BRAGA
La crisis sanitaria, social y económica generada por la pandemia deja en evidencia, una vez más, la invisibilidad que sufrimos las mujeres en nuestro país. Las situaciones de emergencia tienden a afectar a las mujeres de manera mucho más directa y multidimensional que a los hombres. Sin embargo, esto no se ha visto reflejado en una respuesta institucional adecuada desde el ministerio de la Mujer y la Equidad de Género.
Distintos medios han publicado artículos respecto a los riesgos de salud mental que enfrentan las mujeres en el contexto actual, debido a la sobrecarga de responsabilidades laborales y de cuidado y el aumento de la violencia intrafamiliar producto del encierro de la cuarentena; sin realizar la necesaria conexión entre estos y los elementos estructurales que llevan a las mujeres a esta precaria salud mental: los mayores riesgos económicos y la baja valorización del trabajo doméstico y de cuidado, realizado en su mayoría por personas de sexo femenino. A esto se suma, la enorme carga monoparental que soportan más de 1.800.000 hogares que sobreviven con una única mujer proveedora.
¿Se está considerando un enfoque de género en las medidas de emergencia propuestas por el gobierno? ¿Se está tomando el peso que tiene que más de la mitad de la población esté sobrecargada, sobre expuesta y sub pagada en estos momentos de crisis? ¿Tenemos un ministerio de la Mujer que nos represente en esta emergencia?
El ministerio de la Mujer y la Equidad de Género fue creado para dar voz a las mujeres e integrar el enfoque de género de manera transversal en el resto de los ministerios y en las decisiones y medidas centrales del Gobierno. En una sociedad en la cual la mayoría de los tomadores de decisiones son hombres y en donde continúan existiendo amplias inequidades, desigualdades y abusos sufridos por las mujeres -expresadas elocuentemente en masivas marchas en nuestro país- hace sentido la existencia de un organismo que vele por los derechos y la dignidad de las mujeres. Sin embargo, cabe preguntarse hoy por la insuficiente respuesta desde el Ministerio, con un liderazgo poco experto y discontinuo, que a la fecha sólo ha anunciado medidas tardías para mitigar la violencia de género, que -aunque es una materia que exige una intervención estatal urgente-, no es el único ámbito que requiere una participación activa de esta cartera.
Las mujeres viven desigualdad y discriminación en otras áreas fundamentales para su calidad de vida; como la baja participación laboral, menores sueldos, mayor informalidad del empleo, mayores niveles de pobreza y mayor responsabilidad y tiempo destinado al trabajo doméstico y cuidado no remunerado. Un estudio de Comunidad Mujer señala que el 72% de las labores del hogar son realizadas por mujeres y estima el valor económico de las tareas de trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, el que significaría un 22% del PIB.
Varios estudios sostienen que estas inequidades podrían aumentar postpandemia. Si los pronósticos sobre la crisis económica se cumplen, las mujeres más vulnerables y sus hogares serán las principales víctimas y nadie habrá dicho o hecho algo por evitarlo. De ahí que sea fundamental implementar medidas específicas para apoyar a esta población, que consideren el trabajo doméstico y de cuidado como parte vital del desarrollo del país.
Dentro de estas medidas proponemos implementar un salario básico para mujeres que realizan estas labores (emulando la reciente iniciativa de España); extender el postnatal, tomando en cuenta que los jardines infantiles y salas cunas se encuentran cerrados; y disminuir la jornada laboral, haciéndola más compatible con las necesidades de la familia. Asimismo, es fundamental asegurar el acceso a la salud sexual y reproductiva (partos, abortos, controles y anticoncepción) en contexto de emergencia; y agilizar trámites de legalización de residencia a mujeres migrantes y a sus hijos.
El ministerio de la Mujer debería ser el encargado de promover y coordinar la implementación de esta perspectiva de género en las medidas económicas, sociales y sanitarias que actualmente se están discutiendo en el poder ejecutivo y en el parlamento.
Firman Colectivo de Mujeres en Políticas Sociales:
Catalina Ortúzar, Magíster en Sociología, Pontificia Universidad Católica
Mariel Mateo, Magíster en Sociología, Pontificia Universidad Católica
Claudine Litvak, Doctora en Políticas Sociales, Universidad de Bristol
Carola Salas, Magíster en Políticas Públicas, Universidad de Chicago
Consuelo Laso, Magíster Políticas Públicas, LSE
Isabel Valdés, Doctora en Sociología, Universidad de Hamburgo
Daniela Díaz B., Magíster en Sociología, Pontificia Universidad Católica
Carolina Velasco H., Magíster en Trabajo Social, Boston College
Silvana Lorenzini, Magíster en Políticas Sociales y Desarrollo, LSE
Valentina Garrido, Magíster en Trabajo Social, Universidad de Michigan
