvavidas para Muñoz y Urtuvia, dado que, a esas alturas, la Fiscalía Regional del Ministerio Público había «reventado» y cerrado los nightclub «Ibiza» y «Hollywood», en operativos que había realizado en la ciudad para desarticular a «Los Gallegos» y sus fuentes de ingresos.
Al final, las dos sociedades anónimas de los clubes fueron disueltas por el Juzgado de Garantía Arica en enero de este año, tras un juicio abreviado en el que además condenó a Álvaro Muñoz a tres años y un día por lavado de activos, 541 días por trata de personas con fines de explotación sexual y 61 días por ser parte de una asociación criminal. Si bien la Fiscalía iba por el cumplimiento en la cárcel, la Corte de Apelaciones de Arica le concedió la opción de cumplirlas en libertad.
Así, mientras el alcalde Gerardo Espíndola (PL), junto a los concejales, levantaban un discurso público que cuestionaba el avance del crimen organizado y la poca atención que prestaba el Gobierno a este fenómeno durante el 2022, por el aumento sideral de la violencia y los homicidios en la ciudad; por otro lado, en su propia gestión, se abría espacio para el asentamiento del mismo, con una patente municipal concedida a uno de sus miembros.
Hasta ahora no se conocen fiscalizaciones de inspectores municipales o de Carabineros de Chile sobre este negocio y su particular vuelco de restaurant a club nocturno, pese a las constantes quejas de la concejala comunista Dolores Cautivo, y a que el lugar está a escasas cuadras del municipio y de las prefecturas de las policías uniformada y civil. Sin éxito, la edil desde hace varios años ha levantado la alerta sobre estos cambios registrados en varios locales, los cuales han obtenido patentes de alcoholes de restaurantes y han terminado siendo nightclubs con trabajadoras sexuales disponibles para los clientes.
Escucha telefónica
La escucha telefónica que compromete al concejal Jorge Mollo, fue dada a conocer por El Mostrador el viernes pasado. Se trata de un llamado de Urtuvia –más conocido como “Toño”– a su socio Álvaro Muñoz efectuado el 8 de septiembre de 2022, cuando ya la PDI había clausurado los locales «Ibiza» y «Hollywood».
Muñoz: Aló.
Urtuvia: Álvaro.
Muñoz: Dígame.
Urtuvia: Me acaba de llamar Jorge Mollo.
Muñoz: Ya, ¿y? ¿Qué dijo?
Urtuvia: Dijo “ya, estái listo pa’ ser aprobado el martes, ahora espera hasta el martes nomás”, me dijo.
Muñoz: Buenaaa…
Urtuvia: Y yo le dije… “¿y el decreto cuánto se puede demorar?”. “Una semana”, dijo, “pa’ que voy a cuentearte”, dijo, “pero una semana”. Recién me llamó.
Muñoz: O sea, de aquí al lunes-martes ya estamos abriendo.
Urtuvia: Sí, así que hay que meterle mano nomás al local y ya estoy confirmado ya. Me dijo: “Huevón, pero no le digái a nadie”, me dijo, “no le contís a nadie”. “No, huevón, si no le cuento nada de mis cosas a nadie, pero de repente las ganas de, de abrir, huevón… se te va la voz, pues, le conté a los huevones”, y dijo “no, no le contís a nadie, pero ya estái listo ya, hijo”. Ahora, dijo: “Ya es problema tuyo… vos tenís que cuidar la patente”, me dijo, “tenís que, en diciembre o antes, tenís que ya entregar el certificado de antecedentes, como lo que te pasó ahora, poh, huevón”, me dijo, así que él me llamó y me dijo “ya estái listo pa’l martes”.
Condenado por narcotráfico
La tramitación de la patente de alcoholes solicitada por Urtuvia se remonta al año 2020, en plena pandemia, cuando el comerciante decidió activar su giro de «restaurante y servicio móvil de comidas» y con ello la solicitud para el «Restorán Las Vegas».
