Plan de fiscalización de viviendas sociales tiene a sus dueños con miedo y en llamas

Llegó el otoño y ya se siente algo de viento fresco en esta tierra desértica. No veremos hojas que caigan de los árboles, pero sí presenciaremos hartas noticias que subirán la temperatura en esta región.

Ante varios llamados y mensajes, Aquí Arica ha acudido a conversar con varios ciudadanos inquietos por diversos sucesos. Hay una lista infinita de temas por cubrir y se activaron alertas también preocupantes como el retorno de los homicidios en las poblaciones «Cerro Chuño» y «Juan Noé» -donde las bandas de «Los Gallegos» y «Tren del Coro» hicieron de las suyas entre 2020 y 2022- y también una alerta sobre un plan de ataque contra las comisarías.

Mientras observamos ese fenómeno, los invitamos a conocer un resumen de lo que incluirá nuestra nueva edición:

• Nos demoramos pero finalmente reporteamos una veintena de denuncias sobre familias vulnerables que serán desalojadas por el Serviu, a raíz de supuestos incumplimientos en su obligación de vivir permanentemente en los departamentos sociales que recibieron.

• También incluimos en este newsletter una nota sobre el paro que iniciaron los trabajadores de la Dirección Regional de Vialidad para pedir la salida de la seremi de Obras Públicas, Priscilla Aguilera. Desde la Catedral San Marcos se veían los lienzos y los «cascos rosados» colgados en señal de protesta, la cual podría tornarse indefinida si las autoridades no acceden al petitorio gremial.

• Como vivimos en una zona bifronteriza, lo que se diga aquí también importa en Bolivia y Perú. El exministro de Defensa y excónsul general de Bolivia en Chile, Walker San Miguel, nos concedió una entrevista, en la que señaló que es urgente reactivar el Ferrocarril de Arica a La Paz.

• Y cerramos con una particular nota propia de «Macondo city«, a raíz de la decisión del alcalde Orlando Vargas de reemplazar las icónicas letras volumétricas que dicen «Arica» -ubicadas al pie del Morro- por dos réplicas de las momias de la Cultura Chinchorro. Veamos cómo anda esta nueva polémica ciudadana…

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El plan de desalojos del Serviu que el INH tiene en la mira

El que un día fue el sueño de la casa propia, hoy se ha convertido en una verdadera pesadilla para varias decenas de familias en Arica, a raíz del Plan de Fiscalización de Viviendas Sociales impulsado por la Dirección Regional del Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu), en contra de supuestos no moradores de los departamentos en condominios sociales inaugurados durante estos últimos años.

• A la Dirección Regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) ya han llegado unas 20 denuncias de beneficiarios, quienes ya fueron notificados de un proceso administrativo o de demandas civiles por parte del Serviu, cuyo fin es desalojar los departamentos que obtuvieron con subsidio habitacional, bajo el argumento de que durante tres fiscalizaciones continuas no estaban habitando los inmuebles.

La Dirección Regional del INDH envió el 19 de febrero pasado un oficio a la Dirección Regional del Serviu expresando su preocupación por este plan, acusando vulneración de derechos e irregularidades en los procedimientos aplicados. Lo mismo hizo la directora nacional del INDH, María Consuelo Contreras, al ministro de la Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, el 25 de febrero.

En esa última misiva incluyó unos 18 casos afectados por este plan y señaló que desde el 2020 han recibido testimonios de beneficiarios del subsidio habitacional acusando este problema, los cuales en su mayoría corresponderían a mujeres jefas de hogar o de población indígena, segmentos altamente vulnerables.

• En la misiva del INDH al ministro Montes, el organismo indicó que «se ha observado que ya sea en los procedimientos administrativos como en los judiciales, SERVIU se ha negado a aceptar las justificaciones que exhiben las personas titulares del subsidio, cuenten o no con medios de prueba, procediendo posteriormente a verse interpelados por juicios ejecutivos que pretenden la restitución del subsidio o la vivienda, forzando a las familias, de escasos recursos, vulnerables, a buscar representación judicial. No siempre han contado con la posibilidad de ser asistidos por la Corporación de Asistencia Judicial, por lo que han debido endeudarse para acceder a la defensa de la tenencia de sus viviendas. En las últimas dos semanas, hemos sabido de por lo menos 15 familias que debieron comprometerse a pagar honorarios que fluctúan entre los dos y seis millones de pesos, en juicios que se desarrollarán en las cortes de nivel local».

