Yo opino
Crédito: Dragomir Yankovic / Aton Chile
3 mil casos anuales se proyectaban cuando se discutía en el congreso el proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Este 23 de septiembre se cumplieron tres años de que fuera publicada en el Diario Oficial y la cifra de casos anuales desde ese día, en que empezó a implementarse, es muy distante a lo que se pronosticaba: Según cifras oficiales del Minsal, desde septiembre de 2017 a junio a 2020, solo 1813 personas constituyeron alguna de las tres causales que permiten interrumpir un embarazo en caso de estar en riesgo la vida de la madre, el feto es incompatible con la vida o ha sido producto de una violación. Solamente un 30% de lo proyectado. Esto se explica debido a las múltiples barreras a las que se han visto enfrentadas niñas y mujeres para acceder a esta prestación de salud esencial y humanitaria. Un alto número de objetores de conciencia, una gran desinformación respecto de la misma ley de parte del personal médico y la falta de stock de medicamentos que permiten interrumpir un embarazo, son algunos de los problemas que ha presentado la ley de aborto en tres causales.
De acuerdo al Ministerio de Salud, las cifras acumuladas entre 2017 y lo reportado a junio de 2020 muestran que 1524 mujeres decidieron interrumpir su embarazo. Es decir, un 84%. De ellas, 577 lo hicieron porque peligraba su vida, 674 porque el feto era inviable y 273 por la causal de violación. Esta última es la menor de todas y es la causal que presenta mayor objeción de conciencia con un 50% de médicos que se niegan a practicar un aborto bajo esta causal. Ante cualquier observación es inhumano obligar a una mujer o niña a continuar con un embarazo producto de una violación. Sin embargo, en nuestro país las estadísticas del INE muestran que en el 2019, ingresaron 649 niñas entre 10 a 13 años a programas de atención prenatal, mientras que solo 27 niñas menores de 14 años pudieron constituir causal por violación en el mismo período, equivalente al 4% de los casos reportados por el Minsal.
[cita tipo=»destaque»] Es indispensable que el nuevo departamento de Derechos Humanos y Género del Minsal instruya a todos los prestadores de salud a que habiliten canales de telesalud para atender casos IVE, garantice la disposición de Misopostrol y Mifepristona, refuerce las capacitaciones a profesionales de salud y limite la objeción de conciencia. [/cita]
Sumado a lo anterior, la Ley 21.030 creó un mecanismo de protección para las niñas menores de 14 años que no cuenten con el apoyo de su familia o un adulto a su cuidado. La Autorización Judicial Sustitutiva sirve en casos graves y urgentes cuando hay vulneración de derechos de niñas y puedan acceder a un aborto legal en un plazo de 48 horas. Sin embargo, según cifras del Poder Judicial, hasta el mes de marzo de 2020, solo cinco autorizaciones judiciales sustitutivas fueron solicitadas, de las cuales tres fueron denegadas y dos no fueron admitidas a tramitación.
Así, el alto número de niñas víctimas de violación y el bajo número de constituciones de causales son indicadores del impacto de la objeción de conciencia individual e institucional, la negligencia por parte de las instituciones encargadas de implementar esta prestación y un incumplimiento grave por parte del gobierno en la fiscalización y aseguramiento de insumos y recursos necesarios para llevarla a cabo. Durante la pandemia del Covid-19, diversas organizaciones chilenas y latinoamericanas hemos estado monitoreando el acceso al aborto en estos tiempos y hemos alertado que desde marzo de este año en Chile no se han se distribuido insumos básicos para la IVE en los recintos de salud públicos. Asimismo, en nuestra Segunda Encuesta de Acceso a Salud Sexual y Reproductiva en tiempos de Covid, de las personas que señalaron haber enfrentado alguna barrera de acceso a estos servicios, el 74% no pudo acceder a anticonceptivos tan necesarios para evitar embarazos no deseados. Hace algunas semanas, el problema se agudizó cuando se reveló que en los recintos de salud públicos se había entregado a usuarias una partida defectuosa de pastillas anticonceptivas Anulette. De acuerdo a UNFPA, todo esto es alarmante para nuestro país: se podría traducir en más de 18 mil embarazos no deseados y 8500 abortos inseguros.
En la implementación de una política social, el gobierno es el primer responsable y un actor clave en el proceso de fiscalización. El debilitamiento que ha tenido la Ley IVE es evidente. Bajo la agenda de género del gobierno actual preocupa la poca importancia que se le da a esta ley. Debería ser prioridad garantizar todas las prestaciones de salud que apuntan a salvaguardar la vida de niñas y mujeres. Es indispensable que el nuevo departamento de Derechos Humanos y Género del Minsal instruya a todos los prestadores de salud a que habiliten canales de telesalud para atender casos IVE, garantice la disposición de Misopostrol y Mifepristona, refuerce las capacitaciones a profesionales de salud y limite la objeción de conciencia. Porque estamos frente a una crisis que requiere respuestas inmediatas para que los costos no los sigan pagando niñas y mujeres.
