Aquí Arica: la peor ejecución presupuestaria en 17 años y sigue la teleserie del CFT Estatal

Se terminaron los tres días del «Carnaval con la Fuerza del Sol» en una agotadora amanecida ayer y ahora Arica vuelve a la normalidad lentamente.

Y como tal, la realidad a veces golpea, sobre todo en el devenir de la gestión de las instituciones públicas. Ni el ruido de matracas y tambores fue impedimento para que Aquí Arica continuara reporteando. Tampoco la lluvia y el calor abrasador de este verano. Vamos entonces con los temas de esta edición.

• Partimos con una nota preocupante: el 2024, último año de la gestión del exgobernador regional Jorge Díaz, Arica y Parinacota tuvo la peor ejecución de los fondos regionales en los 17 años de vida de la región.
• Seguimos en la huella del CFT Estatal y pusimos foco en el concurso para designar a su nuevo rector o rectora. El proceso está siendo monitoreado minuto a minuto por el PS, que busca quedarse con un nuevo botín en educación. Ya tiene la Junji y el Slep Chinchorro.
• También estuvimos en la Corte de Apelaciones, tribunal que rechazó los recursos de protección interpuestos por cuatro exfuncionarios de la Dirección Regional de Vialidad, quienes son imputados por delitos de corrupción pública, y que mediante este recurso legal pretendían revertir sus despidos.
• En esta edición tomamos contacto con el empresario Sergio Fernández, quien entrega su testimonio sobre cómo le impactó la caída de la grúa en el strip center, lo que significó el cierre temporal de su Café 890, ubicado justo debajo del gimnasio donde se precipitó la maquinaria.
• Cerramos esta publicación con el impacto que provocó el silencio de organismos del Estado sobre la liberación del psiquiatra Ricardo Yévenes, condenado por el femicidio de Fabiola Vargas. La noticia se conoció recién dos semanas después de que la Corte Suprema dispusiera su arresto domiciliario total.

Les invitamos ahora a leer los artículos que preparamos, no sin antes probar un jugo fresco de tunas de Saguara, en la comuna de Camarones, para desintoxicarse de los tres días de carnaval. Y como siempre, no olviden sumar a nuevos lectores a esta comunidad, para que se inscriban gratis y puedan disfrutar del periodismo al estilo de El Mostrador.

Arica y Parinacota con la peor ejecución presupuestaria en 17 años

Crédito imagen: El Mostrador

Un golpe bajo a su capacidad ejecutiva y gestora de proyectos recibió la administración del exgobernador Jorge Díaz Ibarra. El pasado 5 de febrero se dio a conocer el Informe Final de la Ejecución Presupuestaria 2024 de la Subsecretaría de Desarrollo Regional. La región exhibió un 81,4 % de cumplimiento en el gasto del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), convirtiéndose en la cuarta más baja del país y la peor en los 17 años desde la creación de la región.

Así, el año electoral le pasó la cuenta a la gestión de Díaz, comprobándose que su equipo estuvo más centrado en asegurar la reelección que no consiguió, que en el cumplimiento de las metas de gasto y ejecución de los proyectos comprometidos para el 2024. De los $ 53 mil 590 millones del presupuesto 2024, solo logró gastar $ 43 mil 626 millones, ubicándose por debajo del promedio anual nacional de ejecución, que se situó en un 90,3 %.

Escasa inversión real

La baja ejecución no es el único problema que arrastra la región. Hay uno endémico y que preocupa a expertos en desarrollo regional: en qué se gastan los recursos. Sus análisis coinciden en que históricamente Arica y Parinacota no ha superado la tentación de destinar mayoritariamente sus recursos a transferencia y compras de activos fijos, los cuales no constituyen una inversión real que apalanque inversión privada.

• El 2024 no fue la excepción, pues más de dos tercios del presupuesto regional (69,6 %) se ocupó en este ítem, el que habitualmente se utiliza para hacer compras de equipamientos y vehículos. En tanto, solo un 30,4 % de los recursos del FNDR fueron utilizados en iniciativas de inversión real. Este monto es el que atiza la discusión sobre el escaso aporte que está significando el FNDR al desarrollo regional, ya que no se cuenta con una cartera potente de proyectos de inversión pública.