La iniciativa de recuperación de viviendas tiene su origen en el Plan Nacional de Fiscalización de Viviendas Sociales, “Te Caché”, que impulsó el gobierno del Presidente Sebastián Piñera, con el ministro de la Vivienda y Urbanismo, Christian Monckeberg, a la cabeza. En ese método se consideraba la delación no anónima, sino confidencial de los vecinos, como impulsores de procesos en contra de beneficiarios que estuviesen haciendo del mal uso de una vivienda social.

Lejos de haberlo extinguido, el Gobierno actual decidió perseverar en este plan que promete la recuperación de viviendas sociales no habitadas o arrendadas por sus beneficiarios a terceros, para entregarlas a nuevos usuarios.

Serviu responde

Sobre las denuncias que pesan sobre el plan de rescate de viviendas sociales, el Serviu respondió a Aquí Arica descartando que este sea un plan de desalojos.

• «No existe en el Serviu de Arica y Parinacota un “Plan de desalojos”, dijo en su versión, y agregó que« la asignación y entrega de viviendas, se encuentra regulada en el Decreto Supremo N° 49, de 2011, que aprueba el Reglamento del Programa Fondo Solidario de Elección de Vivienda, que en su artículo 60 establece que en razón del subsidio recibido, la vivienda que se construya o adquiera de conformidad a ese reglamento, deberá ser habitada personalmente por el beneficiario del subsidio y/o miembros del núcleo familiar declarado al momento de su postulación, a lo menos, durante cinco años, contado desde su entrega material», sostuvo el organismo.

Pese a ser consultado, el Serviu evitó referirse a las vulneraciones denunciadas por el INDH y tampoco dio cifras de cuántos juicios o procedimientos administrativos tiene en curso. Solo señaló que ya ha logrado la recuperación de un centenar de viviendas.

Al respecto, justificó su actuar indicando que tiene en curso el Plan de Fiscalización de Viviendas, que abarca a todos los conjuntos habitacionales entregados en la ciudad, considerando que los beneficiarios deben habitar el inmueble, bajo la condición de que «durante un plazo de cinco años, el beneficiario no podrá gravar ni enajenar la vivienda ni celebrar acto o contrato alguno que importe cesión de uso y goce de la misma, sea a título gratuito u oneroso, sin previa autorización escrita del SERVIU… Sólo en casos debidamente justificados y por resolución fundada, el SERVIU, a solicitud del beneficiario del subsidio o de quien pueda sucederlo en sus derechos, podrá autorizar el gravamen, enajenación, o cesión del uso y goce de la vivienda antes del vencimiento del plazo de las referidas prohibiciones… la prohibición para enajenar se extiende hasta los 10 años, para los casos que obtienen subsidio de densificación en altura».

Demandados se organizan

El martes pasado una veintena de pobladores demandados por el Serviu realizaron una protesta en el frontis de la Dirección Regional de esa repartición. En vano pidieron y gritaron que saliera a atenderlos la directora regional, Gladys Acuña Rosales, quien es una posible carta socialista para ser candidata a diputada en noviembre próximo.

Ninguno de ellos ha logrado una audiencia con la autoridad. Solo han sido atendidos por asistentes sociales y por la abogada del Serviu, Dayan Vega Díaz. Según los afectados, cuando han logrado cita con la profesional, la advertencia ha sido una sola: «O me entrega la llave ahora de su casa o nos vemos en tribunales».

El grupo de demandados por el Serviu sostuvo una reunión con la Comisión de Vivienda del Consejo Regional (Core), dado que esta entidad ha aprobado recursos del Gobierno Regional para el Plan de Emergencia Habitacional impulsado por el Gobierno.

Fiscalizaciones sin piedad

Uno de los voceros del grupo de demandados por el Serviu, Williams Martínez , relató a Aquí Arica que los casos denunciados tienen un origen similar: «Los fiscalizadores se han presentado casi cayendo la noche y en horarios que probablemente uno aún puede estar en tránsito a la casa y efectivamente no te encuentran. En mi caso y en otros ha pasado que los dueños de los departamentos han ido llegando justo cuando el fiscalizador ha dejado una notificación y, pese a verlo a uno, ha decidido cursarla igual, advirtiendo que se puede apelar presentando documentos que justifiquen la ausencia. Y uno confiado los ha presentado, pero nunca los han considerado».

