Yo opino
Créditos: Dragomir Yankovic/Aton Chile.
La reciente aprobación del proyecto de legalización del aborto en Argentina nos demuestra la potencia feminista del presente, una que es capaz de mostrar su fuerza en la calle y, a la vez, interpelar desde ahí al Estado. Esta coyuntura nos permite nuevamente imaginar e impulsar con más fuerza la demanda por el aborto legal en este lado de la cordillera. Desde esta perspectiva, es interesante preguntarse si son similares los proyectos presentados en ambos países y si es el proyecto de ley que se encuentra en discusión hoy en nuestro país uno que interprete y represente la demanda histórica del movimiento feminista y que de cuenta de la potencia transfronteriza actual de nuestra interpelación.
El proyecto que legaliza el aborto en Argentina establece un marco de derechos. En ese sentido, comienza afirmando que el aborto hasta las 14 semanas de gestación es un derecho humano y, como tal, está garantizado dentro del marco de derechos sexuales y reproductivos a toda persona gestante, sin importar su origen o condición. Resuelve también, que será posible interrumpir el embarazo por fuera de las 14 semanas de gestación, si este es producto de una violación, o si presenta un riesgo para la salud integral de quien decide abortar. Para ello, establece un plazo de 5 días al sistema de salud para la realización del aborto desde que este es requerido, y comprende que es un derecho que este sea realizado o supervisado por el personal de salud. Integra también el derecho a la información de quien decide abortar, a asesorías por parte de profesionales, y se refiere específicamente a la cobertura que tendrá el aborto como una prestación de salud. A su vez, consagra la obligación de proveer de una educación sexual integral y, en ello, integrar la enseñanza del aborto en los currículos escolares como un derecho humano.
[cita tipo=»destaque»] Creemos la discusión debe mutar y avanzar hacia hacerse cargo de pensar el aborto como una obligación por parte del Estado, a través de la legalización. De lo contrario, las mujeres quedaremos a merced del mercado ilegal y las condiciones económicas particulares, reproduciendo las lógicas neoliberales que tanto hemos criticado.[/cita]
En contraste, el proyecto de ley que está siendo objeto de discusión en la Comisión de Mujeres y Equidad de Género, presentado hace ya 2 años, tiene como principal objetivo la despenalización del aborto hasta la semana 14 de gestación. Esto implica, en términos concretos, que, de aprobarse este proyecto, el aborto consentido hasta la semana 14 dejará de ser un delito y, por tanto, las mujeres y facultativos que realizan abortos por fuera de las 3 causales no podrán ser perseguidos por el Ministerio Público. No significa, sin embargo, que nuestro sistema de salud pública vaya a tener la obligación de habilitar unidades y personal para llevar a cabo estos procedimientos, lo que por supuesto deja una tarea pendiente, ya que no seremos perseguidas por abortar, pero cada una tendrá que seguir haciéndolo por su cuenta y riesgo.
Así, el contenido del proyecto presenta límites importantes para las posibilidades y horizontes del momento político. Que una acción no sea considerada delito no basta para que sea considerada como un derecho. Legalizar significa pensar en clave de derechos, estableciendo antes que todo, que la posibilidad de decidir sobre nuestras vidas y cuerpos es un derecho humano. Así, el aborto, en tanto derecho, debe ser garantizado por el Estado, asegurando el acceso a todas las personas con cuerpos gestantes, en condiciones dignas y seguras, siendo considerado una prestación de salud esencial. En el mismo sentido, requiere pensar en todas aquellas dimensiones de nuestra legislación que deben ser modificadas para que el aborto sea despenalizado, también, socialmente, como la educación sexual integral y la generación de estándares de acceso y seguridad de anticoncepción.
Una de las principales argumentaciones presentadas en contra de la posibilidad de legalizar el aborto es que un proyecto de ley no puede hablar de presupuesto público, pues puede potencialmente ser declarado inconstitucional. No obstante ello, todo proyecto de ley puede -eventualmente- significar una cuestión presupuestaria, y siempre cuando el proyecto no se refiera específicamente a una cuestión sobre la materia, no debiese ser considerado como tal. En último término corresponderá al ya deslegitimado Tribunal Constitucional determinarlo, y nos tocará ir a defender allí nuestro proyecto; más vale pelear más tiempo que pedir permiso si eso significa una posibilidad real para las mujeres y personas con cuerpos gestantes en nuestro país.
Sostenemos que iniciar el debate sobre esta base limita de forma apresurada y desmedida la discusión, y creemos la discusión debe mutar y avanzar hacia hacerse cargo de pensar el aborto como una obligación por parte del Estado, a través de la legalización. De lo contrario, las mujeres quedaremos a merced del mercado ilegal y las condiciones económicas particulares, reproduciendo las lógicas neoliberales que tanto hemos criticado.
En este lado de la cordillera la potencia transformadora ha sido sostenida por el movimiento feminista en toda su amplitud y diversidad, y corresponderá a éste en su plena autonomía impulsar esta demanda, la cual forma parte de su agenda histórica y es parte actualmente de su programa. Es esa perspectiva la que debe traducirse en cualquier discusión, sea esta legislativa o constitucional. Ese fue, también, el proceso impulsado por las compañeras argentinas que hoy celebramos, y es esta la forma en que una acción de este carácter podría interpretar la potencia feminista que ha desbordado todo y hoy tiñe de verde el horizonte.
