Comisión de Género de Periodistas: “Los medios de comunicación son instituciones muy reacias a incorporar políticas internas que atiendan los derechos laborales de las mujeres”

En los últimos años, donde ha existido una lucha por visibilizar la precariedad en varios ámbitos que afecta los derechos de la mujer, la sintonía con el género también se ha arraigado en los profesionales que debiesen denunciar este tipo de irregularidades, dándoles la posibilidad de cuestionar incluso su propio entorno  y si están las herramientas para que exista un cambio interno ante cualquier injusticia.

Es por eso que la Comisión de Género del Colegio de Periodistas manifestó su parecer ante los últimos casos que se han conocido con respecto a mujeres profesionales que han visto vulnerado sus derechos.

“Está dentro de nuestras funciones velar por las condiciones en que se trabaja en el periodismo en Chile. En los últimos años, las denuncias por vulneración de derechos vinculados con la maternidad se han intensificado porque cada vez más las mujeres están conscientes de ellos y se atreven a denunciar a sus empleadores.  Justamente por nuestro mandato, el Colegio está siempre abierto a recibir estos casos porque estamos comprometidos con la defensa de los derechos laborales”, plantean en conjunto Fabiola Gutiérrez y Mónica Maureira, desde la comisión del gremio.

Y es que el Colegio de Periodistas se refirió en un comunicado a la situación que enfrenta Rayén Araya y llamó a denunciar situaciones de abuso laboral, ya que  “este tipo de situaciones no pueden quedar en la impunidad”.

Pero Gutiérrez y Maureira reafirman el llamado. “Como Comisión de Género del Colegio de Periodistas agradecemos que Rayen haya hecho la denuncia, ya que hace más de dos años estamos trabajando para que este tipo prácticas discriminatorias se visibilicen y se cuestionen”, aseguraron ante los casos que han aparecido en el último tiempo.

“Hemos evidenciado que los medios de comunicación son instituciones muy rehacías a incorporar dentro de sus dinámicas laborales políticas internas que atiendan los derechos laborales de las mujeres. Por lo tanto, estamos en una permanente desigualdad que queda demostrada, por ejemplo, en la diferencia salarial, en los cargos que ocupamos al interior de los medios y la discriminación que enfrentan mujeres en etapa reproductiva”, denunciaron además.

La denuncias van más allá de los medios de comunicación y dan cuenta de como afecta a la industria en general. En 2015 DDRIO TV, productora que estuvo a cargo de la teleserie La Chúcara en TVN, fue denunciada por la actriz Mariana Derderián, quien acusó que no se le estaba respetando su fuero maternal y que llegaron a aconsejarle que renunciara a este beneficio que por ley es irrenunciable.

Dicho caso llegó incluso a Ximena Rincón, quien ese entonces cumplía funciones como ministra del Trabajo y la citó a conversar con ella de su situación. También lo hizo Claudia Pascual, ministra de la Mujer y Equidad de Género, donde para 2015 dio a conocer que para ese entonces la Dirección del Trabajo acumulaba 1.647 denuncias por separación ilegal de funciones a trabajador/a amparada en fuero maternal/paternal. Sin embargo, la justicia falló a favor de la productora.

En el mismo año, la actriz Isidora Urrejola fue despedida de CHV estando embarazada, por lo que denunció despido injustificado, no respeto al fuero maternal y no pago de cotizaciones previsionales y de salud. Tribunales falló a favor del canal por no tener “temas pendientes” con la actriz.

Al año siguiente, en 2016, la modelo y panelista Dominique Gallego fue desvinculada de Canal 13, pasando a llevar su fuero maternal. El canal se hizo cargo de dicha denuncia y acordaron el pago de 13 millones por la vulneración a sus derechos como madre trabajadora.

Pero no solo los “rostros” de TV son los afectados. Hay diversas áreas donde las trabajadoras también sufren precariedades laborales. Hasta marzo 2017 Nubia Solá trabajaba en el área de Comunicaciones de la Corporación Cultural de Ñuñoa, pero con 5 meses de embarazo fue despedida. El alcalde Andrés Zarhi alegó no saber de su embarazo mientras que Solá posee pruebas de lo contrario.

