BRAGA
Crédito: Aton Chile
Ante la situación, el directorio nacional de la Asociación de Funcionarios de la Superintendencia de Educación (ASUME) emitió una declaración pública y solicitó a la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) el apoyo para enfrentar esta medida que -aseguran- es arbitraria desde “todos los puntos de análisis posibles”. En tanto, la dirigenta de la FENPRUSS y del Frente de Mujeres de Los Lagos, Sandra Invernizzi, señala que “la decisión de apoyar a Pamela, es una decisión ética, solidaria y sorora también, porque la vulneración a los derechos de las mujeres a través de la negativa a ejercer su maternidad, es un asunto que sigue persistiendo en este Chile de injusticias y desigualdades, donde se siguen vulnerando derechos de mujeres madres”.
La situación ocurrió el pasado miércoles 28 de octubre, día en que el Directorio Nacional del gremio de los trabajadores de la Superintendencia de Educación (ASUME), tomó conocimiento de una notificación mediante la cual el Superintendente de la cartera, Cristian O´Ryan Squella, ratifica la sanción de destitución de una funcionaria de la región de Los Lagos, por presuntas “faltas a la probidad”.
Se trata de la asociada que ejerce como Encargada de la Unidad de Denuncias y Comunicaciones de la zona, Pamela Celis Aburto, ex dirigente regional de Asume y en la actualidad bajo fuero maternal, con una hija de un mes de vida.
En una conferencia de prensa virtual, el directorio de ASUME, la ANEF y sus representantes regionales, señalaron que, según la resolución enviada para notificar de la sanción a la afectada, la que se dicta después de considerar los descargos de la misma, “hay 4 cargos que se le imputan, pero que solo tienen un tenor administrativo, por lo que consideran que la decisión es desproporcionada”.
Para el presidente de ASUME nacional Patricio Cerda Adaro, esta sanción “tiene una serie de situaciones que vulneran, en primer término, la condición del fuero maternal de la funcionaria y socia nuestra y, en segundo lugar, creemos que la medida, que es la destitución y que es la máxima sanción que se puede aplicar a la función pública, no se condice con los elementos que se han planteado en el sumario correspondiente. Los cargos dicen relación con faltas de carácter administrativo y no a algún tipo de falta mayor que pueda significar faltas graves a la probidad administrativa. En ese escenario nosotros consideramos como directorio nacional y también con los dirigentes de todo el país, que es un hecho muy grave porque pone un antecedente, no solo para los trabajadores de la superintendencia, sino que para todos los trabajadores administración pública”, sanciona.
Otra situación no menor que consideraron desde los gremios es que en la decisión de destitución, no se haya considerado el derecho a la maternidad de la trabajadora, ni cuando fue notificada vía resolución con fecha 10 de septiembre, en cuyo momento la funcionaria tenía 37 semanas de embarazo, ni cuando se le informa el rechazo de su recurso de reposición, encontrándose, haciendo uso de su post natal, por lo que consideran que es un mal antecedente para todos los trabajadores y trabajadoras del sector público, al zanjar con una medida excepcional que es aplicable frente a faltas graves a la probidad.
En tanto la dirigenta de la FENPRUSS y del Frente de Mujeres de Los Lagos, Sandra Invernizzi, señala que “la decisión de apoyar a Pamela, es una decisión ética, solidaria y sorora también, porque la vulneración a los derechos de las mujeres a través de la negativa a ejercer su maternidad, es un asunto que sigue persistiendo en este Chile de injusticias y desigualdades, se siguen vulnerando derechos de mujeres madres, es una cuestión que horroriza y más aún en circunstancias que quienes ahora administran el Estado, es un grupo social y político que se declara pro vida, ellos esgrimen que les interesa mucho la vida del que está por nacer, no obstante, ese discurso se borra inmediatamente cuando se trata, en este caso, de proteger la indemnidad de los derechos laborales de una mujer que está gestando y posteriormente criando y además es dirigente sindical, con todo lo que eso implica, porque ahí hay una vulneración grave a dos circunstancias que la legislación chilena protege, una es la circunstancia de ser madre y la otra es la de ser dirigente sindical y justamente hay protección legislativa especial que limita estos abusos”.
