BRAGA
A un año y medio de su promulgación, el derecho a la interrupción del embarazo en tres causales -inviabilidad fetal, riesgo vital y violación sexual-, sigue siendo una realidad a medio cumplir. La investigación realizada por la Mesa de Acción por el Aborto y Fondo Alquimia, cuyo monitoreo abordó siete regiones del país, demostró que las posturas ideológicas y razones religiosas son algunos de los principales motivos que llevan a profesionales y técnicos a interferir en el proceso, e incluso, a disuadir a las pacientes en su decisión. «Todo se complejiza con una ley que sigue siendo estigmatizada”, expresó la ex subsecretaria del Sernam y vocera de la organización, Gloria Maira. Las críticas de la investigación también apuntaron a la falta de políticas públicas por parte del Ministerio de Salud para tratar la desinformación, la objeción de conciencia y las prácticas que impiden a las mujeres tener su derecho a decidir.
La objeción de conciencia, la falta de capacitación del personal y la poca información que manejan las pacientes sobre cómo acceder y dónde orientarse, son algunos de los obstáculos que aún impiden la interrupción expedita del embarazo en tres causales.
Así lo demostró el monitoreo realizado por la Mesa de Acción por el Aborto y Fondo Alquimia, cuyo diagnóstico evidenció las trabas que aún enfrentan las mujeres para decidir sobre sus propios cuerpos en situaciones de riesgo vital, inviabilidad fetal y/o violación sexual.
La investigación se realizó en siete regiones –Antofagasta, Atacama, Valparaíso, Metropolitana, Bío Bío, la Araucanía y Aysén–, donde se recopiló información a través de 62 entrevistas a directores y profesionales tanto de la Atención Primaria de Salud (APS), como de los centros de Alto Riesgo Obstétrico (ARO). Es decir, ginecobstetras, matronas, psicólogos y trabajadores sociales.
Uno de los principales obstáculos detectados fueron “las posturas individuales antiaborto o razones religiosas de profesionales y técnicos», las cuales «interfieren en el acceso a la información adecuada a las mujeres y con esto, buscan disuadirlas», señaló el documento.
Además, «en los hospitales la negación a otorgar la prestación ha llevado a situaciones que afectan la dignidad e integridad física y psíquica de las mujeres. Como la interrupción de procedimientos en curso, que conllevan mayores cargas de trabajo de equipos IVE y duplas, sin que haya ningún costo asociado para los objetores de derechos”.
El diagnóstico también evidenció la falta de políticas públicas por parte del Ministerio de Salud, actualmente encabezado por Jaime Mañalich. No existen medidas para tratar la desinformación, la objeción de conciencia y las prácticas que impiden a las mujeres tener su derecho a decidir.
«El Minsal no ha producido material que permita informar a las mujeres de manera protocolizada, entonces, todo es verbal y en eso cada cual le pone sus acentos, sus propios prejuicios y mitos. Todo se complejiza con una ley que sigue siendo estigmatizada”, expresó Gloria Maira, exsubsecretaria del Servicio Nacional de la Mujer y vocera de la organización feminista a cargo de la investigación.
