Caso de niña de Licantén abrió el debate
Las controversias no acaban respecto al caso de la niña de 11 años que fue víctima de sustracción por parte de José Navarro, quien abogó estar protegiéndola y la mantuvo en el cerro El Quelmén por una semana mientras una gran cantidad de personas la buscaba. A raíz de diferentes vulneraciones que se han dado a conocer con anterioridad en la vida de la niña, Sename hoy estaría evaluando el ingreso de la menor a una de sus instituciones. ¿Qué podría determinar su ingreso a esta institución estatal?
«Solicitaremos el resguardo de la niña cuando se tenga claridad absoluta de su condición”, indicó el 11 de febrero el director de Sename en la Región del Maule, Juan Lara. Además comentó que “la primera medida fue hacer contención a la familia por intermedio de la Oficina de Protección de Derechos (OPD). También tenemos a disposición nuestro programa de reparación de maltrato grave y abuso sexual, para que acoja a la niña, toda vez que los tribunales y la Fiscalía lo consideren pertinente», acotó Lara.
Por otro lado, el padre de la niña, Cristian Canales, adelantó a los medios de comunicación que buscará quedarse con la tuición de su hija. “Se alegró al verme, me dijo papá, se paró y me abrazó, con esto estoy feliz. Ahora voy a luchar por la custodia de mi hija”, señaló hace unos días atrás.
Esta declaración no dejó indiferente a la actual tutora de la niña, Sandra Vidal, madre de la menor, quien dijo va a luchar para que eso no pase. «Ella siempre ha estado conmigo, nunca ha estado con él. Ahora, después de tanto tiempo, viene a dárselas de papá, no puede ser”, manifestó.
Sin embargo, durante todos estos días de gran revuelo por el caso, se han dado a conocer distintos aspectos de la niña que han llevado a evaluar su ingreso a algún centro del Servicio Nacional de Menores. La psicóloga forense Margarita Rojo sostuvo en Radio Cooperativa que la menor «es una niña altamente vulnerable, no vemos una familia que la haya protegido».
Según consigna radio ADN a través de un audio, la abuela paterna, María Teresa Vergara, manifestó que «entiende» al presunto secuestrador José Navarro: «A lo mejor él la cuidó, la protegió (…) Antes yo pensaba lo peor de él y ahora no». Además dio a conocer que la niña, cuando apenas tenía 7 años, sufrió la fractura de ambas piernas en casa de sus abuelos maternos y que debió ocupar silla de ruedas durante un tiempo.
Mucha información en torno a vulnerabilidad de la menor con su actual familia ha estado dando vuelta, pero ¿en qué situaciones se deriva a un niño o niña a un centro del Sename?
Según la Ley 20.680, mejor conocida como Ley Amor de Papá, son variadas las determinantes para decidir con cuál de ambos progenitores se encontraría mejor el hijo o hija. Cuando ninguno de los dos garantiza una real seguridad del niño o niña, ya sea por problemas psiquiátricos o psicológicos, consumo de drogas, violencia intrafamiliar o que los padres cumplan cárcel, entre otras determinantes, serían factores para la derivación del niño o niña al Sename. No así por motivos económicos, a no ser que se esté exponiendo a grave vulnerabilidad.
Pero en general, existen dos vías para que un niño o niña o adolescente ingrese a estos centros. «Está el ala de protección, por así decirlo, que son menores vulnerados y, por otro lado, están los menores infractores de ley. Son las dos vías y están separados, los hogares de infractores con los de vulneración», aclara el abogado Carlos Durán.
Quienes caen por delito, tienen dos modalidades al ingresar: Centros Cerrados de Privación de Libertad y Centros de Internación Provisoria. Ambos centros son exclusivamente administrados por el Sename y bajo la tutela de Gendarmería, quienes vigilan a los centros desde el exterior y tienen la facultad de intervenir en caso de crearse un conflicto. Solo aquellos menores de edad que no poseen penas privativas de libertad tienen la posibilidad de ser derivados a otros organismos colaboradores del Sename.
Por otro lado están los niños o niñas o adolescentes que se vieron vulnerados en sus derechos y como medida de protección se les determina el ingreso a algún centro del Sename.
