La investigadora y economista argentina, en el marco de su próxima participación en el seminario internacional “Las tramas del cuidado en la nueva Constitución”, organizado por Juntas en Acción y el Centro de Estudios de la Mujer, conversó con El Mostrador Braga sobre la propuesta de una economía feminista, que a diferencia de la actual no pone la vida de las personas al servicio de aquella, sino que construye propuestas para que la economía esté al servicio de la vida. Una economía que se preocupe centralmente por las desigualdades, por la provisión en un sentido amplio –incluyendo la provisión de cuidados– y por la distribución. La investigadora enfatiza que hay que dirigir los pasos hacia políticas públicas de corresponsabilidad social, paradigma “que sostiene que estas responsabilidades y este trabajo tienen que redistribuirse entre el Estado, los hogares, el mercado y la comunidad. Y entre varones y mujeres”.
Por primera vez en Chile se elaborará en forma paritaria una nueva Constitución, lo que da la posibilidad de incorporar una perspectiva de género a este proceso. En este contexto, especialmente marcado por la pandemia que ha agudizado la desigualdad de género, El Mostrador Braga conversó con Corina Rodríguez sobre el avance hacia una corresponsabilidad social y la propuesta de una economía feminista, que en sus palabras “propone otra forma de entender la economía y además una apuesta por construir otra economía. A diferencia de la mirada económica convencional, que pone el foco en el funcionamiento de los mercados y en el crecimiento económico, la economía feminista pone en el centro del análisis la sostenibilidad de la vida, y construye propuestas para que la economía esté al servicio de la vida y no la vida de las personas al servicio de la economía, como sucede actualmente. La economía feminista se preocupa centralmente por las desigualdades, por la provisión en un sentido amplio –incluyendo la provisión de cuidados– y por la distribución”.
La investigadora argentina –que expondrá este 29 de abril en el seminario internacional virtual “Las tramas del cuidado en la nueva Constitución”, organizado por Juntas en Acción y el Centro de Estudios de la Mujer– comenta que “es necesario pensar una recuperación de la pandemia que ponga en el centro dos cosas a la vez: la cuestión de los cuidados y la autonomía económica de las mujeres”.
-Las mujeres históricamente han debido cargar con el trabajo reproductivo y de cuidados. Con la pandemia se evidencia e incrementa esta situación que intensifica las desigualdades económicas y de género que urge afrontar. ¿Cómo se avanza en corresponsabilidad para estas labores que son centrales para la vida pero tan poco valoradas?
-La agenda de los cuidados ha sido un tema central de la agenda feminista desde hace muchos años y sin lugar a dudas la pandemia ha contribuido a instalarlo definitivamente. Ya no puede seguir invisibilizándose. El incremento en la intensidad del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado en este contexto, así como la persistencia en la división sexual de este trabajo, es ahora por demás evidente. Para avanzar en el paradigma de la corresponsabilidad social en el cuidado, que sostiene que estas responsabilidades y este trabajo tienen que redistribuirse entre el Estado, los hogares, el mercado y la comunidad, y entre varones y mujeres, son esenciales las políticas públicas. Avanzar hacia sistemas integrales de cuidado es la orientación que el debate está siguiendo en América Latina.
Estos sistemas deben abordar distintas instancias. Deben fortalecer el esquema de licencias vinculadas con el cuidado –por maternidad, por paternidad, parentales– en el marco de las relaciones laborales. También deben ampliar los servicios de cuidado, en particular los que provee el Estado, que debieran perseguir un objetivo de universalidad en la cobertura y la calidad. Estos cuidados deberían proveer servicios para los niños, niñas y adolescentes, pero también para las personas mayores y con discapacidad. Otro elemento central de esta agenda es mejorar las condiciones de empleo de las personas que trabajan remuneradamente en áreas de cuidado –que en su mayoría son mujeres–. Finalmente, se necesita también acelerar las transformaciones culturales que vayan desafiando los estereotipos de género en el cuidado.
-En el contexto del desarrollo de una nueva Constitución en Chile y la posibilidad de incorporar una perspectiva de género a este proceso, ¿dónde se debería poner el foco para que se reconozca al cuidado como una necesidad?
-En Argentina se viene promoviendo que el cuidado es una necesidad, un derecho y un trabajo. Creo que sería bueno encontrar la manera en que estas tres dimensiones queden plasmadas en la nueva Constitución. Instituir el derecho al cuidado –que implica el derecho al autocuidado, a recibir los cuidados que se necesitan y a brindar cuidados en las condiciones que se desea– con rango institucional, sería un plafón muy potente para luego exigirle al Estado las condiciones para garantizar este derecho. También podría incluirse la propia idea de la corresponsabilidad –como está establecido en las constituciones de Bolivia y de Ecuador–. Sentar los principios básicos de la corresponsabilidad social en el cuidado en la Constitución, daría mucho espacio para reclamar políticas públicas en consecuencia.
-Las mujeres nos encontramos en un escenario de empobrecimiento multidimensional, debido a la pobreza de tiempo en comparación con los hombres, esto provoca una baja considerable en los niveles de participación laboral, lo que se traduce en mayor desigualdad, vulnerabilidad e invisibilización en múltiples aspectos. ¿Cómo puede ayudar la economía feminista inmersa en un modelo de familia nuclear y un sistema económico-político que parece no ser compatible?
-Se dice que esta pandemia ha significado un retroceso de 10 años en la participación laboral de las mujeres. Sin duda, es necesario pensar una recuperación de la pandemia que ponga en el centro dos cosas a la vez: la cuestión de los cuidados y la autonomía económica de las mujeres. El contexto es hostil y el escenario no es fácil, pero tener claridad sobre el derecho que tenemos las mujeres a vivir una vida autónoma es indispensable para poder exigir al Estado. En este sentido, los Estados han demostrado en la pandemia que, ante la emergencia, pueden evadirse los principios de la austeridad fiscal que tanto han restringido los derechos sociales y económicos. Me refiero a que es necesario exigir la asignación de recursos para políticas específicas que puedan fortalecer la participación de las mujeres en actividades económicas, pero también las redes de protección social frente a una dinámica económica que las sigue excluyendo de manera estructural.
Este contexto también puede permitirnos dar la discusión sobre el empleo como horizonte emancipador de las mujeres. ¿Lo sigue siendo en la actual tendencia a la precarización extrema de las condiciones laborales? Tal vez es tiempo de pensar esa otra economía, partiendo de lo que han sido las experiencias solidarias de resistencia en estos tiempos, para que se transformen en una manera estructural diferente de organizar la producción y el consumo.
-¿Crees que esta ola feminista podrá lograr los cambios estructurales que se requieren?, ¿cuáles son las principales tensiones y desafíos a tu parecer?
-Los feminismos han demostrado ser los movimientos sociales más potentes y transformadores del último tiempo. Su avance ha implicado también reacciones conservadoras. Pero la fuerza del feminismo joven y del feminismo popular creo yo que es irreversible. Tal vez de lo que se trata es de reimaginar las formas de resistencia, y de seguir preparándonos para las oportunidades que se vayan presentando y para aquellas que vayamos gestando.