Controversia
La objeción de conciencia en el área de la salud parece ser un tema difícil de afrontar cuando se enfrenta al derecho de las personas a recibir la atención que garantiza la ley y el pensamiento de los profesionales involucrados. Es por eso que mientras se discute la despenalización del aborto en las causales de riesgo de vida de la madre, inviabilidad fetal y violación, la objeción de conciencia parece ser la nueva piedra en el zapato del proyecto de ley.
Durante su cuenta pública, el rector de la Pontificia Universidad Católica, Ignacio Sánchez, acusó discriminación del Gobierno por no querer ampliar la objeción de conciencia al equipo médico como a las instituciones y reiteró que en los recintos asistenciales que están a su cargo no se practicarán abortos. «Esta es una discriminación inaceptable que refleja la falta de comprensión de lo que significa un equipo de salud. Los profesionales que lo integran requieren respeto y valoración de su trabajo, no se aprobó respetar tampoco el ideario institucional», dijo.
Esta no es la primera vez que Sánchez daba a conocer su postura. Ya en marzo de 2016 había pedido la objeción de conciencia institucional. “Vamos a pedir la objeción de conciencia por escrito, o como haya que hacerlo, a todos los médicos”, declaró en esa oportunidad.
«Esto es inaceptable ya que vulnera la libre voluntad de asociación de una organización y reiteramos con mucha fuerza y energía que no se realizarán abortos en nuestra institución», recalcó en esta oportunidad. Y no quedó ahí. En Radio Bío Bío, Sánchez propuso hacer un listado de los centros que se realicen los abortos para determinar que instituciones lo hacen y quede definido donde no quieran practicarlo.
Constanza Fernández, coordinadora de investigación de la Corporación Miles, señaló sobre los dichos del rector que «si bien las instituciones privadas pueden establecer normas que protejan sus libertades ideológicas y religiosas, limitando prácticas de prestaciones que estén en contra sus principios, estas no pueden tener como fundamento la objeción de conciencia, sino solamente respetar sus propios criterios éticos, pero solo cuando se tratan de instituciones privadas. Ahora cuando estamos hablando de instituciones como la Universidad Católica, que sí reciben fondos públicos, no pueden ser objetores de conciencia porque ellos no son privados cien por ciento. Por tanto, ni el rector ni sus prestadores de salud pueden institucionalmente objetar conciencia en este proyecto de ley y esperamos que ellos cumplan con la normativa que se va establecer una vez aprobada las tres causales».
Buscando el acuerdo político
La objeción de conciencia es también el tema que la Democracia Cristiana ya pidió ampliar al resto del equipo médico. Ante la amenaza de que el proyecto se entrampe, el Gobierno se abrió a la opción de alcanzar un acuerdo para lograr una mayoría y lograr aprobar la ley.
“El proyecto se va a votar en el plazo que corresponda, de acuerdo a la urgencia que le ponga el Ejecutivo. Los senadores de la DC -sin perjuicio de que hay distintas posturas respecto del proyecto aprobado por las respectivas comisiones- hemos acordado que efectivamente se tiene que consagrar la ‘objeción de conciencia’, no solo para los médicos, sino que también para el personal que trabaja con los médicos (…), salvo obviamente cuando hay peligro de la vida de la madre”, dijo esta semana el senador Patricio Walker.
Desde la oposición han acercado su postura a la DC. El senador Hernán Larraín (UDI), integrante de la comisión de Constitución, no sólo se ha mostrado a favor de ampliar la objeción de conciencia para todo el equipo médico, sino tambipen a la institucional. «En la medida que la amplíe para todo el equipo médico, ciertamente se identifica con nuestras indicaciones», sostuvo.
Por su parte el senador Alberto Espina (RN) también manifestó que «la indicación respecto del derecho del equipo médico a negarse a hacer un aborto es nuestra. Si ella coincide con el senador Araya y la DC, bienvenido sea».
El tema adquirió relevancia luego de que este lunes, el senador Pedro Araya, independiente pro DC, abandonó la comisión de Constitución lo que impidió despachar el proyecto. Ante el revuelo, el gobierno se mostró finalmente favorable a discutir el tema.
«Como Ejecutivo planteamos una opción que es la que el médico tenga esta objeción de conciencia, sin embargo, estamos en un país democrático y donde se discuten estos temas es precisamente en el Congreso, por lo tanto veremos cómo se va avanzando», dijo la ministra de Salud, Carmen Castillo.
