En Aquí Arica no hay descanso, porque de una noticia pasamos a otra inmediatamente. Llegamos esta semana a la edición número 11 con una pauta variada y muy reporteada, dejando atrás parcialmente las elecciones. Sí, porque aún queda una batalla electoral por librar: la definición de quién será el gobernador regional el 24 de noviembre.
Con menos trasnoche que la edición anterior por el conteo de votos, los invitamos a hacer una pausa para leer las notas que hemos preparado. Para esta vez, sugerimos una infusión de la hierbita precordillerana «Rica rica» y una calatanta (pan andino) traída desde Putre…
Silente se ha mantenido el Ejército respecto de los cinco sumarios que anunció tras la muerte del soldado conscripto Franco Vargas Vargas durante una marcha militar al Centro de Instrucción de Pacollo, a 4.200 metros de altura el pasado 27 de abril, en el altiplano de la Región de Arica y Parinacota. El lunes pasado, la institución fue golpeada nuevamente con el fallecimiento de una soldado profesional del Regimiento Logístico N° 6 Pisagua, aparentemente por un accidente cerebrovascular, incidente por el cual el Instituto de Derechos Humanos pidió un informe al Ministerio de Defensa.
Las sanciones propuestas involucran al teniente coronel Claudio Guajardo Pinochet, al capitán Michael Fritz Gervasoni, al teniente Bjorn Wohllk Araya, al cabo primero Jorge Alvear Alvear y al cabo Manuel Zambrano González.
En la investigación, que luego fue reabierta a raíz de que se pidieron nuevas diligencias, se advierten procedimientos erróneos u omisiones en el abordaje de la emergencia que se produjo en el Centro de Instrucción en Pacollo y que terminó con la muerte del conscripto Vargas. Del mismo modo, las indagaciones pesquisaron tratos violentos realizados por uno de los oficiales, indiferencia sobre el estado de salud del recluta y la aplicación de medicamentos sin la debida autorización de un superior.
Cargos que se les imputan
Para el caso del teniente coronel Claudio Guajardo Pinochet, la investigación interna estableció como anomalías cometidas por el alto oficial, el «no controlar las tareas del enfermero, así como su ubicación dentro de la marcha; no controlar el apoyo sanitario para brindar atención (incluyendo el estanque de oxígeno) a cualquier integrante de la columna que lo requiera; no controlar que la evacuación del SLC FRANCO VARGAS VARGAS (QEPD) se haya realizado al Cesfam de Putre y no al PAME en Pacollo, cosa que hizo perder tiempo valioso».
También la indagación detectó incumplimientos de Guajardo en la preparación y ejecución del acuartelamiento y ambientación del contingente de 2024. Del mismo modo, estimó que hubo una evasión de responsabilidades del mando al no ordenar medidas contundentes, «al ser informado por su plana mayor en la fase ambientación en Putre, sobre los castigos físicos efectuados por un comandante de Pelotón de Instrucción a los soldados conscriptos recién acuartelados en el Cuartel N° 1 de la Brigada Motorizada N° 24 «Huamachuco» en Putre».
Sobre este último cargo, tras recibir testimonios de algunos militares y reclutas, el fiscal acreditó que el teniente coronel infringió el Reglamento de Disciplina para el Personal de las Fuerzas Armadas, al no disponer acciones severas en contra del teniente Bjorn Wohllk, por ordenar prácticas no ajustadas al reglamento de instrucción militar, «donde se desmayaron tres soldados conscriptos y uno se orinó». Ello porque pese a tomar conocimiento de esta situación, sólo dispuso «que tomara las medidas para que no volviera a ocurrir».
Omisiones en la marcha
En tanto, el sumario castrense estableció que el capitán Michael Fritz debía pasar a retiro «por la falta de control al no haber indagado o solicitado la información sobre el personal que se presentó con problemas para marchar el día 27ABR2024, entre los que se presentó el SLC FRANCO VARGAS VARGAS (QEPD), el incumplimiento de la Orden para la Marcha del Batallón de Instrucción… al no controlar las tareas del enfermero, así como su ubicación dentro de la marcha, al que tuvo que llamarlo por celular para que llegara al lugar desde donde posteriormente se entregaron los primeros auxilios al SLC VARGAS».
Del mismo modo, en el sumario se le reprochó a Fritz que no controlara el apoyo sanitario para brindar atención, incluyendo el estanque de oxígeno, a cualquier integrante de la columna que lo requiriese. Y también le representó que la evacuación de Franco Vargas no se realizara inmediatamente al Cesfam de Putre y se hiciera al puesto de enfermería de Pacollo, «cosa que hizo perder un tiempo valioso», según señala la vista fiscal del sumario.