Fue el concejal Gabriel Fernández quien planteó la duda sobre esta situación, indicando también que el informe policial era negativo para la otorgación de la patente.
Amparo económico
La solicitud de la patente de Urtuvia volvió a ponerse en tabla en la Sesión Ordinaria N° 14 del Concejo Municipal del 9 de noviembre de 2021. En esa ocasión, a través del Acuerdo Nº146/2021, el alcalde Gerardo Espíndola, junto a los concejales Dolores Cautivo Ahumada, Ninoska González Flores, Carolina Medalla Alcayaga, Cristián Rodríguez Sanhueza, Mario Mamani Fernández y Gabriel Fernández Canque, rechazaron la entrega del permiso.
Mientras que los concejales Juan Carlos Chinga, Daniel Chipana Castro y Jorge Mollo Vargas la aprobaron y el edil Max Schauer Fernández se abstuvo.
El detalle que siguió haciendo ruido a los que se opusieron, fue el informe de Carabineros que recomendaba no entregar la patente por la conflictividad que presentaba el lugar, debido a la gran cantidad de locales de expendio de bebidas alcohólicas. Sin embargo, en esta nueva sesión, la policía uniformada declinaba referirse a los antecedentes policiales que había revelado anteriormente, indicando que estaba amparado por la Ley de Protección de los Datos Personales, lo que hizo concluir al concejal Gabriel Fernández que Urtuvia había logrado «borrar sus antecedentes», para así llegar limpio a este proceso.
Ante el rechazo de la patente, Urtuvia finalmente optó por la vía judicial y presentó un recurso de amparo económico en contra de la Municipalidad de Arica. La acción judicial fue rechazada por la Corte de Apelaciones de Arica. Sin embargo, la Tercera Sala de la Corte Suprema -integrada por el destituido ministro Sergio Muñoz y el cuestionado ministro Jean Pierre Matus, además del ministro suplente Miguel Eduardo Vázquez, y los abogados integrantes Enrique Alcalde y Pedro Águila- la acogió.
Y también la Suprema observó al municipio la aplicación de criterios insuficientes para rechazar la solicitud de Urtuvia, entre ellos la exigencia de una cantidad de metros de distancia sobre otros 10 locales de expendio de alcoholes, sin tener una ordenanza concreta al respecto; un informe de la Dirección de Seguridad que advierte incivilidades en el barrio sin especificarlas; otro informe negativo que habría entregado la junta vecinal del sector, pese a que reconoció que estaba inactiva desde el 2020; y la aplicación indebida de un artículo de la Ley de Alcoholes.
Concejo concede la patente
Tras su victoria judicial, Urtuvia consiguió que el municipio dictara el Decreto N° 954/2022 del 7 de febrero de 2022 que autorizó la entrega de la ansiada patente de alcoholes con vigencia de seis meses. El rubro autorizado fue el numeral C-3 del artículo 3° de la Ley de Alcoholes, bajo la categoría de «Restaurante diurno o nocturno», que permite el expendio de bebidas alcohólicas a los clientes que concurran a ingerir alimentos preparados. Además, les concede la opción de «realizar espectáculos artísticos consistentes en música en vivo».
Fue por eso que durante el segundo semestre insistió en la renovación, logrando que nuevamente fuera puesta en la tabla del Concejo Municipal. Así, el 20 de septiembre de 2022, luego de haber ocurrido la conversación con el concejal Jorge Mollo, se efectuó la Sesión Ordinaria N° 27/2022 del Concejo, en la que se incluyó la solicitud del comerciante junto a otros siete requerimientos bajo la nomenclatura «Aprobación de la renovación de patentes de alcoholes con presentación de certificado de antecedentes fuera de plazo del segundo semestre año 2022».
En esa reunión, Mollo, en su condición de presidente de la Comisión de Presupuesto, Comercio e Industrias, tomó la delantera en la exposición ante los concejales, proponiendo un método más ágil y uniforme en la revisión de las patentes municipales. Para ello planteó como plazo de corte el 31 de enero de cada año para revisar las solicitudes y anunció que estaban diseñando criterios «comprensivos», con el fin de atender las distintas situaciones que afectaran a los contribuyentes.
