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El jueves pasado El Mostrador develó el peritaje realizado por la Policía de Investigaciones, en el que detectó cinco abonos realizados por la exprimera dama Irina Karamanos a una cuenta de la fundación ProCultura, presumiblemente para devolver dineros de proyectos adjudicados. Los movimientos que figuran con el nombre de Irina se habrían realizado durante la campaña presidencial del ahora mandatario y expareja, Gabriel Boric. La noticia golpeó la agenda pública, generando coletazos tanto en el mundo político como judicial.
Según se consigna en la nota escrita por el editor general de El Mostrador, Héctor Cossio López, esta trama investigativa sufrió un revés -al paralizarse el ritmo de las diligencias-, debido a que despojaron del caso al fiscal Carlos Palma, hoy suspendido indefinidamente por el Ministerio Público luego que su nombre apareciera en el caso Hermosilla-Vivanco.
Durante la gestión de Palma en esta investigación, se realizaron distintas acciones como allanamientos a reparticiones públicas, incautación de celulares a gobernadores, como el de Ñuble, Oscar Crisóstomo, y el de Magallanes, Jorge Flies. Carlos Palma también, el pasado 5 de junio, quiso allanar el gobierno regional de Santiago, pero se lo negó el 7° Juzgado de Garantía.
Recordemos que ahora esta investigación -por orden del fiscal nacional Ángel Valencia- desde el pasado 26 de junio está en manos del fiscal regional de Coquimbo Patricio Cooper Monti.
Tras la vinculación de Karamanos al caso Fundación ProCultura vinieron las respuestas, y una de ellas provino de parte del fiscal Cooper, quien a través de un comunicado de prensa se defiende, señalando que la investigación sí ha tenido avances desde que está siendo dirigida por él.
“Se han recibido, además, la cantidad de siete querellas criminales a la fecha y, sumado a lo anterior, la Fiscalía ha ordenado 29 diligencias a la BRIAC, 15 solicitudes a distintos Tribunales de Garantía del país, 14 requerimientos de información a entidades privadas y la toma de múltiples declaraciones en presencia de los fiscales del caso”, explicitó en el comunicado de prensa.
Buscando responsables de las filtraciones
En el mismo comunicado, Cooper anunció una investigación por oficio tras la filtración de los antecedentes del caso ProCultura que involucran a la expareja del Presidente Gabriel Boric y exdirectora sociocultural de La Moneda, Irina Karamanos.
“La Fiscalía Regional de Coquimbo, en conformidad al artículo 31 de la Ley N° 19.913 sobre lavado de activos (…) ha decidido abrir de oficio una causa respecto a la filtración de la investigación advertida en diversos medios de prensa, con el objeto de hacer efectiva la responsabilidad penal que pudieran tener los presuntos responsables, independientemente de su condición.”
También, desde el ente persecutor agregan que los avances de una investigación penal “no pueden ser interferidos por intereses que no dicen relación con los aspectos técnicos de la causa y que en definitiva responden a otras contingencias”.
Todos los focos del país recaen en el fiscal Cooper
Patricio Ignacio Cooper Monti nació en 1968 y es oriundo de Temuco. Estudió en el Santiago College, luego cursó derecho y se tituló de abogado en la Universidad Diego Portales. Inició su carrera en el Banco de Santiago.
Cooper como fiscal tiene una vasta experiencia. Empezó a trabajar en el Ministerio Público en el 2000, ha liderado casos de connotación pública como el “Robo del Siglo” que ocurrió en 2017. “Prefiero condenar a los culpables que recuperar todo el dinero”, dijo a La Tercera el 27 de septiembre de ese año. Luego tomaron la causa otros fiscales.
Durante el 2020 indagó en la vida del joven que cayó del puente Pío Nono en Santiago. También ese año se hizo cargo de la causa en contra del exconvencional de la Lista del Pueblo, Rodrigo Rojas Vade.
Cooper además vio causas de involucrados por desórdenes durante el Estallido Social. En febrero de 2023, la fiscalía lo puso a cargo de la indagación por presunto fraude al fisco en la compraventa de la exclínica Sierra Bella por parte de la administración de la alcaldesa de Santiago Irací Hassler (PC).
El 6 de febrero de este año, Cooper asumió como fiscal regional de Coquimbo tras la salida de Adrián Vega.
En junio, la vida profesional de Cooper cambió. Pasó de ser un fiscal regional “anónimo”, sin causas relevantes, a tomar dos que marcaron la agenda nacional. Primero sucedió con el fiasco en la Fiscalía Local de Los Vilos.
