Yo opino
La efervescencia de las calles y tomas feministas del 2018 rompieron los límites de lo posible. El movimiento estudiantil feminista se levantó en diversas instituciones educacionales contra el sexismo, la violencia y el abuso anclado en sus estructuras y paradigmas. De esta forma, el feminismo trajo consigo una transformación radical para la forma de comprender la política en el movimiento estudiantil y los demás movimientos sociales. Ya desde el 8 de marzo de aquel año, en que las mujeres y disidencias sexuales salimos a la calle contra la precarización de la vida, el movimiento feminista comenzaba a marcar la pauta tras el fin del gobierno de la Nueva Mayoría, delineando una distancia con su agenda de género. Cuando decimos -desde ese entonces- “contra la precarización de la vida”, el acento se pone en la necesidad de ampliación de derechos sociales, sexuales y reproductivos, como condición necesaria para una democracia plena, puesto que en Chile ella se encuentra prisionera de los intereses empresariales que lucran con los distintos aspectos de nuestras vidas, y el conservadurismo que impone sus dogmas agudizando la violencia y discriminación en la sociedad. Mayo de 2018 significó la continuación y profundización de esa lucha, vivimos uno de los procesos de movilización feminista más amplios y significativos en nuestra historia reciente, donde las estudiantes desataron un fenómeno en cadena de fortalecimiento de la organización de mujeres y disidencias sexuales en distintos sectores.
El que este movimiento haya levantado como consigna central la educación no sexista tiene consecuencias trascendentales para la configuración del movimiento feminista en Chile. Dentro del movimiento por la educación pública, gratuita y de calidad que tiene como gran auge el 2011, la discusión sobre la educación no sexista comienza a surgir desde la necesidad de configurar un proyecto educativo que fuera contrahegemónico a las lógicas impuestas desde el neoliberalismo. Queremos educación gratuita, pero ¿qué educación gratuita?, ¿cuál es la educación por la que luchan los movimientos sociales? Sin duda, la construcción de un proyecto educativo para la emancipación, no podía sino pasar por el fin a la violencia de género y los discurso de odio. Una educación construida desde la interrogación al patriarcado que modela nuestros saberes, relaciones y afectos. Dicha interrogación feminista al movimiento por la educación fue consolidándose, y diversas actorías comenzaron a vincularse con el movimiento de mujeres y disidencias. Las estudiantes y trabajadoras de la educación comenzaron en su ser generizado en los establecimientos educacionales.
[cita tipo=»destaque»] No podemos perder de vista la urgente, pero tampoco lo importante: la recuperación de nuestra economía y de la sociedad para volver a ponernos de pie no puede ser a costa de la ciudadanía, de las y los trabajadores, de las y los estudiantes, de las mujeres ni de las disidencias sexuales, y eso solo será posible si cambiamos las cosas. [/cita]
De este modo, la ruptura de lo posible que significó el 2018, fue la culminación de luchas vivas que se dieron dentro del movimiento por la educación, que significaron un reconocimiento en las demandas del movimiento feminista. Claves de ello son el Congreso por la Educación No Sexista del año 2014, la presidencia de la FECH de Melisa Sepúlveda, el surgimiento de Ni una Menos en América Latina, casos como la lucha de la compañera Nabila Riffo, la discusión del proyecto de ley de aborto en tres causales, entre otras, las que fueron acrecentando la necesidad de una organización feminista en el campo de lo educacional. En este sentido, si las tomas feministas de 2018 logran articularse en una interpelación hacia las instituciones, y no una mera denuncia a individuos aislados por situaciones de violencia de género, es gracias a la reflexión crítica que permitieron dichos proceso. Es por eso que las sanciones no eran suficiente, nuestro sur estaba puesto en una educación que desnaturalizara la violencia y la heterosexualidad obligatoria, que informara abiertamente sobre la sexualidad desde una concepción integral (por ejemplo, a través de planes de educación sexual integral) y que democratizara sus estructuras para evitar toda forma de poder. Así, la demanda por una educación no sexista condensaba varias cosas: por un lado la profundización de la lucha por la educación como un derecho en tanto no sea excluyente ni segregadora por el dinero que tenemos en nuestros bolsillos, pero tampoco por nuestro género, identidad sexual, raza, etc., y por otro lado, una propuesta alternativa revolucionaria a la conducción liberal del movimiento contra la violencia hacia las mujeres que cobraba fuerza en las calles.
