La compañía de Gonzalo Vial guarda una larga lista de multas, recursos y denuncias en su contra en los lugares donde opera. Por ello, no es extraño que en la Sexta Región las sospechas la señalen como el más probable responsable de la contaminación del Lago Rapel. En San Pedro de Melipilla también los conocen, y los vecinos han vivido en carne propia malos olores, moscas y derramamiento de riles.
No huelen nada bien las acusaciones lideradas por el senador Juan Pablo Letelier y la Cámara de Turismo de Rapel que señalan a la empresa Agrosuper como la responsable de la grave contaminación que afecta al Lago Rapel en la Región de O’Higgins.
Porque aunque la compañía de Gonzalo Vial rechaza cualquier vinculación de la planta de tratamiento de aguas servidas de su planta de Valdebenito con la grave contaminación que afecta al lugar, y que ha dejado literalmente damnificada a la actividad turística, el largo listado de multas, sanciones y acciones legales que ha enfrentado el principal productor de carnes y alimentos del país no se condice con la «constante preocupación por el medio ambiente» que la empresa expresa en su página web.
Esta, dicen ellos, se encuentra respaldada con una inversión de más de 350 millones de dólares en tecnología de tratamiento de aguas durante la década de los 90, además de los 75 millones de dólares en la construcción de sistemas de tratamientos de purines de cerdos que inyectó a partir de 2000.
A pesar de esto, desde 2001 hasta la fecha la Corema de la VI Región y la RM les ha cursado multas por 6.680 UTM (251.515 millones de pesos). Los temas recurrentes son acumulación, derrame y acopio de lodos, problemas con derrame de riles (residuos líquidos) y problemas con las lagunas de tratamiento. Y en su mayoría coinciden con los sitios donde se han presentado fuertes conflictos con los vecinos.
En la mira de Fra Fra
No es la primera vez que Agrosuper enfrenta acusaciones en la VI Región. A principios de año en el sector sur del lago, en la Bahía Chila, hubo una situación similar a la actual pero en menor escala. Allí se formó la mesa público-privada que actualmente estudia esta nueva situación, y que en ese momento no logró determinar culpables.
Pero, al igual que en este último episodio, las sospechas de los habitantes del sector y los socios de la Cámara de Turismo apuntaban a Agrosuper.
Anteriormente, en 2003, la compañía, que posee ventas totales por más de US $ 700 millones de dólares anuales, también estuvo en la mira del ex senador Francisco Javier Errázuriz. Pero esa vez el conflicto se situaba en la comuna de Peralillo, en un sitio que se conecta con el río Tinguiririca y el estero Las Cadenas.
En ese tiempo, «Fra Fra» denunció que las actividades de sus vecinos del fundo El Suspiro, de la sociedad Agrícola Trinidad Limitada del grupo Agrosuper, estaban provocando un problema ambiental que afectaba sus actividades agrícolas, que incluía la producción de vinos.
Por ello, presentó un recurso de protección solicitando la inmediata suspensión de las descargas de riles no tratados y la construcción de sistemas de tratamiento que impidieran la contaminación de la zona. Para reforzar sus argumentos, el ex dueño de Unimarc encargó un informe a la Corporación Sintesys, que a través de una prospección satelital de la zona, concluyó que había descargas clandestinas de riles al Estero Las Cadenas que desemboca en el Lago Rapel. Y constató que se estaba trabajando sólo con una laguna de tratamiento de riles, ya que su hermana, que se había incluido en la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), no había sido construida.
Debido a esto, la laguna existente se habría visto sobrecargada, dejando superficies de lodo expuestas al aire, lo que «debió quedar de manifiesto por la generación de malos olores y moscas en toda la zona, proyectándose hacia el Embalse Rapel», explica el documento.
Paralelamente, la comunidad de La Estrella interpuso otro recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Rancagua. Y luego, Errázuriz presentó una querella criminal contra quienes resultaran responsables, a raíz de lo cual la plana ejecutiva de Agrosuper tuvo que declarar por petición de la Brigada de Delitos Medioambientales (Bridema).
Esta última realizó un informe que ratificaba lo expuesto por la Corporación Sintesys. Ninguna de estas acciones fueron favorables a los demandantes, lo que según el abogado Mauricio Daza, que en esa época representaba al parlamentario, se traduce en que «Agrosuper se ha transformado en un poder económico muy relevante en la zona que a la larga amedrenta a la autoridad. Mucha gente me dijo que no tenía sentido que atacara a Vial, que era un gran benefactor del área».
En vista de las nuevas sospechas que levanta la empresa en la zona, Daza cree «que hoy existen condiciones para que la autoridad en forma imparcial pueda estudiar qué pasa realmente con Agrosuper, porque hay indicios claros de que son los responsables de la contaminación en la zona y nadie se ha atrevido a investigar en forma profunda. Ya es hora de que ocurra».
Desde Agrosuper, explican que «las empresas grandes están siendo fiscalizadas y auditadas permanentemente por lo que es normal que existan procedimientos ya sea de investigación, aclaración, entre otros. Y nuestra empresa cuenta con certificaciones ambientales realizadas por auditorías independientes internacionales, que van más allá de la legislación vigente».
Mal olor en Melipilla
La compañía líder en el mercado de cerdos, aves y pavos, también ha enfrentado conflictos en la Región Metropolitana. Los más importantes en la localidad de San Pedro de Melipilla.
En 2005 una familia de la comuna de San Pedro presentó un recurso de protección, aduciendo que en invierno las lluvias de una planta ubicada en Ñihue rebalsaron una piscina de purines que escurrió hasta las casas cercanas. En diciembre de 2006 la Corte Suprema falló en contra de Agrosuper, ya que dictaminó que funcionaba en forma «ilegal» y le exigió que debía construir una segunda piscina, pero sin contaminar.
Luego, en 2006 la junta de vecinos de La Manga de Bucalemu denunció a la Fiscalía de Melipilla contaminación ambiental provocada por la empresa. La comunidad, detallaba en una carta enviada a la fiscal jefe, Solange Huerta, olores «nauseabundos», gran cantidad de moscas, aguas contaminadas y muerte de animales por beber en el agua del estero Maitenlahue. La descripción de la misiva detallaba que «las piscinas se rebalsan, cayendo a un tranque de un vecino y estas a su vez se rebalsan , cayendo al estero. De ahí son llevadas hasta la reserva Nacional El Yali y de ahí a Bucalemito, en Santo Domingo, al mar».
Denuncia que fue constatada por el Servicio Nacional de Pesca, luego de que Huerta iniciara una investigación al respecto y les encargara información. La fiscal, según explica el abogado Lorenzo Soto, que representa a los vecinos afectados, concluyó que Agrosuper había contaminado el área, que la situación era grave y que amenazaba la salud de las personas. Pero que no había delito porque no había ánimo delictual para cometerlo.
«Como en Chile no hay delitos medioambientales, causas por daño a la salud humana, por ejemplo, deben ser actos ejecutados por personas con intención manifiesta de causar daño. Y en este caso la fiscalía estimó que no había un delincuente actuando bajo cánones clásicos de delito», explica Soto. Por ello, la causa fue sobreseída este año por el Tribunal de Garantía.
Para el profesional, las acciones de la compañía de Vial son irresponsables, y asegura que «ellos obtienen autorizaciones ambientales y las incumplen. Tienen una pauta persistente y sistemática de incumplimiento que hace que actúen casi al margen de la ley».
Por ello, junto al abogado Alfredo Morgado están evaluando escenarios legales posibles para perseguir responsabilidades de Agrosuper en otros frentes de la zona.
