La “jugada” del municipio de San Miguel para impedir la remoción de ex administrador municipal acusado de asedio sexual

A inicios de noviembre, una funcionaria de la Municipalidad de San Miguel presentó una denuncia en contra de José Luis Rodríguez, entonces administrador municipal y mano derecha del alcalde. El peritaje de la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS), confirmó la existencia de conductas asociadas a asedio sexual, de las cuales fue víctima la trabajadora.

Una vez que se decretó el inicio del sumario administrativo, concejalas y concejales de la comuna se aprestaron a remover de su cargo al administrador municipal -quien además tiene otras denuncias por acoso laboral- como una facultad que les concede la ley. De hecho, tenían previsto tomar esta medida en el próximo concejo municipal.

Sin embargo, justo antes de que los concejales pudieran proceder a la destitución, el alcalde de San Miguel, Luis Sanhueza (RN), nombró a Rodríguez como secretario de Planificación Comunal, impidiendo toda posibilidad de que fuera sacado de sus funciones por las autoridades municipales.

El problema radica en que la Ley Orgánica Constitucional permite que las y los concejales puedan destituir de sus funciones al administrador municipal, pero no al Secpla. Por eso en San Miguel hablan de una “jugada” del edil.

Las explicaciones del alcalde

En conversación con El Mostrador Braga, Sanhueza explica su decisión y asegura que no hay nada de anómalo en su determinación. “La investigación era más importante que removerlo. Yo puedo decirle váyase, pero me hubieran dicho que lo despedí para evitar que se investigara la situación y lo que más me interesa es que se investigue y se llegue a la verdad”, señaló el edil.

Sin embargo, de acuerdo al artículo 147 del Estatuto Administrativo, “si se encontrare en tramitación un sumario administrativo en el que estuviere involucrado un funcionario, y éste cesare en sus funciones, el procedimiento deberá continuarse hasta su normal término, anotándose en su hoja de vida la sanción que el mérito del sumario determine”. Por tanto, si los concejales hubieran logrado remover de su cargo a Rodríguez, el acto administrativo seguiría, habría una investigación de los hechos y una resolución.

En este sentido, la explicación del jefe comunal no satisface a los concejales. “Es su forma de decir yo no quiero que él se vaya sin determinar su responsabilidad. Sin embargo, es puro cuento, porque la responsabilidad administrativa te sigue aunque renuncies. Utilizaron la retención de la renuncia sólo para mantenerlo en el puesto, y lo pusieron como Secpla para que el concejo no pudiera removerlo”, criticó la concejala de Convergencia Social, Erika Martínez.

Al ser consultado por sus decisiones, Sanhueza es enfático en señalar que “yo estoy obligado a hacer las investigaciones y que operen todos los actos administrativos para llegar a la verdad y no actuar sobre el rumor”.

Pero la concejala Martínez sale al paso de estos dichos y acusa: “Hay mucho encubrimiento por parte del municipio, del alcalde y sus cercanos. Nosotros expusimos el caso como concejales, a pedido de las mismas funcionarias, para que se moviera, porque si no, esto no se hubiera movido”, concluye.

Actualmente, el acusado no está en el municipio, pero no por su renuncia, sino porque presentó una licencia médica. De hecho, hasta hace dos días, Rodriguez seguía teniendo responsabilidades al interior de la institución, porque oficialmente sigue siendo un funcionario público. El sumario, que comenzó el 1 de diciembre, tiene un plazo de 20 días para investigarse, esclarecer los hechos y buscar responsabilidades.

Para las denunciantes, el tema va más allá de este caso, porque la imposibilidad de que los concejales pudieran destituir al funcionario, el lento y engorroso proceso de sumario administrativo y la exposición de la víctima y ocultamiento de la identidad del acusado, ponen en tela de juicio la postura del municipio frente a agresiones sexuales de las que pueden ser víctimas sus trabajadoras.