La patente de Urtuvia fue finalmente incluida en el listado, debido a que había presentado una carta indicando «que por desconocimiento del proceso de renovación de patentes de alcohol no realizó la entrega de documentos en el plazo estipulado».
Esta vez, el trámite fue más rápido. Sin embargo, existe un detalle. El Acuerdo N° 268/2022 no fue transcrito en el acta de la reunión, tal como es posible apreciarlo en la transmisión en línea de esa cita. Al final, se advierte en las imágenes que sólo aprobaron la entrega de cinco de las ocho patentes, dentro de las cuales estaba la de Urtuvia. Con su voto favorable, concurrieron el alcalde Gerardo Espíndola y los concejales Carolina Medalla Alcayaga, Ninoska González Flores, Jorge Mollo Vargas, Cristián Rodríguez Sanhueza, Daniel Chipana Castro, Mario Mamani Fernández, Max Schauer Fernández y Juan Carlos Chinga Palma. En tanto, Gabriel Fernández Canque rechazó la solicitud por considerarla extemporánea y no la aprobó como dice el acta.
Sesión de Concejo Municipal del 20 de septiembre de 2022
Por su parte, el concejal Mollo, una vez que El Mostrador dio a conocer el caso de la escucha telefónica, difundió un comunicado en sus redes sociales, descartando cualquier vínculo con la banda criminal «Los Gallegos» y de prácticas reñidas con la probidad.
En todo caso, el concejal admitió a Aquí Arica que conocía a Álvaro Muñoz, dado que ambos fueron trabajadores de la desparecida General Motors. Sin embargo, aclaró que ignoraba que este era socio de Urtuvia.
La patente de Urtuvia obtuvo su última renovación a través del Decreto N° 7758/2024 del 29 de julio de este año. Esta vez estuvo incluida dentro del Anexo «Nómina de Patentes Con Presentación de Certificados de Antecedentes fuera de plazo sin Anotaciones y Con Causas a la Ley de Alcoholes informadas por los juzgados de policía local».
Fiscalía Regional investiga
El Fiscal Regional de Arica y Parinacota, Mario Carrera Guerrero, confirmó que el Ministerio Público tiene una investigación vigente sobre la entrega de patentes municipales a negocios vinculados a las operaciones de «Los Gallegos» y que podrían haber sido utilizados para “lavado de activos”.
Carrera señaló que en la intervención del celular a Muñoz, se advertiría una trama de funcionarios públicos que habrían sostenido contacto con el concejal Mollo para agilizar el trámite de la patente que estaba solicitando Urtuvia.
“Lo que nosotros tenemos que determinar es qué grado de conocimiento tienen los otros funcionarios, porque una cosa es que uno diga que va ayudar en una gestión, sin saber lo que hay detrás; y otra es que haya una ayuda consciente y se haga parte del delito”, afirmó el fiscal.
Quiborax está viviendo horas claves en su continuidad como empresa. De ser reconocida como la tercera del mundo en la exportación de ácido bórico e identificada como una de las empresas generadoras de empleo en la Región de Arica y Parinacota, hoy la demanda ambiental presentada por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) -por daño al Monumento Natural Salar de Surire donde explota la ulexita- la tiene en jaque.
Mañana miércoles 23 de octubre a las 10.00 horas, la firma intentará revertir la prohibición de extracción del mineral que dictaminó el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta el pasado 11 de septiembre. La audiencia fue fijada por el juzgado, luego de recibir una solicitud de la empresa y de los tres sindicatos de trabajadores afectados mediante la cual requieren el alzamiento parcial de la medida cautelar, con el fin de permitir el retiro de unas 400 mil toneladas de mineral que quedaron acumuladas en el lugar y que no pueden ser desplazadas a la planta situada en la Cuesta del Águila, a 60 kilómetros al este de Arica.
