Yo opino
A estas alturas del partido, una creería que nuestra sociedad ya estaría preparada para hablar de maternidades (y paternidades) deseadas y responsables, como también de infancias respetadas. Incluso, de la necesidad de una educación sexual que prevenga distintas violencias y problemáticas en esa misma línea.
Pero luego, una comete el “error” de hojear la sección de opinión de ciertos diarios y te acabas encontrando con escritos como sacados del medioevo, donde aún se ve el embarazo no deseado como un «castigo» para las mujeres que disfrutan su vida sexual y simultáneamente, como «una bendición» que deben aceptar sin siquiera una réplica. Y, generalmente, son escritos redactados por hombres que no tendrán que atravesar un embarazo no deseado.
[cita tipo=»destaque»] Un embarazo no deseado, producto de un fármaco de anticoncepción defectuoso proporcionado por el Estado, es indemnizable desde la perspectiva del derecho civil. Mientras que en el ámbito de los derechos humanos es considerado un trato cruel.[/cita]
Esta postura, que se acerca más al discurso de odio que a la opinión y que no debiera tener cabida en medios de comunicación masivos, atenta directamente contra los derechos de las mujeres e incluso, de los mismos niños y niñas que suponen defender.
Los derechos humanos suponen comprensiones sociales del modo en que nos relacionamos y acuerdos acerca de la vida que deseamos para otras personas. Supone también reconocer espacios de vida privada en que las personas pueden tomar decisiones de forma autónoma para construir su propio proyecto de vida.
La decisión de procrear, con las obligaciones y exigencias que conlleva, debe ser un espacio de autonomía personal. Por obvio que suene, las mujeres no somos incubadoras y tenemos sueños y planes.
Un embarazo no deseado, producto de un fármaco de anticoncepción defectuoso proporcionado por el Estado, es indemnizable desde la perspectiva del derecho civil. Mientras que en el ámbito de los derechos humanos es considerado un trato cruel, inhumano y degradante para las mujeres y compromete la responsabilidad internacional del Estado de Chile.
El Estado tiene el deber de no interferir en la vida privada de las mujeres, pero, a la vez, debe crear las condiciones para que todas las mujeres, con independencia de sus condicionantes sociales, económicas y culturales puedan tomar de forma autónoma e informada decisiones sobre su sexualidad y salud.
Evidentemente estas decisiones están vinculadas a otros derechos fundamentales tan importante cómo la integridad física y psíquica, el derecho a la protección de la salud, derecho a la educación, derecho a la información, derecho a la privacidad, derecho al respeto por la vida familiar, y finalmente el derecho a la vida de la mujer en tanto proyecto de vida. Y no puede ser que en 2021 esto aún sea desconocido por la comunidad y el mismo Estado, y que no tenga carácter de urgente.
