Aquí Coquimbo: delegado vs su padrino político y gobernador exige “taser” para Carabineros

Presentado por:

Bienvenidos a una edición más de Aquí Coquimbo, el newsletter de la IV Región.  Nos quedan las últimas dos semanas de enero y los turistas argentinos siguen copando la conurbación y el valle de Elqui. Ello se suma una evidente expectación por el clásico del fútbol chileno, por lo cual Ovalle tendrá que acoger a los miles de hinchas que llegarán a los hoteles de la capital limarina para buscar una fotografía o saludo de sus ídolos. ¿Ovalle pagará los platos rotos por lo que pueda hacer la Garra Blanca o Los de Abajo? Está por verse.

• Nuestro primer tema trata sobre una denuncia que llegó a Aquí Coquimbo, que apunta a posibles faltas en la administración que lidera el delegado presidencial provincial de Choapa, Jonatan Vega. A este se le acusa que bajo su gestión se ha incurrido en actos ilegales y faltas a la probidad. Además, abordamos cómo los problemas personales con su expadrino político, el exalcalde de Canela, Bernardo Leyton, dan que hablar en la provincia.
• Nuestra segunda noticia se relaciona con las repercusiones que ha tenido el tema que instaló el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, quien exigió al Ministerio del Interior que Carabineros use pistolas Taser. El gobernador de Coquimbo, Cristóbal Juliá, opina lo mismo y varios alcaldes de las 15 comunas respaldan la iniciativa, que claramente no gusta en el Ejecutivo.
• El tercer tema se relaciona con una entrevista a tres venezolanas residentes en la Región de Coquimbo, quienes relataron cómo ven el régimen de Nicolás Maduro en su país.
• Finalmente, te contamos cómo desde INIA están trabajando de manera innovadora para multiplicar semillas de agricultores de la región.

Denuncias por faltas administrativas y quiebre con su “padrino” político complican a delegado de Choapa

El pasado martes, a nuestro correo electrónico aquicoquimbo@elmostrador.cl, llegó una copia de una denuncia documentada sobre eventuales ilegalidades y posibles faltas a la probidad en la gestión del actual delegado provincial de Choapa, Jonatan Vega, exfrenteamplista y hoy militante de Acción Humanista.

La denuncia fue interpuesta por Álvaro Camus, un exfuncionario de la Delegación de Choapa en el gobierno anterior, el cual fue destituido tras un sumario. Camus efectuó la denuncia -vía correo electrónico- dirigida al subsecretario del Interior, Luis Cordero, durante este año.

¿De qué se trata la denuncia?

A mediados del mes de noviembre del año pasado, la Delegación Presidencial de Choapa contrató los servicios profesionales de Robert Araya Barrera, contador auditor de profesión. Araya tenía que hacerse cargo de la coordinación y gestión territorial del servicio de emergencia hídrica de la institución. Hasta ahí ningún problema. Sin embargo, en diciembre de 2024, la empresa Paumon SPA le facturó tres documentos -que no superan los 150 mil pesos- a la Delegación de Choapa, relacionados con la venta de insumos y galvanos deportivos. El problema radica en que el representante legal y dueño de la empresa es el mismo Araya. En otras palabras, siendo funcionario de esa repartición también facturó con su empresa a la institución.

Desde la Delegación Provincial de Choapa aclararon que las tres facturas no se pagaron, pues se hicieron notas de crédito para echar atrás esas compras. “Respecto a las facturas mencionadas, estas fueron revisadas conforme a los procedimientos internos de control y transparencia. Como resultado, se procedió a su anulación el día 24 de diciembre mediante la emisión de las correspondientes notas de crédito”, explicó el propio delegado, Jonatan Vega.

Otro aspecto relevante, según pudo indagar Aquí Coquimbo, es que las facturas mencionadas se habían pagado a través de la asignación de gastos de representación del delegado. El problema, según comenta gente cercana a Vega, habría sido que el funcionario que compró dichos insumos facturó, en circunstancias que sólo se requería una boleta.