De esta manera, la minera y los sindicatos piden que se libere el polígono protegido por la Convención Ramsar, donde justamente el tribunal acotó la medida de prohibición para extracción de material hasta el 31 de diciembre de este año, y que sólo se aplique al sector protegido como área silvestre.
En el caso de los gremios, estos indican que ya han sido desvinculados 26 trabajadores y 600 transportistas y que, de continuar la medida, están en riesgo «los 774 trabajadores que aún siguen contratados por la empresa demandada, pero sin ejecutar trabajos en planta ni mina, el retiro del mineral acopiado y programado».
Bloqueo a ruta internacional
Tal como lo advirtieron desde que se notificó la medida precautoria, los tres sindicatos cumplieron la promesa de bloquear indefinidamente la Ruta Internacional 11 Ch que conecta Arica con Bolivia, esto con el fin de presionar al Gobierno y lograr gestiones ante el CDE para que baje la guardia y no continúe con las acciones en el Primer Tribunal Ambiental.
La madrugada del 16 de octubre, los gremios se apostaron en la Cuesta El Águila del camino internacional, donde depositaron montículos de tierra, impidiendo el tránsito de los camiones bolivianos que circulan con carga desde y hacia el puerto de Arica. Su idea era generar presión al Ejecutivo, sabiendo que la detención de estos vehículos de carga generaría un inmediato reclamo de la Cancillería boliviana a su símil chilena, por la interrupción de la garantía de libre tránsito establecida en el Tratado de 1904.
Advirtiendo que los esfuerzos del delegado presidencial regional, Ricardo Sanzana, fueron en vano para contener la protesta, el Ministerio del Interior envió al asesor Claudio Araneda para «negociar» con los sindicalistas. Tras sostener conversaciones durante varias horas el jueves 17 de octubre, Araneda no logró aplacar los ánimos. Su intención de fondo era bajar el conflicto antes de la llegada de la ministra del Interior, Carolina Tohá, quien tenía prevista una visita relámpago el viernes pasado a Arica y que luego fue cancelada tras la renuncia del subsecretario Manuel Monsalve.
Lo extraño del manejo de este conflicto fue el «cambio de mano» que aplicó Sanzana con este bloqueo. Dos días antes de este, se produjo otro en la misma Ruta 11 Ch, pero en el kilómetro 12, donde un grupo de agricultores del valle de Lluta se apostó en el camino pidiendo soluciones a los problemas de seguridad pública que les estaban afectando, entre otros, robos con violencia en las casas. Allí, tras cuatro horas de un bloqueo humano, un grupo de Carabineros de Fuerzas de Control de Orden Público (COP) se hizo presente y procedió a detener a cinco personas, dentro de ellas a un adolescente con discapacidad.
Contrariamente, Sanzana optó por la cautela mientras se efectuó la protesta de Quiborax. Durante los días que duró, no ordenó la intervención de fuerzas especiales, pese a la afectación del libre tránsito de los camioneros bolivianos y al reclamo formal que habría presentado la Cancillería del vecino país ante esta situación.
Petitorio de sindicatos
Los tres sindicatos de Quiborax han centrado su estrategia en el Gobierno, intentando que desde el Ejecutivo baje una orden al CDE para que no insista en la demanda ambiental que presentó en contra de la empresa el 2 de julio pasado. Esta se originó tras recibir informes de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) y del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) que informaban acerca de la disminución en la reproducción de tres tipos de flamencos protegidos por normas medioambientales, y de las alteraciones en el humedal existente en el Salar de Surire, derivadas de la extracción de ulexita.
Al iniciar el bloqueo el miércoles pasado, las organizaciones dieron a conocer su petitorio que contenía cuatro demandas específicas. Dentro de ellas incluyeron la liberación del mineral extraído y retenido en el salar; la generación de un subsidio de emergencia para transportistas y comunidades del salar; que el CDE acceda a que la medida cautelar no incluya el sector del Sitio Ramsar; y por último, que el CDE negocie con la empresa, transportistas y comunidad indígena, junto a uno de los jueces que hicieron la visita inspectiva al salar el 1 y 2 de octubre pasados.