Hoy existe una suerte de «terror» en los beneficiarios de los condominios sociales por las razzias impulsadas por el Serviu para pesquisar a supuestos infractores. Según ellos, la fiscalización obviaría por completo que cuando los beneficiarios se organizaron en comités de vivienda junto a las entidades patrocinantes validadas por Serviu, declararon especiales condiciones de vida. Entre ellas mencionaron el ejercicio de empleos con turnos en otras regiones o comunas de la zona, o el desempeño como cuidadores de adultos mayores en domicilios lejanos al del subsidio o trabajos en los valles rurales, trabajos que harían imposible su permanencia durante las 24 horas en sus hogares.

El caso de Williams Martínez es uno de ellos, ya que que es funcionario de planta en la Municipalidad de Putre. Trabaja de lunes a viernes en esa comuna, distante a tres horas de Arica, y pernocta solo los fines de semana en la ciudad. Su señora y su hija viven permanentemente en el departamento social que le asignaron en Arica.

• «En una de las fiscalizaciones, yo venía llegado con mi bolso desde Putre y no hubo caso. El fiscalizador dijo que yo no estaba adentro del departamento. Me justifiqué…, pero no la aceptaron. Hoy estoy demandado y a punto de perder mi departamento. He tenido que contratar abogado para defenderme hasta el final, porque no pienso perder mi casa. El Serviu desde siempre supo que yo trabajaba en Putre y no se entiende que ahora me digan que hice mal uso del departamento, que debo abandonarlo y devolver como 70 millones del subsidio», afirmó.

Así como él, una decena de afectados conversó con Aquí Arica. Los testimonios fueron siempre coincidentes: operativos repentinos cayendo la tarde, la imposibilidad de realizar una justa defensa a sus ausencias en los departamentos, sensación de miedo al salir de sus casas por temor a una fiscalización, y la angustia de sentirse «presos» en sus casas.

Uno de los casos judiciales que les hace abrigar la esperanza de que sus desalojos no se concretarán, es el del guardia de un estacionamiento de camiones, Raúl Manríquez Navarrete. El pasado 6 de diciembre, el Primer Juzgado de Letras rechazó la demanda del Serviu y la condenó en costas, tras desvirtuar las fiscalizaciones que afirmaban que el beneficiario, con 60% de discapacidad sensorial, no era morador de su departamento en el conjunto habitacional «Vista Horizonte». Sin embargo, el caso aún no está ganado completamente, ya que el Serviu decidió apelar y está a la espera de que la Corte de Apelaciones resuelva.

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Gremio de Vialidad paraliza y pide salida de la seremi del «casco rosado»

La caldera finalmente estalló en la Dirección Regional de Vialidad. El Colectivo Gremial que agrupa a las asociaciones de trabajadores de esta entidad, realizó un paro de advertencia el jueves y viernes pasados, pidiendo la salida de la secretaria regional ministerial de Obras Públicas, Priscilla Aguilera Caimanque (PL), acusándola de maltrato a los funcionarios, y elevó un petitorio con distintas mejoras para los trabajadores.

La protesta consideró globos negros y lienzos demandando la renuncia de la autoridad. A ello se sumó un particular detalle: varios «cascos rosados» fueron colgados en los balcones. Estos aludían a aquellos cascos que la autoridad había enviado a los trabajadores en octubre del año pasado, para que se sumaran a su solitaria campaña preventiva del cáncer mamario.

A través de una carta que hicieron llegar a la ministra de Obras Públicas, Jessica López, solicitaron la remoción de la seremi y requirieron siete acciones para mejorar las condiciones en que trabaja el personal vialino.

• Entre ellas incluyeron la solicitud de una mayor dotación, pero con idoneidad; regularización de bandas salariales en los distintos estamentos de acuerdo a sus nuevas responsabilidades; un plan de modernización de infraestructura donde trabajan los funcionarios; revisión del modelo de gestión del servicio adecuándolo a la realidad regional; constitución de mesas de trabajo entre autoridades ministeriales y el gremio; estabilidad laboral y medidas contra el estrés laboral; e intervención ministerial directa con una visita de la autoridad a la Dirección Regional.

Sobre el conflicto, la seremi de Obras Públicas señaló «su disposición al diálogo» y que «espera alcanzar un pronto acuerdo con las personas funcionarias, priorizando las tareas que tiene el Ministerio de Obras Públicas en la Región de Arica y Parinacota, y que son relevantes para el bienestar de las personas«.

El puente que se cortó

Aunque siempre fue distante con las asociaciones de funcionarios de Vialidad, la relación con la seremi terminó por quebrarse tras la desvinculación del director regional de Vialidad, Sergio Villegas, el 21 de febrero. Los gremios interpretaron su remoción como una «pasada de cuenta» por haber denunciado la corrupción en el servicio, hecho que originó dos procesos en la justicia, cuyo resultado fue la formalización de seis inspectores fiscales por delitos de corrupción pública.

