Es casi Navidad y decidimos que la decimoctava edición de Aquí Arica será nuestro regalo por la fidelidad que han tenido desde agosto con nuestro newsletter.
Vamos de nuevo con un estilo contundente en nuestras notas, moleste a quien les moleste.
Veamos:
Quince meses pasaron desde la primera formalización por delitos de corrupción en agosto del año pasado. Finalmente, la Dirección Nacional de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas (MOP) optó por no renovar los contratos de los seis funcionarios que fueron imputados por delitos en los dos casos judiciales que investiga la Fiscalía del Ministerio Público, al detectar ilícitos en la supervisión de contratos de obras viales suscritos con la Constructora San Felipe y la Constructora FV.
De esta manera, el organismo cambió su criterio respecto de la decisión inicial de mantenerlos contratados sin trabajar, mientras los sumarios que inició en su contra no estuviesen finiquitados. Según la versión que entregó ahora, «esta medida no se relaciona con los sumarios en curso, que tienen carácter de secretos y reservados mientras no estén terminados».
Actualmente, todos se encuentran en libertad, ya que Jorge Padilla consiguió anular la resolución de prisión preventiva en el Complejo Penitenciario de Acha el pasado 7 de noviembre, la cual había sido decretada por el Juzgado de Garantía de Arica el 25 de octubre pasado.
En junio de este año, el organismo también decidió no renovar el contrato a la inspectora fiscal Lilian Medina Higueras. Extrañamente, el 2023 Vialidad le cambió su condición de trabajador a honorarios que tenía por a contrata seismeses, obviando que había sido formalizada por los delitos de fraude al fisco, soborno y lavado de activos.
Permiso para viajar a Cancún
Pese a la oposición de la Fiscalía Regional de Arica y Parinacota y del Consejo de Defensa del Estado (CDE), el viernes pasado el juez de Garantía Juan Araya Contreras concedió la autorización para un viaje familiar a Cancún que solicitó el imputado en el Caso Vialidad 2, Felipe Saldías, ingeniero residente de la Constructora FV S.A., acusado por el delito de soborno a un inspector fiscal.
El permiso se extenderá entre el 1 y el 17 de enero próximos. El magistrado consideró suficiente para descartar el peligro de fuga, la caución por $ 1 millón que deberá pagar Saldías antes de viajar y la exhibición del pago acreditado de una matrícula anual de $ 5 millones de su hija en un colegio privado santiaguino.
Asesor jurídico y excandidato republicano
El temido «sobre azul» también fue extendido para el abogado de la Dirección Regional de Vialidad y excandidato a consejero regional del Partido Republicano, Carlos Opazo Olavarría. El funcionario, que el 2011 fue destituido como director regional del Servicio Nacional de Geología y Minería, había llegado el 2019 como asesor legal del exdirector regional de Vialidad, Rooney Focacci Yugo. Este último fue imputado por los delitos de cohecho, luego que la Fiscalía detectara solicitudes a la Constructora San Felipe S.A., en el Caso Vialidad 2, para compras de alimentos prémium, licores de alto valor y materiales de construcción para una casa, más el pago de una deuda de una tarjeta de crédito .
Si bien aún Opazo no aparece en la lista de formalizados, la Dirección de Vialidad no habría visto con buenos ojos sus reiteradas ausencias laborales con licencias médicas y permisos por la candidatura que emprendió sin éxito, además de la defensa ejercida en paralelo a los sindicatos de Quibórax en la demanda que el Consejo de Defensa del Estado interpuso en contra de la minera Quibórax S.A. por daño ambiental.
También se habría sumado a ello lo revelado por Aquí Arica respecto del extraño apoyo que dio a Focacci en la audiencia de formalización del «Caso Vialidad 2» el 25 de octubre. En la oportunidad apareció apoyando a la señora del exdirector imputado y pidiendo asistencia a Gendarmería para el formalizado, obviando su condición de funcionario público representante de la parte defraudada.
El revuelo político y rechazo ciudadano que causó la decisión del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) de expropiar un edificio previamente arrendado por el Centro de Formación Técnica (CFT) Estatal de Arica y Parinacota para establecer su sede ahí en 2025, hizo desistir en su empeño al ministerio y al Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu). Su tenaz intención de forzar la compra del recinto, perteneciente a la Federación Aldeas Infantiles SOS Chile, para destinarlo a un tramo del Plan de Emergencia Habitacional para cubrir las necesidades de vivienda de 113 familias, terminó por estrellarse abruptamente al concluir la semana.
