Yo opino
Crédito: Agencia Uno.
La crisis provocada por el Covid-19 no es solo sanitaria, es también económica y psicosocial, y las mujeres son, una vez más, las principales afectadas.
Vivimos una situación compleja que está afectando a millones de mujeres con empleos precarios o que derechamente los han perdido; a pequeñas emprendedoras que han visto peligrar o desaparecer sus negocios; y a aquellas que deben combinar el teletrabajo con las labores domésticas y de cuidado no remuneradas, acrecentando muchísimo su carga global de trabajo.
Si bien en los últimos años más mujeres se han incorporado al mercado laboral, la cifra supera apenas el 50% del total de las que están en edad de trabajar (53% el 2019 según el INE). Esto se debe, en gran medida, a que las mujeres dedican la mayoría de su tiempo al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, que en nuestro país no tiene ningún tipo de retribución económica. El correlato de esto es una vejez absolutamente precarizada: un 86% de mujeres pensionadas recibe un monto más bajo que el salario mínimo (ESI, 2016).
Entre las mujeres que trabajan remuneradamente, el panorama también presenta dificultades: la brecha salarial sigue vigente, muchos de los trabajos a los que acceden son informales o más precarios y están expuestas a sufrir discriminación y acoso laboral.
[cita tipo=»destaque»] Creemos que hoy, con la crisis sanitaria, social y económica, está mucho más en riesgo la autonomía económica de las mujeres, por lo que se requieren la implementación de medidas gubernamentales con enfoque de género.[/cita]
Tal como analizamos en el Informe Autonomía económica de las mujeres en Chile. Avances, desafíos y propuestas, elaborado por Juntas en Acción, más de un millón de mujeres están en situación de informalidad laboral. Esto quiere decir que tres de cada diez mujeres ocupadas no tienen acceso a previsión social y de salud. Un 20% de esas mujeres son emprendedoras, la gran mayoría en situación de autoempleo por falta de oportunidades y/o necesidades económicas de sus hogares (INE, 2019).
Todos estos factores atentan directamente contra la autonomía económica de las mujeres, es decir, se ve mermada la capacidad de acceder, en igualdad de oportunidades y condiciones, a recursos económicos propios.
Es urgente que como país avancemos en políticas que aseguren una mayor autonomía económica de las mujeres porque solo así estaremos garantizando una seguridad material sobre la cual ejercer a plenitud sus derechos.
Para eso, es esencial avanzar en cuatro aspectos: reconocer, reducir y redistribuir el trabajo doméstico y de cuidado no remunerado; generar un nuevo sistema de protección de la maternidad y la paternidad en el Código del Trabajo; implementar políticas eficaces en el ámbito educativo y cultural tendientes a superar estereotipos de género que permitan la eliminación de desigualdades y brechas de género en el mercado laboral; y reformar la sociedad conyugal para que garantice el derecho de administrar sus propios bienes a las mujeres.
Desde Juntas en Acción, plataforma de organizaciones por los derechos de las mujeres cofinanciada por a Unión Europea, creemos que hoy, con la crisis sanitaria, social y económica, está mucho más en riesgo la autonomía económica de las mujeres, por lo que se requieren la implementación de medidas gubernamentales con enfoque de género que aseguren el acceso de las mujeres a recursos económicos propios y así evitar que caigan en la pobreza o en la dependencia.