Por la remoción del director regional, el Colectivo Gremial se reunió con la seremi para pedir explicaciones. Tras el encuentro, los dirigentes no quedaron contentos con las razones esgrimidas por la autoridad. Fuentes cercanas a ese diálogo indicaron que después de intentos por eludir su responsabilidad en la desvinculación de Villegas, terminó aceptando que este cambio había sido solicitado por ella, a raíz de las diferencias que mantenían desde el inicio del Gobierno.

8M y video de la discordia

Pero eso no fue todo. El pavimento entre la Seremi y la Dirección Regional de Vialidad terminó por agrietarse durante la celebración del Día Internacional de la Mujer en la Dirección Regional de Vialidad el pasado 11 de marzo. El festejo había sido organizado y financiado por los funcionarios de esa repartición para sus compañeras.

Sin previo aviso y sin haber sido invitada, la seremi Aguilera llegó a festejar con las agasajadas, luego que la encargada de Género de la Seremi, Romina Delgado, y la analista presupuestaria, Karina Cruz, le sugirieran «aprovechar» este evento interno para «acercarse» a las trabajadoras y entregar un galardón a una funcionaria vialina.

¿Por qué se desató el conflicto? Por un video que el Área de Comunicaciones de la Seremi subió en el Instagram institucional, donde se veía a las funcionarias de Vialidad «gozando» de una mesa de cóctel. Además, se daba a entender que la fiesta había sido organizada por la autoridad. Extrañamente, iniciado el paro, el video desapareció el jueves pasado de las redes institucionales.

Los posteos de seguidores de la cuenta de Instagram no se dejaron esperar, reprochando la «comilona» de funcionarios públicos, enrostrándoles que mientras estaban allí, aún los derrumbes seguían en la Cuesta de la Cultura Chinchorro, pese a la promesa de la seremi de levantar, a partir del 1 de marzo, el cierre nocturno de ocho horas diarias de la carretera que conecta a Arica con el resto del país.

Un particular comentario fue el de la abogada de la Dirección Regional de Vialidad y expresidenta regional de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (Anef), Guisselle Kunz. Cansada del reproche ciudadano, la funcionaria expresó su molestia con el uso político de la autoridad de una celebración interna donde nunca fue invitada.

Pese a que hubo voces dentro de la Seremi de «bajar» el video de la discordia, eso no ocurrió con prontitud. El retiro de la pieza audiovisual finalmente se habría efectuado, debido a que el Colectivo Gremial de Vialidad había denunciado en su carta-petitorio a la ministra López la negativa de la Seremi a bajarlo, pese a los cuestionamientos de las trabajadoras por haber sido usada su imagen sin consentimiento y haberlas expuesto al reproche ciudadano.

• «Este comportamiento de la autoridad se vio reflejado aún más esta semana reciente con su presentación sin invitación previa a la actividad de conmemoración del Día Internacional de la mujer, organizada y financiada por los funcionarios para sus compañeras, quien luego de llegar con su equipo ministerial, publica un rimbombante video, con clara intención de exacerbar la imagen de la autoridad, en distintas plataformas de redes sociales, exponiendo a las mujeres de la Dirección de Vialidad a denostaciones y comentarios descalificatorios. Ante los reclamos de las funcionarias se les comunica que la Jefa de Gabinete de la SEREMI dará disculpas por la situación y para ello estas debían concurrir hasta las dependencias de la SEREMI MOP a recibir las disculpas, las funcionarias de las distintas dependencias son las que deben concurrir a recibir disculpas, que ni siquiera serían dadas por la autoridad«, indica la misiva a la secretaria de Estado.

El Colectivo Gremial anunció que la paralización podría reanudarse al finalizar marzo y sería de manera indefinida, dado que, hasta ahora, no ha habido respuesta al petitorio y la Dirección Regional sigue descabezada al igual que la Dirección Regional de Obras Hidráulicas, entidad que no tiene un titular hace más de un año.

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Excónsul boliviano, Walker San Miguel: «Es urgente reactivar el ferrocarril el 2026»

Prueba técnica del Ferrocarril de Arica a La Paz (Crédito imagen: cedida)

Tiene una mirada atenta sobre Chile y, en especial, sobre la Región de Arica y Parinacota, donde se cumplen compromisos del Tratado de Paz y Amistad de 1904. Y no es para menos, pues el abogado Walker San Miguel fue ministro de Defensa de Bolivia en el periodo 2006-2010 y luego cónsul general de Bolivia entre 2010 y 2011, durante los gobiernos del Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales Ayma.

