Hortaliceras mapuche: violencia de género racista y violación de derechos indígenas en Temuco

El estado de las políticas y acciones del Estado en Chile han sido materia de preocupación para organismos internacionales. La completa subordinación del bienestar de sus ciudadanos a la lógica de un modelo neoliberal salvaje en su cometido extractivista y mercantil está dando a la luz evidencias concretas del total desprecio por la seguridad, la salud y la calidad de vida de sus ciudadanos.

Un caso emblemático y contingente es la situación de asedio y hostigamiento de parte del Municipio de Temuco en contra de un grupo de hortaliceras mapuche. Estas mujeres históricamente han comercializado sus productos en las calles de la ciudad, siendo reconocidas como parte del legado cultural de la región. Sin embargo enfrentan hoy una dura batalla contra un decreto municipal llevado adelante por el alcalde Miguel Becker que les prohíbe trabajar como lo han hecho por años.

La semana pasada, precisamente el día que se conmemoraba a los pueblos originarios, el Estado, representado en la figura de este alcalde de apellido alemán, ordenaba un violento desalojo de este grupo de mujeres de su tradicional e histórico lugar de trabajo en el centro de Temuco.

[cita tipo=»destaque»] Esta violencia institucional llevada en su contra de manera aberrante y despreciable involucra denegación y violación de sus derechos como mujeres indígenas y constituye al mismo tiempo violencia de género de parte de un estado patriarcal. [/cita]

Escenas de brutalidad y violencia desmedida derivaron en la detención arbitraria de un gran grupo de ellas e incluso algunas menores de edad.  No deja de resultar  simbólico que sea el poder del linaje colono el que vulnere los derechos de personas mapuches, la tragedia histórica de la región, víctima de la usurpación colonizadora, avalada por el Estado y que se reproduce a diario en la zona.

Resulta insultante que se criminalice a pequeñas productoras en situación clara de desventaja, por ser mujeres, por ser indígenas y por residir ademas en la región mas pobre del país, enfrentando vulnerabilidad e inequidad económica que se traduce en desventaja de clase.

Esta violencia institucional llevada en su contra de manera aberrante y despreciable involucra denegación y violación de sus derechos como mujeres indígenas y constituye al mismo tiempo violencia de género de parte de un estado patriarcal.

Son precisamente las mujeres quienes mas sufren la inequidad distributiva, calificada por  expertos en estudios del desarrollo como “feminización de la pobreza”. Pero haciendo un análisis de la intersección de las diferentes desigualdades ya enunciadas arriba, está demostrado que son las mujeres de pueblos indígenas quienes mas padecen la desigualdad, por cuanto enfrentan prácticas discriminatorias y la violencia sistemática institucionalizada.

La Comisión Económica para  Latinoamérica y el Caribe (Cepal) advierte sobre las brechas de desigualdad que pesan sobre los pueblos indígenas por las condiciones desprotección laboral y condiciones de explotación que afectan particularmente a las mujeres, factores que limitan el ejercicio de derechos socio-económicos y de desarrollo humano. Naciones Unidas  ha conceptualizado la incorporación de las mujeres al mercado laboral  como indice de progreso para el país y empoderamiento de género (ONU, 2017).

De hecho, la promoción de la ocupación laboral femenina ha sido parte de las agendas de la transversalización del género en políticas públicas y una meta en las políticas globales de reducción de las desigualdades de género promovidas, entres otros, por Banco Mundial y CEPAL.

Las mujeres indígenas en Chile y, particularmente, desde el mundo Mapuche han reposado históricamente en el servicio doméstico, con el resultado de la reproducción de jerarquías y subordinación por etnia y clase. La autonomía económica de las mujeres mapuches articulada en la economía informal de subsistencia por vía comercialización de sus productos constituye una estrategia de empoderamiento y autonomía socio-económica frente a las desigualdades estructurales que deben sortear.