Hasta el cierre de esta edición, el bloqueo carretero se mantenía con varios kilómetros de camiones bolivianos esperando reanudar su marcha. Carabineros se mantenía atento ante una eventual orden de desalojo por parte del Gobierno. Mientras tanto, los camioneros bolivianos comenzaban a perder la paciencia, protagonizando fuertes discusiones con los trabajadores y transportistas de la minera.
La última página de este conflicto está por escribirse aún. Especialmente, la cuota de suspenso está en si el CDE bajará la guardia, a propósito del despliegue que hizo el delegado presidencial regional el 1 y 2 de octubre, cuando se presentó, sin estar citado, en las diligencias judiciales que se realizaron en el Salar de Surire. Allí hizo sentir a los servicios fiscalizadores (Conaf, SAG, Superintendencia del Medioambiente y Seremi del Medioambiente) que sus informes podrían afectar gravemente la economía regional, al propiciar el cierre de la empresa.
De todo un poco ha tenido la campaña electoral para gobernadores regionales, alcaldes, consejeros regionales y concejales. Y dentro de estos agitados últimos días de campaña hay uno para no olvidar: la segunda jornada de debate «Arica Elige 2024», organizado por el Colegio de Periodistas de Arica junto a medios locales asociados, que se realizó el jueves pasado en el Hotel Arica.
De la nada y en medio del evento, el momento freak lo marcó el candidato independiente y empresario del transporte, Jorge Guillén, quien se declaró «antivacunas», confirmando lo que ya era posible ver en sus redes sociales. Acusó a las autoridades sanitarias de «matar a la gente» con la aplicación de las vacunas contra el Covid -19 y contradijo a una de las periodistas del panel de preguntas, insistiendo en que había «científicos» que no tenían voz y que no apoyaban la versión oficial de que la inmunización había sido adecuada.
Al ser confrontado por el panel de periodistas, que le exigió antecedentes que respaldaran sus afirmaciones, Guillén retrucó diciendo: «Vamos a hacer una encuesta popular para eso. Los antecedentes que tienen ustedes los buscan normalmente de una misma fuente, que es la fuente que está del lado del Gobierno, que está del lado de la ONU, que está del lado de la OMS. Yo estoy en contra de ellos, porque hay otros científicos del mundo que dicen lo contrario».
Debate de gobernadores
Con más baja potencia estuvo la primera jornada de debate «Arica Elige 2024» en lo que respecta a los gobernadores. Allí acudieron los postulantes Karla Kepec (PR), Carlos Yévenes (PC), Bernardo Olivos (PDG), Fidel Arenas (PSC) y Juan Tancara (Humanista).
No hubo sobresaltos, ni tampoco algún «terraplanista». Pero sí dos cruciales ausentes y que podrían ir a una segunda vuelta: Jorge Díaz (DC), el actual gobernador, y su oponente Diego Paco (RN-UDI-Evópoli). Pese a que fueron con entusiasmo al debate de TVN hace ya unas semanas en Santiago, los postulantes optaron por marginarse de este espacio de discusión en la región. Al parecer, fue más importante ir a esa hora a la calle con banderazos y reuniones con pobladore, que dejar un registro televisivo de sus promesas y planes y exponerse a emplazamientos.
El posteo de Insulza
La interrogante de a quién apoyaría el senador socialista José Miguel Insulza como candidato a alcalde, finalmente el viernes la despejó él mismo con un «cartillazo» que difundió en sus redes sociales. En él hizo -indirectamente- una crítica al alcalde Gerardo Espíndola (PL), al parecer, molesto por el uso excesivo de obras de Gobierno como logros propios, sin que en ellas hubiese destinado presupuesto y personal municipal involucrado.
El «Pánzer» habló corto y preciso. Y si bien no logró una reacción de Espíndola, donde sí la encontró y rápido fue en el postulante outsider del oficialismo y exdiputado, Orlando Vargas, quien aplaudió la reacción del parlamentario reposteándola con una sola frase: «La verdad por sobre todo la (sic) cosas».
