Ya estamos aquí para entregarles una nueva edición, con resultados electorales en la mano. Aquí Arica estuvo intensamente trabajando hasta la madrugada durante el proceso electoral de este fin de semana. Pero ese no fue el único tema que nos ocupó, ya que la región es siempre una caja de sorpresas y cada caso que abordamos supera a otro.
Y ahora, ajustarse los cinturones, porque despegamos con esta nueva edición. Pero antes: sírvase un matecito de coca con una sopaipilla andina, porque la primera nota lo dejará con algo de sed y apetito…
Cortes de carne importada como el sabroso corte Tomahawk, botellas de whisky Chivas Regal etiqueta azul, un cargamento de cerámica para remodelar la casa familiar, pagos de dividendos y de tarjetas de créditos, y depósitos varios a distintas cuentas personales, fueron parte de los pedidos que funcionarios de la Dirección Regional de Vialidad hacían a la Constructora San Felipe S.A. y a la Constructora FV, ambas con millonarios contratos de conservación de las rutas principales de la Región de Arica y Parinacota adjudicados por ese servicio durante el periodo 2020-2022.
Estas acciones ilícitas y otras más fueron pesquisadas por la Fiscalía Regional del Ministerio Público, en la segunda etapa del Caso de Corrupción Pública en la Dirección Regional de Vialidad de Arica y Parinacota, investigado por la Unidad de Alta Complejidad de la Fiscalía Regional.
En una audiencia, que se extendió por cinco horas en el Juzgado de Garantía de Arica durante el viernes pasado, el organismo persecutor evidenció estas prácticas reñidas con la probidad y concretó la formalización por los delitos reiterados de cohecho, soborno, negociación incompatible y lavado de activos en cinco5 hechos de corrupción detectados.
Todos ellos fueron detenidos por la PDI el jueves pasado, quedando sólo uno por aprehender: el ingeniero de la Constructora FV, Felipe Saldías Santis. El profesional estaba inubicable desde el jueves, sin embargo, ayer por la tarde se presentó en el cuartel de la PDI junto a un abogado, razón por la cual será formalizado hoy.
El cáncer lo salvó
A diferencia de lo que ocurrió en la formalización de la primera etapa, el 11 de agosto del año pasado, cuando un inspector fiscal y cuatro ejecutivos de la Constructora San Felipe S.A. fueron enviados preventivamente a la cárcel, en esta segunda oleada los seis detenidos tuvieron mejor suerte. Ello porque el juez de Garantía Rodrigo Urrutia -de un marcado perfil garantista- fue “piadoso” y sólo dispuso que el inspector fiscal Jorge Padilla fuera trasladado al Complejo Penitenciario de Acha.
El resto quedó en libertad bajo medidas como las de arresto domiciliario nocturno, firma periódica y arraigo nacional. Sin embargo, lo que más llamó la atención, fue su decisión de dejar en libertad al exdirector regional de Vialidad, Rooney Focacci, por “razones humanitarias”, debido a que su defensa exhibió un certificado médico que establecía que el imputado padece de un cáncer renal etapa 4 con metástasis en los pulmones y en el páncreas, y a que tenía pasajes aéreos comprados para someterse a la sesión 19 de quimioterapia en Santiago.
Funcionario amigo del exdirector
La audiencia judicial fue presenciada por el primo de Focacci y exdirector regional de Contabilidad y Finanzas del MOP, Luis Avendaño Yugo, el responsable final de pagar con celeridad a las constructoras, una vez que recibía los estados de pago del imputado.
También acudió el candidato republicano y actual abogado de la Dirección Regional Vialidad, Carlos Opazo Olavarría, quien le comentaba al oído a la señora del exdirector Focacci la argumentación del magistrado y sus implicancias, además de hacer gestiones con personal de Gendarmería de Chile para que le facilitaran una botella de agua al imputado.
Extraño rol de ese funcionario público y, quizás, explicable, dado que fue Focacci quien lo contrató el 2019 a tiempo completo como analista legal de ese servicio público, a pesar de su historia pasada cuando el 30 de abril de 2013 fue destituido como director regional del Servicio Nacional de Geología y Minas por un sumario en su contra por faltas a la probidad. En esa misma época, Focacci le permitió tener un contrato a honorarios, en paralelo, con la Dirección Regional de la Conaf, el que culminó en abril de 2022. Pese al reclamo de los funcionarios por esta doble función y conflictos de intereses entre ambas instituciones por permisos sectoriales, Opazo mantuvo la doble militancia laboral hasta que culminó el Gobierno del Presidente Piñera.