Si se observa con detención en Arica y Parinacota, el año pasado se destinaron $ 13,5 mil millones a inversión real, siendo el 67 % de su ejecución atribuible a solo cinco proyectos: la construcción de la Escuela Pampa Algodonal (34 % del total con $ 4.600 millones); la construcción de la sala cuna-jardín El Alto (que debió ser relicitada, debido a que la construcción fue abandonada el 2018), que implicó un desembolso de $ 1.746 millones; la construcción del complejo deportivo de la población Cardenal Silva Henríquez por un monto de $ 1.637 millones; la construcción del centro de salud ambiental (también una iniciativa antigua) por la suma de $ 1.487 millones; y la reposición de la plaza Los Leones de la población Magisterio por un total de $1.033 millones.

No hubo proyectos relevantes y coherentes con los tres pilares de la estrategia de Desarrollo Regional, específicamente con los tres motores económicos que deberían mover la región: agricultura, turismo y plataforma de servicios y logística. Tampoco con los planos reguladores comunales ni interregionales, donde hay claves de por donde inyectar recursos y conducir el desarrollo con atracción de capitales privados.

Helicóptero y vehículos

La gestión del exgobernador Díaz tuvo que lidiar con la irrupción de la seguridad pública como tema coyuntural de alta demanda ciudadana ante el surgimiento de bandas del crimen organizado en este territorio a partir de 2020.

Su última ejecución presupuestaria así lo revela. En el ítem Adquisición de Activos Fijos no Financieros, el Gobierno Regional gastó $ 14.109 millones, es decir, un 31,6 % del presupuesto regional. De ese monto, un 77,6 % corresponde a la adquisición de un helicóptero multipropósito para la vigilancia regional de Carabineros de Chile ($ 10.948 millones). Otros $ 3.161 millones corresponden a 19
iniciativas, de las cuales 10 de ellas ($ 1.147 millones) son de seguridad, tales como la adquisición de
máquinas de rayos X para labores policiales, vehículos, sistemas de seguridad, entre
otros.

Gobernador Paco

Sobre cómo enfrentará el desafío de mejorar la ejecución presupuestaria, el gobernador regional Diego Paco Mamani (RN) acusó a la administración anterior de «falta de gestión efectiva» y de priorizar «transferencias en lugar de obras concretas». Señaló que «muchas iniciativas no avanzaron al ritmo necesario, lo que generó retrasos y recursos que no pudieron ejecutarse a tiempo. No se trata de falta de dinero, sino de falta de capacidad para hacer que las cosas pasen».

La autoridad dijo que las medidas correctivas que aplicará serán: reingeniería en procesos, refuerzo de equipos técnicos, priorización del presupuesto en obras, y el seguimiento riguroso de los proyectos en sus plazos y metas. También anunció un refuerzo en unidades claves para gestionar y crear proyectos como las divisiones de Infraestructura y Transportes y de Inversión Regional.

El PS y su último intento por capturar la rectoría del CFT Estatal

Crédito imagen: El Mostrador.

Días decisivos se viven en el concurso para designar al nuevo rector o rectora del Centro de Formación Estatal (CFT) de Arica y Parinacota. Se trata del segundo concurso para elegir a esta autoridad mediante el Sistema de Alta Dirección Pública (ADP), proceso que fue iniciado en septiembre del año pasado. Esta es la última chance para nominar a la persona que ocupe este cargo, ya que el primero fue declarado desierto y, según la normativa que rige para estos llamados, solo puede haber un proceso fallido.

El concurso está siendo intensamente monitoreado por la directiva regional del Partido Socialista (PS), liderada por la directora regional de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji), Sandra Flores, y por la directora del Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu), Gladys Acuña Rosales, quien tiene intenciones de ser la candidata a diputada por este distrito.

