BRAGA
Crédito: Agencia Uno.
El 56% de la población trans en Chile ha intentado suicidarse por enfrentar episodios de violencia y discriminación transfóbica. Mientras que el 87% de las personas trans menores de 18 años, intentan suicidarse por lo menos una vez en la vida, siendo el cuestionamiento de su identidad la principal razón. En este contexto, ya se cumple un mes desde que José Matías de la Fuente, un joven trans de 16 años decidió quitarse la vida por el bullying que sufría en el Liceo Sagrado Corazón de Copiapó. Y a pesar de que la ola de violencia por razones de identidad de género y orientación sexual persiste, la única ley que «reconoce y da protección al Derecho a la Identidad de Género» aún no entra en vigencia. Esto, debido a que el pasado 10 de junio venció el plazo para que el Gobierno enviara a Contraloría los reglamentos pertinentes a la Ley de Identidad de Género (LIG).
«Liceo de mierda, todo su entorno y la gente en general me colapsó. Yo sólo soy ‘un maricón culiao’ como dirían (…)». Estas fueron las estremecedoras palabras de Matías Guevara, el joven de 16 años que hace un mes se sumó a la larga lista de víctimas de violencia y discriminación transfóbica que terminaron en suicidio.
En efecto, de acuerdo con el Informe Anual de Derechos Humanos de la Diversidad Sexual y de Género, el 56% de la población trans chilena ha intentado quitarse la vida; un 48% entre los 11 y 15 años. Así mismo, la Encuesta-T demostró que el 87% de las personas trans menores de 18 años intentaron suicidarse debido al cuestionamiento de su identidad.
A pesar de las alarmantes cifras, la única ley que «reconoce y da protección al Derecho a la Identidad de Género» aún no entra en vigencia, ya que el pasado 10 de junio venció el plazo para que el Gobierno enviara a Contraloría los reglamentos pertinentes a la Ley de Identidad de Género (LIG).
Así lo demostró Fundación Iguales a través de un requerimiento por Transparencia solicitado a Contraloría.
El documento dejó en evidencia que el proceso está estancado, ya que «no consta el ingreso a trámite de los dos reglamentos en cuestión que derivan de la Ley n° 21.120».
«El gobierno le debe explicaciones a la comunidad trans y también al Congreso Nacional, por no cumplir con los plazos que con amplia mayoría se aprobaron para la entrada en vigencia de esta iniciativa”, expresó el presidente de Iguales, Juan Enrique Pi.
Bien es sabido que la ola de violencia contra la diversidad sexual no se detiene. Tan sólo en el 2018 se registró un total de 698 casos de abusos basados en la orientación sexual o identidad de género. Actos provenientes incluso de los entornos más cercanos a las víctimas, como es el entorno educativo y familiar.
Y a pesar de que la LIG tiene como objeto «facultar a toda persona cuya identidad de género no coincida con su sexo y nombre registral, a solicitar la rectificación de estos», esta medida no parece ser suficiente para que la población sepa cómo desarrollar y enfrentarse a este derecho.
Así lo explica a El Mostrador, la abogada y académica de la Universidad de Valparaíso, Cecilia Valenzuela, quien cuestiona «si este mecanismo establecido por la ley es el más efectivo para el libre desarrollo y formación de la sexualidad».
«Para comprender la disonancia entre esta situación de vulnerabilidad y los ‘avances’ observados a nivel legislativo, hay que reconocer que, no obstante nuestra Constitución Política establece que ‘las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos‘, en la realidad las personas no somos iguales y los tratamientos que recibimos muchas veces no se condicen con este mandato«, expresa la abogada.
En este sentido, las conductas discriminatorias «se erigen casi como conductas reflejo, intuitivas, por cuanto en términos canónicos, son respuestas a ciertos modos de ser y expresar la identidad de género que para muchos constituyen verdaderas afrentas al orden de género imperante. Se trata de un fenómeno que se aleja de la norma social, y hasta hace poco, de la jurídica», añade.
De esta manera, la comunidad trans desafía las estructuras básicas del orden de género «al desplegar en libertad su identidad».
Para Valenzuela, es necesario «construir una nueva conciencia con respecto a la diversidad sexual y de género, y al rol que juega en la formación de la identidad la propia sexualidad».
En este sentido, la abogada destaca dos recomendaciones que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizó en el informe de “Avances y Desafíos hacia el reconocimiento de los derechos de las personas LGBTI en las Américas”.
En primer lugar, «la elaboración e implementación de políticas y programas para promover el respeto a los derechos de las personas LGBTI y su aceptación social, especialmente a través de la educación y de la cultura general».
Y en segundo lugar, «la adopción de medidas comprensivas de sensibilización y concientización para eliminar la estigmatización, los estereotipos y la discriminación contra las personas LGBTI, o aquellas percibidas como tales».
