Yo opino
Créditos: Sebastian Cisternas/ Aton Chile
La pandemia del COVID-19 ha afectado fuertemente la actividad económica en todo el país, con caída en la demanda y destrucción de empleo que limitan la capacidad de los hogares para generar ingresos. La pérdida de ingresos, junto con otras limitaciones representa una amenaza para la seguridad alimentaria de los hogares. Para entender mejor cómo la pandemia está afectando a la alimentación, Rimisp realizó la Encuesta de Seguridad Alimentaria y Alimentación, sondeo que se focalizó en las regiones de La Araucanía y Los Lagos.
Los datos ratifican lo que se ha observado en otros estudios, la pandemia no nos afecta a todos por igual, tampoco sus consecuencias en seguridad alimentaria. La pandemia está afectando fuertemente a las mujeres.
[cita tipo=»destaque»] La ayuda pública ha llegado a muchos hogares, pero no ha logrado evitar el empeoramiento de las dietas y que uno de cada seis hogares sufra de inseguridad alimentaria [/cita]
Los resultados de la encuesta muestran que uno de cada tres hogares ha visto sus ingresos reducirse a raíz de la pandemia y 15% ha perdido al menos un generador de ingresos. Existen diferencias entre hogares dependiendo del sexo del jefe de hogar, siendo el mayor impacto sobre los ingresos de los hogares liderados por mujeres. Entre estos hogares la pérdida de ingresos y de generadores ha sido más extendida: 37% de ellos reporta recibir menos ingresos que antes de la pandemia y 22% haber perdido algún receptor de ingresos, siendo especialmente preocupante el impacto en hogares con presencia de menores de 5 años. Estos resultados son coherentes con el mayor impacto en los sectores predominantemente femeninos y con el aumento de la carga del trabajo doméstico y del cuidado que recae sobre las mujeres, limitando su capacidad de generación de ingresos.
La escasez de ingresos para adquirir alimentos es una preocupación para una mayoría de estos hogares, pero también lo es el alza en los precios de los alimentos que erosiona el poder adquisitivo de los hogares. El 15% de los hogares de estas regiones se encuentra en situación de inseguridad alimentaria moderada o severa. En las comunas rurales, donde el impacto de la pandemia se suma a otras vulnerabilidades previas, la situación es más compleja. Así, 18,5% de los hogares muestra inseguridad alimentaria y en 4,4% de hogares (tres veces más que en el caso de los hogares en comunas urbanas) esta inseguridad alimentaria alcanza un nivel severo, indicando que se quedaron sin alimentos en el hogar o incluso pasaron días sin comer.
Esta situación también se ve reflejada en los cambios en las dietas de los hogares. Casi la mitad de los hogares (47%) ha reducido el consumo de carne y/o pescado para enfrentar el impacto de la pandemia y 40% el de frutas frescas y verduras. Además, como compensación de lo anterior, 28% ha aumentado el consumo de alimentos preparados y envasados. Estas tendencias en la alimentación aumentan el riesgo de malnutrición, con carencias de nutrientes y aumentos en la obesidad. Esta situación es más grave en aquellos hogares liderados por mujeres.
Los resultados que arroja la encuesta delinean un escenario de preocupación, con repercusiones para la alimentación de los hogares, tanto urbanos como rurales. Además, muestran la especial vulnerabilidad de las mujeres y los hogares liderados por ellas, que se han visto proporcionalmente más afectados. Ante esta situación, la ayuda pública ha llegado a muchos hogares, pero no ha logrado evitar el empeoramiento de las dietas y que uno de cada seis hogares sufra de inseguridad alimentaria.
Estos datos nos dan alertas para visibilizar a la mujer rural como un actor a considerar en forma específica dentro de las políticas públicas de asistencia inmediata por los impactos del COVID-19, así como también en las estrategias de reconstrucción y reinvención que Chile deberá aplicar para avanzar en bienestar para todas y todos. La equidad de género fomenta un desarrollo más inclusivo, y las desigualdades territoriales se cruzan con las desigualdades de género, clase, etnia y otras, perjudicando principalmente a las mujeres rurales. Un Estado efectivamente comprometido con acabar con la desigualdad de género debe considerarlas desde una perspectiva interseccional, y considerar el efecto del territorio sobre esta desigualdad.