El objetivo sería colocar a un militante allí para contar con aparato político en otra entidad pública, donde hay plazas de trabajo disponibles para reclutar militantes, tal como ya ocurrió con el Servicio Local de Educación Pública (SLEP) «Chinchorro», donde fue designado como director el profesor socialista Harry Donoso López. El mismo modelo fue instalado también en la Dirección Regional de la Junji, donde labora el marido y un hermano de la directora regional del Serviu y, ocasionalmente, la pareja de la consejera regional Denisse Morales Flores.

La terna para el CFT Estatal estaría lista y llegando al escritorio del Presidente de la República, quien deberá elegir a uno de los postulantes. En ella está el candidato del PS, el actual secretario regional ministerial de Energía, Julio Verdejo Aqueveque. La autoridad lleva solo cuatro meses en sus funciones, ya que asumió en octubre, y pidió gozar de sus vacaciones durante el mes de febrero.

Este profesor de Historia y Geografía es afortunado. Su hijo antropólogo Diego lidera uno de los equipos del programa del Ministerio de Vivienda y Urbanismo «Quiero Mi Barrio» y su hija periodista Francisca, hace pocos meses, fue reclutada como asesora comunicacional en el Servicio de Protección Especializada a la Niñez y a la Adolescencia, tras dos concursos públicos fallidos. La joven profesional estuvo en funciones similares en la Seremi de Gobierno, sin mediar un llamado a concurso público. El puesto de Francisca fue ocupado por el sobrino del exalcalde Gerardo Espíndola.

Fuentes confidenciales señalaron que Julio Verdejo postuló al primer concurso para designar el rector del CFT. Sin embargo, su candidatura no avanzó hasta la fase final. En este también participó la actual rectora subrogante del CFT, Claudia Zamorano, pero inusitadamente el proceso fue declarado desierto en agosto de 2024.

Uno de los integrantes del directorio del CFT y presidente de la Cámara de Comercio de Arica, Aldo González Viveros, decidió reclamar ante la Contraloría General de la República (CGR) esta situación, acusando que el ministro de Educación, Nicolás Cataldo Astorga, en una visita a Arica el 2 de junio del año pasado, había revelado los nombres de dos postulantes que llegaron a la terna, aludiendo intromisión política en el proceso.

El pasado 7 de febrero, la CGR descartó la denuncia en la que pedía que se revalidara el primer concurso. Al negar la petición, el organismo contralor argumentó que ya existía un segundo concurso en trámite.

Rector postulante cuestionado

Otro postulante al actual concurso para dirigir el CFT estatal es el cuestionado rector del CFT Estatal de Coquimbo, el contador auditor de la Universidad Arturo Prat, Hugo Keith Acevedo, quien además fue seremi de Educación en Antofagasta con militancia en Renovación Nacional (RN).

Tal como lo señaló nuestro partner Aquí Coquimbo en su edición del 18 de noviembre pasado, la autoridad académica en su gestión de tres años y cuatro meses mantendría proyectos relevantes pendientes como la construcción de su sede en Ovalle, donde tiene asiento, ya que aún sigue arrendando una propiedad (ver https://l1nq.com/Zlrdq).

Si bien los terrenos para un edificio corporativo fueron cedidos por el Ministerio de Bienes Nacionales, hasta hoy tiene a su haber dos licitaciones fallidas y un rediseño del proyecto de ingeniería con un reajuste presupuestario de la iniciativa, pero no hay luces de una nueva licitación de las obras.

La situación es similar a la que ha vivido el CFT Estatal de Arica y Parinacota, lo que revela un patrón inusual de manejo del Serviu, organismo que ha cedido dos terrenos para la construcción de su sede y aún no se ha materializado su construcción.

Es más, en diciembre del año pasado, el CFT Estatal sostuvo una disputa judicial fallida con el Minvu y el Serviu, en la que mediante un recurso de protección impugnaba la expropiación que había decidido el Minvu sobre la propiedad que le había arrendado previamente a Aldeas SOS para trasladar sus dependencias con la opción de compra para la construcción de su sede. Un acuerdo político permitió el cambio del CFT Estatal al inmueble, pero el decreto de expropiación aún no es derogado.

