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El caso de Antonia Garros (23) en Concepción trajo al debate público la violencia en el pololeo y por qué las actuales leyes e institucionalidad no la protegieron. La joven había denunciado constantes maltratos físicos y psicológicos, y aún no está claro qué pasó cuando cayó desde un piso 13 en medio de una discusión con su ex pareja.
La familia de Antonia Garros está a la espera de los resultados de la investigación que determine si la muerte de la joven fue producto de un suicidio o un femicidio. Ellos tienen sus dudas, pues Garros había denunciado a Andrés Larraín Páez por violencia y maltrato en el pololeo, aunque la normativa vigente no lo sancione.
Desde que Chile retornó a la democracia, se han elaborado dos leyes que previenen y sancionan la violencia intrafamiliar. Hasta ese momento, los tribunales chilenos sólo habían emitido 115 fallos sobre violencia doméstica durante el siglo XX.
Fue en los años ’70s cuando en el mundo empezó a tomar fuerza la discusión sobre este tipo de agresiones. Era paralelamente una época de gran violencia y represión en Chile, pero de carácter político. Las mujeres violentadas tanto por sus parejas como por la dictadura fueron, poco a poco, sacando la voz hasta instalar a fines de los ’80 -y con plebiscito de por medio- el tema en la agenda pública.
«Estábamos saliendo de dictadura y teníamos que mostrar como país que estábamos haciendo progresos en materias como la violencia de género «, explica Silvana del Valle, abogada la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres.
Así, se fue haciendo necesaria la elaboración de una ley contra la violencia doméstica, que terminaría enmarcada en el concepto de violencia intrafamiliar. Por moción de los diputados Adriana Muñoz y Sergio Aguiló se dictó la ley N° 19.325 en 1994, en un primer intento por abordar el problema.
«Cuando se comienza a legislar en Chile se toma la opción política de hacerlo bajo la figura de violencia intrafamiliar. Era la época de retorno a la democracia, con senadores designados y con una corriente muy conservadora que le interesaba proteger más lo que ellos consideraban familia que a las víctimas propiamente tal», explica la abogada del Valle.
En la normativa, se establecieron políticas de control y prevención de este tipo de agresiones, y se instauraron centros para atender a mujeres maltratadas. Sin embargo, problemas en la falta de recursos, la ausencia de tribunales especializados y la exclusión de tipos de agresores como ex parejas y convivientes, entre otros problemas, llevaron a que el 2005 se aprobara una segunda ley (N° 20.066), originada por moción de la misma diputada Muñoz y de María Antonieta Saa.
La nueva legislación especificaba en forma detallada el marco de acción al que deberían ceñirse los Tribunales de Familia, definió las situaciones de riesgo e intimidaciones a las que podrían estar expuestas las víctimas e impuso al Estado obligaciones para prevenir la violencia intrafamiliar y prestar asistencia a sus víctimas.
Sin embargo, en ese momento dejó fuera la figura de violencia dentro del pololeo, restringiendo el marco legal a las parejas que eran o habían sido convivientes o tenían un hijo en común.
«El problema de la ley fue tipificar la definición de qué es el pololeo. En la discusión, el pololeo no fue considerado como una relación formal, si no algo de carácter esporádico, que no implicaba convivencia, por lo tanto no califica dentro de la ley de violencia intrafamiliar, que es la que sí aplica las penas y donde existe la figura del femicidio», explica Mariana Madariaga, directora de la ONG «Pareja sin Violencia».
«Al ser relaciones consideradas como informales, porque son parejas que podrían separarse en cualquier momento, ha faltado la voluntad de entender que éste es un problema complejo porque es la base de la violencia intrafamiliar», asegura Madariaga. «Hay estudios internacionales que demuestran que muchas de las mujeres que terminan siendo víctimas de femicidio partieron con pololeos violentos», agrega.
Cifras alarmantes de violencia en el pololeo
Según las cifras no oficiales, el 10% de las muertes en manos de sus parejas fue en relaciones de pololeo y ex pololos. Pero eso no es todo.
La Encuesta Nacional Bicentenario 2012 reflejó que el 56% de los jóvenes mayores de 18 años no considera ni delito ni maltrato abofetear a su polola por «coquetear» con otro hombre.
También en la VII Encuesta Nacional de la Juventud del 2013, el 13% de los consultados reconoció haber empujado, zamarreado o golpeado alguna vez a su pareja. Además, el 12% afirmó restringir o prohibir las amistades y el 10% dijo vigilar a su pareja.
Ese año la ONG «Pareja Sin Violencia» realizó un sondeo en la comuna de Maipú cuyos resultados tampoco fueron alentadores: de un total de 1.412 jóvenes de entre 14 y 19 años, el 49,92% reconoció sufrir algún tipo de violencia en pareja. Así mismo, el 30,74% de los encuestados sufrió violencia psicológica, el 14,77% padeció de violencia física, y el 11,09% fue víctima de violencia sexual.
Y las cifras estarían por debajo de la realidad, pues la violencia en el pololeo no se da necesariamente como agresiones físicas. «Al estar anclada en el maltrato sicológico se restringe la cantidad de denuncia, ya que es muy difícil de probar», explica Madariaga.
La experiencia de diversas ONGs que trabajan en la prevención de la violencia en colegios y universidades determina entonces que es necesario enseñar lo antes posible cómo evitar este tipo de conductas.
«En nuestra experiencia hemos visto como los menores de 18 años creen que el golpe es el punto de partida de la violencia, cuando todo parte con las agresiones sicológicas desde temprano. El golpe es el final del ciclo de violencia», sostiene Madariaga.
La necesidad de prevenir desde temprana edad también es lo importante para Tomás Honorato, director ejecutivo de la Fundación Honra.»Ya desde los 12 ó 14 años se empieza a manifestar este tipo de violencia, pero la sociedad ha naturalizado y minimizado estos casos», señala.
Urge un nuevo proyecto
«Esta es una legislación anacrónica que no se ha adaptado a los nuevos tiempos. Es imperativo que exista una ley que sancione la violencia en el pololeo, porque actualmente Carabineros no toman las denuncias ni los tribunales se hacen cargo, porque no tienen competencia», explica Honorato.
En marzo de 2013 el ex Presidente Sebastián Piñera envió al Congreso un proyecto de ley que sancionaba la violencia en las relaciones de pololeo y perfeccionaba la actual normativa. La ley buscaba castigar la violencia física, sicológica y sexual contra la mujer perpetrada en relaciones de pareja no necesariamente de convivencia.
La Presidenta Michelle Bachelet hizo lo propio y en noviembre del año pasado firmó un proyecto que amplía diversos aspectos de la ley y agrega la figura de violencia en el pololeo, entre otros.
«Modificar la ley e incluir esta figura depende de la voluntad de algunos de legislar», asegura Madariaga de «Pareja sin Violencia.
Para la abogada del Valle, de la Red Chilena de Violencia contra la Mujer, «ha habido una resistencia a legislar sobre el tema por el concepto de familia que quieren imponer algunos sectores», aunque reconoce que de a poco se han ido considerando nuevas agentes agresores.
Del Valle explica que en otras partes del mundo también ha habido resistencia de incluir relaciones ajenas al concepto tradicional de familia, como en EEUU. Sin embargo, en países europeos se han definido principalmente dos figuras: la relación sentimental que socialmente es considerada como pareja, y personas que tienen relaciones sexuales aunque no vivan juntos.
«Hay países que han avanzado más en el tema, sin centrar la discusión en la familia porque con eso se saca el foco de quién es realmente la víctima y no establece el derecho a la mujer a vivir una vida sin violencia «, asegura del Valle.