Pese a que ninguno de los involucrados quiso dar su versión a Aquí Arica -único medio que reveló la soterrada pugna judicial de estos entes públicos en la Corte de Apelaciones de esta ciudad-, al final las secretarías regionales ministeriales de Educación y de Vivienda y Urbanismo y el Serviu optaron por «publicitar» un comunicado el viernes por la tarde en sus redes sociales, mediante el cual dieron a conocer el desenlace de este polémico conflicto Estado versus Estado.
¿Qué dijeron? El Minvu confirmó que desistía en su intención de ocupar el edificio de las Aldeas SOS Chile, ubicado en la avenida Diego Portales 2551, para permitir la instalación del CFT Estatal en ese lugar, donde este último estaba haciendo arreglos a toda máquina. De esta manera, puso fin a la compleja situación de dejarlo sin aulas para impartir clases durante el 2025, ya que la institución de estudios superiores debía abandonar su actual sede, ubicada en Las Acacias 2090, a raíz de que la Universidad de Tarapacá (UTA) puso fin al contrato de arriendo y le fijó una multa de $ 10 millones por cada día que permaneciera a partir del 1 de enero de 2025.
El comunicado reconoció que la decisión se adoptó a través de un acuerdo con el secretario regional ministerial de Educación, dejando entrever entonces que, recién ahora, luego de que estallara el conflicto a nivel público, forzosamente se llegó a una solución razonable.
¿Presión desde La Moneda? Cercanos a esta insólita disputa entre entes públicos revelaron que el tema habría llegado hasta La Moneda como un problema de «urgente» resolución, dado el vergonzoso espectáculo generado entre dos carteras relevantes para el Gobierno, como lo son Educación y Vivienda. El mensaje fue claro a la Delegación Presidencial y a ambas Seremis: tenían que poner freno al round entre el derecho a la educación pública y de calidad de 2.600 estudiantes de sectores vulnerables y el acceso a una vivienda digna para 113 familias del Plan de Emergencia Habitacional.
A esa presión se habría sumado también la denuncia interpuesta por el senador José Durana Semir (UDI), quien acudió a la contralora general de la República, Dorothy Pérez, para que interviniera en este caso.
Golpe desde el Core
Uno de los golpes más duros para el Minvu y el Serviu, y que dejó sin opción la expropiación del edificio de Aldeas SOS Chile, fue la negativa de la Comisión de Vivienda del Consejo Regional (Core) de recomendar la solicitud ministerial de $ 2.050 millones para financiar la compra de la propiedad en disputa, cuyo avalúo comercial es de $ 5.700 millones.
El enfrentamiento más duro lo tuvo el consejero regional, excalde y exdiputado socialista y exFederación Regionalista Verde y Social (FRVS), Iván Paredes Fierro, con la directora regional del Serviu, exintendenta regional y exseremi de Vivienda, Gladys Acuña Rosales (PS). Paredes la llamó «Reina de Saba, que hace y deshace, y dice lo que quiere«, por su empeño en haber impulsado la expropiación del recinto de Aldeas Infantiles SOS Chile.
Pero la directora Acuña no se quedó atrás y lo confrontó enérgicamente: «No me diga nada, no me diga nada. No me gustan sus dichos. No, para nada, para nada, para nada, señor. Oiga, si acá no pierdo, si el Plan de Emergencia ya está cubierto, si la que pierde es la ciudad. Caballero, la que pierde es la ciudad, yo ya cumplí, ya cumplimos».
La difusión en redes sociales del artículo de Aquí Arica por este caso encendió también los ánimos en los cibernautas. Allí se cuestionó el nulo manejo del Gobierno de este conflicto, el cual tenía larga data entre dimes y diretes entre las autoridades del CFT y el Serviu y, sobre el cual, los seremis de Educación y de Vivienda y Urbanización, Francisco Valcarce Llancapichún y Romina Farías Pérez, respectivamente -ambos frenteamplistas-, habían tenido escasa maniobra.
UTA y millonario arriendo
La sesión de la Comisión de Vivienda del Core fue reveladora. Allí también expuso la rectora subrogante del CFT Estatal, Zamorano Chía, quien dio a conocer los onerosos pagos y exigencias de la rectoría de la UTA.
Zamorano aseveró que desde el nacimiento del CFT en 2020, había «acuerdos políticos» entre el rector de la UTA, Emilio Rodríguez Ponce, y la exrectora del CFT Estatal, Marta Meza Lavín, para mantenerse en la sede ubicada en Las Acacias 2090.