Con esa decisión, la casa de estudios pretendía poner la lápida al comodato que había firmado la directora regional del Serviu, Gladys Acuña, y con quien la actual rectora Claudia Zamorano ha tenido profundas diferencias. El quiebre habría llegado a su punto máximo en una sesión del Consejo Regional, cuando Zamorano le enrostró a Acuña no haberle permitido ingresar al terreno cedido para avanzar en la licitación de las obras en el predio, situado en el sector norte de la ciudad, ya que lo tenía ocupado con maquinaria de una constructora de viviendas sociales.

Corte rechaza reingreso de cuatro funcionarios de Vialidad involucrados en delitos de corrupción

Crédito imagen: El Mostrador.

Una seguidilla de fallos adversos emitió la Sala de Verano de la Corte de Apelaciones de Arica a los recursos de protección presentados por cuatro funcionarios de la Dirección Regional de Vialidad, imputados en delitos de corrupción pública, cuyo objetivo era revertir sus despidos, cursados a fines de noviembre por la institución.

• Las acciones judiciales fueron interpuestas por el exjefe regional de la Unidad de Contratos, Álvaro Núñez Cruz; el exjefe regional del Subdepartamento de Seguridad Vial, Alejandro Aspeé Álvarez; y los inspectores fiscales Fernando Querquezana Querquezana y Jorge Padilla Guzmán.

En sus reclamaciones alegaron despidos injustificados, indicando que se estaba vulnerando el principio de confianza legítima, ya que todos tenían más de cinco años en ese servicio, lapso que ha establecido la Corte Suprema para revertir desvinculaciones en la administración pública. También reclamaron que se vulneraba el principio de inocencia vigente, ya que aún no son condenados ni sancionados en las causas penales en curso y tampoco en los sumarios administrativos en su contra.

En los casos de Jorge Padilla y Álvaro Núñez, la Sala de Verano de la Corte de Apelaciones rechazó sus reincorporaciones a Vialidad, argumentando que sus continuas renovaciones de contratos en la administración pública no eran suficiente argumento para recontratarlos y que, por sobre ello, estaban los delitos por los cuales se les formalizó y la querella presentada por el Consejo de Defensa del Estado (CDE).

• «La última renovación para el año 2024 en el cargo y grado que detenta el recurrente actualmente, no hace posible enarbolar en su favor la llamada confianza legítima únicamente por la renovación de los últimos cinco periodos consecutivos, debiendo dicha expectativa ceder en atención a la naturaleza de los delitos por los que ha sido formalizado y reformalizado y la particular forma de comisión que se le imputa en la querella y su ampliación deducidas en su contra por el Consejo de Defensa del Estado, todo lo anterior máxime cuando se trata de un funcionario público que ejerce un cargo que requiere de la confianza de la administración que en esta oportunidad aparece defraudada», indica el fallo del 12 de febrero.

Para el caso de Alejandro Aspeé, el tribunal de alzada le señaló que su contrata era susceptible de no ser renovada por la suspensión de labores que pesaba en su contra por la formalización que exhibía. Y además, cuestionó que esgrimiera que tenía fuero sindical al ser directivo de la Federación Nacional de Asociaciones de Funcionarios del MOP (Fenamop), indicando que este «no puede ser utilizado en sede de un recurso de protección como un escudo que impida ver y ponderar las graves conductas que se le imputan y que son el fundamento de la no renovación de su contrata. En este sentido, cabe tener presente que la calidad de director de la referida asociación gremial obedece a una cuestión que aparece entonces discutida y no un derecho indubitado como lo requiere la presente acción constitucional».

Y sobre el inspector fiscal Fernando Querquezana, la Corte rechazó su recurso desechando su argumento de que el despido vulneraba el principio de inocencia al no estar condenado. «No es óbice para la decisión adoptada el llamado principio de inocencia que tiene su máximo reconocimiento en sede penal, desde que a todo evento el recurrente había sido objeto de una única renovación para el año 2024, no siendo necesario en este caso en particular una mayor fundamentación, la que en todo caso se ofreció y cimentó en la causa penal que efectivamente se sigue en contra del recurrente, no siendo exigible a juicio de esta Corte en virtud de la probidad administrativa afectada la pretensión de una condena efectiva», expresa la sentencia.

