Modificar el compromiso de «impulsar» el matrimonio igualitario por «monitorear» el avance legislativo de esta temática fue el polémico cambio que realizaron desde el Ministerio de Justicia en el Plan Nacional de Derechos Humanos, al documento ingresado este jueves a la Contraloría General de la República. El Movilh presentará una denuncia contra el Estado de Chile ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, mientras que la Fundación Iguales interpondrá un requerimiento en Contraloría.
La Contraloría General de la República tomó razón del Plan Nacional de Derechos Humanos este jueves, el cual «fue ingresado sin modificar ningún objetivo o metas propuestas desde la versión 2017». Sin embargo, desde el Ministerio de Justicia sí modificaron el contenido respecto del matrimonio igualitario.
En lugar de «impulsar» la unión matrimonial entre parejas del mismo sexo, desde el Gobierno ratificaron que sólo se limitarán a «monitorear legislativamente» su avance.
Este cambio en el documento desató el descontento de organizaciones LGBTI. En el caso del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) presentarán una denuncia contra el Estado de Chile ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El encargado de derechos humanos del Movilh y responsable del Acuerdo de Solución Amistosa (ASA), Ramón Gómez, afirmó que “en 2016 el Estado de Chile firmó con nuestra organización un ASA donde se comprometió a impulsar el matrimonio igualitario. Este Acuerdo fue declarado en 2018 legal y vinculante por la Contraloría General de la República, por lo que presentaremos un requerimiento ante a Contraloría General de la República a objeto de que el Plan Nacional de Derechos se ajuste a este compromiso”.
Mientras que desde Fundación Iguales, presentarán este lunes un requerimiento en Contraloría para «impedir que se vacíe de contenido las acciones respecto al matrimonio igualitario».
El presidente ejecutivo de Fundación Iguales, Juan Enrique Pi, advirtió que la organización no aceptará los cambios, mediante los que se buscaría desconocer los compromisos internacionales del Estado en materias de derechos humanos de la comunidad LGBTI.
“El Gobierno quiere borrar con el codo las obligaciones internacionales del Estado chileno sobre derechos de la comunidad LGBTI y nosotros no vamos a aceptarlo. Presentaremos en los próximos días un requerimiento a Contraloría para impedir que se vacíe de contenido las acciones respecto al matrimonio igualitario”, expresó Pi.
Esta ofensiva del Gobierno ocurre luego que la Corte Suprema de Chile estableciera que el matrimonio es un derecho humano, y que la Corte Interamericana de Derechos Humanos señalara que los países de la región deben permitir el acceso al matrimonio a las parejas del mismo sexo.
