Cuatro oficios del Comando de Operaciones Terrestres (COT) y de la Dirección de Sanidad del Ejército de Chile ponen en entredicho la versión difundida oficialmente por la institución, respecto de que su protocolo sanitario para el Servicio Militar Obligatorio 2024 no contemplaba la aplicación de exámenes médicos de altura geográfica (hipobáricos) ni la vacunación temprana contra la influenza al contingente de soldados conscriptos que debía cumplir su instrucción en la Brigada Reforzada N° 24 «Huamachuco».
En esa unidad falleció el 27 de abril el recluta Franco Vargas Vargas (19), mientras participaba en una marcha desde el cuartel de instrucción de Pacollo hacia Putre, a 4.200 metros de altura sobre el nivel del mar. Además, otros dos soldados fueron afectados gravemente por dos bacterias que les dejaron secuelas e incapacidades físicas motoras, y otros 45 soldados sufrieron un contagio masivo por un un virus respiratorio que significó su aislamiento en la ciudad de Arica.
Ninguno de los 205 reclutas que participaron en la fatídica marcha, fueron sometidos preventivamente a los exámenes hipobáricos para medir su resistencia física a la falta de oxígeno del altiplano y tampoco se les aplicó la vacuna antiinfluenza. Ello, pese a que, según los documentos obtenidos en exclusiva por Aquí Arica de El Mostrador, existieron instrucciones claras de altos mandos militares desde noviembre hasta marzo de este año, previo al acuartelamiento de los jóvenes, que ordenaban aplicar estas medidas para cuidar de su salud.
También, hasta hoy, no se tiene referencias de si alguno de los cinco sumarios internos dispuestos por el Ejército, a propósito de este caso, ha arrojado luces sobre estas negligencias en el cuerpo directivo de mayor grado de la institución y cuya órbita de administración está alrededor de la Comandancia en Jefe del Ejército. Más bien, los cuestionamientos y sanciones han apuntado hacia mandos intermedios zonales, encapsulando así las responsabilidades sobre omisiones administrativas y errores cometidos durante la marcha militar o en días previos sobre la atención sanitaria prestada a los conscriptos.
La omisión de estas negligencias, hizo que la defensa de uno de los cinco militares llamados a retiro anticipado en el sumario que investigó la muerte de Franco Vargas y el contagio de dos jóvenes con dos agresivas bacterias, decidiera exponer estas anomalías.
Las órdenes sobre la toma anticipada de exámenes de hipobaria y de la vacunación contra virus respiratorios fueron acompañadas en el recurso de reconsideración presentado ante el Presidente de la República, para conseguir que fuese desestimada la medida disciplinaria de retiro anticipado, que fue aplicada en contra del comandante del Batallón de Instrucción de la Brigada Motorizada N°24 «Huamachuco», teniente coronel Claudio Guajardo Pinochet.
En la acción administrativa se expone como argumento central que «estas dos omisiones o estas dos imprudencias son, probablemente, las causas que provocaron la muerte del conscripto Franco Vargas Vargas, QEPD, en adelante el conscripto Vargas, porque, si a ese contingente se le hubiese hecho los exámenes de hipobaria y, se le hubiese vacunado contra la influenza, lo más probable es que al conscripto Vargas no se le hubiese permitido subir y los problemas cardiorrespiratorios que le provocaron la muerte, probablemente, no le habrían sobrevenido».
Asimismo, en el recurso presentado por el abogado Humberto Palamara se acusa al Comandante en Jefe del Ejército, Javier Iturriaga del Campo, de haber mentido ante la Comisión Investigadora Especial de la Cámara de Diputados conformada para este caso, al señalar en la sesión del 1 de julio que “derechamente, la vacunación no era parte de estos protocolos (refiriéndose a los protocolos sanitarios del Ejército), ni tampoco los exámenes de hipobaria para altura. No eran exámenes exigibles para nuestros soldados», obviando que existían órdenes del Alto Mando para ejecutar ambas medidas tempranamente.
Y sobre lo mismo, la acción administrativa expuso que la razón del máximo jefe militar para haber planteado esa versión no ajustada a la verdad «sería el interés en ocultar que el Ejército no cumplió los protocolos del Ejército, porque de haberse cumplido, el conscripto Vargas, probablemente, estaría vivo, porque no se le habría permitido subir a Pacollo y porque habría estado protegido contra la influenza y los problemas respiratorios que produce».
El primer documento incorporado en el recurso de reposición, y que revela que sí estaba previsto dentro del protocolo sanitario solicitar exámenes de hipobaria, surgió desde el Comando de Operaciones Terrestres (COT). La instancia castrense era la encargada de planificar todas las acciones para el funcionamiento del periodo de instrucción del Servicio Militar Obligatorio. Se trata de la denominada «Orden del COT para el proceso de selección y acuartelamiento del contingente año 2024».
El general de división y comandante del COT, Christian Bolívar Romero, emitió un detallado instructivo el 30 de noviembre del año pasado, en el que en una de las 33 páginas ordenó claramente que debían proveerse los medios para ejecutar los exámenes «hiperbáricos». Aunque con un error en la terminología sanitaria, porque el concepto es «hipobáricos», la comunicación señaló expresamente que este procedimiento estaba contemplado en el sinnúmero de tareas que tenían que cumplir diversas unidades para el correcto desempeño del servicio militar de este año.