Informe de Contraloría sobre sumario de Carlos Opazo
La resolución judicial no gustó al Ministerio Público, por lo que el fiscal Francisco Ganga dijo que evaluará la presentación de un recurso por Focacci y por los hermanos Querquezana, que quedaron con medidas cautelares de baja intensidad. Ello, porque su postura era conseguir que se decretara la prisión preventiva para todos ellos.
La resolución judicial en que se esgrimieron “razones humanitarias”, contrasta también con el fallo del 12 de agosto del año pasado, cuando el juez de Garantía, Claudio Gálvez, decidió enviar a prisión al socio de la Constructora San Felipe, Carlos Trautmann, pese a que evidenciaba un delicado estado de salud en la misma audiencia, a raíz de una operación reciente por un cáncer prostático.
Aunque Focacci había cesado como director regional de Vialidad, permanecía hasta hoy contractualmente ligado al Ministerio de Obras Públicas (MOP). Tras dejar el cargo en junio de 2022 a raíz del cambio de Gobierno, apareció reclutado por empresas prestadoras de servicios para la Dirección de Obras Hidráulicas en Arica. De hecho, actualmente se desempeñaba como profesional jefe del contrato “Servicio de Control y Gestión en Operación Canal Lauca, Región de Arica y Parinacota, años 2023-2024″, adjudicado a la la empresa Michell-Hilarion Consultores Limitada.
Hasta hoy se ignora cómo, teniendo un cáncer de nivel grado 4, Focacci subía al altiplano a supervisar el canal Lauca, situado por sobre los cuatro mil metros de altura geográfica, sin presentar problemas de salud y sin que su condición fuese un impedimento para trabajar en este contrato. Sus actuaciones debían ser supervisadas por un viejo amigo, correligionario de Renovación Nacional (RN) y exsubalterno, el ingeniero civil químico, Erick Contreras Cisternas, jefe del Departamento Regional de riego en la Dirección de Obras Hidráulicas de la XV Región.
Los pedidos de “El Niño”
¿Qué quiere de nuevo “El Niño”? Así preguntaba el gerente de Operaciones y socio de la Constructora San Felipe, Carlos Trautmann, cuando le traían un nuevo pedido del entonces director regional de Vialidad, Rooney Focacci, bajo la advertencia de que en su escritorio descansaban los estados de pago que debía firmar y que le darían liquidez a la constructora, en medio de una severa crisis económica que en abril pasado la llevó a la quiebra.
Fueron justamente las declaraciones de Trautmann, reveladas el viernes pasado en la audiencia por la Fiscalía, junto a las del profesional residente de la empresa, Camilo Delgado, y el administrador de Obras, Víctor Strobel, imputados por sobornos, fraude al Fisco y lavado de activos en la primera fase del caso, las que abrieron la segunda arista y las imputaciones hacia la primera línea de mando de ese servicio.
El fiscal Francisco Ganga detalló que Focacci, a través del jefe de la Unidad de Contratos, Alvaro Núñez, solicitaba onerosas compras de supermercado a la constructora, que incluían whisky etiqueta azul y cortes de carne Tomahawk. Los pedidos, que bordeaban los 700 mil pesos, eran llevados a la casa del entonces director, ubicada en Villa Frontera. Pero eso no era todo: cada boleta era imputada al ítem de gastos en los contratos de obras de conservación globales de caminos que tenía adjudicados la empresa.
Otra petición irregular de Focacci a la constructora fue la compra de cerámica para remodelar la vivienda de sus padres en Villa Frontera. Este pedido fue cuantificado en $25.917.112 pesos. Y como broche de oro, según el organismo persecutor, en medio de la aprobación de un estado de pago del contrato de “Conservación Global de Putre”, correspondiente al mes de mayo de 2021, el exdirectivo requirió a la firma que le pagaran una deuda de su tarjeta de crédito por $13.971.222 pesos. Una vez concretado este trámite, Focacci autorizó el estado de pago a la empresa por un total de $267.650.866 pesos.
