El caso de la muerte de Antonia Garros le dio visibilidad al tema de la falta de sanciones en la violencia en el pololeo.
La ministra (s) del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, Bernarda Pérez, se refirió al caso de violencia en el pololeo que ha causado conmoción pública y que congregó a miles de personas este sábado en Concepción bajo el lema #JusticiaparaAntonia.
«El caso de Antonia viene a relevar una preocupación sistemática que hemos tenido como gobierno sobre el tema», dijo la ministra, recalcando que el 25 de noviembre pasado, la presidenta Michelle Bachelet firmó un proyecto de ley para ampliar el concepto de violencia intrafamiliar y modificar la ley de violencia vigente.
De esta forma, el nuevo proyecto busca modificar el código penal sobre cómo se tipifica la violencia intrafamiliar, que actualmente establece que debe existir convivencia o tener un hijo en común para que la ley actúe.
«Estamos sacando la violencia de un espacio familiar íntimo a uno público, por lo que también va a penalizar acciones que están en el pololeo e incluso en parejas del mismo sexo», afirmó.
«La violencia es un círculo que se mueve muy silenciosamente, por eso estamos apoyando a la familia y hemos firmado un patrocinio de apoyo para acelerar el proceso de búsqueda de información que ayude a resolver el caso de Antonia», destacó la ministra subrogante.
De esta forma, la prevención parece ser la mejor alternativa. «Las mujeres tenemos derecho a vivir una vida sin violencia. Por eso, convocamos a todos los pololos para que observen sus relaciones, pues nada que tenga relación con el amor debe estar relacionado con el control», enfatiza Pérez.
Otras áreas del nuevo proyecto
Además, el nuevo proyecto sobre violencia considera no sólo la violencia entre parejas, sino de todo el ámbito familiar que involucra a una familia que vive violencia.
También establece una coordinación más eficiente entre las policías y los Tribunales de Familia por las medidas cautelares que deben resguardar a una víctima de violencia
Otro punto de la nueva ley es que modifica el articulado de que quien ejerce la violencia termine cobrando la pensión de la víctima aún cuando ésta muriera por femicidio.
