BRAGA
Crédito: ISP
Conadecus acusa a dos empresas de vulnerar el derecho a la seguridad en el consumo, provocada por la fabricación y distribución de productos fallidos.
Tras el reclamo de más de 100 mujeres por el fallido anticonceptivo Anulette CD 1, la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios de Chile (Conadecus) presentó una demanda colectiva contra los dos laboratorios que fabrican la pastilla, Silesia y Andrómaco. Ambos laboratorios, pertenecen a un conglomerado empresarial multinacional llamado Grupo Grünenthal de origen alemán.
Según la acción presentada el 28 de marzo ante el Quinto Juzgado Civil de Santiago, se acusa a dichas empresas de vulnerar el derecho a la seguridad en el consumo al elaborar y distribuir productos defectuosos.
«Los defectos de fabricación consistieron en groseras negligencias incurridas en el envasado de las píldoras (entre ellas, la sustitución de comprimidos activos por placebos), que generaron la interrupción del tratamiento anticonceptivo, tal como el Instituto de Salud Pública lo estableció en la sanción aplicada a los laboratorios», detalla el escrito consignado por La Tercera.
«Esta demanda no sostiene en caso alguno que el futuro nacimiento de un niño o niña sea un daño indemnizable, pues la vida humana no puede ser considerada un perjuicio. Lo que se exige es la reparación de las consecuencias patrimoniales y morales derivadas de la privación del derecho de toda mujer a autodeterminarse reproductivamente, derecho que la acción negligente de los demandados les arrebató», agrega la acción civil.
La mayoría de las afectadas recibieron los anticonceptivos a través del Sistema de Salud Público, por lo que Conadecus pide «la indemnización de los daños derivados en los gastos del embarazo y del parto; los gastos de crianza, mantención y educación de los hijos; la pérdida de ingresos por tanto el embarazo como del nacimiento -en el caso de aquellas que deban dejar de trabajar-; el daño moral por el detrimento de su integridad psíquica y de su autonomía reproductiva». Estimaciones preliminares de la corporación indican que el daño total por cada víctima se avalúa en cerca de 286 millones de pesos.