En esa oportunidad, El Mostrador dio a conocer que el Tribunal de Garantía de esa comuna resolvió dejar con arresto domiciliario a peligrosos integrantes del Tren de Aragua, debido a la “impresentable” litigación de un abogado asistente durante la audiencia de medidas cautelares en un caso de secuestro. No asistió el fiscal jefe, pero sí el ayudante, lo que provocó que la jueza de ese rtibunal, por la falta de prueba y argumentación de la Fiscalía, dejara sin efecto la prisión preventiva. La Corte de Apelaciones de La Serena revocó la decisión, así que los imputados debían volver a prisión preventiva, pero sólo algunos lo hicieron, y los demás integrantes del Tren de Aragua continúan prófugos.
Diversas fuentes del Ministerio Público cuestionan cómo fue posible que Cooper no reasignara esa causa a tiempo, sacándola de la Fiscalía Local e inyectándole recursos acorde al tamaño del problema. Luego, el fiscal nacional Ángel Valencia reasignó la causa y se la traspasó a Cooper.
El diputado Juan Manuel Fuenzalida se refirió al comunicado enviado por el Ministerio Público y también dijo que lo de Irina Karamanos podría ser el inicio de una situación más compleja. “Lo que dice el comunicado respecto a esta situación señala que es preocupante el hecho de que el foco está en el lavado de activos y es preocupante porque el lavado de activos supone detrás una organización criminal (…) creo que es gravísimo y sin perjuicio de aquello el fiscal tendrá que continuar con su trabajo toda vez que si los hechos que se señalan en ese comunicado se constatan, estaríamos hablando de que lo de la expareja del Presidente Boric es la punta del iceberg de toda esta situación”.
Por su parte, la diputada Nathalie Castillo, expresidenta del Colegio de Periodistas, fue critica del actuar de la Fiscalía tras el anuncio de investigación por oficio tras la filtración de los antecedentes del caso ProCultura.
“Las y los periodistas tenemos un deber con la ciudadanía de informar, es nuestro trabajo porque tenemos ese compromiso con la información. Por supuesto que la Fiscalía puede actuar de oficio, es un organismo público independiente y autónomo, pero creo que recurrir a esto no me parece correcto, especialmente si lo observamos desde el ejercicio de la libertad de prensa. Casos graves de corrupción se han conocido por el trabajo de periodistas, no podemos soslayarlo”, explicó la parlamentaria.
Respecto al tema de Irina Karamanos, Castillo agregó: “Sobre lo de Irina, ella hizo un pronunciamiento público sobre la materia donde señaló que ha entregado al fiscal sus cartolas bancarias para descartar cualquier irregularidad. El propio Ministerio Público debe resolver si aquello es suficiente o no”.
Desde la Región de Coquimbo tratamos de comunicarnos insistentemente con el diputado Daniel Manouchehri para profundizar sobre esta situación, pero no respondió llamados y mensajes de WhatsApp. Recordemos que el parlamentario, junto a la Diputada Cicardini, ambos socialistas, son querellantes en el caso Hermosilla, caso por el que fue suspendido el primer fiscal que investigaba a Procultura, Carlos Palma.
El pasado 27 de septiembre, la primera Sala de la Corte de Apelaciones de La Serena acogió la solicitud de recusación presentada por el Ministerio del Interior en contra del juez del Tribunal de Garantía, Luis Muñoz Caamaño. La recusación recae ante Muñoz luego de la polémica porque este dejara sin prisión preventiva a una banda de 23 narcotraficantes, tras el pago de una fianza de dos millones de pesos por cada uno.
“Atenta la tramitación incidental dada a la solicitud, el juez, cuya recusación ha sido solicitada, se abstendrá de intervenir en el asunto de que se trata, correspondiente al Rit 321-2023 del Juzgado de Garantía de Ovalle, mientras no se resuelva la procedencia de la inhabilidad alegada”, señala el escrito de la Corte que tuvo acceso en exclusiva Aquí Coquimbo.
La decisión fue acordada con el voto en contra de la ministra Marcela Sandoval Durán, quien fue del parecer de no dar lugar al incidente interpuesto, por «estimar que los hechos dicen relación con el análisis que debió efectuar el juez de primera instancia en el contexto de lo dispuesto en el artículo 140 del Código de Procesal Penal, por lo que, tratándose de una medida cautelar de carácter provisoria, la decisión se adoptó conforme al mérito de los antecedentes existentes en ese estadio procesal».
Juez acusa montaje político
Aquí Coquimbo también tuvo acceso a la carta que envió el juez Luis Muñoz Caamaño, posterior a la resolución de la Corte de Apelaciones. En ella Muñoz cuestiona el rol del Ministerio del Interior y acusa una especie de montaje político.