Los hermanos y la cuñada
Todo quedaba en familia. Así fue el modus operandi definido por la Fiscalía, para los requerimientos ilegales que hizo el inspector fiscal Fernando Querquezana a las constructoras San Felipe y FV. Uno de ellos fue solicitar la contratación de su hermano Jonathan como laboratorista de una de las obras que él mismo fiscalizaba a la Constructora San Felipe, donde además hacía “vista gorda” respecto de las ausencias del profesional residente, Camilo Delgado, quien había designado a un “reemplazante fantasma” del sur de Chile que nunca visitó las obras.
El Ministerio Público expuso que Jonathan era también un “trabajador fantasma” en ese contrato, y que la mayor parte del sueldo que recibía, es decir, 500 mil pesos, eran depositados en las cuentas del inspector fiscal, acumulando un total de 65 millones de pesos en un “sobresueldo”. El incentivo entregado por la firma era para que el fiscalizador no cursara multas o acelerara las remesas de Vialidad.
Uno de esos contratos que debía supervisar era la conservación de la cuesta Cultura Chinchorro (ex-Camarones) de la Ruta 5, adjudicada a la Constructora FV. El tramo corresponde al mismo que ha presentado constantes derrumbes desde el 1 de octubre y que dejaron aislada a Arica por 72 horas. Y es el mismo por el cual constantemente pidieron arreglos el alcalde Cristián Zavala y los vecinos de la localidad de Cuya, quienes nunca fueron oídos, pese a los constantes deslizamientos de material en la pista.
En todo caso, los antecedentes dados a conocer por la Fiscalía no fueron suficientes a ojos del magistrado para dejar a los hermanos Querquezana en prisión preventiva. Para Fernando dispuso arresto domiciliario nocturno y para su hermano ordenó las medidas cautelares de firma quincenal y arraigo nacional. En el caso de la cuñada del inspector fiscal, el juez dictaminó que quedara bajo arraigo nacional y la obligación de firma mensual en una comisaría.
Padilla y su libreta de “deudas”
El inspector fiscal Jorge Padilla fue el único de los imputados enviado al penal de Acha. Al juez Urrutia sí le pareció que, en las conductas reveladas por la Fiscalía, había delitos reñidos con la probidad administrativa.
El organismo persecutor detalló que Padilla, al más puro estilo de los prestamistas colombianos, tenía un cuaderno donde llevaba apuntadas “las deudas” de la Constructora San Felipe por cada estado de pago tramitado, y por el que la empresa le dejaba pendiente “la propina” que había pactado, bajo la condición de apurar las remesas de Vialidad.
De acuerdo con la formalización realizada por el fiscal Ganga, el inspector de Vialidad exigía tres millones de pesos cada dos meses a la empresa. El monto total que habría alcanzado a percibir, totalizaría los 11.500.000 pesos.
El magistrado se refería a los pagos registrados por la empresa de dividendos que correspondían a una propiedad de Padilla con la Inmobiliaria Ecasa y al testimonio de un testigo protegido que reconoció recibir en su cuenta los dineros que luego debía entregar al inspector fiscal. También aludía a los depósitos en dólares registrados, los que no serían consistentes con su sueldo líquido actual de dos millones 199 mil pesos.
La investigación de la Fiscalía también alcanzó a Olaya Gálvez Riquelme, la esposa del inspector fiscal Alejandro Aspeé. En las pesquisas bancarias, se detectó que la mujer había recibido un depósito de tres millones de pesos por parte de la Constructora San Felipe S.A., luego de que su marido autorizara el cambio de unas barreras en un camino y que eran más convenientes para la empresa. La imputada fue dejada en libertad, pero deberá firmar mensualmente en una comisaría y no podrá salir del país.
Y no pudo. Pese a las más de 1.400 obras municipales que dijo haber realizado durante sus ocho años de gestión, incluyendo algunas ministeriales que nunca tuvieron presupuesto implicado de la municipalidad ni fueron gestionadas por el municipio, el alcalde de Arica, Gerardo Espíndola (Partido Liberal), no logró ser reelegido para un tercer período.