Pero eso no es todo, pues Aquí Coquimbo accedió al oficio Número 4 -de fecha 07 de enero 2025- en el que Vega le informa a la jefa de División del Gobierno Interior, Vanessa Marimón Fuentes, que ahora el funcionario y empresario Robert Araya será el Jefe del Departamento de Administración y Finanzas de la institución.

En Canela la historia era similar

El vínculo del delegado Vega con Araya viene desde la Municipalidad de Canela, donde ambos trabajaron juntos. De hecho, el mismo Vega, en su calidad de jefe de Adquisiciones del municipio, ya había firmado órdenes de compra a favor de la misma empresa Paumon SPA.

Respecto de la contratación de Araya, el delegado señaló que “es importante precisar que dicho funcionario cumple funciones en el Departamento de Coordinación y Gestión bajo la calidad jurídica de honorarios desde su incorporación a la Delegación. Su contratación ha seguido todos los procedimientos establecidos por la normativa vigente”.

Inhabilidades

Aquí Coquimbo conversó con María José Lira, abogada, magíster en Derecho Público y académica de la Universidad Central, quien explicó que existen inhabilidades bajo este contexto, pues “ningún órgano puede celebrar contratos administrativos con el personal que esté en el mismo organismo, tampoco con algunos de sus parientes, ni tampoco con sociedades de personas o empresas individuales de las que formen parte o sean beneficiarios finales”.

Respecto de la situación puntual, la abogada expresó que “si se contrató con una empresa de la que él es parte como representante legal, esa contratación no pudo haberse realizado», agregando que «si la prestación se hizo, corresponde pagarla, pero deben hacerse las investigaciones disciplinarias internas para establecer por qué se contrató”.

De padrino político a no hablarse

Bernardo Leyton, histórico militante comunista, fue alcalde de Canela por 12 años consecutivos y ahora es concejal de la misma comuna. Leyton fue el padrino político de Vega, llevándolo a trabajar con él en distintos espacios relevantes al interior del municipio canelino durante los tres períodos que estuvo al mando.

El vínculo entre ambos es antiguo. Prácticamente eran vecinos y había lazos entre familias que los unían, pero algo pasó y a fines de 2023 y principios de 2024 esta especie de amor de padre a hijo putativo se terminó.

Cuando Jonatan Vega fue designado delegado por Choapa, en agosto de 2024, el quiebre con el entonces alcalde era absoluto. “No se hablaban, el alcalde ni lo miraba, problemas personales graves los distanciaron”, señala una fuente al interior del municipio de Canela.

Aquí Coquimbo se contactó con Leyton, pero este no quiso referirse a la situación. Lo que sí logramos comprobar es que la relación “paternal” ya no existe. Leyton -aún siendo el alcalde- jamás participó en actividades públicas con Vega cuando este ya oficiaba de delegado.

Incluso la hija del exalcalde de Canela, una vez que asumió Vega en el Gobierno, lo criticó duramente en redes sociales.

Según varias fuentes cercanas al entorno de ambos, la causa del quiebre serían problemas complejos -que involucran a familiares- y que podrían revestir una posible denuncia al Ministerio Público.

Gobernador de Coquimbo y alcaldes de la conurbación respaldan a Orrego y exigen pistolas “Taser” para Carabineros

“Comparto plenamente lo señalado por el gobernador Orrego respecto al uso de las pistolas Taser por parte de Carabineros”. Con esas palabras el gobernador de la Región de Coquimbo, Cristóbal Juliá (IND-EV), apoyó la crítica de su par metropolitano, Claudio Orrego, quien disparó contra el Gobierno y el Ministerio del Interior por no dotar a Carabineros de pistolas Taser (o eléctricas) para combatir la delincuencia

Los dichos del gobernador Orrego causaron polémica a nivel país y en la región. Consultado por Aquí Coquimbo, Juliá no se quedó atrás: “No podemos permitir que continúen ocurriendo crímenes ni que la delincuencia más violenta siga operando impunemente en el país. Por lo tanto, es urgente que el Gobierno acelere los protocolos correspondientes y no esperemos hasta marzo para que la policía uniforme cuente, en todo el país, con este tipo de dispositivos”, expresó el meteorólogo.