“Debo cuestionar la legitimidad del Ministerio del Interior para intervenir en esta causa, pues este proceso no es de aquellos que la ley autorice la intervención del Gobierno, debido a que los hechos ventilados no se tratan de hechos que hayan causado conmoción pública, sino que el revuelo se ha producido por la cobertura que se ha dado al proceso por los medios de comunicación, cobertura que, dicho sea de paso, ha sido convocada por la propia policía y las mismas autoridades de Gobierno por motivos políticos para presentar este caso ante la opinión pública como un logro de la administración que lucha contra la delincuencia”, señaló el juez de Garantía.
En la misiva, también Muñoz Caamaño expone que “en la especie no concurre la causal invocada para inhabilitarme, por cuanto se trata de una causa que se encuentra abierta y pendiente”. También alega el mismo argumento de la ministro Sandoval, que fue quien tuvo el voto dirimente en la resolución de la Corte de Apelaciones del pasado 27 de septiembre. Finalmente, el magistrado solicita a la corte “tener por refutada la recusación planteada y resolver la incidencia conforme a derecho”.
Recordemos que, tras la decisión de Muñoz Caamaño, la Corte de Apelaciones de La Serena acogió una solicitud del Ministerio Público, dictando orden de no innovar e instruyendo al Juzgado de Garantía de Ovalle despachar las órdenes de detención de 23 sujetos imputados como autores de los delitos de asociación ilícita para el tráfico de drogas, tráfico ilícito de drogas y lavado de activos. La PDI todavía busca a varios prófugos que no se han entregado.
Medio millar de palomas, bolsas reutilizables de regalo, pagos para instalar letreros en casas particulares, gran cantidad de spots radiales, camionetas y varios brigadistas son algunos de los onerosos gastos en la campaña electoral que está realizando Camilo Ossandón, candidato a alcalde por Monte Patria y que tiene en alerta a sus otros tres contrincantes.
El despliegue de financiamiento en publicidad no ha pasado desapercibido en la tierra de los valles generosos. Ossandón, quien va como independiente, es exmilitante democratacristiano, cercano al senador Matías Walker y por ende al partido Demócratas de centro-derecha. Según sus tres contrincantes, Ossandon está haciendo una campaña desmesurada en publicidad, que esperan que una vez terminada se rinda como corresponde ante el Servel.
El límite del gasto electoral en Monte Patria es de 32 millones de pesos y votan 28 mil personas. Recordemos que hoy está prohibido por ley que empresas donen en las campañas electorales.
María Pía Galleguillos, actual concejala y candidata a alcalde por Monte Patria, manifestó su sorpresa y suspicacias respecto a esta situación: “Es una campaña que se ve a todas luces millonaria en publicidad; no había visto una campaña de esas características antes aquí, y tengo un par de elecciones a cuestas, no puedo tener el cálculo, pero hay harto recurso puesto ahí. Esto ha generado sorpresa para todos”.
Otro de los temas que abordó Galleguillos son los rumores y trascendidos que indican que habría una minera financiando o apoyando la candidatura de Ossandón. «Los he escuchado, no puedo asegurar que sean ciertos. Cuando uno está en campaña siempre surgen rumores, claramente es algo que he escuchado, no tengo cómo aseverarlo, pero si esto fuera así, sería lamentable para la comuna”.
Por su parte, el candidato de la UDI Nicolás Araya también mostró su sorpresa y señaló que espera que todos los aportes se puedan justificar como corresponde. “Si hay aportes que no se pueden justificar, hay que estar alertas de lo que se rinde y se ha visto. Esperamos que las rendiciones establezcan lo mismo que estamos viendo en la realidad: un gran despliegue de recursos y que lamentablemente hoy no podemos comprobar si son ilegales o no». Además agregó: “Las campañas no se ganan con el que tiene más letreros, ni quien moviliza más gente; no gana el que mete más bulla, gana al que la ciudadanía le cree. Ojalá lo de Camilo se transparente; el que nada hace, nada teme”.
Cristián Herrera, actual alcalde de Monte Patria, quien va a la reelección, dijo estar enfocado en su campaña, pero ratificó lo expresado por los otros dos candidatos y manifestó que vecinos le han dicho que han recibido recursos para arrendar el techo de su vivienda para palomas. “Ha sido inusual para las campañas que nos ha tocado ver en Monte Patria el despliegue de recursos. Vecinos nos comentan que les han pagado plata por un techo para poder instalar una paloma. Entendemos que siempre hay un sector político de nuestro país que tiene más recursos para enfrentar las campañas. La derecha siempre ha sido un conglomerado político que tiene mayor cantidad de plata. Entendemos que el conglomerado que está apoyando al candidato es el que está generando todos estos recursos, imaginamos nosotros”.
