BRAGA
Crédito: Agencia Uno
El proyecto de ley de Sala Cuna Universal que lleva más de un año de discusión ha sido fuertemente criticado por diversos sectores. Las educadoras de párvulos se manifestaron pacíficamente el martes en el centro de Santiago en contra de este proyecto, exigiendo que sea retirado. Ante esto los ministerios involucrados -de la Mujer, Educación y Trabajo- se defendieron diciendo que el proyecto de Sala Cuna sí es universal para todas las mujeres trabajadoras, dependientes e independientes.
El proyecto de ley de “Sala Cuna Universal” era la iniciativa estrella de la Agenda Mujer que impulsó el Presidente Sebastián Piñera y el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género en el contexto de las movilizaciones feministas del 2018.
Sin embargo, el proyecto ha encontrado una fuerte resistencia por parte del gremio de las educadoras de párvulos, quienes se han manifestado en reiteradas ocasiones su rechazo a la iniciativa.
Hace solo dos días, un grupo de organizaciones relacionadas con el trabajo y la educación enviaron una carta al Presidente Sebastián Piñera para solicitar que el proyecto sea retirado. Acusa que la iniciativa sería financiada con recursos que pertenecen a el fondo de cesantía de todos y todas las trabajadoras, y además no contempla mayores recursos a la cobertura pública de salas cunas, siendo financiado por privados.
Entre los firmantes están el Colegio de Educadores de Párvulos de Chile, la Central Unitaria de Trabajadores, la Federación Nacional de Trabajadores Públicos de la Educación, la Asociación de Administrativos Auxiliares, Técnicos y Profesionales de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, entre otros.
Sin embargo, desde el Ministerio de la Mujer y el de Trabajo y Previsión Social salieron en defensa del proyecto que cubre a niños y niñas de 0 a 2 años, argumentando que la iniciativa sí es universal, porque está dirigido a todas las mujeres trabajadoras, dependientes e independientes, lo que significaría derribar la actual barrera del Código del Trabajo que reconoce este derecho sólo a las trabajadoras de empresas con más de 20 mujeres.
Respecto a si beneficiará o no a las trabajadoras dependientes e independientes, las carteras aseguran que basta con tener un contrato de trabajo y una jornada semanal mínima de 12 horas y en el caso de las trabajadoras independientes, el beneficio se otorgaría a aquellas que tengan un mínimo de 6 cotizaciones continuas o discontinuas.
Otra de las aristas criticadas es la manera en que será financiado. Desde los ministerios de la Mujer, Trabajo y Educación dijeron que contará con un aporte estatal permanente de US$16,26 millones, con un fondo solidario compuesto por una cotización del 0,1% de cargo del empleador respecto de todas sus trabajadoras, asegurando la garantía estatal para complementar el fondo en caso de ser necesario.
Según las autoridades, el proyecto no subsidia ni beneficia a las grandes empresas, sino que el 60% de la recaudación del fondo provendrá de ellas, justamente esa arista es una de las más criticadas ya que las organizaciones exigen que sea financiado por el Estado.
Las organizaciones además critican que el proyecto no es universal, ya que dejaría fuera a los hijos e hijas de las y los funcionarios públicos y de los trabajadores independientes que han cotizado en periodos breves, agregando que profundiza la desigualdad remuneracional entre hombres y mujeres. Sin embargo, desde los ministerios declararon que el beneficio a sala cuna sí será garantizado para los trabajadores del sector público, quienes mantendrían su derecho.
Desde el Ministerio de Educación especificaron que el beneficio será utilizado exclusivamente en establecimientos públicos o privados que cuenten con la autorización de funcionamiento o reconocimiento oficial del Mineduc.
Finalmente, los ministerios dicen que la iniciativa beneficiaría a más de 233 mil mujeres que hoy no trabajan, principalmente, por razones de cuidado de los hijos.
Cabe destacar que las organizaciones critican además que este proyecto fue redactado por el Ministerio de la Mujer y el de Trabajo, excluyendo a la subsecretaría de Educación Parvularia.