Abogado republicano out

Si bien no está dentro de los formalizados por la Fiscalía en los dos casos de corrupción, el asesor legal Carlos Opazo Olavarría fue despedido también en noviembre pasado y recurrió a la Corte para revertir su exoneración. El abogado fue reclutado en 2018 por el exdirector regional, Rooney Focacci Yugo, quien se encuentra imputado por el delito de cohecho, tras detectarse que la Constructora San Felipe pagó su trajera de crédito, le realizó onerosas compras de supermercado y le donó materiales de construcción para la casa de su padre.

Opazo corrió la misma suerte de los otros cuatro funcionarios en el tribunal de alzada. El fallo que rechazó su recurso, el pasado 6 de febrero, sentenció que su contrata podría no ser renovada y le reprochó que actuara como abogado en representación de los sindicatos de Quiborax en contra del Estado. «Habiéndose esgrimido en la resolución que se impugna fundamentos suficientes para sustentar la decisión de no renovación de la contrata del recurrente, considerando especialmente su desempeño como tercero coadyuvante, de acuerdo a sus propios dichos, de la empresa Quiborax, en contra del Consejo de Defensa del Estado en la causa ante el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta, lo cual constituye una incompatibilidad y prohibición conforme lo dispone el artículo 84 de la Ley N° 18.834», sentenció la Corte.

Sergio Fernández y la salvada milagrosa de su Café 890 en el strip center

Crédito imagen: El Mostrador

El 25 de enero era un sábado como cualquier otro para el 890. Recibía, como de costumbre, muchos pedidos de sus insuperables tortas. Así transcurría el día de este café y salón de té, una de las pocas empresas locales instalada en el strip center Costa Arica, cuando repentinamente una grúa torre cayó sobre el ala norte del centro comercial donde justamente funcionaba el negocio de Sergio Fernández junto a otros de distintas cadenas nacionales.

Como consecuencia del accidente, 24 empleados de esa sucursal quedaron sin poder trabajar, ya que pese a que no sufrió daños, el local quedó afecto a las restricciones impuestas por la Fiscalía del Ministerio Público y la Dirección del Trabajo, consistentes en la imposibilidad de funcionamiento por las pericias en torno que demanda el siniestro. Hoy, el sector aún está aislado a la espera de que el plan de trabajo para el retiro de la grúa sea aprobado por la Dirección del Trabajo.

Sergio Fernández, el empresario detrás del «890» (Crédito imagen: cedida)

Sergio no se quedó paralizado y dio distintas opciones a su personal: optar por seguir laborando en la casa matriz, ubicada en 21 de mayo, o negociar la desvinculación. La historia de su emprendimiento se remonta a 2018, cuando lo abrió con la sola idea del reparto de tortas. Sin embargo, los clientes lo empujaron a abrir una filial del 890 del centro y, según recuerda, «la gente empezó a decir que quería un cafecito y tuvimos que dar vuelta el negocio».

-¿Qué pasó ese día contigo cuando te avisan del derrumbe?

-Entran muchos mensajes y me dicen que vaya inmediatamente al café porque hubo un accidente más o menos grave. Me mandaron una foto con la grúa encima de los autos. Esa misma mañana yo había estado en el café y por la puerta de atrás vi esa grúa gigantesca a 20 metros de nuestra reja. Pensé: «Y si viene un terremoto fuerte y se viene abajo». Fue un pensamiento nada más. Al final, se cumplió lo que había pensado.

-¿Cuál fue la reacción de tus trabajadores?

-Eran como un cuarto para las ocho y estaban todos afuera. Todos tiritando, sumamente nerviosos. Pensé que a lo más se iban a demorar tres o cuatro días en sacar la grúa y que en una semana más estaríamos funcionando. Pero luego me dijeron que había una persona muerta y heridos. Y ahí dije que esto se podría complicar un poquito, pero nunca tanto.

-¿Y qué les dijiste para calmarlos?

-Les dije a los chicos que dejaran todas las cosas adentro y que al día siguiente veríamos cómo sacarlas. Los despaché y les dije que luego veríamos qué hacer.

