La primera Encuesta Nacional realizada por el Colectivo contra la Violencia Ginecológica y Obstétrica, reflejó que un 67% de los casos de violencia son por parte de atención ginecológica y un 80% en la obstetricia. Un 48,2% se sintió infantilizada o anulada por el equipo médico y un 45,9% señaló que se le realizaron procedimientos sin su consentimiento.
Las senadoras Carolina Goic, Isabel Allende, Carmen Gloria Aravena, Yasna Provoste y Marcela Sabat, presentaron proyecto, durante los primeros días de junio, sobre establecer los derechos de las mujeres en la atención ginecológica y obstétrica, como también los derechos del nacido y regular la violencia obstétrica, asegurando una atención de respeto y reconocimiento a la autonomía de decidir sobre su parto.
La moción señala que «en nuestro país durante la atención del nacimiento se practican diversos procedimientos de rutina que no se justifican en mujeres de bajo riesgo obstétrico- que debieran ser entre el 70% y 80%– y cuyo uso no está recomendado por las guías internacionales y nacionales de atención de salud».
Estas prácticas se atribuyen a la inmovilización de la mujer, la prohibición de ingerir alimentos y líquido durante el trabajo de parto. No permitir el acompañamiento, la inducción farmacológica, conducción de oxitocina y la rotura artificial de membranas sin una justificación. Así como también las posiciones forzando el parto, la excesiva cantidad de cesáreas innecesarias y la maniobra de kristeller, movimiento internacionalmente prohibido por su agresividad.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) establece que la tasa ideal de cesáreas en un país sea del orden del 15% al 20%. Sin embargo, las cifras que se registran en Chile, se encuentran entre las más altas del mundo llegando a un 53% el 2017.7.
De igual modo, en la Comisión de Mujeres y Equidad de Género de la Cámara de Diputados y Diputadas, se promovió el proyecto de “Ley Adriana”, iniciativa que también busca prevenir la violencia obstétrica y los derechos de las mujeres y los recién nacidos.
Naciones Unidas (ONU) en el año 2019 reconoció la violencia obstétrica como una violación a los derechos humanos de las mujeres, pidiendo a los Estados regular estos hechos.