El procedimiento, además, fue absolutamente en contra de la praxis médica para hipobaria (fala de oxígeno por desempeño en altura geográfica), que sugiere que ante signos de hipoxia por sobre los tres mil metros de altura geográfica, el afectado debe ser trasladado hacia zonas con menor altitud.
El sumario, además, cuestionó que Fritz no reportara a su superior la existencia de castigos físicos ordenados por el teniente Bjorn Wohllk, evidenciando con ello una falta de cumplimiento a sus deberes y negligencia en su actuar.
Los castigos del teniente
La investigación del Ejército acreditó la versión que dieron los reclutas, que pidieron terminar anticipadamente su servicio militar en la brigada tras la muerte de Franco Vargas. Varios de ellos coincidieron en que el teniente Wohllk aplicó severos castigos físicos a varios reclutas, haciéndolos vomitar exhaustos durante ejercicios no recomendados para una zona altiplánica caracterizada por la falta de oxígeno.
La resolución sancionatoria dispuso el retiro absoluto de Wohllk, al detectar que el oficial se extralimitó en sus atribuciones, y «no cumplir lo dispuesto en la Orden de Instrucción para la Fase de Formación de Combate (FOCO) año 2024… careciendo de prudencia y acierto al disponer castigos físicos de punta y codo a su Pelotón de Soldados Conscriptos recientemente acuartelados, durante el periodo de ambientación, en el Cuartel N° 1 de la Brigada Motorizada N° 24 «Huamachuco» en Putre, pelotón al que pertenecía el SLC FRANCO VARGAS VARGAS (QEPD), donde se desmayaron tres soldados conscriptos y uno se orinó, no demostrar preocupación por la salud del personal, al no haber tenido seguimiento del bienestar de sus soldados ni haber informado de los problemas que se presentaron durante el castigo físico».
Despreocupación de dos cabos
El sumario propuso poner fin a la carrera del cabo 1° y comandante subrogante de escuadra, Jorge Alvear Alvear, por no informar y no preocuparse por el estado de salud de Franco Vargas, quien presentaba lesiones en su mano, tos y desánimo antes de la marcha del 27 de abril.
La resolución estableció que el conscripto le hizo presente a Alvear que «no estaba ni se sentía en condiciones de marchar». Es más, la indagación le reprochó al suboficial que se había desentendido de la situación que afectaba al recluta, escudándose en que era el enfermero de combate quien decidía la nómina de los que marcharían el 27 de abril pasado. Junto con ello, le observó que no hiciera seguimiento, ni reportara este hecho a sus superiores, bajo la excusa de que tenía que asumir sus labores de conductor.
En el caso del cabo Manuel Zambrano González, la investigación determinó que este desatendió la orden de marcha para ese grupo de instrucción militar y que no obedeció la instrucción de marchar detrás de la 2a Compañía de Instrucción donde iba Franco Vargas el 27 de abril, además de «no solicitar el oxígeno cuando debía asistir al SLC… y no evacuarlo directamente al CESFAM de Putre como estaba dispuesto, perdiendo un tiempo valioso».
Otro hecho grave que le imputó a Zambrano fue la aplicación de un medicamento al conscripto Lucas Gamboa Salinas sin autorización del oficial de sanidad (médico), quien luego fue internado grave en el Hospital Juan Noé y derivado al Hospital Militar de Santiago en estado crítico. Este hecho, indica el sumario, «produjo una tardanza en la atención, y en el traslado posterior al Hospital Juan Noé de Arica, desatendiendo gravemente los deberes como enfermero de combate».
La pieza sumarial será también parte de la investigación que sigue en paralelo la Fiscalía Regional del Ministerio Público. Dicha entidad tiene previsto realizar la reconstitución de escena de la marcha que le costó la vida a Franco Vargas, el próximo 27 de noviembre en Pacollo y Putre. Para esa diligencia están convocados, al menos, 15 exreclutas claves que estuvieron cerca del soldado antes y durante la marcha y que luego renunciaron al servicio militar tras estos sucesos. Todos ellos viajarán desde Santiago junto a sus padres con la asistencia de la Unidad de Víctimas del órgano persecutor.
No han descansado ni un segundo luego de la primera contienda del 26 y 27 de octubre. Los candidatos a gobernador regional, Jorge Díaz Ibarra (DC) -quien va por la reelección- y Diego Paco Mamani (RN), decidieron salir con todo esta semana en la campaña para la segunda vuelta electoral, comicios que se efectuarán el próximo 24 de noviembre.
En la primera semana post primera vuelta, ambos se volcaron a las redes sociales para agradecer los votos recibidos y mostrar su correlación de fuerzas. Acerca del programa que ejecutarán, aún es un misterio, ni tampoco hablan sobre cuáles serán las obras que impulsarán con el presupuesto que tendrán para el período 2025-2029.