Tras ese impasse por el alto valor de arriendo, Zamorano dijo que se logró ajustar a $ 65 millones mensuales y se estableció que podía ser renovado en agosto de 2022, lo que finalmente ocurrió.
Así, en 2023 el CFT Estatal aumentó su matrícula de 2.200 a 2.600 estudiantes e incrementó el número de carreras. En ese escenario de alta demanda, la rectoría de la UTA notificó que ponía fin al arriendo de la actual sede, cuyo valor superaba los $ 77 millones mensuales. Pese a diversas gestiones ante la UTA, no se logró revertir la decisión de dejarlos sin la sede.
Al no encontrar salida con la UTA, el CFT Estatal sondeó distintas propiedades próximas a la actual sede y llegó a un acuerdo con la Federación Aldeas Infantiles SOS Chile. El monto pactado por la renta fue infinitamente inferior respecto de lo que cancelaba a la UTA. Por la nueva sede pagaría $ 14,9 millones (390 UF) por mes y quedaría en pie una oferta de $ 5.000 millones por la compra del edificio, una vez cumplidos cuatro años y dos meses a partir de 2025.
Recursos judiciales avanzan
El compromiso del Minvu y del Serviu sobre no continuar en su intención de expropiar el edificio de las Aldeas SOS Chile no ha bastado para el CFT Estatal y tampoco para su propietario.
Por un lado, el CFT Estatal decidió apelar ante la Corte Suprema para impugnar el fallo adverso que obtuvo el 12 de diciembre en el recurso de protección interpuesto en la Corte de Apelaciones de Arica, cuyo fin era revertir la expropiación. Y, por otro, Aldeas Infantiles SOS Chile ingresó otra acción del mismo tipo el pasado 20 de diciembre en contra del Minvu y del Serviu.
En la acción antes comentada pidió anular el Decreto N° 67 del 28 de noviembre pasado, alegando ilegalidad por no conceder al afectado la defensa de sus intereses, vetar la opción de ejercer recursos administrativos previo a la expropiación, arbitrariedad al no considerar otras opciones para el Plan de Emergencia Habitacional, y afectación del «interés superior del niño», al impedir la obtención de recursos por la vía del arriendo del edificio, para sus programas de atención infantil, los cuales no se financian exclusivamente con recursos estatales.
Justo al cumplirse dos años del ataque que le costó la vida a la matrona Fabiola Vargas Pallauta, el viernes 20 de diciembre el Tribunal Oral en lo Penal de Arica leyó la sentencia en contra del expsiquiatra del Servicio Médico Legal (SML), Ricardo Yévenes Ramírez.
El juzgado lo condenó a 20 años de presidio por el delito de femicidio en contra de su esposa, pena máxima a la que podía aspirar, dado que el presidio perpetuo que pretendían organizaciones feminista, era imposible de aplicar, debido a la «irreprochable conducta anterior» del médico.
El psiquiatra Yévenes durante la lectura de su condena por femicidio.
Desde que la víctima ingresó moribunda al Hospital Juan Noé el 20 de diciembre de 2022, surgieron cuestionamientos sobre la objetividad del mismo SML local en los peritajes que podrían encargarle sobre el caso. Ello debido a que Yévenes era funcionario de esa entidad y gozaba de aprecio al interior de la institución, además de reconocimiento en la comunidad local por el sinnúmero de pacientes que habían gozado de licencias médicas siquiátricas extendidas por él para justificar prolongadas ausencias laborales.
El fiscal regional Mario Carrera Guerrero dijo que el fallo demostró que la Fiscalía actuó con el criterio de objetividad, no importando la calidad o la importancia que revistiese el imputado. «Las víctimas son importantes y nadie puede hacer cosas sin tener consecuencias. Acá fue una investigación ardua, no era fácil. Tuvimos que buscar a nivel mundial, donde estaban los mejores peritos para trabajar en esta investigación en particular. La señal más clara que se deja aquí es que nadie está por sobre la ley», expresó tras oír la sentencia.
El tribunal avaló la teoría del Ministerio Público en la que expuso que días previos al 20 de diciembre de 2022, Yévenes agredió a la víctima en diversas oportunidades, ocasionándole múltiples contusiones en la cabeza, tórax y extremidades superiores e inferiores. También se acreditó que en la madrugada de ese mismo día, el médico la golpeó con un elemento contundente en la zona ocular izquierda, lo que le provocó un traumatismo encéfalo craneano, falleciendo a causa de una falla multisistémica el 21 de diciembre.
