BRAGA
El proyecto de sala cuna universal no garantiza el derecho a la educación de calidad a todos los niños entre cero y dos años, sino que otorga un beneficio focalizado con matrícula en este nivel educativo. Salta a la vista cómo en este proyecto se subordina el derecho a la educación desde el nacimiento, al derecho del cuidador principal al trabajo, relegando la dimensión educativa que es inescindible de la vida de los niños en este nivel. Creemos que la sala cuna no puede ser reducida a un mero beneficio laboral condicionado. Por el contrario, insistimos en que este nivel educacional es el primer espacio de ciudadanía de los niños y un apoyo insustituible a la labor educativa de la familia.
Como agravante, el proyecto excluye al 11,7% de los niños más pobres, que son precisamente los que más necesitan el servicio, estableciendo como condición de acceso a la sala cuna, ser trabajador formal y cotizante en AFP por mínimo 6 meses y tener una jornada laboral de, al menos, 15 horas semanales. Para dar una imagen concreta, estaríamos discriminando a hijos de estudiantes, madres que se inician en la búsqueda de empleo y trabajadoras informales o part-time.
[cita tipo=»destaque»] La educación parvularia chilena necesita financiamiento basal que asegure que cada niño, independiente de su edad y la condición laboral de sus cuidadores, acceda a espacios pedagógicos para su desarrollo integral [/cita]
Además, el proyecto busca sustituir el cuidado parental, más que garantizar el acceso a oportunidades de aprendizaje de calidad. Esto se refleja claramente en el hecho de que el beneficio se interrumpe al momento en que el cuidador deja de trabajar, sin importar el momento de la trayectoria de aprendizaje en la que se encuentre el niño. Nos parece que la forma en que estamos enfrentando el debate nos antepone a una falsa contradicción. No se trata de elegir entre madres trabajadoras o niños bien cuidados. Ello, como nos muestran los notables casos de países como Finlandia, Noruega y Suecia, el acceso a la sala cuna (y no la matrícula) puede ser un bien público garantizado para todos los niños y sus familias, bajo distintos esquemas de financiamiento estatal.
Pero lo más serio de este proyecto es que, sin hacerse cargo de las precariedades que se observan en la amplia red de oferta privada de salas cuna, no asegura condiciones mínimas de calidad para esta atención educativa. En la educación parvularia chilena las mayores fragilidades materiales y pedagógicas se encuentran en el sector privado, siendo la red pública de jardines infantiles la que más se ha fortalecido en los últimos años. Esta omisión es un elocuente síntoma de la ausencia de la Subsecretaría de Educación Parvularia entre los patrocinantes del proyecto.
Nos parece imprudente pretender universalizar la sala cuna sin tener un soporte institucional que garantice el derecho a la educación de calidad desde el nacimiento. Para esto Chile requiere invertir de manera sustantiva en las instalaciones y ambientes de aprendizaje de centros educativos, mucho más que el solo fondo solidario extraído del subsidio de cesantía de los trabajadores. La educación parvularia chilena necesita financiamiento basal que asegure que cada niño, independiente de su edad y la condición laboral de sus cuidadores, acceda a espacios pedagógicos para su desarrollo integral. En este punto de la discusión parlamentaria los senadores y la Cámara tienen la oportunidad de hacer justicia educacional garantizando el derecho a la educación de los niños más pequeños. Hoy nuestro Congreso es la mano que mece la cuna.