Diego Paco se trasladó raudo a Santiago para recibir el correspondiente abrazo de la presidenciable Evelyn Matthei. Luego del abrazo, se instaló en la mesa frente a ella con su computador Mac Book para anotar tips de campaña y volver con las pilas cargadas a Arica.
Pero eso no fue todo. Y como las vueltas dejan, el candidato aprovechó su paso por la capital para asegurar el apoyo del Partido Republicano (PR) y lo logró. En sus redes sociales difundió la reunión con el presidenciable José Antonio Kast, quien convocó a sus candidatos íconos de Arica, la postulante a gobernadora, Karla Kepec, la candidata a alcaldesa por Arica, Stephanie Jéldrez, y la reelecta consejera regional, Romina Cifuentes, a ese cónclave. El encuentro, eso sí, estuvo custodiado minuto a minuto por la secretaria general de RN, Andrea Balladares.
El apoyo de los republicanos es un soporte nada despreciable. Así lo entendió Paco desde siempre, razón por la cual nunca se enfrascó en dimes y diretes con su contendiente republicana Karla Kepec. Y los números de la elección le dieron la razón. Kepec obtuvo la tercera mayoría con 29.208 votos (21,88 %), realizando una campaña bastante austera y muy digitalizada, utilizando algoritmos y georreferenciación en las distintas redes sociales.
Y mientras amarraba el compromiso republicano, tras conseguir la primera mayoría con 43.462 votos, Paco ya comenzó a recibir los primeros ataques mediante una «videofuna». La pieza audiovisual que comenzó a difundirse, intenta vincularlo a la investigación del Ministerio Público por la distribución de cajas de alimentos en pandemia que hizo la Intendencia Regional.
El material audiovisual, que ha sido distribuido por WhastsApp y grupos de funas de Facebook, lo acusa de haber usado su empresa distribuidora de alimentos para reducir 22 mil cajas de alimentos que ya habían sido compradas por la Intendencia a otro proveedor y que quedaron en una bodega. Además, pone en duda el origen de los dineros de las empresas familiares de buses, hotelería y de alimentos donde tiene participación.
Pese a la difusión pública que tuvo este episodio y a que la Contraloría Regional paralizó en junio de 2020 la distribución de las 22.375 cajas de alimentos adjudicadas a Tobar y Tobar Limitada -al detectar que la empresa no tenía el giro comercial de alimentación cuando la Intendencia le adjudicó el contrato por 899 millones de pesos-, la investigación penal se extravió en el camino durante cuatro años y nunca se acreditaron ilícitos.
Por esta acción, tras un sumario sanitario, la Secretaría Regional Ministerial de Salud aplicó una multa de 20 UTM ($ 1 millón 332 mil) a Tobar y Tobar Limitada y al restaurante de Salgado Mc Conell, debido a que no tenían resolución sanitaria para el acopio de alimentos. La sanción consta en el Informe Final N° 778 de la Contraloría Regional de la República, de fecha 11 de agosto de 2021, sobre gastos auditados del 5 % de emergencia del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR).
Informe N° 778 de la Contraloría Regional.
«Tío Pikachú» a toda máquina
Difícil, pero no imposible. Con esa mentalidad ha salido nuevamente a la calle el actual gobernador regional, Jorge Díaz Ibarra (DC), conocido como «Tío Pikachú», a buscar los votos que le faltaron en la primera vuelta.
Lo primero que hizo fue rayar la cancha y no las paredes, publicando un video frente a un vistoso muro donde manos anónimas habían dejado una consigna vinculándolo al Caso Fundaciones. Díaz llamó a no ensuciar la ciudad con campañas de descrédito, pero también le mandó un mensaje a sus opositores ligados a «Chile Vamos», vinculándolos a los casos de corrupción de las Cajas de Alimentos en pandemia y al de la Dirección Regional de Vialidad durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera.
El gobernador Díaz en el muro donde hicieron un rayado en su contra.
Para esta segunda vuelta, al igual que Paco, Díaz fue a buscar el apoyo de los partidos afines y aquellos de izquierda (PC y Frente Amplio) que estuvieron detrás de la candidatura del sindicalista y militante PC, Carlos Yévenes.
El actual gobernador publicó una fotografía con los dirigentes políticos de todos los partidos del conglomerado oficialista, entregando un mensaje al electorado que, pese a las diferencias anteriores, ahora van todos «a derrotar a la derecha».
El candidato concitó el apoyo de dirigentes de todos los partidos de Gobierno.
Las alianzas y las videofunas han marcado ya la primera semana de campaña. Aún quedan tres más, período en el que posiblemente continúe la ausencia del equipo directivo del Gobierno Regional, cuyos jefes de divisiones, a punta de permisos y vacaciones, se volcaron por un mes a los banderazos y reuniones con adherentes de Jorge Díaz.