El arriendo de techos o viviendas particulares para instalar pancartas o «palomas» es legal, pero debe ser informado al Servel en la rendición. Sin embargo, para los demás candidatos la costumbre histórica en Monte Patria es colgar propaganda en viviendas porque las familias están con las ideas del candidato(a), no por dinero.
El Mostrador llamó innumerables veces al candidato Ossandón para conocer su opinión respecto a estas acusaciones y profundizar en el financiamiento de su campaña, pero no respondió. Se le escribió al WhatsApp, solicitó que se le enviaran el tema y preguntas por escrito, pero una vez enviadas tampoco hubo respuestas. Al día siguiente publicó un video en sus redes sociales ninguneando el trabajo de El Mostrador, específicamente de este newsletter Aquí Coquimbo y dio a conocer las preguntas periodísticas realizadas que no respondió. También, el mismo día y momento en que subió el video, envió un mensaje al periodista de este newsletter en tono «matonesco» y solicitando que si respondía a las preguntas de El Mostrador quería que se le publicara su declaración en su totalidad.
Transformación digital: U. Central Región de Coquimbo potencia la formación de profesionales para un mundo globalizado
Como parte de su compromiso con la mejora de las competencias laborales, la Dirección de Transformación Digital de la Universidad Central, en colaboración con la Dirección Académica Región de Coquimbo, brinda a estudiantes y docentes la oportunidad de obtener certificaciones de alto valor, ajustadas a las exigencias y tendencias del mercado laboral actual.
La digitalización en la educación superior se ha vuelto esencial, y por ello, la universidad pone énfasis en perfeccionar las competencias digitales del cuerpo académico, asegurando una enseñanza de calidad que responda a los desafíos de un entorno cada vez más digitalizado.
Con esta iniciativa, la Universidad Central Región de Coquimbo fortalece su rol en la formación de profesionales competitivos, adaptados a las nuevas exigencias tecnológicas.
Desde el Gobierno Regional de Coquimbo están coordinando esfuerzos con municipios y organismos regionales para agilizar proyectos de alto impacto en seguridad, salud y emergencia hídrica, entre otras materias. Recientemente, se aprobó una cartera de seguridad por más de $4.800 millones, y se destrabaron 54 iniciativas municipales a través del Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL), con una inversión de $7.800 millones.
Bajo este contexto, las comunas de Paihuano y Vicuña en el Valle de Elqui tienen importantes proyectos para materializar. El gobernador de Coquimbo Darwin Ibacache hace unos días se trasladó a ambas comunas para reunirse con los equipos técnicos del GORE y municipales, donde revisaron en conjunto las carteras de proyectos en carpeta.
En la comuna de Paihuano se revisaron importantes iniciativas, como la construcción del Estadio de Paihuano, el Paseo Gastronómico Chanchoquí, la restauración de la ex-Escuela N°10 de Pisco Elqui, la Costanera Río Claro, la solución sanitaria para Pisco Elqui, además de proyectos FRIL.
En Vicuña, se destaca la inversión en tres camiones recolectores de residuos domiciliarios y la luminaria para el sector de Gualliguaica. “Hoy hemos hablado sobre más de $1.000 millones ya aprobados para ejecutarse antes de que termine el año. Además, tenemos asegurados otros proyectos, como la posta de Nueva Talcuna, que debe salir de la fase de arquitectura y se espera que esos gastos, de aproximadamente $1.300 millones, se realicen hacia marzo o abril del próximo año”, señaló el alcalde Rafael Vera.
Por su parte, el gobernador de Coquimbo Darwin Ibacache resaltó el compromiso de ejecutar prontamente la inversión pública: “Seguimos trabajando firmemente en los territorios para poder avanzar en la ejecución presupuestaria. Estuvimos revisando carteras de ambos municipios, buscando instancias de colaboración para avanzar con iniciativas que se pueden ejecutar hoy, pero también de qué manera ellos están proyectando la comuna en un futuro”.
Traspaso de recursos a las fuerzas policiales
Durante los últimos días, el gobernador Ibacache, junto a distintos cores, llegaron hasta Santiago para sostener una reunión con el subsecretario del Interior Manuel Monsalve, en la Dirección de Presupuestos (Dipres) del Ministerio de Hacienda.
Desde el Gobierno Regional le presentaron al Ejecutivo una cartera de proyectos que alcanza un total superior a los $12.000 millones, y que se busca rebajar desde las arcas del GORE para ser traspasadas tanto a la PDI como a Carabineros y Gendarmería, para así cumplir con los compromisos en materia de combate al narcotráfico y ejecutar un efectivo control migratorio.
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