El escenario montado para Espíndola que generó un meme en redes sociales
Algunas voces del oficialismo señalaron a Aquí Arica que “la pretensión presidencial de Vlado capotó rápidamente, dado que si no pudo reelegir al alcalde en su región de origen, resulta muy difícil conferirle peso político como una figura que puede ganar una presidencial. Quizás lo que está buscando es presentarse a una primaria, para quedar con una votación que le permita ganar el cupo senatorial, pero eso está por verse, porque hoy lo tiene el Partido Socialista, que se descolgó y logró elegir a Orlando Vargas como alcalde”.
La derrota ante el candidato independiente outsider del oficialismo y exdiputado del PPD, Orlando Vargas Pizarro, conocido por el acrónimo “Ovapi”, costó aceptarla en el equipo del jefe comunal saliente, al punto que recién pasadas las 23.30 horas, Espíndola se acercó al populoso barrio del Parque Lauca para saludar al ganador. Vargas había decidido celebrar la hazaña en su población “de toda la vida“, como así la definió en su discurso, pese a que hoy vive en el valle de Azapa.
A rostro descubierto, el PS regional celebrando el triunfo de Vargas.
Orlando Vargas resumió su triunfo diciendo que se había presentado como candidato “porque había una necesidad imperiosa de recuperar Arica. Cuando digo que vamos a recuperar Arica es en su forma integral. Sabemos que en ocho años no se hizo mucho, o sea, se hizo muy poco. Tenemos que reconstruir desde 21 de mayo hacia arriba, porque esa es la cara del Arica antiguo… La ciudad está sucia. Pero hemos conformado un equipo de profesionales que estamos estudiando, para generar proyectos que den la sustentabilidad económica para realizar nuestros sueños”.
También prometió incorporar a muchas mujeres en su administración y llamó a los vecinos a colaborar, especialmente, con el aseo de la ciudad, ya que este fue uno de los talones de Aquiles que presentó la gestión de Espíndola. Y por último, prometió derogar las contribuciones que el municipio comenzó a cobrar en mayo del año pasado al segmento socioeconómico situado por sobre el 40 % de vulnerabilidad en el Registro Social de Hogares.
Respecto del destino del jefe comunal saliente, fuentes cercanas al mundo liberal indicaron que estaría evaluando presentarse como candidato a diputado, dado que su votación creció en siete mil votos desde la última elección, en la que obtuvo 20. 992 sufragios.
Ayer Espíndola comenzó su desembarco del municipio, al sostener la primera reunión con el alcalde electo y su equipo en el Edificio Consistorial, con miras a coordinar el traspaso de su administración.
Gobernadores a segunda vuelta
Esta vez, la elección de gobernador regional quedó en suspenso debido a que ninguno de los siete postulantes alcanzó el 40 % de los votos válidamente emitidos.
Así, el próximo 24 de noviembre, medirán fuerzas el actual gobernador democratacristiano, Jorge Díaz, con el exconsejero regional, empresario aymara y abanderado de “Chile Vamos”, Diego Paco (RN). En esta primera contienda, Díaz obtuvo 39.942 votos, es decir, el 29,92 %. mientras que Paco alcanzó la primera mayoría con 43.462 votos, consiguiendo un 32,55 % de los sufragios.
Diego Paco optó por celebrar en la Catedral San Marcos.
La tercera mayoría la alcanzó Karla Kepec del Partido Republicano, con 29.208 preferencias, es decir, un 21,88 %. Sobre esta votación, los ojos están puestos en “Chile Vamos”, ya que en una suma simple, este caudal de votos republicanos inclinaría la balanza hacia Diego Paco en la segunda vuelta. Ello porque estiman inviable que esos votantes opten por Díaz, a raíz de que la campaña de republicanos fue frontal contra la gestión del gobernador DC, especialmente por el Caso Fundaciones que tiene en curso la Fiscalía Regional de Atacama.
En tanto, Díaz tendrá que ir a buscar los votos del Socialismo Democrático y el Frente Amplio para imponerse. También deberá hacerlo con el electorado del alcalde electo Orlando Vargas, a quien hizo el primer gesto: sin titubear, lo fue a saludar mientras festejaba en el Parque Lauca.