Sin duda, ese momento histórico significó una maduración política y ampliación social muy relevante para la consolidación de las nuevas formas de manifestarse del movimiento feminista en Chile. Esto trae aparejado una construcción de tejido social que vimos expresada, además del movimiento estudiantil, principalmente en organizaciones de profesionales y trabajadoras feministas de distintos rubros (abogadas, profesoras, sociólogas, actrices, entre otras), y de feministas en los territorios, ambos espacios clave para las dinámicas que expresó el movimiento social en la revuelta del 2019. Luego del mayo feminista, el movimiento feminista se volcó a construir y prepararse para la huelga del 8 de marzo de 2019, hito de movilización que marcó la historia tras ser una de las más masivas desde el fin de la Dictadura y por la amplia articulación social en torno a un programa que, nuevamente, ponía como prioridades la ampliación de derechos sociales, sexuales y reproductivos, el respeto de los Derechos Humanos y más democrática a través de la participación de la sociedad organizada.
Es claro que el movimiento feminista -en sus distintas manifestaciones- se ha vuelto un actor ineludible en el debate público nacional, y esta pandemia no ha sido la excepción. Hemos visto en las últimas semanas cómo, nuevamente en mayo, las feministas de forma transversal alzamos la voz ante las injusticias del sistema de salud neoliberal, y el manejo criminal por parte del gobierno de las situaciones de excepción
constitucional. El nombramiento de Macarena Santelices, conservadora y pinochetista, en el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género es una bofetada en la cara a las miles de mujeres y disidencias sexuales que hoy necesitan de la institucionalidad de su lado para defender sus derechos en un contexto de crisis de los cuidados, precarización laboral y auge de la violencia y discriminación en los hogares. En un momento en que el alza descontrolada de contagios de COVID-19 en Chile amenaza con agravar aún más la situación que estamos viviendo, el gobierno y la derecha muestran su despreocupación absoluta de nosotras, y su desdén con el movimiento feminista, que poco antes -el 8 de marzo de 2020- volvía a marcar la pauta con una de las manifestaciones más grandes en la historia del país. Urge, por lo tanto, una respuesta en clave feminista desde las fuerzas políticas y sociales que se proponen la transformación del modelo.
La respuesta del gobierno y las fuerzas políticas del orden no es novedad. La restricción de la democracia y las libertades, el subsidio estatal a empresas y bancos como salvataje, y los retrocesos en materia de derechos laborales han sido la tónica de estos meses. En este contexto nuestra respuesta, como feministas, debe apuntar a reposicionar en lo público el problema de los cuidados, en tanto se necesita fortalecer y ampliar la cobertura de derechos como la salud, la educación, el trabajo digno, la vivienda y los servicios básicos y elementales para la vida. La violencia, el hambre, el frío, el abandono y la enfermedad no son asuntos privados que debemos resolver las, les y los individuos: son problemáticas sociales que requieren perspectivas y soluciones colectivas. La pregunta por el Estado hoy surge como inevitable, y es importante poner al servicio de esas discusiones el acumulado histórico de conocimiento y discusiones del movimiento feminista, porque la posibilidad de superar la crisis sanitaria, social, económica y humanitaria que vivimos hoy, junto con la posibilidad de construir un mejor mañana, no es posible sin nosotras.
Hoy la vida y la dignidad deben ser prioridad, así como lo han sido todos estos meses desde la revuelta social y popular que abrió camino para cambiar nuestros destinos. No podemos perder de vista la urgente, pero tampoco lo importante: la recuperación de nuestra economía y de la sociedad para volver a ponernos de pie no puede ser a costa de la ciudadanía, de las y los trabajadores, de las y los estudiantes, de las mujeres ni de las disidencias sexuales, y eso solo será posible si cambiamos las cosas. Un cambio en la estrategia para enfrentar la pandemia, que ponga en el centro a las personas y nuestro bienestar, es tan urgente como una nueva Constitución que nos permita terminar con la institucionalidad y el marco político que ampara tanta violencia, explotación y precarización de la vida.
