Debate
María del Pilar López fue condenada a 15 años de cárcel y debe cumplir su pena hasta marzo del 2019. Sin embargo, ella no es una interna más, pues es una de las decenas de personas transgénero que están recluidas en las cárceles del país encerradas por su sexo biológico, pero no por el que sienten al que pertenecen realmente.
En Chile no existen cifras oficiales de cuántas personas trans están cumpliendo condena en los recintos penitenciarios. Y si bien desde hace cuatro años se discute una Ley de Identidad de Género en nuestro país, hasta ahora -y pese a que la semana pasada el Senado aprobó el cambio de sexo en el Registro Civil- quienes deben ir a la cárcel tienen que hacerlo según su sexo biológico.
Pero el problema de qué hacer con los presos transgénero es una discusión que existe a nivel mundial, sobre todo por la alta discriminación que viven a diario, tanto de internos como de los funcionarios a cargo. Por un lado está el riesgo de sufrir un ataque sexual por parte de sus compañeros y por otro, las burlas y abuso de poder que se da de quienes deben custodiar su encierro.
El Director del Observatorio Social Penitenciario, Galo Muñoz, reconoce que en Chile las personas trans son discriminadas. «Hay una conducta muy machista en la cárcel. Les dicen ‘maricón’ y piensan que todos se pueden meter con los homosexuales o los transgénero. Además, Gendarmería es una institución machista y que está poco preparada. Es un problema generacional también de quienes están en contacto con los internos, donde hay ignorancia sobre estos temas», explica.
Muñoz cuenta que existían penales en nuestro país con módulos especiales para esa población penal, como en Quillota, pero ahora están distribuidos en distintas cárceles. Eso sí, asegura que depende de cada centro como se trata a los trasn. «En el penal de Rancagua yo veo a las chiquillas con tacos sin problemas», dice.
Mantenerlos separados es la solución que se da en varias partes del mundo, aunque para algunos no es la mejor alternativa por el excesivo aislamiento que viven. En otros países como Reino Unido, una persona trans puede pagar su pena según corresponda a su identidad de género acreditada en un certificado de reconocimiento legal de género, es decir, el cambio de sexo en documentos y registros oficiales.
Pero esa posibilidad no existe para María del Pilar ni para las otras tres internas transgénero en el centro penal de Huachalalume, en La Serena, ni para las otras presas en nuestro país. Es por eso que en estos años ha debido enfrentar una serie de juicios contra Gendarmería para exigir el respeto de sus derechos como mujer trans.
«He sido torturada, se me ha hecho desnudar y mostrar los senos delante de los demás internos en los distintos penales del país. Me tuvieron que sacar de la cárcel del Biobío por torturas. Fui llevada a la Penitenciaría donde fui discriminada por los gendarmes. Posteriormente fui trasladada a Iquique y me volvió pasar lo mismo, me desnudaron en varias ocasiones delante de los demás internos. Me trasladaron a Antofagasta donde me golpearon y amenazaron, teniendo que recurrir a la justicia nuevamente. Me trasladaron ahora a La Serena donde no he tenido derecho a estudio ni educación ni talleres ni actividades recreativas», denuncia López.
María del Pilar López ha ganado seis fallos en tribunales debido a torturas, discriminación y represalias que funcionarios de Gendarmería han ejercido sobre ella: el primero con fecha del 8 de marzo del 2016 en la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Concepción, y luego el 29 de julio y 9 de diciembre del año pasado en la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Iquique. Además, el 25 de enero de este año el Juzgado de Garantía de Antofagasta declaró que Gendarmería debería adoptar «las medidas necesarias acerca del trato que debe dársele a las recurrentes en consideración a su identidad y expresión de género en el régimen interno cotidiano» en relación a López y otras dos mujeres transgénero del mismo penal.
Lo que se suma a dos fallos de la Corte Suprema en marzo y mayo del 2017 que no sólo han respaldado los expuesto por María del Pilar sino que han confirmado los abusos y torturas contra ella.
El primer recurso que López presentó fue cuando estaba en el Centro de Cumplimiento Penitenciario Bio Bio. Según los hechos descritos, el martes 16 de febrero de 2016 se llevó a cabo un allanamiento en el módulo donde estaba. Ese día a María del Pilar se le habrían efectuado en dos oportunidades registros corporales, siendo obligada a desnudarse en el patio debido al procedimiento, donde además fue golpeada por negarse hacerlo.
Este recurso de amparo fue acogido estableciendo que Gendarmería debía velar porque su personal cautele la integridad física de los internos «garantizándoles un trato digno, dando estricto cumplimiento a lo establecido en las leyes, la Constitución Política de la República, los Tratados Internacionales y, en forma especial, a lo dispuesto en la Convención contra la Tortura». Además, establece que «los mismos funcionarios adoptarán las medidas compatibles con el servicio en orden a instruir al personal de su dependencia acerca del trato adecuado que debe dársele a (María del Pilar), en consideración a su particular situación de transgénero».
