Yo opino
Las catástrofes exponen las desigualdades estructurales que caracterizan nuestras sociedades. Si las medidas que atienden esas crisis no las abordan, la evidencia muestra que la discriminación y la exclusión se profundizan, y se afectan profundamente derechos fundamentales de las personas. Así sucede con las niñas, jóvenes y mujeres en general, así como con las disidencias sexuales y de género, en asuntos tan vitales como el derecho a una vida libre de violencia y el acceso a atenciones de salud sexual y reproductiva que cubren sus necesidades específicas.
Es por ello que, en momentos de catástrofes -y la pandemia del Coronavirus es una catástrofe, los organismos internacionales y regionales especializados de salud y atención a emergencias indican que la salud sexual y reproductiva, incluido el acceso al aborto legal, son prestaciones esenciales de salud y no pueden suspenderse. Por el contrario, dadas las desigualdades de género y el aumento de la violencia contra las mujeres, y entre ellos los índices de violencia sexual, debe existir especial preocupación por otorgar a las afectadas una atención que prevenga embarazos no deseados o la interrupción de una gestación forzada por la violación.
En Chile, al igual que en otros países de la región, las medidas de combate al Coronavirus muestran la cara mas oscura de la violencia y el femicidio. La cuarentena pone en evidencia las agresiones físicas, psicológicas y sexuales que viven mujeres de todas las edades en sus entornos familiares y comunitarios. Esta realidad no es nueva. Existe información pública de varios organismos del Estado -Fiscalía, Carabineros y PDI, SENAME, Ministerio de Salud, INDH, Defensoría de la Niñez- que dan cuenta de la extendida ocurrencia de la violencia sexual. A pesar del reducido número de denuncias y la fragmentación de los datos, las mujeres de todas las edades son vulnerables a la violencia sexual, y existe especial afectación a niñas, adolescentes y jóvenes en los espacios familiares, comunitarios y sociales, y el espacio digital. Con la emergencia, esta realidad se exacerba.
Durante 2019, la Mesa Acción por el aborto en Chile realizó, en alianza con distintas organizaciones territoriales, un monitoreo social a la implementación de la Ley 21.030 que permite la Interrupción Voluntaria del Embarazo en tres causales (Ley IVE). Los resultados en los siete territorios donde se realizó la observación fueron preocupantes: ausencia de información a la comunidad, falencias en la orientación a quienes pudieran estar en alguna de las causales, dificultades en la acreditación de las causales, extendida objeción de conciencia -particularmente respecto de la tercera causal de violación-, debilidades en capacitación al personal de salud y protocolos que garantizaran pronto y oportuno acceso al aborto para aquellas mujeres y niñas que así lo decidieran.
Sin perjuicio del esfuerzo de los equipos IVE y las duplas psicosociales, la ruta para ellas se percibía como una carrera de obstáculos para la toma de decisión sobre sus embarazos y el acceso expedito a la interrupción, si esa fuera su opción.
[cita tipo=»destaque»] No es posible ni corresponde reemplazar al Estado en sus obligaciones con la salud, la vida y los derechos humanos de las niñas y mujeres. Es imperativo que se revise la política de respuesta al coronavirus y se informe sobre la atención de salud sexual, reproductiva y el acceso al aborto legal como prestaciones esenciales, siguiendo los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud y otros referentes internacionales.[/cita]
Antes de la crisis sanitaria, y hasta donde es de conocimiento de la Mesa, las autoridades de salud no dieron respuesta a los problemas detectados por el monitoreo. En tiempos de pandemia, la Mesa y sus organizaciones aliadas, seguimos con preocupación lo que está ocurriendo con la atención a la salud sexual, reproductiva y el acceso al aborto legal. Estas son prestaciones sensibles al tiempo, que no pueden aplazarse significativamente sin generar consecuencias profundas para vida de las niñas, adolescentes, mujeres adultas.
La información que entregan las organizaciones de varios territorios del país es alarmante. Producto del Coronavirus los centros de atención primaria están respondiendo solo a la urgencia inmediata. No se estaría otorgando atención en salud sexual y reproductiva, salvo control y derivación en fecha cercana al parto. La información sobre entrega de anticonceptivos y píldora de anticoncepción de emergencia no es clara, como tampoco se conoce de iniciativas intersectoriales a nivel comunitario que permitan detectar y atender violencia, y en particular, violencia sexual y embarazos forzados. En los hospitales no habría suficiente abastecimiento de Misoprostol y Mifepristona, y se hace mención particular del hospital San José; y lo que es más preocupante, tampoco estarían en curso nuevas adquisiciones de estos medicamentos esenciales para distribuir a la red hospitalaria.
A este cuadro se agregan las precarias condiciones de seguridad y protección con las que el personal de salud debe atender a la población y la existencia de ciertos establecimientos a nivel primario que no estrían funcionando por razones de contagio y cuarentena.
Todo lo anterior configura una realidad lamentable y de profundas consecuencias para las niñas, mujeres y cuerpos gestantes. La información disponible, aún fragmentada y dispersa, estaría indicando que las prestaciones esenciales de salud sexual y reproductiva y acceso al aborto legal no forman parte de las prioridades en la red de atención en tiempos de pandemia. Las respuestas se ven inciertas, sin rectoría clara y tardías.
Lo más concreto en orientación y atención que se registra proviene de nosotras mismas: iniciativas de organizaciones y redes feministas -matronas, abogadas, psicólogas, entre otras-, organizaciones de salud y de defensa de los derechos de las mujeres que entregan atención online y de las agrupaciones y colectivos locales atentas a las realidades de violencia y precariedad de la vida que afecta a las mujeres. Como dice el hashtag en redes sociales, #EntreNosotrasNosCuidamos.
No es posible ni corresponde reemplazar al Estado en sus obligaciones con la salud, la vida y los derechos humanos de las niñas y mujeres. Es imperativo que se revise la política de respuesta al coronavirus y se informe sobre la atención de salud sexual, reproductiva y el acceso al aborto legal como prestaciones esenciales, siguiendo los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud y otros referentes internacionales. En esto tienen responsabilidad el ejecutivo, la autoridad de salud y el propio Ministerio de Mujer, así como los alcaldes y autoridades locales. Dejar fuera de las prioridades asistenciales estas prestaciones en el marco de la pandemia implica generar otra crisis sanitaria y social, que toca directamente la dignidad de las niñas, adolescentes y mujeres en Chile.