Comunas rurales: nadie se mueve
En las comunas rurales, el escenario no se movió un ápice. En Camarones resultó reelecto el actual alcalde DC, Cristian Zavala, quien no tuvo oponentes, ya que no hubo interés de los partidos o de un independiente por inscribirse como candidato en esta comuna. En las urnas de Cuya y Camarones obtuvo 1.662 votos.
Por otro lado, en la comuna de Putre resultó cómodamente reelecto el alcalde Javier Tito (independiente UDI) con 1.497 sufragios, es decir, con un 46,52 % de los votos, compitiendo contra otros tres candidatos.
Y donde hubo polémica por el acarreo fue en General Lagos. En Visviri, capital comunal, algunos candidatos, liderados por el alcalde republicano Álex Castillo, instalaron barricadas en la ruta de acceso, protestando por la llegada de buses con electores foráneos. Al final, pese ello, el jefe comunal logró la reelección con 281 votos (30,68 %), lidiando contra siete postulantes.
El bloqueo de los candidatos en Visviri por el acarreo de votantes
Cuesta imaginarlo, pero sí, existe, y está en la franja de los cinco kilómetros cercanos a la frontera norte con Perú. Allí, a duras penas, subsiste un polvorín para transbordo de material explosivo, donde hasta el 2 de septiembre pasado se almacenaban esos insumos, para luego despacharlos vía terrestre a Antofagasta y La Serena y también a países vecinos.
El representante de Dangerous Goods Service SPA, Mario Espinosa, explica que, inicialmente, la autoridad fiscalizadora de su negocio les fijó el rango de 1.284 metros a la redonda como cerco de seguridad en el lote fiscal de Pampa Chacalluta que arrendó a la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales. En ese espacio, afirma, no deberían instalarse viviendas, ni tampoco otras actividades de tipo productivo.
“Desde el 2019 este cerco fue rompiéndose y el 2021 creció la toma de Villa Frontera que estaba bastante lejos. Esto fue denunciado por la exdirectora de Obras Municipales, Rosa Dimitstein, al alcalde y a la Seremi de Bienes Nacionales, pero nunca hubo sanciones para quienes se tomaron ese terreno”, reconoce.
Plano de 2018
Plano de 2023
Espinosa revela que a su empresa le autorizaron realizar el transbordo de explosivos que llegaban en camiones peruanos, bolivianos, brasileños y colombianos a Arica a transportes de carga chilenos, con el fin de evitar de que conductores de otras nacionalidades cruzaran la ciudad y la Ruta 5 hasta Antofagasta y La Serena. En esas ciudades se encuentran los fabricantes de explosivos que usan la materia prima que llega al polvorín en Arica para comercializarlos en el mercado nacional y el extranjero.
Otro de los giros permitidos a la empresa era el aparcamiento de camiones chilenos que viajan hasta Lima a buscar explosivos y que deben esperar la aprobación de trámites aduaneros para ingresar a Chile. A raíz de la peligrosidad de la carga y de que no pueden estacionarse en el Complejo Fronterizo Chacalluta por la gran cantidad de circulación de personas, los vehículos efectuaban sus trámites en el polvorín y esperaban allí el pase para ingresar al país.
Las tomas pueden más
El representante de Dangerous Goods Service SPA relata que el avance de las siete tomas de terreno hacia su predio fue más notorio a partir del verano de 2020. Ese año se activó la quebrada seca de Caunire, con una contundente riada, producto del invierno altiplánico.
“En esa oportunidad, la Municipalidad de Arica abrió un camino para que el río no avanzara a las tomas que ya habían. Sin embargo, ese camino no fue cerrado posteriormente y de ahí surgió una huella desde la carretera que abrió la entrada hacia la toma 3. A través de esa línea, empezaron a aparecer la toma 4, la toma 5, la toma 6 y la toma 7”, indica.
Alcalde Espíndola en la toma del año 2020.
La contención de este avance de las ocupaciones se logró convenciendo al nuevo secretario regional ministerial de Bienes Nacionales, Rodrigo Díaz, de que había que cerrar el camino. “Fue así que de palabra me concedió gratuitamente un área mayor de resguardo de seguridad de 90 hectáreas, aproximadamente, por sobre las 15,82 hectáreas que tenía asignadas bajo arriendo. El seremi nos dijo que no tenía los recursos para cercar y me dijo que me entregaba ese perímetro más amplio de resguardo, con la condición de que bloqueara el acceso a las tomas”, afirma.