Walker San Miguel, miembro del Consejo Empresarial Binacional (Crédito imagen: cedida)

Desde La Paz, San Miguel, quien es miembro del capítulo boliviano del Consejo Empresarial Binacional Chile-Bolivia, concedió una entrevista a Aquí Arica sobre la exclusión de esta región del Corredor del Trópico de Capricornio impulsado por el Gobierno del Presidente Gabriel Boric. El analista publicó el artículo «Corredor ferroviario bioceánico, Arica toma la palabra» en el diario electrónico boliviano brujuladigital.net (Ver https://www.brujuladigital.net/opinion/corredor-ferroviario-bioceanico-arica-toma-la-palabra), donde comentó el artículo de nuestro medio (Ver https://www.elmostrador.cl/aqui-arica/2025/03/04/aqui-arica-corredor-bioceanico-de-capricornio-no-considera-a-arica-y-parinacota/).

Estuvo el 2023 en Arica cuando el Consejo Empresarial Binacional Bolivia-Chile se reunió en Arica, donde abordaron temas relacionados con el comercio exterior, las proyecciones del puerto y pudieron realizar una viaje corto en el Ferrocarril de Arica a La Paz, desde Arica hasta Poconchile.

-¿Qué papel desempeña hoy luego de haber tenido cargos de alta relevancia política en Bolivia?

-Mi interés es poder aportar a la clarificación de los temas que sean de interés entre los empresarios de Chile y de Bolivia, el acceso que puedan tener los comerciantes y los empresarios bolivianos a puertos del norte de Chile y al sur del Perú también y, en general, todo lo que implica conectividad ferroviaria, rodoviaria, aérea, para facilitar el intercambio de bienes y servicios.

-¿En qué estado está el proyecto que en los noventa impulsaron los gobiernos de Chile, Bolivia y Brasil para tener un corredor bioceánico Arica-Santa Cruz-Cuiabá-Santos?

-El corredor inicial fue muy bien recibido en Bolivia, porque permitía la interconexión de las redes ferroviarias oriental y andina que no están interconectadas en Bolivia. La red oriental tiene su epicentro en Santa Cruz, tenía en su momento una conexión a la Argentina por Yacuiba, pero ya no la hay porque Argentina la interrumpió, y la principal que es Santa Cruz, Puerto Suárez y Corumbá de Brasil con toda la vasta geografía brasileña.

Por el lado de la red andina, Bolivia tiene la conexión Oruro-Antofagasta, que es fundamental para la exportación de minerales de Oruro y de Potosí, y el Ferrocarril Arica a La Paz, que desde hace muchos años está inactivo porque no ha tenido un concesionario operador.

-¿Cómo ve la decisión de Chile de impulsar un corredor más al sur de Arica que no considera a Bolivia?

-En los últimos años, se ha hablado de variantes o nuevos corredores, por ejemplo, el proyecto que pasa por Perú y Brasil, obviando al norte boliviano, y este último que es al que denominan «Capricornio». Este incorpora a Paraguay, incluso con una ramificación a Uruguay, el norte argentino y los puertos del norte de Chile, pero obvia a Bolivia.

El que se excluya a Bolivia, por lo menos para los empresarios, para los mismos concesionarios de las redes ferroviarias en Bolivia, es de preocupación, porque ellos siempre han apostado a una mayor interconexión de nuestro país, que está en el centro del continente y, por tanto, debería ser el punto nodal de la interconexión ferroviaria.

Dado que todos estos son proyectos y a ninguno se la ha levantado la bandera a cuadros para que comience el trabajo y la infraestructura, creo que es el momento de conversar abiertamente a nivel de los países, de las entidades involucradas. Estos megaproyectos no solo son públicos, requieren inversión privada, requieren financiamiento de organismos que tengan la capacidad como el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, la CAF o bancos privados de enorme capacidad financiera para poder hacerlos realidad.

Son muchos actores relevantes que deberían hablar abiertamente sobre cuál es el mejor trazo y cuál es el que trae mayores externalidades positivas. Por supuesto, la posición de los empresarios de Bolivia será de ofrecer el territorio boliviano para vender la conexión con Brasil en el Atlántico hasta Chile que conecta al Pacífico.