Prácticamente cada año ocurre algún caso mediático respecto a irregularidades y vulneraciones de los derechos laborales de las mujeres, sin contar aquellos numerosos casos que ocurren fuera del ojo periodístico. Sin embargo, a pesar de que es una pelea que lleva años, estos casos siguen perpetuándose a pesar de la mediatización de ellos. Y la justicia no falla a favor de las mujeres.

Rayén Araya fue la encargada ahora de dar a conocer cómo esto sigue ocurriendo, a pesar del gran historial de este tipo de denuncias.

Por eso solidarizaron los sindicatos de TVN y CDF por Twitter. “La situación de vulneración de derechos que sufre la periodista @RayenAraya confirma que sin la organización de los trabajadores de las comunicaciones seguirán abusos y precariedad laboral”, decía la cuenta de el Canal del Fútbol.

“Nuestro diagnóstico es que los medios se han constituido en base a un modelo de desigualdad en las relaciones de género y por ello discriminatorio hacia las mujeres. Los medios, desde su constitución, prácticas y formas de comunicación tienden a reproducir y fomentar esta desigualdad, haciendo muy poco por revertirla, más bien ha sido un comportamiento naturalizado”, explican desde la Comisión de Género.

¿Qué se puede entonces hacer para regularizar estos problemas a las que se ven enfrentadas las periodistas embarazadas?

Gutiérrez y Maureira son claras. “Este y otros medios no cuentan con procedimientos internos que permitan prevenir y denunciar situaciones de acoso laboral y sexual. Muchos casos son advertidos, pero no atendidos por los directivos o jefaturas de los medios. Debemos avanzar en cambios sociales y culturales”, dicen.

Además, desde esta comisión declararon que efectivamente las mujeres periodistas son más propensas a sufrir vulneraciones de tipo laboral en comparación de su colega varón.

“Efectivamente, porque se siguen reproduciendo los roles de género y ahí también estamos las mujeres periodistas. Esto va más allá del caso de Rayén, tiene que ver con que a los hombres no se les cuestiona, hay un mandato cultural que nos dice que mujeres madres, periodistas madres no están habilitadas para cumplir adecuadamente con una responsabilidad que se le puede asignar solo a los hombres”, comentaron.

A lo que agregaron: “Como bien señala una colega, cuando una vive en una sociedad que durante tanto tiempo ha estado marcada por un patrón, los cambios no son espontáneos y se requiere que haya algo más forzado. Incluso, el propio reporte de la GMMP 2015 sostiene que existe un techo de cristal en todo el mundo para las periodistas”.

Pese a que la ley chilena regula y protege a la mujer durante el embarazo y mientras dura el fuero maternal, los casos se repiten, sobre todo cuando son obligados a emitir boletas o facturas para evitar una relación laboral.

“La transgresión de derechos ha sido una constante en el último tiempo. La Inspección del Trabajo es la instancia que debiese recibir estas denuncias y velar porque se cumplan los derechos laborales. Entendemos que en el caso de medios esas relaciones son laxas y muchas veces hay contratos a honorarios que complejizan su fiscalización. Las alianzas con gremios, con liderazgos femeninos y sindicatos son clave a la hora de levantar demandas en procesos de negociación colectiva, por ejemplo. Lo normativo puede ser muchas veces complejo. Las demandas implican recursos y tiempos”, respondieron como comisión.

“También creemos que las fiscalizaciones solo podrán devenir si los medios de comunicación están organizados para terminar con todas estas malas prácticas y se atrevan a poner en lo público lo que se está denunciando, aunque sabemos que ese costo puede ser muy alto. Pero si le damos una lectura más profunda la discriminación en un acto de violencia. Abogamos porque directores, editores, productores y periodistas promuevan prácticas de igualdad y no discriminación”, acotaron al respecto.

A pesar de que como Colegio de Periodistas aseguran que se han intensificado estas denuncias, aún existe temor por parte de afectadas a la hora de dar a conocer su situación. “En general las trabajadoras no denuncian porque frente a la precariedad laboral no se atreven a perder sus puestos de trabajo”, comentaron desde la comisión.

“El Colegio está abierto a recibir las denuncias y la Comisión de Género está en permanente diálogo con las periodistas y organizaciones de mujeres y feministas para avanzar en acciones conjuntas que permitan hacer las denuncias pero por sobre todo generar acciones para avanzar en mejores prácticas laborales y no discriminatorias en los medios de comunicación”, puntualizó el ala de género del gremio.