Con la opinión del senador, al bordear el término de la campaña, se despeja la incógnita sobre cuál sería el verdadero candidato del PS. Era un secreto a voces que el sector que gobierna la directiva regional no estaba apoyando a Espíndola y sí a Vargas. Pero otra cosa es que sutilmente el senador de la colectividad lo expresara con una velada crítica, desmintiendo los volantes y videos de Espíndola, en los que utilizó los cortes de cintas del MOP, Minvu y Mineduc para decir que esas obras eran de su gestión.
KO de Parisi a Rayko
Y no sólo el senador Insulza dejó caer el velo sobre su preferencia por el candidato a alcalde. Por lo visto, otro que recibió un KO (knock out) fue el postulante a la alcaldía por el Partido de la Gente, Rayko Kármelic, parafraseando su lema que prometía dar este golpe magistral del boxeo al municipio.
El KO vino del líder de su propio partido, Franco Parisi. El expresidenciable viajó el sábado hasta Arica para participar en la transmisión del programa online «Bad Boys». En el espacio se abrazó y le dio un espaldarazo al postulante outsider del oficialismo y exdiputado, Orlando Vargas, además de permitirle un breve discurso de campaña.
La puesta en escena fue orquestada por el candidato a concejal del PDG, Daniel Manríquez, autodenominado «Halcón» y funcionario de confianza del gobernador regional Jorge Díaz (DC). Manríquez dio este golpe durante su cierre de campaña en un pub del sector costero, cobrando una cuenta pendiente a Rayko: la de haberlo desplazado como candidato a alcalde por el PDG.
Dicen que la venganza es un plato que se come lento y frío y este parece que es el caso, ya que Rayko, extrañamente, no consiguió tener la misma foto de Vargas como broche de oro en el cierre de su campaña.
También esta sería una estrategia evidente de que Manríquez estaría intentando asegurar su futuro, haciendo un guiño a Vargas, en caso de que gane la alcaldía y su actual jefe pierda la elección de gobernadores. Cosas de la política y con pronóstico incierto, especialmente porque a la hora de definir fichajes, el PS no vería con buenos ojos a Manríquez, dado que este ha emitido críticas mordaces en contra del Gobierno del Presidente Gabriel Boric, siguiendo fielmente el libreto de Parisi.
Y como todos los caminos conducen al poder, Manríquez habría jugado, peligrosamente, otra carta para esta puesta en escena: habría invitado a la candidata republicana a la alcaldía, Stephanie Jéldrez, a este mismo programa. Gentilmente, Jéldrez habría rechazado el «convite», para evitar malos entendidos con su partido y no tener cuentas pendientes que pagar en caso de que ella sea la ganadora.
Kast se la juega por Arica
¡Confirmado! El líder del Partido Republicano, José Antonio Kast estará mañana en Arica, participando en el cierre de campaña de sus candidatas a gobernadora, Karla Kepec, y a alcaldes de Arica, Stephanie Jéldrez, y de General Lagos, Alex Castillo, en el borde costero sur a pocos pasos de la playa El Laucho.
Lo que dicen cercanos a esta tienda, es que sus encuestas internas arrojarían buenos números para sus candidatos, por lo que habrían optado por dar una señal de respaldo a las candidaturas de una zona definida como «emblemática» para los republicanos, por su condición bifronteriza y donde surgieron las primeras alertas de la instalación del crimen organizado.
Voto lumínico cruzado
Una acción de campaña que sorprendió a todo Arica fue la «intervención lumínica» que hicieron, hasta ahora, desconocidos sobre una ladera del Morro de Arica.
Justo cuando se realizaba el show promocional de la Teletón con el cantante «Pailita» incluido, el martes 15 de octubre una productora aprovechó de proyectar un mensaje lumínico que decía lo siguiente: «Por un Arica más lindo y unido Vota Diego Paco Gobernador-Gerardo Espíndola Alcalde».