-Pero la explicación de que el Ferrocarril de Arica a La Paz no se activa porque no tiene concesionario no es cierta, pues la verdad es que no se ha activado por presiones de los camioneros bolivianos que impidieron culminar la prueba técnica ferroviaria el 2021…

-Cuando aún estaba en funciones de cónsul general de Bolivia en Chile, me invitaron a Arica para el inicio de rehabilitación del lado chileno del Ferrocarril de Arica a La Paz. Dos años después, se inauguró esa rehabilitación. Hay una línea que conecta Arica a La Paz, Arica-Viacha, y sin embargo, no está operativa en el sentido estricto, es decir, no está moviendo trenes de carga, no está moviendo contenedores.

Obviamente, para el empresario boliviano tener el ferrocarril es una alternativa al transporte por tierra. Muchos especialistas, no lo soy yo, dicen que perfectamente combina el transporte bimodal, que hay carga para todos. Ellos dicen que hay carga en contenedor que vendría consolidada desde el puerto de Arica hasta el occidente de Bolivia, pero también habría el mismo número de camiones que hoy está activo y no se les afectaría en su actividad porque hay carga suficiente. Es más, algunos camiones ya están colapsados, tienen contratos por meses, por años, y el ferrocarril ahí llevaría carga crítica que requiere este tipo de transporte.

-¿Y qué pasó entonces el 2021?

-Lamentablemente, cuando se intentó hacer esa prueba, la presión de los sindicatos de camioneros hizo que el Gobierno boliviano optara por suspenderla, para no tener un problema, porque les llegaron a bloquear carreteras como la ruta Oruro-La Paz, que es fundamental. Quizás el Gobierno a soto voce optó por decirles a los camioneros que no iba a reactivar de manera inmediata el ferrocarril.

Eso fue desde el punto de vista crítico una decisión errónea, porque para Bolivia es importante la interconexión ferroviaria con Arica, más aún ahora que ha crecido la carga de y hacia Bolivia, y además, por el hecho de que esta línea fue incorporada en el Tratado de 1904 por distintas razones, llamémosles de orden jurídico-diplomático, logístico y también de orden práctico.

-¿Cómo se puede terminar con la oposición de los camioneros bolivianos al tren?

-La respuesta la tiene la autoridad boliviana, porque llámese el Ministerio de Obras Públicas, de Telecomunicaciones y Transportes, la Cancillería, tendrían que responder a estas inquietudes. Pero desde la visión empresarial a la que ahora yo represento, impulsamos que exista un diálogo, que instale mesas de diálogo de varias partes.

La primera de ellas tiene que ser el ferrocarril mismo, que hoy está administrado por un grupo de accionistas de varios países, no hay accionistas chilenos en esa inversión. Por otro lado, está la autoridad boliviana y la autoridad chilena que en cada lado regulan en las fronteras la interconexión de la misma vía, y por supuesto, los sindicatos de transportistas terrestres o la llamada Cámara Boliviana de Transporte Automotor.

Con un diálogo instalado con una visión de integración económica-comercial y de mejora del servicio al importador y exportador, se daría el primer paso, porque va a permitir entender a las autoridades de ambos lados de la frontera, y en especial a la boliviana, las demandas de los distintos sectores.

Momento estratégico del tren

-¿Es este el momento para articular esas conversaciones, sabiendo que el Gobierno boliviano tiene problemas internos como el desabastecimiento de combustible y hay elecciones en agosto próximo?

-El actual momento político de Bolivia es complejo porque tradicionalmente los gobiernos se desgastan al final de su gestión, a nivel político, económico, coyuntural, y eso le está ocurriendo al actual. Pero esto no quita que se coloque el tema en la agenda de los ministerios y de las autoridades que correspondan tratar el tema, sobre la base de un diagnóstico para encarar el nuevo gobierno.

Esta es una opinión muy mía y no del capítulo de empresarios bolivianos. Un diagnóstico puede hacerse y se puede entregar al Gobierno que se elija en agosto de este año, con un resumen ejecutivo del avance que se ha tenido.

Es impostergable que el próximo año, a más tardar, se reactive el Ferrocarril de Arica a La Paz. No puede quedar inactivo porque Bolivia tiene también una red tendida. De hecho, el concesionario mantiene la red Viacha a Charaña-Visviri. Está obligado a hacerlo, pero no puede operar y no puede tener ni siquiera ingresos por ese motivo. Es un poco absurdo ese tema. Por ello es urgente el 2026 reactivar el Ferrocarril de Arica a La Paz.

-¿Por qué es urgente reactivarlo?