De esta manera, se descartaron las dos tesis de la defensa, referidas a que una caída en el baño o una enfermedad de antigua data habrían causado el deceso de la joven de 35 años.
El ingreso de la víctima al centro asistencial habría estado antecedido de cuatro llamadas del médico para solicitar una ambulancia. En el tercer intento, Carabineros acudió a su casa en el poblado de San Miguel de Azapa, pero al constatar de boca de la víctima que la lesión que tenía en la zona ocular era producto de una caída, se retiraron. En el cuarto llamado, la mujer fue llevada casi inconsciente al centro asistencial donde su estado se deterioró hasta morir.
Pese a la grave acusación que pesaba en su contra, el facultativo obtuvo el beneficio de esperar su condena en libertad, dado que tras 14 meses de estar en prisión preventiva, la Corte de Apelaciones confirmó la decisión del Juzgado de Garantía de modificar la medida por arresto domiciliario total el 20 de febrero pasado. Primero fijó como domicilio su casa en San Miguel de Azapa. Sin embargo, el 18 de marzo de este año, en una audiencia de cautela de garantías por supuestas amenazas a su integridad, le autorizaron cumplir la medida en Santiago.
Tóxica relación
La relación sentimental entre el psiquiatra y la víctima habría surgido cuando ella acudió a su consulta en 2019. Varios testigos cercanos a la pareja reconocieron que, a poco andar, el vínculo entre ambos se tornó tóxico. Si bien en algunas ocasiones la matrona habría intentado pedir ayuda por las agresiones sufridas, al final, la asistencia por violencia intrafamiliar no habría prosperado, a raíz de los arrepentimientos de ella misma o de que la red a cargo de su protección no habría actuado acuciosamente al advertir que había un psiquiatra de renombre involucrado.
En medio del proceso judicial, el acusado logró la exhumación del cuerpo de la víctima el 29 de febrero pasado, al discrepar sobre las conclusiones del primer informe de autopsia.
Según su familia y amigos, Fabiola se fue deteriorando en medio de esta relación tóxica. El informe toxicológico indicó que había consumido cocaína y benzodiazepinas. También constató un daño hepático severo por el consumo intensivo de alcohol y drogas, adicción a la que estaba sumida en medio de golpizas e insultos constantes del médico, acusándola de infidelidades o rechazándola por su peso corporal.
El viernes pasado, organizaciones como el Colegio de Matronas y Matrones y la Confederación Nacional de Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud se congregaron en el tribunal para oír la sentencia. Por momentos, ambos gremios pensaron que el psiquiatra sería absuelto, dada la cercanía que tenía con autoridades y pacientes influyentes. Sin embargo, eso finalmente no ocurrió. La constante desconfianza sobre el sistema judicial llevó a la Fiscalía a solicitar peritajes fuera del país para resguardar la transparencia de la investigación.
Su mantelería y banquetes han sido su sello desde 1995 en adelante, cuando se estableció en Arica, luego de vivir en Putre acompañando a su marido en su última destinación como carabinero. Hace dos años, Pilar Campos Gracia fue seducida por el presidente de la Federación Regionalista Verde y Social (FRVS), Jaime Mulet Martínez, y se embarcó como lideresa regional de esa colectividad, luego de años de «pololeo periférico» con el PPD donde nunca militó.
Esta mujer santiaguina es la encarnación viva de lo que uno entiende como «emprendedora neta». Aterrizó hace 35 años en Putre y ahí, pese a su fenotipo blanco y de cabello claro, se ganó la confianza de las familias aymaras de ese poblado. Los Paco, los Vásquez, los Yucra, le reconocieron su humildad y la «buena mano» en sus tartaletas y tortas que compartió con sus vecinos.
«Fueron los años más maravillosos en Putre. Nos trasladamos justo en los años en que había mucha protesta en Santiago y a mi marido casi no lo veíamos en la casa. Llegamos con mi hija y mi hijo de 7 días aquí, pasamos a un mundo totalmente diferente como familia y nos integramos a la comunidad de Putre. Mi mamá se hizo cargo del centro de madres de Putre cuando se terminó Cema Chile y trabajó como manipuladora de alimentos en el jardín infantil», recordó Campos.
A sus 65 años, Pilar tiene un contagioso positivismo y el consejo preciso cuando alguien acude a ella. Nadie imaginaría que le tocó vivir la experiencia más dura para una madre: la muerte de su hija en 1995 a los 11 años producto de un osteosarcoma en la tibia derecha, un cáncer severo en los huesos que la aniquiló rápidamente por la metástasis que se generó en su cuerpo.