En la Hoja 6 del documento planteó expresamente que debía coordinarse con la División de Salud (Divsal) del Ejército y hacer que el jefe de esa unidad expusiera ante los comandantes de las unidades militares del país, para «hacer presente los procedimientos (exámenes) a seguir con aquel contingente que estará expuesto a condiciones hiperbáricas».
La exposición de esta materia a todas las unidades militares debía realizarse el 21 de febrero a través de videoconferencia. Pese a esta evidencia, dicha solicitud nunca fue informada por el Ejército a la opinión pública y tampoco fue reportada a la Comisión Investigadora Especial de la Cámara de Diputados, instancia a la que acudió el 1 de julio el Comandante en Jefe del Ejército, Javier Iturriaga del Campo.
La instrucción fue reiterada más adelante en el mismo documento del general Christian Bolívar Romero. En la página que refiere al punto c) sobre tareas asignadas al Departamento IV Logística, indicó que esta entidad «coordinará con la DIVSAL, la toma de exámenes al contingente que estará expuesto a condiciones hiperbáricas (sic), a fin de no poner en riesgo la integridad de los SCLs que realizarán actividades de I/E en unidades de zonas geográficas que presentan dicha naturaleza».
En rigor, el Ejército sí estaba consciente del riesgo que suponía llevar a los reclutas a una altitud geográfica superior a los tres mil metros sobre el nivel del mar. Sin embargo, al inicio de la crisis el jefe del Estado Mayor General del Ejército, general de División Rodrigo Pino, aseguró el 3 de mayo que los exámenes de hipobaria “no están contemplados porque los protocolos y en los decretos supremos que establecen la realización de exámenes están asociados a personas que realizan trabajos en la zona del altiplano. Y no es el caso de lo que estamos analizando de los soldados que están en el cumplimiento de una ley y que no se exige el cumplimiento o la aplicación de estos exámenes para poder saber si tienen una mala disposición médica-sanitaria asociada al desempeño en altura”.
Luego, el 10 de junio, con la crisis instalada en la institución, el mismo general Pino anunció un cambio de criterio ante la Comisión Investigadora Especial de la Cámara de Diputados. Frente a los parlamentarios, reconoció que producto de los sucesos ocurridos en la Brigada de Putre, se habían aplicado 687 exámenes de hipobaria a todos los soldados destacados en lugares con altitud geográfica por sobre los tres mil metros de altura. El grupo –dijo– incluyó a conscriptos con asiento en la Brigada Reforzada “Huamachuco”, la Segunda Brigada Acorazada “Cazadores” de Pozo Almonte, la Brigada Motorizada N° 1 “Calama” y la Escuela de Montaña.
En esa instancia, nunca habló de que este procedimiento clínico había sido solicitado en noviembre del año pasado y menos que nunca fue ejecutado, pese a que había sido cotizado.
El 13 de marzo pasado el Ministerio de Salud declaró la alerta sanitaria por el aumento de la circulación de virus respiratorios estacionales. Y pese a que el Ejército dijo ante la Cámara de Diputados que el personal militar no había sido definido como grupo de riesgo, las evidencias indican lo contrario.
Al ser consultado el Ejército, por primera vez admite a nivel público que el 15 de enero solicitó a las jefaturas de las unidades del Norte Grande que cotizaran exámenes de hipobaria para los conscriptos que se desempeñarían en zonas de altitud geográfica. Pero acota que estos análisis se harían una vez terminada la primera etapa de instrucción, pese a que la autoridad sanitaria militar advirtió en su comunicación sobre del riesgo al que se exponen los reclutas en altura.
«Con fecha 15 de enero del 2024 se remiten los oficios a las Macrozonas de Salud Arica, Iquique y Antofagasta, solicitando la Jefatura de Sanidad Militar las cotizaciones y programa para efectuar exámenes de hipobaria únicamente a los conscriptos pertenecientes a las unidades con empleo en altitud geográfica que se deben desplegar en el marco del DS N°78 asociado a labores de vigilancia de fronteras, lo que se ejecutaría una vez finalizada la etapa de instrucción inicial, correspondiente a las primeras semanas», reza el comunicado.
El miércoles de la semana pasada la Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputados sobre el caso ocurrido en Putre, presidida por el diputado de Arica y Parinacota, Luis Malla Valenzuela, culminó su labor. Su informe fue aprobado en la Sala por 74 votos a favor, 14 en contra y 31 abstenciones.
Sin contar con los antecedentes que hoy revela Aquí Arica, la Comisión focalizó sus cuestionamientos en los mandos operativos de la brigada militar y los responsabilizó de los hechos investigados.
Este miércoles, en tanto, se hará la reconstitución de escena de la marcha que le costó la vida al conscripto Vargas. Para ello, la Fiscalía Regional del Ministerio Público ha dispuesto un operativo, que involucra traer a nueve exreclutas -junto a sus familiares-, quienes fueron testigos de este hecho y también de otros relacionados con maltratos al interior de la Brigada Motorizada N° 24 «Huamachuco».
En esa comitiva estará también la madre del recluta fallecido, Romy Vargas, representantes del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y la Defensoría Penal Pública.
El procedimiento, a cargo del fiscal regional Mario Carrera Guerrero y del fiscal adjunto Anatole Larrabeiti Yáñez, considerará diligencias en el centro de instrucción de Pacollo para emular cómo fue la caminata, en el cuartel de Putre y en el Centro de Salud Familiar (Cesfam) de esa localidad andina.
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