-Va a ayudar el que haya un nuevo gobierno, pero sobre todo porque hay la necesidad de tener una buena interconexión para el comercio bilateral y el comercio internacional. Bolivia ha hecho muchísima obra pública, ha traído entre el 2010 y el 2020 equipos de Alemania, desde la China, y ha tenido dificultades en el transporte. El ferrocarril en esa época habría sido ya un gran auxilio, un gran medio de transporte.

Bolivia va a crecer en el siguiente decenio, pasará este momento de crisis económica coyuntural como todos los países lo tienen, y va a necesitar varios medios de transporte. Esto no es tanto un tema de Gobierno, sino de necesidades económicas para facilitarles a los empresarios el intercambio de sus mercaderías.

-¿Coincide en que la activación del tren permitiría descongestionar la Ruta Internacional 11 Ch de Arica a la frontera boliviana, donde Chile invierte mucho dinero para su mantenimiento?

-Sin duda que es así. Todos estos megaequipos no van a ingresar en un solo contenedor de un camión, por lo que es obvio que tienen que ir por una vía como la del ferrocarril. Los especialistas dicen que les beneficiaría a los propios camioneros, porque, por ejemplo, la soya se cargaría en Viacha y podría llegar hasta Arica. Pero para que la soya llegue desde Santa Cruz hasta Viacha, sería más eficiente que los camiones utilicen la ruta Santa Cruz-Viacha y no Santa Cruz-Arica, porque se desgastarían menos y habría un engranaje con el ferrocarril. Los camiones le darían la carga que viene del lado oriental al Ferrocarril de Arica a La Paz. Allí hay no solo soya, sino otros productos como los minerales.

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Pugna por ícono turístico: salen las letras de Vlado y entran las momias del alcalde

Crédito imagen: El Mostrador

Una accidentada partida tuvo el proyecto impulsado por el alcalde Orlando Vargas Pizarro, consistente en la instalación de dos réplicas de las momias de la cultura Chinchorro al pie del Morro. Si bien el martes pasado, el Concejo Municipal aprobó el financiamiento municipal de $ 50 millones para licitar su confección y disposición, el lugar elegido para su ubicación comenzó a generar la primera polémica.

• Y no es para menos, si la administración comunal decidió el retiro de las letras monumentales que dicen «Arica» al pie del Morro para posicionar las nuevas esculturas de cinco metros de altura. El detalle no menos llamativo es que las letras fueron donadas el 26 de abril de 2019 por el diputado Vlado Mirosevic. Justo en ese mismo sitio donde hoy los turistas se fotografían para testimoniar que están en Arica, el municipio pretende «inaugurar» su línea de difusión de la cultura Chinchorro, cuyos sistemas de momificación y cuatro sitios arqueológicos fueron incluidos el 27 de julio de 2021 en la Lista de Patrimonio Mundial.

Tras conocerse la propuesta que fue llevada adelante por la Oficina Municipal de Patrimonio, se desató un intenso debate en redes sociales con memes incluidos y con la consiguiente reacción del diputado Mirosevic, quien levantó una encuesta con sus seguidores preguntando si la decisión era la más acertada.

Más allá de si desde la actual gestión municipal hubo o no la intención de «borrar» el obsequio del diputado y precandidato presidencial, lo cierto es que el anuncio no convenció a muchos, porque aunque precarias, las letras corpóreas se habían convertido en una parada obligada para que los turistas testimoniaran que estaban en Arica..

La noticia corrió tan rápido que, apenas se había votado la decisión, en medio de la sesión el concejal Christian Rodríguez (Partido Humanista) acusaba que le habían llegado mensajes a su teléfono, pidiendo que las letras no fueran removidas y que era conveniente convocar a una comisión para decidir el mejor lugar para ubicar las esculturas de la cultura Chinchorro.

Para los antiguos ariqueños que vivieron a flor de piel la intensa administración del alcalde socialista Iván Paredes, el conflicto evocó la polémica suscitada durante su primera gestión edilicia. En ella, el jefe comunal demolió un tótem con placa incluida, que había instalado el extinto alcalde Hernán Lagos (DC), para testimoniar que la construcción del Paseo Peatonal de 21 de Mayo había sido realizada durante su gestión. Paredes había prometido durante su campaña electoral que esa estructura la derribaría porque consideraba que era un «culto a la personalidad» y así lo hizo.

Corporación Chinchorro Marka

Pero el conflicto no solo evidenció una dimensión política, sino que tuvo otra más profunda. Al ruedo salió la Corporación Chinchorro Marka, entidad constituida en diciembre 2019, a raíz de la exigencia de la Unesco de contar con un organismo que garantizara la conservación y difusión de los cuatro sitios patrimoniales reconocidos por este organismo internacional en la Lista de Patrimonios.