Vive actualmente en Villa Frontera, villorrio ubicado al norte de la ciudad donde levantó su local de eventos.
-¿Por qué se quedó en Arica a pesar de la pérdida de su hija?
-Porque las lealtades para mí son más fuertes que cualquier cosa. Mi hija amaba Arica. Ella cantaba el Himno a Arica como quien cantaba «Los pollitos dicen». Cuando mi hija fallece, mi familia me dice que a Giordana hay que sepultarla en Santiago. Nosotros con mi esposo dijimos que no, porque nuestra hija quería vivir en Arica y, por tenerla sepultada acá, nos quedamos acá.
Fernando Flores su mentor
-¿Cómo decidió lanzarse en el negocio de la banquetería?
-Fue con los diplomados de emprendimiento de Fernando Flores en la región que me impulsaron a lo que hoy hago. Un día me dijo si podía hacer un servicio de catering para quienes asistíamos a esos cursos, dado que estaba disconforme con los servicios que le ofrecían. Me dijo que necesitaba 120 coffees por cuatro veces. Lo hablé con mi esposo y yo no tenía las «lucas» para comprar la vajilla y él me prestó la plata. Desde esa fecha que no paramos más, salvo en la pandemia.
-¿Y qué pasó con la banquetera en pandemia?
-Se terminó todo y tuve que despedir a toda mi gente. Felizmente teníamos ahorros y nuestros 12 trabajadores se fueron a su casa con su indemnización, además también nuestra red de mujeres que realizaban la elaboración de los alimentos como las roscas, los canapés y otras cosas. La rutina con mi marido fue la producción de de leche asada para la venta.
-¿Y volvieron a la banquetería?
-Nos reinventamos y estamos trabajando en esto, pero parcialmente. Yo no soy cien por ciento mi banquetera, sino que creamos la Asociación de Productores de Eventos y Servicios de Catering con 25 socios. A través de ella gestiono mis eventos. Creamos la asociación porque gente como los DJ o los que arriendan juegos inflables andaban solos por la vida y nos dimos cuenta de que así no íbamos a lograr nada, mientras un solo señor se ganaba todas las licitaciones. Nuestro gran logro es que este año nos adjudicamos el Clásico Navideño de la Municipalidad de Arica.
Liderando el FRVS
-¿Cómo fue eso de ir a liderar el FRVS regional?
-Siempre tuve inquietud política. Sin embargo, mientras tuve mi empresa, no quise involucrarme en política, más que nada por el equipo de personas que trabajaba detrás mío. Uno al ponerse una cruz en la frente con el «yo soy de», pasas a ser etiquetado, porque acá en Chile tenemos una mentalidad precaria.
Jaime Mulet es quien me ofreció ir a militar por el FRVS el año 2021. Lo que me seduce de este partido es la columna vertebral que tiene sobre ambientalismo y ecología. No te digo que no he tenido sinsabores, pero yo sabía que iba a ser así.
Yo nunca he pedido un puesto político, pero sí quiero que las mujeres tengan la representatividad que se merecen y que no se les ha dado, porque las utilizan como arroz graneado y después les dicen hasta luego.
-Un pasaje difícil fue la expulsión del exdelegado presidencial Ricardo Sanzana junto a un grupo de militantes el año pasado...
-Los actos de generosidad no se valoran altiro, pero el tiempo va a ser el mejor juez de todo lo que sucedió. Lo que hizo el señor Sanzana fue casi el mismo comportamiento que tuvo el señor Monsalve, porque él se involucró con una funcionaria y yo te doy fe de que personalmente lo vi y se lo dije. Él me dio su palabra de que iba a cambiar de actitud y no lo hizo.
-Si bien dio una lucha por principios, el delegado Sanzana se mantuvo en el cargo, a pesar de la expulsión, y su partido hasta hoy no recupera el cupo en el Gabinete Regional…
-Se mantuvo porque él tenía también una red de protección que era el señor Monsalve. Si tú te das cuenta, sale Monsalve y él sale automáticamente. Ahí uno se da cuenta de que había una red de protección. No sé si te das cuenta de que una vez Monsalve estuvo aquí en Arica y no hizo ningún acto público, porque supuestamente se había enfermado. Ahí se le cubrió, aunque hoy sabemos que Monsalve era un irresponsable y que no le importaba lo que tenía que hacer públicamente.