Aquí Arica consultó a ambos candidatos sobre esta acción propagandística de voto cruzado, dado que Paco pertenece al conglomerado de derecha tradicional y Espíndola al sector de Gobierno. Paco no dio respuesta, mientras que desde el comando del jefe comunal señalaron que no era una acción patrocinada por él.
También este medio requirió un pronunciamiento del Consejo de Monumentos Nacionales (CMN), dado que el Morro es un monumento histórico, condición que impide realizar intervenciones sin su autorización. Desde la Oficina Regional de este servicio informaron que «el caso está siendo analizado jurídicamente por el área de Patrimonio Arquitectónico y Urbano y por esta Oficina Técnica Regional, para que sea sometido a consideración de los consejeros en la próxima sesión».
«No tengo prontuario»
La «videofuna» sobre la condena por narcotráfico que afectó a su hermano y los emplazamientos constantes por redes sociales, finalmente impulsaron al candidato independiente a alcalde y exdiputado, Orlando Vargas, a salirse de su libreto, que apuntaba a no contestar las denuncias en su contra.
Sentado y mirando a la cámara declaró: «Yo no tengo prontuario. Mi certificado de antecedentes está limpio, está blanco», mientras desplegaba el documento emitido por el Registro Civil.
La contienda con el alcalde Gerardo Espíndola, que va por un tercer período, ha sido intensa, al punto de que ambos se han disputado también el apoyo del gobernador regional, Jorge Díaz (DC). El «Tío Pikachú», como le llaman coloquialmente por usar el color y la cola de este personaje animado, se ha dejado querer por ambos, «coincidiendo» en los banderazos de uno y otro*, en las esquinas claves de distintos sectores de Arica.
Esta pugna municipal -según algunos analistas- mantendría inquieta a La Moneda, dado que Espíndola y Vargas se disputarían el mismo sector político. Ese escenario para algunos «expertos» electorales podría abrir la puerta al bloque republicano, el cual apostaría por capitalizar el descontento que hay hacia los políticos tradicionales y con el Gobierno por la inseguridad y la migración descontrolada. El sector de José Antonio Kast iría por conquistar el voto de la derecha tradicional que no ha logrado ser seducida por el candidato UDI, Raúl Gil, y, también, por repetir el triunfo que lograron al colocar a sus postulantes en las dos elecciones de convencionales.
Un golpe en la feria
Los 10 candidatos a la alcaldía de Arica han hecho más de una visita a la populosa Feria de Linderos, que se instala con toldos azules los fines de semana en el sector norte de la ciudad.
Hubo uno que se llevó un balde de agua fría, al saludar a una de sus locatarias. Se trata de la comerciante Valeria Castillo, quien aprovechó el recorrido que hacía el postulante por la UDI-RN-Evópoli, Raúl Gil, para representarle un dolor: su rol como defensor penal público en el proceso que investigó el asesinato de su hijo Pedro Castillo, quien fue quemado en un violento ataque que recibió a pocos metros de su casa el 2011.
Valeria se comunicó con Aquí Arica para entregar su testimonio: «Este momento lo esperé por años. No pude resistir expresarle mi pena, mi dolor. Él intentó decirme que se ponía en mi lugar, pero yo no le creí nada. El caso de mi hijo quedó sin condena alguna y esa pena la llevaré siempre. Yo, sin recursos, nunca pude contratar un abogado para lograr justicia. En cambio, su asesino está libre».
Una extraña y particular resistencia a someterse a la legislación sanitaria chilena evidenció en abril pasado la empresa boliviana Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). Esta administra la planta y el oleoducto Sica Sica, que tiene a su cargo el almacenamiento y transporte de hidrocarburos al vecino país por un acuerdo bilateral que data de 1957.
Por ese entonces, la Secretaría Regional Ministerial de Salud le solicitó un Plan de Manejo de Emanaciones de Gases, pero la firma extranjera, hasta hoy, no se lo ha entregado. Ello, pese a la existencia de una fiscalización por denuncias de vecinos sobre fuertes olores a combustible y a gas, que surgieron en marzo pasado en el sector norte de la ciudad y que, anoche mismo, volvieron a recrudecer con denunciar en redes sociales.