Espinosa advierte que la Seremi de Bienes Nacionales hizo un giro en su política el año pasado y decidió arrinconarlo, para terminar dejándolo sin poder operar, al caducarle el arriendo, bajo razones no apegadas a la legalidad. De esta manera, sus inversiones en parapetos, camino, zanjas, mallas como cercos, para contener eventuales explosiones, hoy estarían completamente perdidas, dado que el sitio no podría usarlo.
Paradójicamente, indica, la actitud no sería la misma frente a las siete tomas que han avanzado hacia el norte de Villa Frontera, las cuales durante estas últimas semanas, en plena campaña electoral, atrajeron a candidatos como el actual consejero regional, David Zapata (Partido Radical), para hacer campaña “a full”, bajo la promesa de que serían regularizadas. También hubo republicanos y personas del Gobierno que se pasearon, abriendo una esperanza de que la ilegalidad no se impondría por la fuerza en medio del escenario electoral actual.
La aproximación de las “tomas” hacia el polvorín obligó a disminuir el perímetro de seguridad inicial de 1.284 metros a 574 metros. Espinosa señala que esta riesgosa situación hizo que la autoridad fiscalizadora le redujera la capacidad de 150 toneladas de explosivos autorizada inicialmente, consiguiendo un nuevo permiso para sólo 30 mil toneladas de manera fraccionada.
Pero, indica, el golpe a su negocio no vino del avance de las ocupaciones ilegales, ya que estas nunca traaspasaron la franja límite. “Fue la Seremi de Bienes Nacionales la que rompió el cerco de seguridad, autorizando el arriendo de un terreno dentro de ese radio que, de palabra, me habían concedido para resguardo, meses después del permiso que me habían renovado”, denuncia.
En efecto, el 26 de octubre de 2023, la Seremi de Bienes Nacionales autorizó un arriendo a la Empresa Comercial Claudio Cifuentes Ramírez EIRL, en un sector dentro de las 90 hectáreas de resguardo, a sólo 247 metros del polvorín, es decir, a menos de la mitad de la distancia de resguardo autorizada. El particular comenzó a hacer ocupación del sitio asignado, rompiendo los parapetos que había construido la transbordadora de explosivos, para evitar el desplazamiento de personas y vehículos en las inmediaciones.
Dangerous Goods Services SpA presentó un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Arica, donde consiguió una sentencia favorable que fue ratificada por la Corte Suprema el 11 de abril de este año. La empresa alegó que el nuevo arriendo en la franja de seguridad provocaría “que la autoridad fiscalizadora paralice la autorización de funcionamiento, tornando del todo sin sentido este arrendamiento, ya que no cumpliría las funciones propias para las cuales fue entregado: manejo de explosivos, carga, descarga y almacenamiento”.
Y también hizo ver que ese nuevo arriendo era un abierto desconocimiento a la promesa que le hicieron en la Seremi de BB.NN. en una reunión concedida en la Plataforma Ley del Lobby, donde el acuerdo había sido no otorgar concesiones en ese perímetro.
El tribunal de alzada le dio la razón a la empresa Dangerous Goods Services SpA, estableciendo que el actuar de la Seremi de Bienes Nacionales “deviene en ilegal, toda vez que aquel, implica transgredir, como se señalará, el cumplimiento de las disposiciones mínimas de seguridad, que establece tanto la Ley N° 17.798 y su respectivo Reglamento”.
Del mismo modo, hizo una preocupante advertencia sobre el actuar de este organismo público, al autorizar una actividad incompatible con el manejo de explosivos:
Espinosa señala que, pese a ese fallo, Bienes Nacionales ha continuado entregando terrenos en arriendo en la franja de seguridad. “Posterior al fallo, el seremi Díaz comienza una persecución a nuestra empresa y nos empieza a cobrar dos arriendos pendientes, y que incumplimos la Ley de Urbanismo y que hemos favorecido el ingreso de las tomas. Algo totalmente insólito. Así, el 30 de abril, después del recurso que ganamos, esta oficina pública decidió caducarnos el arriendo”, advierte.