A su vez, en el recurso de protección que presentó en la Cárcel de Alto Hospicio (Iquique), se reconoce que María del Pilar había sido víctima de actos de discriminación y malos tratos por parte de los funcionarios el 17 de noviembre de 2016 «al haber sido, en el contexto de un procedimiento de seguridad, obligada a desnudarse frente al resto de la población y revisada por personal masculino de Gendarmería, siendo objeto de burlas al estar en un proceso de cambio hormonal para adecuar su yo externo al interno».
En el documento se puede leer que se adjunta la Minuta Informativa Nº1743/16 de 5 de diciembre pasado del Jefe de Tecnovigilancia al Alcaide del complejo penitenciario, «remitiendo grabación de ‘interno homosexual’, oficio en el que se indica que se observa al ‘interno Rodrigo López B, ‘ con vestimenta femenina».
El tribunal entonces decretó que Gendarmería debía velar porque su personal «trate a doña María del Pilar López B. por su nombre social», adoptando las medidas necesarias con respecto a su identidad y expresión de género. Además, establece que las medidas de seguridad (inspecciones corporales) deben ser realizadas «por personal femenino de enfermería en presencia de personal del mismo sexo de la Institución, en la medida que no existan otros medios técnicos menos invasivos» y que el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Alto Hospicio deberá «capacitar a sus funcionarios en materias relacionadas con identidad de género, orientación sexual y expresión de género».
«Cuando yo presenté mi primer recurso de protección en Iquique y después la Corte Suprema confirmó el fallo de Iquique, Gendarmería optó por trasladarme al penal de Antofagasta. Allí hubo las mismas complicaciones y yo presenté un recurso de protección a la Corte de Apelaciones de Antofagasta y la Corte Suprema también confirmó el fallo de esa corte», señala María del Pilar.
Ahora volvió a presentar otro recurso a la Corte de Apelaciones de La Serena porque cree que va a pasar lo mismo. «Por esos argumentos, y por no cumplir los fallos de la Corte Suprema es que recurrí a la Corte de Apelaciones nuevamente. Existen muchas irregularidades por parte del capitán en jefe interno subrogante que trata muy mal a nosotras las transgénero, no como al resto de la población penal. Nos tratan como hombres, no se respeta nuestra identidad de género, nos dicen ‘caballo’ y palabras homofóbicas y hay negligencia médica. Yo me contagié de Hepatitis C y no me han dado tratamiento y he pedido audiencia con el Alcaide y no me han dado ninguna solución», asegura.
«Me llaman Rodrigo y yo me llamo María del Pilar, eso quedó estipulado por resolución de la Corte Suprema que tenían que llamarme por mi nombre social respetando mi identidad de género», sostiene. Además, cuenta que no se les permite ingresar ropa de mujer con facilidad y que parte de los castigos que recibe es que le dejen de dar hormonas femeninas.
«Cada vez que yo les gano en tribunales toman la decisión de trasladarme y voy a tener que volver a empezar de nuevo, eso creo que no es lo correcto. Como estas resoluciones no son respetadas vamos a recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y demandar al Estado chileno porque se están violando mis derechos humanos como persona, no sólo mi identidad de género sino como ser humano», manifiesta López.
Además de su abogado, su caso está siendo supervisado por el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh). “Se exigió a Gendarmería respetar el nombre y sexo social de López, erradicar toda forma de discriminación o abuso basado en la identidad de género y capacitar a los funcionarios de los penales involucrados en temáticas de diversidad sexual y de género. Pues bien, nada de ello ha ocurrido, lo cual es de gravedad extrema, en particular porque algunos de estos fallos fueron dictados hace más de un año.”, señaló el Movilh.
“En cinco oportunidades López ha denunciado que no se cumplen los fallos y en todas las ocasiones los tribunales han dado la razón a la interna, la cual ha debido ser traslada a penales de diversas regiones para supuestamente prevenir abusos, pero estos siguen ocurriendo”, explicaron en el organismo.
Es por eso que el Movilh comunicó los nuevos antecedentes al Departamento de Derechos Humanos de Gendarmería. Desde el 2014 se firmó entre ambas instituciones un convenio para establecer un marco de cooperación mutua con la realización de capacitaciones, talleres y diversas actividades orientadas a fortalecer la «promoción y protección de estándares de inclusión, no discriminación y respeto a la diversidad sexual en el ámbito nacional y aplicados al quehacer penitenciario».
Para Galo Muñoz, Director del Observatorio Social Penitenciario, «hay mucho que trabajar, con la población trans, con los homosexuales, con los jóvenes, en la reinserción. En este caso, Gendarmería puede decir que los fallos se acatan pero no hay mecanismos de control para saber que efectivamente se les trate por el nombre social o se respeten los derechos en el día a día».
Gendarmería declinó referirse al tema.