Por su parte el presidente nacional de la ANEF, José Pérez Debelli, dice que “desde la ANEF hemos rechazado esta acción violenta de parte del superintendente de educación, quien ha despedido arbitrariamente a una mujer, profesional, con fuero maternal. Es un hecho que es un retroceso en las políticas públicas en el Estado de Chile, hemos asumido también el respaldo a nuestra afiliada ASUME, con quienes hemos mantenido una coordinación desde las primeras informaciones que de ellos hemos recibido”
Para el presidente de Asume regional Los Lagos, Juan Álvarez Queulo, esto es un proceso que data del año 2018, “se viene dando desde que nuestra directora regional asume el cargo en una primera instancia como reemplazo y después queda en el cargo como directora y comienzan los hostigamientos del personal de la Superintendencia de Educación, donde se incluye a nuestra colega, la funcionaria Pamela Celis. Posteriormente nos llegan más reclamos de funcionarios de nuestro servicio, los cuales se sienten amenazados y amedrentados por la directora regional y nosotros, en nuestra labor de dirigentes, de proteger a los trabajadores hacemos una carta repudiando esta situación, dirigida a nuestro superintendente don Cristian O´Ryan, donde le informamos la situación que está ocurriendo en la región, con el mal clima laboral y él nos responde de una forma que no quedamos conforme”.
El dirigente señala que hicieron otra misiva, esta vez se trataba de un documento con argumentos sólidos y se comienza un trabajo en la región por el mal clima laboral existente, lo que al final generó una profunda división entre el grupo humano “ya que la directora se ha encargado de dividir a los trabajadores y hoy siguen ocurriendo situaciones de maltrato y hostigamiento de parte de nuestra autoridad, que repercute en las funciones de nuestros asociados”.
Finalmente comienza este proceso en contra de la abogada Celis y termina con la destitución de una dirigente que, además, ejercía su derecho a fuero maternal. Ante esto, Pamela Espinoza, dirigente ANEF Los Lagos señaló que esto refleja que hay un doble discurso por parte del Gobierno y sus presentantes sobre el trabajo remunerado y las mujeres “nos parece una situación gravísima en materia de los derechos de las mujeres trabajadoras, hay una incoherencia por parte del gobierno y sus representantes, en cuanto a tener una agenda que responda a tratados internacionales, a un objetivo de incorporar un mayor número de mujeres al trabajo remunerado y por otro lado, vemos situaciones como las que se están dando en la Superintendencia de Educación en la región de Los Lagos, en donde se vulnera el fuero maternal de una mujer trabajadora y en este sentido es impensable señalar que puedan haber autoridades de un gobierno, que por un lado enaltezcan y se tracen metas en torno a un mayor número de mujeres al trabajo remunerado y por el otro lado se vulneren los mismos derechos que fueron fruto de la lucha de movimientos de mujeres, de movimientos ciudadanos por ir derribando los obstáculos que impiden que un mayor número de mujeres ingresen al mundo del trabajo remunerado”.
Asume nacional anunció que van “a iniciar una escalada de información hacia el interior de nuestro servicio, a nuestros socios, a nuestros dirigentes, pero también hacia afuera, estamos coordinando una presentación en la comisión de mujer y género en la cámara de diputados y acciones en nuestras redes sociales y de difusión de esta situación que nos parece gravísima, releva Patricio Cerda.
Finalmente desde la ANEF señalaron que pondrán todo su respaldo en las acciones venideras “nuestro compromiso como ANEF es estar colocando esto en lo público, en la denuncia pública, en la acción administrativa con la contraloría pública y las acciones judiciales necesarias y por supuesto también ante las autoridades políticas que hoy día pretenden instalar este abuso de poder conociendo los derechos fundamentales vinculados a maternidad, eso no se toca, se rechaza, por lo tanto pedimos que se revierta la situación que está viviendo nuestra asociada, nuestra trabajadora y una mujer madre que hoy día tiene la tensión y la pena de haber perdido el trabajo por un abuso de poder del superintendente de educación”, sentenció Pérez.
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