Tras una semana de los resultados, siguen penando las ánimas en el Gore, porque las jefaturas decidieron alargar los permisos y vacaciones por la segunda vuelta. Mientras tanto, los documentos y la planificación del 2025 seguirán en espera, pese a que las urgencias, como la falta de proyectos de infraestructura pública y la seguridad pública, continúan siendo las grandes deudas en la región.
Han pasado ya 12 días desde la segunda oleada del Caso de Corrupción en la Dirección Regional de Vialidad y no habido siquiera un pronunciamiento oficial de la Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas sobre estos hechos, pese a que la entidad involucrada depende de este servicio público.
¿Por qué?, nadie lo sabe. Sin embargo, para lo que sí hubo tiempo fue para montar un video en redes sociales insistiendo en la campaña del «casco rosa» o «pinky«.
Con apuro y contra el tiempo, subieron la «joyita audiovisual», esa que seguro que a la seremi le sopló al oído su novio Patricio Figueroa, cofundador del medio antofagastino Timeline, y el asesor comunicacional del alcalde saliente, Gerardo Espíndola. Sí, el mismo que le aconsejó poner a disposición el MOP para la campaña municipal, usando engañosamente las obras y proyectos como logros municipales, lo que le mereció hasta un reproche del senador socialista José Miguel Insulza, justo dos semanas antes de las elecciones.
Esta vez, para el Tik Tok institucional -plataforma que la seremi sigue con ahínco-, lograron reunir en una mesa a varias mujeres de las distintas direcciones regionales del MOP para aparecer en el video. Algunas inspectoras fiscales y otras de labores administrativas. Allí en la producción audiovisual instaban al uso del famoso casco rosa, disponiendo varios de ellos recién comprados. El adminículo es el mismo que distrajo a los cibernautas cuando la seremi hacía transmisiones en vivo mientras se derrumbaba la Cuesta de la Cultura Chinchorro (ex-Camarones), dejando aislada a Arica durante 72 horas.
En todo caso, la cruzada de la seremi Aguilera parece ser algo personal. Ello porque, hasta ahora, no se ha visto a la ministra de Obras Públicas, Jessica López Safie, usarlo en sus puntos de prensa. Tampoco fue utilizado por la ministra del Interior, Carolina Tohá Morales, cuando visitó el 22 de octubre pasado la dañada cuesta.
«Una noticia tapa a la otra»
Muy obediente, la seremi de Obras Públicas de seguro aprendió en sus años de funcionaria municipal el dicho que repetía siempre el alcalde y periodista Gerardo Espíndola cuando debía enfrentar conflictos: «Hay que generar otra noticia, porque una noticia tapa la otra».
Fue ese mantra el que la habría llevado a generar una acción comunicacional a destiempo, publicitando el video del casco rosa para «tapar» la noticia sobre la detención y formalización por los delitos de cohecho, sobornos y lavado de activos que les fueron imputados al exdirector regional de Vialidad, Rooney Focacci, a los inspectores fiscales Fernando Querquezana y Jorge Padilla; al hermano de Fernando, Jonathan Querquezana, y su señora Ángela Flores; a la esposa de otro inspector fiscal, Olaya Gálvez, y al ingeniero residente de la Constructora FV, Felipe Saldías.
Pese a que Aquí Arica insistió en el requerimiento sobre el Caso de Corrupción en Vialidad, no hubo respuesta desde la seremi. Para lo que sí hubo tiempo fue para armar el video promocional y organizar la celebración de «Halloween» en la oficina el mismo 30 de octubre, ofreciendo un premio de 50 mil pesos al mejor disfraz y que, obviamente, sedujo a los eficientes funcionarios y funcionarias públicas de esa repartición.
Críticos contra el casco
Los comentarios críticos contra la campaña del uso del casco rosa se desataron en las redes oficiales de la seremi y también en aquellas de grupos ciudadanos donde se discuten temáticas de la ciudad. Rápidamente los comentarios negativos en la red oficial desaparecieron apenas fueron posteados.
En las redes no oficiales, varios cibernautas reclamaron la oportunidad y el mal uso del tema por un servicio público cuyo foco debe ser la construcción y el mantenimiento de la infraestructura pública y no las labores sanitarias. Ahí varios le dijeron de todo a la seremi, sacando a relucir el mal estado de la Cuesta de la Cultura Chinchorro (ex-Camarones), la que con un precario mantenimiento día a día sobrevive, pero que no tendrá un arreglo definitivo hasta que se ejecute un estudio que sugiera cómo debe contenerse la fragmentada roca.
También reapareció el excandidato republicano a consejero regional y exgendarme, Néstor Pinto, conocido en el ciberespacio como «El Vigía», quien a pesar de no haber sido electo, publicó un video en redes sociales con dedicatoria a la seremi.