-¿Es cierto que mientras estuvo el delegado Sanzana, usted no eran convocada a las reuniones políticas con él?
-Es cierto, nos tenían marginados. Incluso como proveedora del Estado, el delegado prohibió a los seremis y a sus encargados de compra que se me compraran servicios. En dos oportunidades me dejó con todo listo. Me las ingenié postulando a través de otras personas, con un porcentaje de por medio.
Ahora estamos reestructurándonos y, al menos, logré como presidenta de partido que la nueva delegada presidencial citara a todos los partidos políticos y creara una nueva coalición y empezáramos a hacer un trabajo que no se hizo durante tres años.
Desde la cima del Morro de Arica se ven unas pinturas monumentales. Sí, porque desde hace unos ocho años la Fundación Arica Activa se ha empeñado en pintar murales en sitios estratégicos con temáticas propias de la historia y la cultura de la ciudad.
Los últimos tres están en plena ejecución en el Paseo Yungay, en las murallas de los antiguos edificios que se levantan entre la intersección de las calles Yungay y Colón.
El representante de la Fundación Arica Activa, Roberto «Cala» Torres, señala que esta última iniciativa fue impulsada por su organización durante el 2019 a través de un concurso del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes (Fondart). La pandemia impidió ejecutarlos y, ahora, luego de varias dificultades, comenzaron a pintarlos.
«Este proyecto busca ejecutar murales de grandes dimensiones de artistas con trayectoria, como un complemento del Plan de Revitalización de Barrios, que se inició en el casco antiguo desde el mundo privado para mejorar las condiciones de habitabilidad y comercialización del barrio», indica.
La decisión de pintar la ciudad corresponde al proyecto de larga data denominado «Arica que los muros hablen», iniciado por el famoso muralista Inti Castro. El artista concretó su obra en 2016 en un muro al costado del Teatro Municipal de la ciudad, sumando esta obra a su bitácora de murales realizados en 30 países, entre ellos China, India, España, Portugal, Francia, Eslovenia, Estados Unidos y otras ciudades de Chile.
¿En qué consisten los murales del Paseo Yungay? Serán tres en los edificios de esa calle y ya hay dos de ellos pintados. La tríada se referirá a temáticas de la trifrontera que comparten Chile, Perú y Bolivia.
El primero lo realizó la santiaguina Jennifer Díaz, conocida como «Shetukiltra», quien ha pintado murales en China, Vietnam y en el Lollapalooza. La artista eligió la temática del carnaval andino, retratando a una mujer china supay de la diablada y a bailarines afrodescendientes.
El segundo lo hizo el peruano Henry Chram y versa sobre la llamada «Umisha», ceremonia indígena en la que se venera a un árbol y luego se corta, para honrar el agua y la vida. El tercero será ejecutado por un artista boliviano, cuya elección está pendiente, al igual que el tema que se desarrollará.
Queda pendiente conseguir recursos para la iluminación artística de las tres pinturas, con el fin de que se puedan ver desde la cima del Morro en la noche y así complementar estas creaciones con las obras de mejoramiento desarrolladas en el Paseo Yungay.
Otros murales
Luego del primer mural de Inti Castro pintado en el Teatro Municipal, la Fundación «Arica Activa» ejecutó otro con el artista y fundador de la brigada «Ramona Parra», Alejandro «Mono» González, en la intersección de 21 de mayo con Baquedano. Una cuadra más abajo el mismo creador hizo otro, llamado «Mural Primavera», en Baquedano con 18 de septiembre. Las temáticas de ambos refieren a elementos del carnaval, el picaflor y la flora autóctona.
Con el mismo muralista, la organización hizo otras dos pinturas en la localidad de Cuya, situada a 110 kilómetros al sur de Arica en la comuna de Camarones. Uno fue pintado dentro del Espacio Cultural del municipio y otro en su interior. Ambos con temáticas referidas a las momias de la Cultura Chinchorro. La iniciativa fue financiada por el Gobierno Regional e impulsada por Corfo.
La fundación tiene en su mente continuar con los murales en Arica. No serán obras al azar, sino que buscarán establecer circuitos relacionados con la historia y elementos culturales del casco antiguo de la ciudad.
MALOS DESEOS. ¿No será mucho desear la muerte a quien reportea y devela verdades? En fin, el problema lo tienen quienes andan por el camino incorrecto y hoy se sienten amenazados. Mientras esas bajas pasiones se apagan, les recordamos que si tienen un tema o denuncia, pueden escribir a aquiarica@elmostrador.cl.
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