El capítulo entre Dangerous Goods Services SpA y la Seremi de Bienes Nacionales aún está abierto, dado que la empresa decidió presentar un recurso de aclaración ante la resolución del organismo público respecto de poner término anticipado al arriendo que había concedido hasta el 2026.
Bienes Nacionales responde
La Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales confirmó que decidió caducar el contrato de arrendamiento a Dangerous Goods Service SPA, y que, actualmente, está en curso el retiro de la empresa de ese sitio, ya que con el nuevo Plan Regulador aún en trámite, este sector será destinado como Zona Logística, lo que haría inviable su permanencia.
“Actualmente, la empresa está en una situación de irregularidad y bajo cualquier circunstancia tiene que salir de ese sector. Con todo, se trata de un proceso en curso, abierto, por lo tanto no es prudente entregar más detalles”, indicó la institución.
Asimismo, la Seremi explicó que “en los terrenos fiscales en cuestión hay distintos usuarios, por una parte, camioneros a quienes se les entregó una solución a su demanda de poder utilizar el área para poder estacionarse, pues es más seguros para ellos. Están regularizados y cuentan con contratos de arriendo. Por otro lado, un campamento, y, en tercer lugar, una empresa, que administra explosivos a la que originalmente -en administraciones pasadas- se le entregó autorización para instalarse en el lugar”.
Difundir las historias y experiencias de distintas generaciones musicales de la Región de Arica y Parinacota, es lo que pretende lograr el concurso de bandas “Arica en Canciones”, al buscar reunir a cinco bandas legendarias de la ciudad con cinco grupos o solistas escolares y emergentes, que serán seleccionados por un jurado en las próximas semanas.
La directora y fundadora de “El Tren”, Adriana Cataldo, explicó a Aquí Arica que decidieron desarrollar esta línea musical, gracias a la incorporación de un profesional audiovisual a su equipo “que tenía esta idea de reunir a dos generaciones de bandas y luego producir unos clip con su historia y un tema. Pensamos que ese encuentro arrojaría una interesante radiografía de Arica sobre problemas sociales, emociones y asuntos, incluso, acerca de la vida cotidiana de la ciudad”.
Las bandas legendarias seleccionadas son Tetranarko, Sin Apuro, Eingell Baltra, Arica Rebelde y La Coleccionista de Ataduras. Todas estas agrupaciones ya se encuentran grabando sus clips, que incluirán su historia y un tema ícono.
Por este mismo proceso pasarán las bandas escolares, que serán seleccionadas por un jurado integrado por un representante de la Secretaría Regional Ministerial de las Artes y las Culturas, un miembro de la Asociación Musical de Arica, un artista con trayectoria, un músico independiente participante del
proyecto Arica en Canciones, un promotor musical profesional y un representante del Departamento de Cultura de la Municipalidad de Arica.
Cataldo planteó que este puede ser el primer paso para desarrollar una línea de apoyo a los músicos jóvenes locales, “ya que quizás podemos pensar en hacer una academia más adelante, porque aquí no hay muchas instancias para darles un soporte profesional y así puedan surgir”.
Equipo de la Corporación Cultural «El Tren».
El publicista, músico y promotor del concurso en la Corporación, Rodrigo Velásquez, explica que “en Arica hay muchas bandas que cantan sobre la ciudad, entonces hay un orgullo de ser de Arica a pesar de. Vamos a hacer una serie web en la que vamos a entrevistar a las bandas o al artista seleccionado, para que nos cuenten qué los inspiró. Luego van ejecutar el tema que presentaron y lo vamos a grabar con sonido profesional. Además, haremos un CD compilatorio con los 10 temas que presenten”.
La Corporación Cultural “El Tren” está vigente desde hace 26 años. Posee un galpón en el barrio Tierras Blancas de Arica, donde ofrece, además, talleres gratuitos de teatro, telas y pintura en manualidades, para personas desde los 7 años en adelante.
Y colorín colorado, este newsletter se ha acabado. Luego de trasnochar con tanto conteo de votos y caravanas celebrando por las calles, nos despedimos hasta la próxima semana con las novedades de la llamada “Macondo” del extremo norte.
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