El ingeniero de FV formalizado
Pese al silencio del MOP sobre el Caso de Corrupción en la Dirección de Vialidad, la Fiscalía Regional del Ministerio Público logró la formalización del último imputado que faltaba en esta segunda rueda. Luego de estar cuatro días inubicable, el ingeniero residente de la Constructora FV, Felipe Saldías Santis, se presentó junto a un abogado en el cuartel de la PDI, ubicado en la calle Belén, donde quedó detenido el lunes pasado.
Al día siguiente fue formalizado en el Juzgado de Garantía por el delito de soborno al inspector fiscal de la Dirección Regional de Vialidad, Fernando Querquezana Querquezana, tras detectar pagos por un total de 50 millones 410 mil pesos por el arriendo de un camión aljibe de propiedad de Querquezana, a través de la empresa contratista Cotani SpA, que tenía a cargo su cuñada Ángela Flores Huanca. Los pagos corresponderían a depósitos que se efectuaron entre agosto de 2022 y julio de 2023.
El ingeniero FV, Felipe Saldías, durante la formalización por soborno.
Según la Fiscalía, las sumas de dinero eran entregadas a cambio de que Querquezana aprobara los estados de pagos por el avance de obras que debía registrar la constructora en dos contratos de conservación de caminos. Uno de ellos correspondiente a la Cuesta Cultura Chinchorro, la misma que ha presentado constantes derrumbes en las últimas semanas y cuyos reclamos de los vecinos de Cuya por la caída constante de rocas nunca fueron oídos.
También la semana pasada regresó a la oficina el asesor legal de la Dirección Regional de Vialidad, Carlos Opazo Olavarría, quien en estos meses presentó licencias y luego un permiso para ausentarse de su trabajo y realizar, sin éxito, su campaña a consejero regional por el Partido Republicano.
Pese a pertenecer al servicio público defraudado, el profesional asistió a la audiencia de formalización del exdirector regional Rooney Focacci Yugo el viernes 25 de octubre. Allí, sin ningún pudor, se sentó al lado de la señora del exdirectivo para explicarle los alcances de la resolución del juez y gestionó con personal de Gendarmería la entrega de una botella de agua para el imputado.
Hasta hoy se ignora por qué el director regional de Vialidad, Sergio Villegas, continúa teniendo como asesor legal a Opazo, sabiendo que fue traído por Focacci a esa Dirección a partir desde el 2018. El objetivo de esa decisión fue instalar una asesoría legal paralela a la de la abogada Guiselle Künz, quien está en ese servicio desde la primera administración del Gobierno de Sebastián Piñera.
Se convirtió en un personaje público durante la campaña electoral. Néstor Pinto Ríos, ariqueño, hijo de ferroviario y criado en el antiguo barrio Costanera frente al Liceo Politécnico, decidió salir del anonimato como gendarme en retiro para entrar de lleno en la política. Sus videos denunciando corrupción y malas prácticas en el ejercicio de la política le merecieron el apodo de «El Vigía» en estos últimos meses.
De su vida personal prefiere contar lo justo y necesario. Estudió en la Escuela República de Israel y luego se fue al Liceo Politécnico, donde egresó de la carrera de mecánica, siendo la última generación que cursó el ahora desaparecido 5° Medio.
Es casado con otra gendarme en servicio activo y tiene dos hijos que estudian medicina y obstetricia en la Universidad de Tarapacá (UTA). Es fanático de las motos y, por eso, cuando terminó su carrera en Gendarmería de Chile, se compró una. En ella, al estilo del mítico personaje de animé «Centella», se traslada por la ciudad, buscando algún tema de interés público para destapar.
Pinto dijo a Aquí Arica que, pese a no haber sido electo, «no voy a dejar de hacer lo que comencé este año. Sea cual sea el color, inclusive si son de mi partido, estaré ahí para denunciar las malas prácticas o la corrupción. La gente está aburrida de que la cuenteen o de que llegue gente sin mérito al servicio público y que sólo estén en función de sus intereses personales».
-¿Por qué decidió ser gendarme?
-En el liceo donde estudié había muchas pandillas y consumo de drogas. En esos tiempos no había muchas oportunidades para estudiar, entonces un día yo iba pasando por una calle y vi un letrero de Gendarmería que hacía un llamado a postular. Sin pensarlo mucho, postulé y quedé en la primera oportunidad. Igual yo había trabajado en varias cosas desde muy niño, para poder tener mis cosas, ya que éramos tres hermanos y sólo teníamos el sueldo de mi papá. Él se había jubilado de ferrocarril y se había comprado un taxi.
Yo no quería seguir siendo una carga para mis padres, así es que postulé a Gendarmería, sin imaginarme lo que era. Así es que me fui a Santiago a hacer el curso en 1991. Justo había una carencia de gendarmes, así es que sacaron dos promociones ese año para suplir el personal que faltaba.