También agregó que este tipo de armas eléctricas son primordiales para la policía, aseverando que “la implementación de esta herramienta de control es esencial para enfrentar la creciente violencia de manera efectiva”.

Alcaldes de la conurbación en la misma línea

El alcalde de Coquimbo, Ali Manouchehri (IND), está de acuerdo con Cristóbal Juliá y apoya la moción de Orrego. Incluso, espera que los inspectores municipales accedan a este tipo de armas.

«En marzo del año pasado, junto a otros alcaldes, acompañé a los diputados Manouchehri y Ciccardini a una reunión con la ministra del Interior, Carolina Tohá, para apoyar la presentación de un proyecto de ley que busca que los funcionarios de seguridad municipal puedan tener elementos de protección personal, como, por ejemplo, armas de pulsaciones eléctricas o bastones retráctiles, para apoyar la importante y arriesgada labor que realizan. Es fundamental que tanto las policías como la seguridad municipal puedan contar con este tipo de herramientas que les permitan repeler ataques o agresiones, por eso espero que el Gobierno pueda poner urgencia a estas medidas», comentó el jefe comunal del puerto.

En tanto, la alcaldesa de La Serena, Daniela Norambuena (RN), fue crítica hacia la actitud del Gobierno en esta materia, indicando que «las autoridades llevan meses discutiendo si las policías pueden utilizar pistolas Taser, mientras los delincuentes y el crimen organizado poseen un alto nivel de fuego, con armas de guerra en algunos casos. Entonces, no se debe dudar a la hora de decidir enfrentar esta crisis de seguridad. Se requiere mayor agilidad».

Norambuena agregó que «es evidente que necesitamos que nuestras policías cuenten con la tecnología necesaria y, si estas pistolas ayudan, debe aprobarse su uso, sin olvidar que necesitamos mucho más
para enfrentar a los delincuentes, desde lo legal, lo institucional y en equipamiento. La seguridad es un eje primordial en mi gestión municipal. En ese sentido, estamos reforzando nuestros equipos de seguridad municipal y los territorios donde debemos apuntar. Considero que los funcionarios municipales podrían utilizar estas tecnologías no letales en la medida que exista la preparación y el personal idóneo para ello, lo que deberá resolverse legalmente».

Un poco más ambiguo fue el alcalde de Ovalle (Independiente, cercano a Chile Vamos), Héctor Vega, quien dijo que este tipo de ideas debe ser analizada rigurosamente: «Toda herramienta que contribuya a mejorar el combate a la delincuencia debe ser analizada con seriedad y responsabilidad. Los dispositivos como los Tasers pueden representar una alternativa efectiva en ciertas situaciones, pero se debe sopesar los beneficios y riesgos. Nuestra prioridad siempre será garantizar la seguridad de la ciudadanía, pero también velar por el respeto a las personas y por el uso proporcional de estas herramientas. Cualquier decisión en esta materia debe estar respaldada por un análisis técnico riguroso y un marco normativo claro que dé tranquilidad a la comunidad».

Finalmente, la alcaldesa de la Higuera, Uberlinda Aquea (PS), expresó que «me parece que Carabineros y la PDI tienen sus protocolos establecidos y estudiados. El uso de otros elementos de disuasión, como un Taser por ejemplo, lo debe evaluar el Gobierno con los estudios correspondientes. En nuestra comuna no tenemos seguridad municipal, por ende no está en discusión su implementación».

La mirada de tres venezolanas de la región ante la nueva asunción del dictador Maduro

Hace más de diez días, Nicolás Maduro asumió en Venezuela un nuevo período presidencial (2025-2031), viciado, tras no haber exhibido pruebas de su victoria en las urnas el pasado 28 de julio.