-¿Cómo fue la reacción de la administración del strip center?

-Como a las 11 de la noche me llamó Tamara Misala, la administradora del strip center. Le pedí sacar algunas cosas. Al final como a las 8 de la mañana del día siguiente, con la autorización del centro comercial, pudimos sacar las tortas que teníamos adentro y el resto quedó todo allí. Fue una operación de 10 minutos, luego llegó la PDI y nos pidió retirarnos. Desde ahí no hemos vuelto a entrar. Solo sé que quedó todo sucio porque como ocurrió el desplome afuera, entraron escombros y tierra, pero ninguno de nuestros trabajadores ni clientes resultaron heridos. Lo que sí tenemos son tres vehículos dañados de nuestro personal que estaban justo donde cayó la grúa.

Vacaciones y reajuste del personal

-¿Qué hiciste con los trabajadores que hasta hoy no pueden ir al local?

-Lo primero que hice fue reunirlos y decirles que se acogerían a vacaciones hasta el jueves de la semana siguiente al derrumbe.

Hubo cinco trabajadores que me dijeron que no querían continuar en el negocio y los finiquitamos. Una de ellas me dijo que no se sentía bien y que ya no quería volver porque tenía miedo de regresar al local. Todo fue de común acuerdo y pagamos el 100 % de todos sus derechos. Le dimos al resto la opción de reasignarlos en el local del centro, donde decidimos abrir cada domingo, cuestión que nunca habíamos hecho. Estamos trabajando con nuestra gente y las vamos a proteger hasta el final.

-¿Con quién te has comunicado para saber si podrás abrir tu local?

-En todo momento he estado comunicado con la administración del strip center Costa Arica. Hasta ahora no hemos tenido contacto con la Constructora Azapa ni tampoco con la Inmobiliaria Ecasa que son los del terreno contiguo donde estaba funcionando la grúa. Y yo tampoco he intentado comunicarme con ellos, porque son ellos los que deben contactarse con nosotros.

El strip center nos ha dicho que no nos preocupemos por nada, que ellos van a solucionar todo, ya que hay seguros comprometidos y que nos van a apoyar. Yo no tengo ninguna duda de que responderán, porque en el tiempo de la pandemia me liberaron seis meses del pago de arriendo y gastos comunes. De ahí, nuevamente solo me cobraron el 10 % del arriendo por seis meses más, luego un 20 % y así hasta que se terminó la pandemia.

-¿No te da miedo volver al strip center?

-No, y tampoco podría pedir garantías de nada sobre la posibilidad de que un edificio se caiga. Pero después de lo que ha pasado ahora, sería muy raro que pasara un accidente. Imagino que van a tomarse todas las medidas de seguridad para que no vuelva a ocurrir. Nosotros cuando empezaron a construir y a hacer la excavación solicitamos que pusieran mallas y lo hicieron.

-¿Qué les puedes decir a los clientes que están preocupados por la situación que les afecta?

-Les diría que estamos trabajando y que vamos a seguir haciéndolo incluso mejor. Deben estar tranquilos de que no vamos a cerrar el local, porque vamos a tratar de que esto siga funcionando. Lo que sí tengan la seguridad de que no vamos a poner en riesgo ni a nuestros trabajadores, ni a nuestros clientes. Mientras no haya seguridad, no vamos a volver a atender en el local.

El silencio del Estado ante la liberación del psiquiatra acusado de femicidio

Crédito imagen: El Mostrador

Un balde de agua fría fue la liberación del psiquiatra Ricardo Yévenes Ramírez, recientemente condenado a 20 años de presidio por el femicidio de su pareja, la matrona Fabiola Vargas Pallauta. Yévenes fue notificado de la sentencia en su contra mientras se encontraba en arresto domiciliario total. A la espera de que se diera a conocer la pena, se instruyó que Yevenes fuera reingresado al Complejo Penitenciario de Acha. Su defensa, de manera paralela, presentó dos acciones: un recurso de nulidad y un recurso de amparo, con la finalidad de que regresara al arresto domiciliario mientras se resolvía la nulidad pendiente. A Yévenes en la Corte de Apelaciones de Arica le fue mal, pero la Corte Suprema acogió el amparo, por lo que el condenado salió de prisión para continuar con arresto domiciliario total.