-¿Tenía conciencia de lo que sería trabajar como gendarme?
-La verdad que no. Sólo cuando comencé a hacer mi práctica, le tomé el peso. Mientras estuve en la Escuela de Gendarmería nos daban un entrenamiento militar con discplina, pero otra cosa es llegar a la cárcel y tratar con delincuentes.
Como en todo lugar, siempre uno va a encontrar todo tipo de personas, pero en la cárcel, la mayoría es agresiva, sin valores, porque allí hay una subcultura. Yo quedé horrorizado porque me mandaron a hacer práctica a la excárcel pública que estaba en Mapocho y que después cerraron. Era como el castillo de Frankestein, algo horrible, lúgubre. Después me mandaron a la Penitenciaría, una cárcel vieja del año 1.800, que era horrible y daba miedo. Luego me mandaron a Arica a trabajar en lo que era la cárcel antigua, porque no existía el penal de Acha. Estuve sólo un año aquí y luego pedí mi traslado a Colina.
-¿Estando como gendarme en Arica le tocó vivir la fuga de los dos narcos condenados por el ingreso de un contenedor con 500 kilos de cocaína en los noventa?
-Sí, conocí a Hans Kollros y Fernando Cuesta, pero yo ya me había ido a Santiago cuando ocurrió la fuga.
-¿Cómo era esa cárcel en esos tiempos?
-Mire, lo único bueno de esa cárcel, era que estaba cerca de mis padres. Pero aunque no lo crea, en esa cárcel para ir al baño había que ir con un escobillón para pelear con los guarenes. Los guarenes incluso se metían a las camas de nosotros. Decidí irme a Santiago, porque no estaba de acuerdo con ciertas prácticas de las jefaturas.
-¿Y cómo fue ese cambio a la cárcel Colina 1?
-Hicimos una permuta con otro colega ariqueño y llegué a Colina 1. Luego me fui a la Unidad de Servicios Especiales Penitenciarios (Usep). Ahí conocí a Cupertino Andaur, condenado por el asesinato del niño Zamorano Jones. También me topé con el «Cabro Carrera», uno de los capos del narcotráfico en esos tiempos. La experiencia fue bien intensa, porque trabajábamos cuatro gendarmes en la noche para toda la cárcel, donde habían unos dos mil reos. Allí se hacen rondas por unas pasarelas que hay en el cielo y detectamos varias veces violaciones entre reos. Ahí corríamos a abrir las rejas para rescatarlos y los estoques empezaban a correr por el piso. Imagínese, entrábamos dos gendarmes a un pabellón de 90 reos. También sacábamos gente apuñalada desde sus camas, porque los herían por debajo del colchón y morían algunos. Las visitas eran otro tema, pues se hacían en la cancha y ahí instalaban los «camaros» que ellos llaman. Allí llegaban prostitutas a ofrecer sus servicios en las carpas que levantaban. Éramos tan pocos gendarmes, y uno tenía que pasar nomás y hacer vista gorda, porque éramos minoría frente a los reos.
-¿Cuántos reos hay por cada gendarme?
-La norma internacional habla de que deben haber siete presos por gendarme y aquí hay 150 o más por cada gendarme.
-Imagino que le tocó vivir la «Fuga del Siglo», aquella en que el 30 de diciembre de 1995, tres miembros del Frente Patriótico «Manuel Rodríguez» huyeron del Cárcel de Alta Seguridad de Santiago…
-Yo estaba en el baño duchándome, porque la USEP estaba al lado. Parecía un terremoto, porque las aspas del helicóptero hacían vibrar todo.
-Hay versiones que ponen en duda de que la fuga fue un hecho sorpresivo, ya que indican que por esos días a Gendarmería aún no se le permitía usar armamento de largo alcance, el que ya había sido comprado…
-Gendarmería había hecho una compra de unos fusiles de guerra Famae y, extrañamente, estuvieron mucho tiempo guardados en bodega. Durante la fuga, bien podrían haber dotado de esos fusiles a los puestos de vigilancia. Esos fusiles podrían haber impedido la fuga. Claro que también con un riesgo: que los fusiles hubieran derribado el helicóptero de la fuga y cayera encima de un sitio de Gendarmería, provocando muertos.
En ese tiempo, usábamos la ametralladora UZI de 9 milímetros. En la fuga se usó ese armamento, pero las balas rebotaban en el helicóptero, porque abajo venía blindado con latones.
-¿Y cómo vivió la llegada del exalcalde Waldo Sankán junto a unos concejales a la cárcel?
-Vamos a decir las cosas como son. Sankán fue todo un temazo. Las autoridades políticas de ese momento hacían llamados telefónicos pidiendo hacer excepciones con este tipo de personas, por ser parte de una élite.