«Aquí estamos frente a una grave vulneración de derechos, eso es lo más importante. El juez va a pedir una medida de protección o quien sea la va a pedir, porque es lo que se requiere para una niña en esa situación. Se ordena un informe de diagnóstico, ese informe además debe incluir el abuso que ella sufrió anteriormente. Tienen que hacer este diagnóstico súper a fondo implicando todas las vulneraciones que ella ha vivido, más la vulneración actual», explica Denisse Araya, directora de la ONG Raíces, quienes velan por el cuidado de niños y niñas altamente vulnerables, generalmente asociados a explotación sexual.
«La ley siempre va a preferir, si le va a quitar el cuidado personal a alguien y en este caso si se le va a quitar a la mamá, ojalá dársela al otro padre o progenitor. Si el otro progenitor no está apto, capacitado, se va a preferir a parientes consanguíneos cercanos, es decir, se trata de pasar a los abuelos. Si ellos no están capacitados o disponibles o con las facultades necesarias, se puede seguir con los tíos hasta que desaparece la consanguinidad. Ahí recién se comienza a pensar en terceras personas. Esto incluye los organismos y hogares del Sename», expone Durán, abogado de familia.
Por otro lado, Araya comenta que «si ninguno está apto para hacerse cargo, si todos fallan, digamos, entonces se define la internación en un centro del Sename. Ese es el último recurso».
Además agrega que «la internalización no es buena para nadie. No solo porque el Sename sea el Sename, sino que a nivel mundial hay una mirada desde Unicef, desde Save The Children, desde todas las instancias que están preocupadas por la protección de los niños no se aconseja la internación en centros cerrados. A menos que sean centros súper top, a lo que por supuesto estamos muy lejos. Que sean pequeños, no más de 10 niños con una cantidad proporcional de adultos…».
Frente a la petición del padre de la menor, el abogado opinó que «el padre va a querer él ejercer el cuidado personal, no lo tiene garantizado, pero tampoco lo tiene perdido por el hecho de que no vivía con ella».
«Habría que ver por qué ha sido así, por qué él no ha estado. Porque pese a no vivir con ella, lo que se analiza o el factor determinante es el hecho de que si entre ellos existe un vínculo. O sea, si para la niña el padre implica o no una figura de apego, de seguridad, un referente adulto. Eso se va a extraer seguramente de la declaración de la niña y eventuales peritajes que se hagan. Si se llegara a determinar el cuidado personal, en este caso si lo solicita el padre, no solamente el examen de parentesco, lo primero a analizar es si existe un vínculo real entre ellos dos. Y las evaluaciones referentes a habilidades parentales, en este caso de él”, puntualiza el profesional.
Por otra parte, la directora de la ONG Raíces comenta que es importante el vínculo emocional con la persona a la hora de decidir con quién la niña estaría mejor, también se deberían evaluar las habilidades parentales de quien sea que se esté viendo como potencial cuidador de la niña de 11 años.
“Las habilidades parentales son más bien psicológicos, se hace una serie de test, entrevistas, hay una metodología asociada que se ocupa para arrojar informes y esos informes determinan si es que hay capacidades, habilidades, potencialidades o están disminuidas esas habilidades, hay que trabajarlas”, explaya Carlos Durán.
Denisse Araya comenta que “además del juez, de decretar que la niña debe irse a un centro Sename porque no hay nadie capacitado para hacerse cargo de ella, tiene que decretar otras medidas de protección, como lo son la inclusión de la niña a un proyecto de maltrato grave, para todo su proceso reparatorio. Tiene que derivar a un programa para que ese proceso reparatorio se produzca y que ella pueda ir, piano a piano, resignificando estas experiencias traumáticas que ha vivido, que no es una, son varias por lo que se han escuchado”.
Sin embargo, de determinarse que la niña deba ser ingresada a un centro del Sename, esta no sería una medida para siempre o hasta que ella cumpla 18 años, sino que existe una medida de revocación.
“Todas las medidas son revocables en la medida en que se pueda verificar in situ y que hayan buenos informes, que la gente haga la investigación como se debe (…) que realmente se haga todo un proceso respetuoso en la niña o niña y que se pueda verificar que ha habido un cambio y un interés por hacerse cargo de verdad”, puntualiza Araya, quien además comentó que es un proceso largo y arduo en pos de la protección real de la niña. “Siempre tiene que verse por el bien superior del niño”, acotó.
