CF8M: “Una falla en la eficacia de los anticonceptivos altera nuestro proyecto de vida y precariza aún más las condiciones en las que vivimos”

Garantizar el acceso a sus derechos sexuales y reproductivos por parte del Estado a todas las mujeres de nuestro país, ha representado para los responsables un verdadero desafío, el cual lamentablemente ha tenido graves falencias. Uno de los más sonados son los constantes informes del Instituto de Salud Pública (ISP) en donde notifican errores de distinto calibre en pastillas anticonceptivas.

En este contexto, la Coordinadora Feminista 8M se refirió a través de un comunicado, a la importancia de garantizar, sobre todo en tiempos de pandemia, el acceso universal y continuo a la salud sexual lo cual incluye una correcta gestión de los diversos métodos de planificación familiar, como lo son las pastillas, el DIU, Implanon, etc.

Respecto de ello, la coordinadora se cuestiona quién responderá por un embarazo no deseado cuando la gestación se produce por la negligencia del organismo encargado. “La acción de retiro y suspensión (de los anticonceptivos), más allá del marco de responsabilidad legal y administrativa que implica, abre una arista de desigualdad invisibilizada por años de injusticia, pues vuelve a poner bajo el foco la gran deuda en materia de Derechos Sexuales y Reproductivos que existe en nuestro país”, expresan.

Además, agregan que “cuando producto de la venta o entrega de este anticonceptivo defectuoso se produce una gestación no deseada ¿existe la posibilidad de acceder a un aborto seguro, legal y gratuito? Nos someten a la exclusión del mundo social y los espacios públicos. Nos recluyen al ámbito puramente doméstico y se apropian de nuestros cuerpos, haciendo que la maternidad sea considerada como una función exclusiva sólo por el hecho de ser mujeres, institucionalizando y naturalizando dicha situación”.

Para la coordinadora, este escenario de desigualdades se ha profundizado en contexto de pandemia. Un ejemplo de esto, denuncian, es que el Ministerio de Salud no cuenta con un protocolo establecido que garantice el acceso a prestaciones oportunas en materia de Salud Sexual y Reproductiva. Entendiendo esto, “una falla en la eficacia de los anticonceptivos nos expone a peligros, altera nuestro proyecto de vida y precariza aún más las condiciones en las que vivimos”.

Finalmente, para la agrupación feminista, negar el acceso al aborto seguro y libre, atenta contra el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las personas gestantes y por ende, “viola nuestros derechos humanos. Además, genera discriminación en aquellas mujeres más vulnerables, arrastrándolas a prácticas abortivas inseguras, poniendo en riesgo sus propias vidas”.