La señora del exalcalde Carlos Valcarce, que era concejala en ese tiempo y cumplió prisión preventiva, fue derivada a la sección de Enfermería; Sankán quedó en la Unidad de Estadísticas y luego por su comportamiento fue derivado a un patio. Ahí uno se da cuenta de que el sistema es bastante injusto, porque el pobre se va a lo peor, mientras que el que tiene redes o poder accede a diferencias.
De gendarme jubilado a la política
-¿Cómo fue ese paso de acogerse a retiro?
-Me jubilé con 30 años de servicio en el 2020. Primero se siente una sensación de libertad, felicidad y desconexión. Después, uno que tiene un sistema de vida bien estructurado, como que empieza a extrañar la actividad de estar todos los días con una rutina. Da tranquilidad esto de poder tener voz ahora, al ver tantas irregularidades e injusticias. Ahora puedo opinar, porque antes cuando vestía uniforme no podía tener opinión. Daba rabia ver tanta autoridad que pasa cortando cinta en un lugar que termina siendo una porquería, porque nadie lo mantiene. Yo vi un sistema donde no existe la voluntad real de rehabilitar, reinsertar y de rescate de la gente que de verdad quiere cambiar, pero no se le abren las oportunidades.
-¿Hay personas en la cárcel que se pueden rescatar?
-Sin duda, aunque son los menos. Hay gente que tiene intenciones de cambiar. Cuando hay que poner en libertad a un reo, tenemos que ir a dejarlo a la rotonda Saucache. Allí el exinterno queda con los brazos cruzados porque no sabe qué hacer y vuelven a la población con los mismos amigotes y los vicios.
-¿Cómo es un día normal en la cárcel?
-El desencierro parte a las 8 y media de la mañana, luego el desayuno y de ahí van al patio donde juegan, conversan, hacen truculencias. Los menos van al Centro de Educación y Trabajo (CET) o estudian en la escuela o el liceo que hay adentro. Como a las 12 comienza a llegar el almuerzo y luego viene otro espacio de ocio. La cena se hace como a las 5 de la tarde. El encierro es a las 18.00 horas.
-¿Es cierto que a Arica han trasladado reos peligrosos desde el sur y eso ha significado la llegada de de sus redes delictivas, lo que ha significado un cambio en el perfil de los delitos en la ciudad?
-Es cierto que los familiares o sus redes siguen a los delincuentes cuando son trasladados. Antes acá en Arica primaban los condenados por narcotráfico. Pero hoy, sin sumar el crimen organizado, tenemos personas involucradas en otro tipo de delitos más violentos.
-¿Qué falta en las cárceles para que podamos tener un sistema efectivo y ejemplarizador?
-Falta mejorar la infraestructura y disponer el aislamiento para evitar evasiones; faltan más funcionarios; y el diseño de un sistema penitenciario que permita un control real de estas personas. Hoy el sistema es muy garantista porque les permite hacer lo que quieren. Hoy ni siquiera uno puede mandarlos a que se bañen o afeiten, porque recurren a organizaciones de derechos humanos y nos acusan de maltrato.
-Después de esos 30 años en el mundo penitenciario, ¿qué lo llevó al mundo de la política?
-Bueno, llegué porque me lo pidieron. Pero lo que me impulsó fue ver tanta sinvergüenzura y que el sistema se hunde cada día más, y que los más afectados son los que paran este país, es decir, los trabajadores. Los que abusan del sistema, viven en un mundo paralelo con sus privilegios.
-¿Por qué aceptó ser republicano y no frenteamplista?
-Frente Amplio jamás, porque participaron en manifestaciones destruyendo nuestro país. Yo fui dirigente gremial, hice protestas, me llevaron detenido, pero nunca por destruir algo. Hoy los frenteamplistas ocupan cargos y no tienen las competencias. A mí me llamaron la atención los principios republicanos. Yo creo en la familia, creo mucho en Dios y su propósito, y creo en la vida. No me gusta la idea de aborto libre, aunque sé que las mujeres son dueñas de su cuerpo y puede entenderse en situaciones bien determinadas como una violación o cuando el embarazo pone en riesgo la vida de la mamá o que la guagua no tenga esperanza de vivir.
-Si bien no salió elegido como consejero regional, ¿cuál es la misión de «El Vigía» de aquí en adelante?
-Seguiré hablando las cosas como son, visibilizando temas para que la gente tome conciencia. Los chilenos tenemos el mal de ser invisibles. Como ciudadanos tenemos que tener voz y no podemos permitir que nos pisoteen. Creo que hay que exterminar la corrupción y, para terminar con ella, hay que denunciarla.
-Y si un republicano se ve involucrado en actos de corrupción, ¿qué hará?