Aquí Coquimbo conversó y conoció tres versiones de venezolanas residentes en la región, quienes critican fuertemente la falta de democracia en su país. En la Región de Coquimbo, hasta el 2023, según la página web del Servicio de Migraciones, residen en la zona más de 20 mil venezolanos(as).

Linda Suárez nació en la ciudad de Mérida. Actualmente tiene 42 años y llegó a Chile junto a sus dos hijas, en septiembre de 2016. Trabaja en el Departamento de Migraciones del municipio de La Serena.

Respecto de qué sensaciones tiene de ver lo que está pasando en su país y la nueva asunción de Maduro, Linda comenta: “Miedo, muchísima impotencia y frustración, recordemos que en Venezuela los órganos no son capaces de hacer valer la voluntad popular, ya que tanto la institucionalidad electoral como la judicial carecen de un mínimo de autonomía respecto del régimen”.

Suárez también explica que siente muchos deseos de ver a su familia, y explica sus razones: «Después de tantos años, también siento la necesidad de plenitud y libertad de decir y hacer cosas triviales de mi cultura: abrazar, mirar, oler nuevamente al país que tuve que abandonar, entre otras cosas, por inseguridad y persecución ante el estado, por la escasez, delincuencia desatada y crisis sanitaria”.

Linda Suárez llegó a Chile en 2016. Critica fuertemente la dictadura que vive su país.

Por otro lado, señala: “Para mí, la dictadura tiene el tiempo contado, al menos eso decido pensar. El éxodo más grande en la historia de la región trajo consigo un cambio en la percepción de la ‘migración’ como jamás se había visto y, con ello, acciones insospechadas por parte de la comunidad internacional”. Agrega que “igualmente pienso que la situación de Venezuela también es una consecuencia directa de la inoperancia e inactividad de organizaciones internacionales y de otros Estados ante la realidad de vulneración a la que está sometida la población venezolana desde hace más de una década”.

Laura Guede tiene 54 años, proviene de Caracas, y también llegó a Chile en 2016. Ella comenta su frustración: «Siento una ira inmensa, acompañada de una gran tristeza, frustración, desamparo, un desánimo, porque ya quería regresar. Agradezco a Chile, en especial a La Serena, por su hospitalidad, pero extraño mi país, y más ahora que la xenofobia está a flor de piel, cosa que no viví cuando recién llegue aquí. Lo vivo ahora, entonces, es una mezcla de rabia, dolor, tristeza, desamparo, desesperanza y resiliencia, porque al final volver ahora no es una opción”.

En relación a qué aún hay sectores políticos en Chile que creen que Venezuela es un país democrático, se ríe y dice: «Los invito a ir a vivir, les doy de ejemplo mi caso, que por ser activamente de oposición, al salir de Venezuela quisieron hacerles daño a mis hijas. Por otro lado, un sargento mayor de la Armada ingresó a mi departamento y, aunque suene increíble, quemó todas mis cositas. Posterior a ello, sabiendo que no podría regresar por el peligro inminente, tomó posesión del mismo y actualmente vive allí. Yo para el Estado soy una traidora de la patria, al punto de tener imposibilidad de solicitar documentos como el antecedente penal o pasaporte. ¿Qué democracia es esa? Por favor abran los ojos”.

Finalmente, Yajaira Mujica Sánchez, de 52 años, expresó su descontento con el régimen de Maduro: «La situación política que está viviendo mi país es de aberración total; cómo es posible que a este mafioso nadie lo haya podido sacar. Tantos países que hablan de apoyo y nadie hace nada, entiendo que no quieran meterse en problemas que no les corresponde, pero muchos de nosotros, que estamos fuera de Venezuela, no es porque un día nos despertamos y decidimos agarrar las maletas y dejar toda una vida y a la familia atrás. Este problema político ha separado a muchísimas familias en todos los ámbitos”.

Respecto a Maduro, Yajaira comenta que “lamentablemente a este individuo lo protegen no sólo las Fuerzas Armadas, sino que también es respaldado por cada poder dentro del país, llámese Legislativo y Judicial y hasta el electoral”, cerró.