Hasta hoy se ignora por qué la empresa boliviana no atendió el requerimiento de la autoridad sanitaria. Lo que sí se sabe es que existe la creencia en ella y también en la empresa Administradora de Servicios Portuarios-Bolivia (ASPB) -que opera en el Puerto de Arica al amparo del Tratado de Paz y Amistad de 1904-, respecto a que poseerían un estatus especial que las liberaría de atender las leyes chilenas, dado que su operación está regulada a través de convenios bilaterales.
Lo cierto es que los malos olores cada cierto rato aparecen. También las interrogantes sobre si el oleoducto podría haber sido la fuente que contaminó un pozo de agua potable con combustible y que -hasta el cierre de esta edición- aún tenía sin poder beber agua a 18.700 hogares de los sectores Centro y del Cerro La Cruz de la ciudad desde el pasado 3 de octubre.
Fue la propia Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) la que dejó entrever la existencia de un tratamiento especial para YPFB a la hora de fiscalizar sus operaciones. De hecho, reconoció a este medio que para el caso del agua contaminada «ofició a la empresa de combustibles YPFB, de propiedad de capitales bolivianos, para que entregue toda la información relacionada con la seguridad de su infraestructura, y así verificar eventuales fugas de combustible desde sus instalaciones».
La afirmación del organismo chileno revela que se operará de «buena fe» con YPFB, dejando en manos de una empresa extranjera la propia certificación de sus procedimientos. Sin perjuicio de ello, la SEC admitió que realizaba visitas periódicas a la planta Sica Sica, pero nada dijo de pruebas alternativas para comprobar la hermeticidad del oleoducto, condición que permitiría descartar a esta infraestructura como la causante de la contaminación. De acuerdo a su diseño, el tubo de YPFB, luego de ser submarino en la bahía de Arica, atraviesa por toda la ciudad de manera subterránea y en un tramo próximo al sondaje contaminado, al igual que la estación de servicios Copec, en cuyo estanque sí se realizaron mediciones.
Diputado pide fiscalización
Fueron los diputados liberales Vlado Mirosevic y Luis Malla quienes activaron la fiscalización a YPFB por los malos olores, teniendo en cuenta que la empresa posee seis estanques de grandes dimensiones para acumular diésel, crudo y gasolina, al final de la calle Renato Roca. Alrededor de ellos existe un vasto sector poblado, que incluye a la población Cerro Chuño.
La Seremi de Salud detalló que se activó, «frente a denuncias ciudadanas de olores, a inicios de marzo de 2024», y desarrolló en ese mismo periodo la «vigilancia epidemiológica en personas para evidenciar sintomatología».
La autoridad sanitaria detalló que actuó con distintas unidades en esta denuncia de la comunidad, en relación a percepción de olores “ a gas” en el ambiente, «no pudiendo constatar problemas de salud o enfermedades asociadas».
También reconoció que «bajó los brazos» en este ímpetu por fiscalizar, indicando que «la Autoridad Sanitaria Regional concluyó que no posee competencias en fiscalización de empresas de combustibles, y levantó esta necesidad, como un planteamiento, a través de SENAPRED, para la intervención de otros actores claves como la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), Superintendencia de Medio Ambiente, por ejemplo, con el fin de que pudiesen desarrollarse procedimientos de inspección específicos para investigar procesos internos de la empresa de combustible asociados a eventuales emanaciones».
En un oficio de respuesta enviado posteriormente a la Cámara de Diputados, la Seremi informó que el 5 de marzo de este año se constituyó en la planta de YPFB y le solicitó un Plan de Mitigación de Emisiones de Gases, cuyo plazo máximo de entrega era el 5 de abril. La fecha se cumplió, pero YPFB jamás respondió.
Bien, llegamos al final de esta edición. Nos vemos nuevamente la próxima semana, ya con los resultados de las elecciones en las manos. ¡Hasta entonces!
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