BRAGA
Para la doctora en Neurociencia, Karina Bravo, “la academia supone objetividad y meritocracia como principios”, tanto en la práctica como en el discurso. Sin embargo, “sigue siendo un espacio privilegiado y masculinizado, donde las mujeres continúan encontrando dificultades y resistencias para consolidarse como investigadoras». En la misma línea, la doctora en Ciencias, Vania Figueroa, considera que “si bien el panorama actual es alentador con un mayor reconocimiento de algunas de las brechas de género en investigación, y una creciente voluntad política y social para abordar el problema, esto ha derivado en la multiplicidad de iniciativas desarticuladas sin una estrategia de integración de la perspectiva de género en todas las políticas, planes y programas del Estado».
En Chile, ser investigadora en todas las áreas del conocimiento “es como atravesar un campo minado”, donde la mayor amenaza son los estereotipos de género que “llevan a la discriminación y al reconocimiento desigual de méritos”, comenta a El Mostrador, la doctora en Ciencias, Vania Figueroa.
“Tienes que ser muy valiente; moverte con cautela, saber dónde pisas y estar constantemente esquivando las minas”, añade la científica.
Y es que Vania vivió en primera persona los obstáculos de ser mujer dentro de la academia, siendo víctima y testigo del episodio de discriminación de género que afectó a la doctora en Neurociencia, Karina Bravo, en la Universidad de O’Higgins
Fue el 1 de agosto del 2017 cuando la neurocientífica Karina Bravo –también diplomada en Docencia universitaria-, ingresó como académica a la Universidad de O’Higgins.
Durante su trayectoria en la casa de estudios, Bravo enfrentó múltiples episodios de hostigamiento laboral por parte de sus dos jefaturas directas: Rubén Alvarado, Director del Instituto de Ciencias de la Salud, y Soledad Burrone, Directora de Escuela de Salud y jefa de carrera de Medicina.
Por esta razón, la doctora realizó una denuncia confidencial en junio del 2018, a través del Protocolo de actuación frente a la vulneración de derechos como acoso o discriminación arbitraria.
La denuncia detalló casos de “hostigamiento reiterado presencial; constantes acusaciones en contra de Bravo por parte de Rubén; un conjunto de mails fuera del horario laboral –madrugada y fines de semana-“, además de tener un exceso de carga docente sin contar con las mínimas condiciones para su desempeño laboral.
Por si fuera poco, los jefes de Bravo también la descalificaban con frases como “pobre criatura”. La testigo de estas situaciones fue la doctora Vania Figueroa, quien también trabajaba en el Instituto de Ciencias de la Salud, por lo que apoyó a su colega y declaró a favor en la denuncia.
Luego de realizar la investigación sumaria, la denuncia contra Burrone y Alvarado resultó sobreseída, y el viernes 7 de diciembre, ambas académicas fueron despedidas mediante un correo electrónico.
“Hasta el día presente, a ningún otro académico o funcionario de la Universidad de O’Higgins se le ha entregado algún informe de calificación o de análisis de desempeño, en ningún patrón temporal (semestral o anual) configurando la arbitrariedad de la medida con las investigadoras”, relata Bravo y añade que “somos un caso más de las arbitrariedades que ocurren en las instituciones de educación superior”.
Ante el grave caso que afectó a las reconocidas neurocientíficas, los miembros de Redes Chilenas (Rech), la agrupación internacional de asociaciones de investigación, envió una carta dirigida al presidente Sebastián Piñera exigiendo expeditar la investigación para clarificar los hechos.
“A las mujeres nos cuesta el doble todo”, expresa Figueroa y explica que la dificultad de “conseguir fondos, publicar estudios o ascender, no tiene que ver con nuestras capacidades, sino con el sistema patriarcal y neoliberal que estructura nuestra sociedad”.
Según un estudio cuantitativo sobre la brecha de género en Chile –elaborado por Santos, 2018-, para el Consejo de Rectores (CRUCH) las académicas representan un 38%, mientras que el 62% restante corresponde a los académicos.
Esta brecha de género también impacta en los salarios de las investigadoras con grado de doctor, quienes perciben entre un 30 hasta 44 % más bajos que sus pares masculinos con el mismo grado académico.
Para Karina Bravo, “la academia supone objetividad y meritocracia como principios” tanto en la práctica como en el discurso. Sin embargo, “sigue siendo un espacio privilegiado y masculinizado, donde las mujeres continúan encontrando dificultades y resistencias para consolidarse como investigadoras y acceder a cargos de decisión dentro de las instituciones de educación superior”.
Otro fenómeno visible de la menor representatividad de mujeres, se observa en los cargos de poder y decisión, donde el 66% son directores superiores; el 68.3% vicerrectores; y un 100% de rectores varones electos.
“Las universidades tanto públicas como privadas, son espacios donde las mujeres estamos lejos de la toma de decisiones y por lo tanto en las jerarquías inferiores, así nuestros intereses y necesidades no están representados”, explica la neurocientífica y ejemplifica con el Consejo de Rectores, “que en pleno siglo XXI sigue siendo un ‘club de toby’”.
Karina Bravo asegura que “la diversidad de género en distintos espacios de trabajo, tiene la potencialidad de redirigir los descubrimientos científicos y la innovación”, tal como reportó el artículo de Nielsen, Bloch y Schiebinger en la revista científica Nature Human Behavior.
De esta manera, mejora la calidad de la investigación, “pero para hablar de calidad de investigación se necesitan hacer mejoras a nivel cultural, y organizacional, donde la diversidad sea la norma”, asegura Bravo.
Desde factores como las políticas públicas y legislación, hasta la historia y cultura, influyen en el beneficio social de la diversidad que debe ser impulsada por el Estado en conjunto de los espacios de investigación.
“Si bien el panorama actual es alentador, con un mayor reconocimiento de algunas de las brechas de género en investigación, y una creciente voluntad política y social para abordar el problema, esto ha derivado en la multiplicidad de iniciativas desarticuladas sin una estrategia de integración de la perspectiva de género en todas las políticas, planes y programas del Estado, llevando a la dispersión y pérdida de recursos tanto humanos como económicos, sin grandes resultados en la reducción de las brechas”, comenta la doctora Figueroa.