Desafíos para el 2025: Universidad Central Región de Coquimbo lidera la Primera Jornada Interuniversitaria de Enfermería

La carrera de Enfermería de la Universidad Central Región de Coquimbo fue la sede de la primera jornada interuniversitaria organizada por la Red Académica de Enfermería de la región. El evento reunió a estudiantes de las cinco universidades locales con el propósito de fomentar vínculos colaborativos y generar una alianza que impulse el trabajo conjunto a mediano y largo plazo.

Durante la jornada, que contó con la participación activa de estudiantes de primer a quinto año, se realizaron actividades de integración y un conversatorio centrado en los principales desafíos de la carrera para 2025. Las y los participantes destacaron la importancia de una vida universitaria más allá de lo académico, promoviendo el compañerismo y la colaboración como factores clave para cambiar la percepción de la carrera, tradicionalmente considerada estresante y demandante.

Agricultores fortalecen conocimientos para multiplicar semillas tradicionales

Un proceso inédito se ha vivido en la región, donde más de cien agricultores han obtenido por primera vez semillas de variedades tradicionales, como maíz y porotos, que fueron multiplicadas y obtenidas a partir de semillas conservadas por más de 30 años en el Banco Base de Semillas del Instituto de Investigaciones Agropecuarias INIA Intihuasi, en la localidad de Vicuña. Este trabajo inédito se ha logrado gracias al proyecto “Cultivos tradicionales de Chile: fuente de alimentos nutritivos para la seguridad y soberanía alimentaria del país”, ejecutado por INIA,  a través del apoyo del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, cuyo énfasis ha estado en la Provincia de Limarí.

Carolina Pañitrur, coordinadora técnica de soberanía alimentaria de INIA, destacó el objetivo del proyecto en la región, indicando que este “busca restituir las semillas tradicionales a los territorios, a la pequeña agricultura, semillas que fueron multiplicadas y obtenidas gracias al germoplasma conservado por más de 30 años en el Banco Base de Semillas». Asimismo, precisó que no se trata «solamente de entregar las semillas, sino también de entregar conocimientos teóricos y prácticos a los mismos agricultores, para que ellos continúen multiplicando las semillas y de esta forma poder ofrecerlas a otros agricultores”.

Iris lobos, directora nacional de INIA, agregó que “el convenio que tenemos con el Ministerio de Ciencias, permite sacar la tecnología que ya está en TRL sobre 7 hacia la comunidad, esto quiere decir que cuando nosotros tenemos tecnologías que ya están validadas, podamos llegar al agricultor de una manera más rápida”. Por cierto, «TRL» es la sigla de «Technological Readiness Level»; es decir, el nivel de madurez tecnológica de un producto.

Se trata de un trabajo que ha ido de la mano con diversos talleres teóricos y prácticos en los que se enseña a multiplicar las semillas, trabajo que a su vez es acompañado de visitas a terreno de investigadores de INIA y días de puertas abiertas en el Banco Base de Semillas.

Mirtha Gallardo, presidenta de la Asociación Gremial de Comunidades Agrícolas de la provincia del Limarí y dirigente campesina, comentó que “esta propuesta nace de las propias comunidades agrícolas, de los campesinos, comuneros, que pensaban que INIA tenía que abrirse, en el sentido de trabajar junto al campesinado, junto a los agricultores». También afirmó que «hoy es mucho el interés de poder avanzar, en tener una mejor alimentación, a contribuir al cambio climático, y en que queremos seguir viviendo en los territorios rurales, y esta es una manera efectiva”.

Uno de los objetivos a mediano plazo, impulsado a través de esta iniciativa inédita, es lograr la implementación de un banco de semillas comunitario, en donde las personas puedan producir y almacenar las semillas, así como ofrecerlas a otros agricultores para la obtención de alimentos sanos, aportando así desde la Región de Coquimbo en el resguardo de la soberanía alimentaria del país.

Presentado por:

Si tienes algún comentario, duda o información que quieras compartir, puedes escribirme a aquicoquimbo@elmostrador.cl.