La ministra de la Mujer, Claudia Pascual, tampoco quedó indiferente y aseguró que «si hay un margen, si hay un espacio que nos permita seguir teniendo una mejor mayoría estamos dispuestos a explorarlo, si no vamos a votar como está».
Qué dicen en el área de la salud
La ampliación de la objeción de conciencia al resto del equipo médico es apoyada por el saliente presidente del Colegio Médico, Enrique Paris, pese a que cree que esto puede generar diversos inconvenientes en el sistema público. «En el sistema público de salud no es dable que todos hagan objeción de conciencia o que se prepare el sistema para que esté preparado un equipo que no tenga objeción de conciencia. El sistema público tiene que hacerse responsable sí o sí de que la prestación se entregue. Por lo tanto, hay que tener equipos preparados», sostuvo.
Pese a la opinión de los médicos. las matronas -parte del equipo médico – no se han mostrado a favor de la discusión. La presidenta del gremio, Anita Román, llamó abiertamente a rechazar la idea de ampliar la objeción de conciencia, ya que consideran que no es viable.
«Yo llamo a rechazar la idea porque en el fondo la propuesta de involucrar al resto del equipo lo que va a hacer es incidir en un cambio del código sanitario y eso va a hacer prácticamente no sacar nunca la ley. Es un acto médico, por lo tanto solo al médico le corresponderá objeción de conciencia», sostuvo Román.
«Si yo tuviera objeción de conciencia en una cesárea porque no estoy de acuerdo, ¿tengo que dejar a la señora botada y buscar a otra matrona? Yo creo que no», agregó la dirigenta.
Discusión sobre derechos
Internacionalmente se considera que el derecho a la objeción de conciencia es algo individual y no institucional, como pretende el rector de la UC.
Además, en gran parte de los países donde existe ese derecho para el equipo médico es donde el aborto es legal y no sólo en el caso de las tres causales que se discuten en Chile.
Constanza Fernández, de Corporación Miles, explica que según «el sistema universal e interamericano de protección de los derechos humanos, específicamente en las distintas convenciones que establecen que si bien puede haber un derecho de objeción de conciencia y de conciencia personal, el derecho a la libertad de conciencia y religión no puede ser suspendido siempre y cuando no implique un daño a terceros ni vulnere los derechos, en este caso de las mujeres cuando quieran ser asistidas, además en estos casos extremos que establece el proyecto de ley de tres causales».
«Un ejemplo bien claro es lo que pasa en el extremo sur: qué pasa cuando hay un médico o sólo dos médicos en un servicio de salud rural, por ejemplo. Cuando las mujeres necesitan asistencia urgente en el caso de que esté legislado este proyecto de ley y una mujer por una inviabilidad fetal requiera un médico que objete conciencia, el médico no la va poder derivar porque la mujer está en un extremo muy lejano de otra posta o servicio de salud público. Por tanto las mujeres en el extremo sur van a ser las más perjudicadas con esta misma ley de objeción de conciencia si es que fuera tan amplia como la están proponiendo distintos parlamentarios lamentablemente sin entender la realidad en todas las regiones de Chile respecto de los prestadores de salud», agrega.
Es por eso que Corporación Miles busca que se mantenga una interpretación de objeción de conciencia que «sea consistente con las reglas y principios del derecho internacional de los derechos humanos». Y al ampliar casi se hace imposible el proyecto de ley.
Fernández también aclara que la objeción d conciencia «no puede proceder en caso de urgencia o cuando el costo que debe asumir la mujer por esta objeción es muy excesivo como en las mujeres del sur. No pueden ellas asumir el costo de trasladarse por lo menos cuatro horas de un servicio de salud a otro para tener asistencia médica».
«El derecho a la libertad de conciencia y religión está bien que no sea suspendido, ya que creemos en las libertades personales, pero esta libertad debe manifestar su propia creencia y no puede limitar ni generar un daño a terceros, ni tampoco vulnerar sus derechos humanos básicos, como en el caso de este proyecto de ley de aborto en tres causales. Y acá hacemos un cuestionamiento de decir por qué en en este caso el médico o el equipo médico tendría mayores exigencias frente a la ley por su conciencia personal frente a las mujeres que pueden tener la conciencia individual de necesitar una asistencia médica en este caso de las tres causales», plantea.
La Comisión de Constitución del Senado discutirá la objeción de conciencia y la obligatoriedad de denuncia en el caso de una violación, entre otros puntos, el próximo lunes 3 de julio, donde se pretende lograr el total despacho del proyecto para luego enviarlo a la Comisión de Hacienda de la Cámara Alta.