Es al mismo tiempo de reproducción y preservación de prácticas culturales originarias. Estas están consagradas en el Convenio 169 de la OIT. Este Convenio ratificado por Chile señala que las actividades tradicionales y relacionadas con la economía de subsistencia de pueblos originarios deben ser “reconocidas como factores importantes del mantenimiento de su cultura y de su autosuficiencia y desarrollo económico, velando para que se fortalezcan y fomenten, según su interés” (OIT, 1989).

Es por ello que la ordenanza municipal que les arrebata este derecho consagrado y ratificado por Chile en su adscripción al citado Convenio viola normas de derecho internacional. Al mismo tiempo, en relación a las políticas de equidad de género promovidas por nuestro país, también en función de acuerdos y tratados internacionales suscritos, contraviene el avance de la equidad de género en perspectiva “intercultural”, etiqueta que aparece muy recurrida en documentos y discursos gubernamentales pero que vemos poco apelados en las prácticas de las políticas implementadas.

Esto ocurre pese a que el Estado de Chile, así como otros en Latinoamérica,  ha sido conminado por Naciones Unidas a realizar acciones para subsanar el menoscabo a los derechos indígenas. Mientras por un lado el Estado chileno suscribe acuerdos e instala discursos institucionales de “interculturalidad” y “equidad de género” por otro mantiene prácticas represivas amparadas en regulaciones arbitrarias, contrarias al espíritu de acuerdos internacionales suscritos.

Desde un análisis macro esto se da en el contexto de  de un modelo social y económico neoliberal que supedita el desarrollo y bienestar de sus ciudadanos a una lógica mercantil desigual de acumulación  en manos de los privilegiados del país, que se nutre ademas de una lógica asimimilacionista, afín a estos intereses. Esto alimenta discursos abiertamente racistas, reflejando el  desprecio hacia el pueblo mapuche y sus prácticas tradicionales. Evidencia reciente son  los dichos de ex intendente de la Araucanía, y su percepción de los mapuches como “limitados”.  Lo de limitado es parte también parte de una perspectiva de desarrollo neoliberal.

Desde otra mirada, cabe reconocer que, ademas de ejercer su derecho al trabajo, las hortaliceras mapuches realizan una importante aporte a la comunidad con su oferta de productos orgánicos, locales y de calidad, en momentos que la crisis ambiental y alimentaria global enseña que preferir este tipo de mercados a pequeña escala, conscientes y en equilibrio con el ecosistema son la vía para revertir la destrucción de los recursos y la puesta en peligro de la misma existencia humana, un conocimiento abrigado por la cosmogonía mapuche desde hace siglos y que mucho nos puede aportar ante la evidencia del cambio climático. E

sta perspectiva no aparece nada “limitada” y es parte de un cambio de paradigma en nuestros patrones de consumo promovido por la consciencia ambientalista a nivel mundial.

Sin embargo, como si la medida de desalojo y prohibición sobre las hortaliceras no fuera ya arbitraria, amenazar con multar a la ciudadanía que elija adquirir sus productos atenta de la misma manera contra los derechos ciudadanos. El alcalde Becker ha transformado la ciudad de Temuco en una suerte de campo de vigilancia con inspectores municipales acosando e intimidando a comercio ambulante.

Sus tácticas reproducen las peores fantasías de control social mediante la instalación de altavoces que a diario proclaman la amenaza a los ciudadanos consumidores cual ovejas a ser acarreadas a las grandes cadenas comerciales, coludidas precisamente para el abuso de esos ciudadanos.

Sin duda los personalismos juegan un rol en la administración de políticas locales, pero cuando estas permanecen avaladas desde la maquinaria central, deja entrever un discurso institucionalizado de denegación de derechos ciudadanos, y negligencia como Estado en garantizar la protección de esos derechos. Pero lo que es mas grave, avalando la sistemática violación de derechos de parte de quienes sufren mayor desigualdad en este país.