-La gente de mi partido lo tiene claro: no voy a ser cómplice de nada. Yo no me caso con nadie. Somos todos adultos, tenemos libre albedrío, por tanto, sabemos lo que es bueno y lo que es malo. El que elija el camino del mal, debe asumir y si es culpable, debe irse a la cárcel.
Barricadas, protestas en Arica, bloqueos de la ruta internacional a Bolivia y gestiones con la mismísima ministra del Interior, Carolina Tohá, en su visita a Arica el pasado 22 de octubre, al parecer, surtieron efecto para la minera Quiborax S.A y sus trabajadores. El Primer Tribunal Ambiental, finalmente, autorizó el 30 de octubre el levantamiento parcial de la medida cautelar que había cesado las operaciones de extracción de ulexita en el Salar de Surire hasta el 31 de diciembre.
Así, a través de una resolución judicial, la firma consiguió el retiro de las 380 mil toneladas de ulexita que quedaron acopiadas en el salar, luego que el 11 de septiembre se decretara la suspensión temporal de las faenas en ese sector.
La decisión judicial fue bien valorada por el presidente del Sindicato Trabajadores de Quiborax N° 1, Roberto Hernández, quien señaló a Aquí Arica que «estamos contentos con el fallo y las restricciones se tienen que cumplir, pero hay varias de esas que ya las cumple la empresa. Ahora hay que seguir adelante y estamos muy contentos por todos los trabajadores, transportistas y comuneros que habían quedado, porque ahora se va a volver a activar la mina. La empresa tiene cinco días para contestar los requerimientos y, después de eso, esperamos empezar a bajar la ulexita».
En tanto, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) mantuvo silencio al igual que la Corporación Nacional Forestal, respecto de si harán alguna gestión judicial para revertir la medida. También la empresa evitó pronunciarse.
Tres tareas
En su fallo, el juzgado ambiental estableció tres tareas que deberá cumplir Quiborax. La primera dice relación con la nivelación de los sitios explotados durante 2024, para garantizar la restauración del ecosistema y la estabilización de las lagunas. Asimismo, la medida fue ordenada debido a que esta es una de las tareas comprometidas por la minera en los permisos que tenía autorizados hasta antes de la demanda ambiental.
Para ello deberá presentar un plan de trabajo «con los objetivos y acciones contempladas con su respectiva descripción, la maquinaria e infraestructura a utilizar, las zonas a intervenir, indicadores de inicio, término y cumplimiento, así como su cronología de desarrollo, equipos responsables de la organización, control y ejecución, entre otros, considerando como fecha límite el 31 de diciembre de 2024».
En estas faenas, Quiborax deberá considerar un plan de mitigación del polvo en suspensión que podría producirse al remover el material y por la acción del viento existente en esa zona.
La segunda labor autorizada temporalmente es el retiro de la ulexita que permanece acopiada en el salar. Para ello, la empresa deberá tener en cuenta las autorizaciones sectoriales aplicables en la materia, así como los demás instrumentos que resulten aplicables para este fin, velando por no superar las cantidades de producción anual.
También para estos fines, el tribunal solicitó un plan de trabajo con objetivos y acciones, maquinaria e infraestructura que utilizará; zonas de intervención; indicadores de inicio y término; cronología de desarrollo y los equipos a cargo de estas faenas. Del mismo modo, sólo podrá utilizar 70 camiones encarpados por día con capacidad total de 28 toneladas y la extracción será sólo entre las 07.00 horas y las 13.00 horas.
Y la tercera condición impuesta a la minera es la elaboración de un Plan de Monitoreo, «con el fin de resguardar el bienestar de la fauna y avifauna que habita en el salar y alrededores de las otras áreas protegidas, y conocer el estado de avance de las actividades autorizadas en la presente resolución».
El reporte deberá ser enviado cada 15 días al juzgado y deberá contener «antecedentes sobre el comportamiento (normal o atípico), presencia y/o ausencia, número de individuos, etc., de la fauna y avifauna silvestre cercana a las zonas de acopio, mientras se estén ejecutando labores dentro del salar, así como el reporte del número de incidentes ocurridos (o no ocurridos) durante el traslado del mineral».
La fiscalización de las medidas dispuestas fueron encargadas al Servicio Nacional de Geología y Minería, Corporación Nacional Forestal y la Dirección Regional de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas, entidades que también deberán reportar informes cada 15 días al juzgado.
De todas maneras, el caso judicial seguirá su tramitación para acreditar si la empresa es responsable del daño ambiental que reportaron organismos como la Conaf, el SAG y la Superintendencia del Medioambiente, y cuyos informes ameritaron que el Consejo de Defensa del Estado presentara una demanda ambiental el pasado 2 de julio en contra de la empresa Quiborax S.A.
Listo. En esta edición aplanamos calles y trabajamos hasta última hora para llevar contenido actualizado. Esperamos que les haya gustado y nos volveremos a ver la próxima semana.
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