La resolución judicial que lo regresó al arresto domiciliario solo se conoció públicamente dos semanas después, durante la transmisión del programa Medio a Medio de la emisora Mradio. El 7 de febrero pasado en una entrevista del periodista Cristián Mena Argandoña a la editora de Aquí Arica, se conoció el resultado del fallo y desde ahí se viralizó la noticia por redes sociales. Luego vinieron las reacciones de algunas líderes feministas y de la presidenta regional de la Fenpruss, Marjorie Vásquez Palta.

La crítica por el silencio sobre la determinación judicial que cambió la prisión por arresto domiciliario total para Yévenes, hizo reaccionar a la Fiscalía Regional del Ministerio Público. El fiscal regional Mario Carrera Guerrero explicó en una breve cuña que la pena de presidio no se había modificado, sino que «hoy se encuentra pendiente en la Corte Suprema la revisión de un recurso de nulidad y lo que determinó en un fallo de hace unos días atrás la Corte Suprema fue que mientras no se resolviera eso, el señor Yévenes se mantuviera en arresto domiciliario y no en prisión preventiva como lo había determinado el Tribunal Oral de Arica ante la solicitud del Ministerio Público».

También hubo una reacción de la secretaria regional ministerial de la Mujer, Familia y Equidad de Género, Camila Roberts, aclarando que Yévenes no estaba en libertad.

• La demora en comunicar este fallo molestó a la presidenta de la Fenpruss, Marjorie Vásquez Palta. Durante la velatón que se efectuó el 12 de febrero en el frontis del hospital regional «Juan Noé», la dirigente dijo no compartir el cambio de medida cautelar, señalando que «nos enteramos primero por un comentario de que alguien lo había visto en la calle. Nos contactamos con los tres organismos que defienden a la víctima: la Fiscalía, la Delegación Presidencial Regional y Sernameg. Nos llamó la atención por qué no fuimos informadas, si estuvimos en todo el proceso y tampoco fue informada la familia. Hicimos un llamado de atención a estos tres organismos sobre por qué no nos informaron de esto. Los abogados nos respondieron que ellos eran solo funcionarios y que quienes debían responder eran las autoridades que son sus jefaturas».

Sernameg y Delegación Presidencial Regional ausentes

El recurso de amparo presentado por Yévenes fue rechazado el 8 de enero por la Corte de Apelaciones de Arica, por lo que en esa instancia no consiguió salir libre. Su defensa elevó una apelación a la Corte Suprema, donde por cuatro votos contra uno consiguió su libertad el 24 de enero y se dispuso el arresto domiciliario total como medida cautelar. El voto en contra lo dio el ministro Manuel Valderrama Rebolledo.

A la audiencia en el máximo tribunal solo acudió un abogado del Ministerio Público y el defensor del acusado. Extrañamente, ni la Delegación Presidencial Regional ni tampoco el Sernameg se presentaron a alegar en esta instancia, según consta en un certificado emitido por la Suprema.

Certificado de los alegatos en la Corte Suprema.

El fallo sobre la condena fue impugnado por la defensa del psiquiatra y se está a la espera de que la Corte Suprema decida si dispondrá la realización de un nuevo juicio o si ratificará la condena del Tribunal Oral de Arica.

Terminamos un capítulo más de Aquí Arica en medio de trasnoches y largas caminatas por el «Carnaval con la Fuerza del Sol». Unos contentos y otros enojados con los ganadores en las distintas categorías de este evento. De cualquier manera, nos vemos la próxima semana.

¿GOSSIP GIRL? Hemos sido tema de nuevo en los grupos de WhatsApp internos de Renovación Nacional. Hasta nos compararon con la serie adolescente Gossip Girl y mueren por conocer nuestras fuentes. Nada de eso, solo hacemos nuestro trabajo y atendemos los mensajes que nos aportan nuestros lectores. Si tienes alguna información que quieras compartir, puedes escribir a aquiarica@elmostrador.cl.