El organismo emitió una declaración pública y en ella reconoció que no había sido consultado por la Municipalidad de Arica por las esculturas, pese a que esta es uno de los cuatro miembros de la entidad junto a la Corporación Municipal «Costa Chinchorro».

Comunicado Chinchorro Marka

La secretaria ejecutiva de la Corporación Chinchorro Marka y arqueóloga, Camila Castillo, precisó que su organismo decidió plantear su posición sobre esta decisión municipal, enmarcándose en criterios técnicos y no políticos.

• «Esta no es una propuesta que nosotros respaldemos. Esto tiene que ver con varias razones: una es por el emplazamiento de esta, porque está inmediatamente fuera del sitio patrimonial; porque está en un lugar que ya tiene una intervención, que previamente las estatuas de los próceres que estaban ahí durante las protestas fueron vandalizadas, por lo tanto, no sabemos, aun cuando hasta ahora las momias no tienen un sesgo político que se les pueda atribuir, pero pueden ser vandalizadas, rayadas. Es un espacio donde el carnaval desemboca, termina, por lo tanto hay mucha juerga en ese sector. No sé si va a ser lo más cauteloso», indicó a Aquí Arica.

La arqueóloga dijo que colocar las escultura con el Morro de Arica de fondo planteaba una mezcla no pertinente, ya que el farellón está relacionado con otro momento histórico y no con la cultura Chinchorro. Más bien, sugirió que un lugar más propicio podría ser la costa, dado que «tenemos una costanera que fue remozada hace poco; quizás ahí se inserta con un poco más de coherencia con el espacio que manejaba principalmente la cultura Chinchorro».

Y por último, la fecha de inauguración del conjunto escultórico fijada para el 7 de junio también hizo ruido en la Corporación Chinchorro Marka. «La fecha es otro hito histórico muy relevante para la ciudad, es nuestro feriado local, que no tiene ninguna relación con la cultura Chinchorro… El Morro tiene su historia propia, tiene su polígono propio», expuso.

También agregó que la aspiración de la corporación es lograr que el conocimiento de la cultura Chinchorro y sus representaciones iconográficas no solo queden en las momias, sino también pueda haber una difusión sobre su modo de vida en el mar y su capacidad resiliente desarrollada en una zona desértica. Del mismo modo, aclaró que no se oponen las manifestaciones artísticas que las representen, pero «para nosotros es importante priorizar otro tipo de ejes o de necesidades que tiene la cultura Chinchorro como un elemento identitario».

Mezcla entre la guerra y las momias

La versión de la Corporación Chinchorro Marka en cuanto a que la instalación de las esculturas nunca le fue consultada, contrasta con la aportada por la encargada municipal de Patrimonio, Valeska Laborde, al presentar el proyecto el pasado martes al Concejo Municipal.

Bosquejo de las esculturas (Crédito imagen: cedida)

Fue la concejala comunista Dolores Cautivo quien le preguntó a Laborde si este proyecto se había coordinado con Chinchorro Marka. Con tono evasivo, Laborde dijo que «Chinchorro Marka es el encargado de administrar el bien (los sitios patrimoniales reconocidos por la Unesco)… Nosotros como municipio vamos a complementar eso… La idea es hacer un trabajo colaborativo. Sí nosotros estamos en reuniones con esto, pero es que nosotros no le tenemos que pedir permiso a Chinchorro Marka para colocar las letras en este entorno. Ellos no administran ese espacio. Pero sí, estamos en esta semana en reuniones con el Centro de Gestión de la universidad y con Chinchorro Marka. Este es un proyecto que no tiene que ver con el sitio que administra Chinchorro Marka».

Los concejales también le representaron a Laborde que fijar el 7 de junio como fecha de inauguración para estos conjuntos escultóricos era mezclar inadecuadamente un pasaje histórico como el Asalto y Toma del Morro de Arica con un tema patrimonial de casi 10 mil años. Lo mismo hicieron pidiendo un compromiso del alcalde para mejorar el entorno que circunda el Morro, ya que presenta deterioro en las veredas, en la pérgola de las banderas y en los monumentos existentes.

Y cerramos la edición con ajustes de última hora, ya que el acontecer regional es muy dinámico. Gracias por su preferencia y nos vemos el próximo martes. Ah, y los invitamos a leer y promover nuestras ediciones hermanas Aquí Coquimbo, Aquí Ñuble y Aquí Valparaíso, donde también encontrarán las noticias que otros no cuentan.

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