BRAGA
Créditos: Agencia Uno
Actualmente en el Congreso se encuentran durmiendo varios proyectos respecto a la comunidad, por ejemplo, el de derechos filiativos, incitación al odio, modificación a la ley antidiscriminación, entre otros. Proyectos que de verse aprobados harían de nuestra jurisprudencia un lugar mucho más inclusivo y menos discriminador.
Este fin de semana se dieron por finalizadas las diversas conmemoraciones online a propósito del mes del orgullo, fecha la cual recuerda los disturbios de Stonewall en Nueva York, ocurridos en el año 1969, los cuales marcaron un momento crucial en los inicios del movimiento de liberación LGBTIQ+.
Esta revuelta fue parte de una serie de manifestaciones espontáneas de personas que protestaron en contra de una redada policial que se dio en el pub que dio origen al nombre: Stonewall. En esta época las redadas eran comunes y las protestas que se levantaron en su contra son consideradas como la primera ocasión, en la historia de Estados Unidos, en donde la comunidad luchó contra este sistema que los perseguía.
Desde la década de los 70’ adelante la comunidad LGBT ha hecho mucho más que empoderarse y fortalecerse, han logrado establecer el diálogo para conseguir una sociedad más inclusiva, menos discriminadora, yendo paso a paso logrando que se deroguen leyes discriminatorias y se aprueben leyes que emparejen la cancha.
Una de estas leyes, en el caso chileno, fue el artículo 365 del Código Penal, el cual fue vigente hasta 1998. Este artículo creado en 1875 estipulaba que tener relaciones homosexuales era un crimen, por lo que una pareja podía ir presa con penas de cárcel que podían ir entre presidio menor en su grado máximo (601 días) a presidio mayor en su grado medio (3 años 1 día).
Y esta no era la única, según la biblioteca del Congreso Nacional, el artículo 373 avalaba como forma de razonamiento, la utilización como argumento del término jurídico de «buenas costumbres». Esto generaba en los artículos del Código Penal una gran inconsistencia semántica lingüística, que se traduce en “una discriminación legal hacia jóvenes y adultos homosexuales, falencias a la hora de penar”.
En la actualidad, existen importantes proyectos que esperan ver prontamente la luz para convertirse en ley y de esta manera, fortalecer un sistema judicial que no sea discriminatorio. Para saber más de ello, es que conversó con El Mostrador Braga, la Directora de Diversidad de Abofem, Cecilia Ortega.
Actualmente en el Congreso se encuentran durmiendo varios proyectos respecto a la comunidad, por ejemplo, el de Derechos Filiativos, el cual tras 4 años de espera, avanzó un paso más durante la tarde de ayer, cuando fue aprobada la idea de legislar.
Este proyecto busca el reconocimiento jurídico del vínculo afectivo entre el nacido y su progenitor no biológico y/o genético que forman parte de una familia encabezada por parejas del mismo sexo. Puedes leer en detalle sobre el proyecto en el siguiente enlace.
Otro proyecto que se encuentra en espera es el de “Incitación al Odio”, el cual duerme desde hace 3 años.
Este proyecto es muy importante para penalizar con más fuerzas los ataques que constantemente sufre la comunidad. Durante 2019, según el Informe Anual de Derechos Humanos de la Diversidad Sexual y de Género, hubo un ataque cada seis días, un 53% más que durante 2018.
Esta iniciativa de ley “tipifica el delito de incitación a la violencia y amplía su ámbito de acción, que hoy esta restringido solo a lo que se publica en medio de comunicación”, explicó Ortega.
Avanzando lento pero seguro se encuentra el proyecto que modifica y fortalece la ley 20.609, que establece medidas contra la discriminación: actualmente es el único proyecto que se encuentra en movimiento en la comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía del Senado, desde el 25 de mayo diferentes actores y organizaciones de la sociedad civil han ido a realizar sus presentaciones ante la comisión.
En concreto, este busca garantizar de mejor manera el principio de igualdad, dotando de mayor eficacia a la acción de no discriminación arbitraria que consagra la ley. Por lo que primeramente se modificaría agregando entre sus propósitos, la función de prevenir la discriminación arbitraria, y promover y garantizar el principio de igualdad, además de mejorar la definición de discriminación arbitraria y la referencia a las categorías “sospechas” ajustándolas a lo establecido en los tratados internacionales.
A visión personal de Ortega, es muy complejo definir cuál de estos proyectos es el más urgente, comenta que durante las últimas semanas “hemos sido testigos, con el caso de lesbomaternidad y el fallo del 2° Juzgado de Familia se Santiago, de la importancia de regulación de los derechos filiativos, que no es posible tener que llegar a judicializar cada caso”.
Por otro lado, también considera que “el proyecto de incitación al odio y la tipificación de dichos actos se ha visto necesaria en días como hoy, donde los medios de comunicación masivos y redes sociales son las únicas formas de relación y donde proliferan discursos homolesbotransodiantes”.
Sin embargo, a su visión, la modificación de la Ley Antidiscriminación es urgente, “llevamos 8 años siendo testigos de la ineficiencia de esta ley, donde la falta de institucionalidad, dificultades varias en el proceso de la acción antidiscriminación, como la prueba, o la inexistencia de mecanismos de protección de niñes LGBTIQ+, hace vital que pongamos nuestras energías en que la modificación que se pretende realizar sea real y donde las voces de la sociedad civil sean escuchadas”.
Lamentablemente con la pandemia se han recrudecido las diferencias y “se ha visibilizado que las personas LGBTIQ+ somos considerades y tratades como ciudadanes de segunda clase”, expresó la abogada. Para ella, dentro de los riesgos a los que están expuestos en la comunidad por un nulo avance en leyes, esta en primer lugar la violencia y discriminación, la cual se ve reflejada, por ejemplo, “en la desprotección total de niñes y adolecentes LGBTIQ+ que son rechazados y violentados en sus hogares y hoy deben estar en cuarentena en los mismos espacios que sus agresores”, expresó.
La precarización laboral y la despreocupación por los trabajadores informales es otro punto importante para la Directora de Diversidad, debido a que existe un gran porcentaje de personas LGBTIQ+ afectados. Otro riesgo agudizado en esta pandemia es la salud física y mental, desde un punto de vista físico, se encuentra por ejemplo la entrega de medicamentos para las personas con VIH, los que se estaban entregando por un mes, “exponiendo a contagio Covid-19, teniendo que asistir mensualmente al retiro a hospitales y así asegurar la adherencia a sus medicamentos”, explicó la abogada.
Es por esa razón que Ortega hace un llamado y recuerda que desde la sociedad civil y en particular, de organizaciones con años de trabajo por el reconocimiento y protección de derechos de las personas LGBTIQ+ instan al gobierno para otorgar terapias multimes; ya que desde un punto de vista psicológico, como varios estudios lo han señalado, la salud mental de las personas LGBTIQ+ se ve afectada desde corta edad “debido al rechazo familiar o acoso escolar, y más tarde por la discriminación en ambiente social y laboral, lo que se traduce en aumento de episodios depresivos y esto sumados a que muches no cuentan con redes de apoyo”, expresó la profesional, situaciones que se ven agravadas actualmente en estas condiciones de encierro.
