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Activistas piden considerar este caso como aborto terapéutico ya que en ese país no se permite interrumpir el embarazo producto de una violación.
El caso de una niña de 13 años embarazada por una presunta violación de su padre en Costa Rica reabrió el debate entre activistas de los derechos de la mujer y los críticos del aborto, en una discusión que lleva al menos 10 años en el país centroamericano sin que se resuelvan jurídicamente los alcances de la interrupción del embarazo en situaciones como ésta.
La ley costarricense permite la aplicación del aborto para casos en los que corra peligro la vida de la madre o se comprometa su salud, pero no para los embarazos producto de violaciones. Organizaciones feministas y de derechos humanos presionan por la aplicación real de esa norma y por su ampliación a situaciones como la de la niña víctima de su padre. Ella y su hermano relataron a su madre detalles de la violación contra la niña que habría ocurrido durante una visita de los menores en la casa de su progenitor.
“Ella vino donde yo estaba sentada y me dijo: mami yo no voy a cometer un crimen más grande que mi padre. Si Dios quiere este niño va a nacer bien, él no tiene la culpa de lo que está pasando”, relató Yorleny Sandoval, madre de la menor en declaraciones dadas a Canal 6.
Sin embargo, algunos dudan de que la niña -que tendría dos meses de embarazo- esté realmente segura de su decisión. Costa Rica es un país confesional por mandato de la Constitución y la Iglesia recibe aportes del Estado.
El vocero eclesiástico, Sixto Varela, aseguró a un periódico que la niña “tiene que agradecer a Dios este regalo y no sentirse culpable” y que la Iglesia le ofrece ayuda psicológica y material con el bebé.
La ONG Acceder también ofreció asesoría jurídica, aunque con un enfoque contrario. Larissa Arroyo, abogada del organismo, declaró a Efe que la legislación costarricense permite interrumpir el embarazo cuando la vida o la salud de la madre se encuentran en riesgo. “Ella es una víctima de violencia sexual e incesto. Hay que ver lo que esto implicará en el proyecto de vida de la niña, el trauma emocional que le provocará cargar con un hijo que es de su propio padre”, manifestó Arroyo.
Para Arroyo, la salud física y mental de la menor se encuentra en peligro, ante lo que instó a las autoridades de salud del país a practicarle el aborto terapéutico.
La oficina local de las Naciones Unidas, llamó al Gobierno a actuar de forma decidida contra la violencia sexual. Lo hizo en un comunicado similar a uno del Comité de Derechos Humanos de la ONU, de marzo del 2016, en el cual instaba al país a legalizar el aborto en embarazos producto de violaciones. La reacción entonces fue de rechazo, incluso de parte del presidente Luis Guillermo Solís, más cercano a posiciones progresistas.
Desde el Gobierno han mantenido opiniones cautelosas con este caso, previo a las elecciones generales del 2018. El aborto será de nuevo un tema de campaña electoral y los aspirantes presidenciales saben que de su respuesta puede depender el apoyo o no de sectores considerables, sobre todo los relacionados con grupos religiosos que tienen poder y seguidores suficientes para provocar triunfos o derrotas. También los vinculados a una corriente defensora de los derechos humanos de las mujeres, que presionan a los partidos políticos por una agenda más progresista.
Días antes de conocerse este caso, varios precandidatos han expuesto sus posiciones sobre el aborto en casos de violación y solo uno de ellos, José María Figueres (Liberación Nacional, PLN) favorece una reforma para ampliar la ley y despenalizarlos. Su oponente directo en ese partido, el empresario y diputado Antonio Álvarez Desanti (apoyado por el expresidente Óscar Arias) prefiere dejar las cosas así: “Si una mujer ha sufrido un acto tan detestable como una violación y no quiere tener el hijo, debe dejarlo nacer y darlo en adopción”. Con él coincide el aspirante oficialista Carlos Alvarado de Acción Ciudadana, según El País.
