BRAGA
Créditos: Movilh
El 28 de junio se conmemora el Día Internacional del Orgullo LGBTI. En Chile la comunidad de la diversidad y las disidencias ha tomado fuerza en sus movilizaciones y demandas. Muchas de ellas no han logrado transformarse en ley, en otros casos, las políticas estatales no son suficientes. Sin embargo, para las organizaciones LGBTIQA+, el proceso de la nueva Constitución abre la posibilidad de poder salir a perseguir las brechas que históricamente les han sido negadas. Para abordar estos temas, El Mostrador Braga conversó con el coordinador del área de DDHH del MUMS Región Metropolitana, Néstor Urrutia; con la encargada del área de investigación de la Agrupación Lésbica Rompiendo el Silencio, Nicole Rojas; con Matías Trujillo, director de desarrollo de fondos, Fundación Todo Mejora y con el coordinador de Legislación y Políticas Públicas de OTD Chile, Franco Fuica.
Los movimientos LGBTIQ+ en Chile se comenzaron a visibilizar durante la década de los 70, con la primera manifestación pública ocurrida el 23 de abril de 1973 en la plaza de Armas de Santiago. En esa ocasión, un grupo de hombres homosexuales y también personas travestis salieron a las calles para pedir reconocimiento y validación de sus derechos. La prensa tradicional de la época no tomó en cuenta el acontecimiento, pero algunos diarios, como el “Puro Chile”, puso en su portada “Los maricones se tomaron el centro” y El Clarín, manifestó en sus páginas: “Ostentación de sus desviaciones sexuales hicieron los maracos en la Plaza de Armas. Las yeguas sueltas, locas perdidas, ansiosas de publicidad, lanzadas de frentón, se reunieron para exigir que las autoridades les den cancha (…) los homosexuales quieren que se legisle para que puedan casarse y hacer las mil y una sin persecución policial”.
En 1984, el crimen de Mónica Briones abrió paso al Día de la Visibilidad Lésbica. La artista y pintora fue asesinada el 9 de julio de 1984, considerándose esta muerte como el primer caso documentado como crimen de odio, actualmente considerado como lesbocidio. La muerte de Mónica Briones motivó la creación de la primera asociación de mujeres lesbianas en Chile, Ayuquelén (en mapudungún “la alegría de ser”).
En esa época ya habían surgido movimientos como el Movilh o el MUMS. Este último decidió hacer sus propias demandas y luchas. Posteriormente se creó en 2002 la Agrupación Lésbica Rompiendo el Silencio que conformaba mujeres lesbianas y bisexuales.
La ley 20.609, conocida como Ley Zamudio, establece “instaurar un mecanismo judicial que permita restablecer eficazmente el imperio del derecho cuando se cometa un acto de discriminación arbitraria”, según la Biblioteca del Congreso Nacional. De este modo, también responsabiliza a todos los órganos de la Administración del Estado, el deber de elaborar e implementar goce de derechos y libertades reconocidas por la Constitución, sin discriminar a ninguna persona.
“En esta ley se tiende a revictimizar a las personas cuando se pone en las víctimas la condición de la prueba y que no hay compensación sobre los agravios. No permite que las personas se atrevan a utilizar la normativa”, indicó el coordinador del área de DDHH del MUMS Región Metropolitana, Néstor Urrutia.
Para la encargada del área de investigación de la Agrupación Lésbica Rompiendo el Silencio, Nicole Rojas, la ley antidiscriminación “no tiene un conteo estadístico de ingreso por causal. La mayor utilización de esa ley ha sido por discriminación a personas en situación de discapacidad. Además no es reparatoria, por ejemplo, si yo gano un juicio, esa plata queda para el Estado, no para mí como víctima. No tiene sentido una ley que no es reparatoria y que te genere desgaste al probar la discriminación, es revictimizante”.
Esta es una de las decenas de leyes pendientes que hay para la población disidente en Chile, donde el Estado no cuenta con las políticas ni las normas de prevención de la violencia, salud mental, leyes laborales, filiales, entre otras. Las organizaciones de la comunidad han tenido una larga batalla para incluir estamentos que garanticen la visibilidad a la población LGBTIQ.
El 13 de noviembre de 2020 se ingresó a la Cámara de Diputadas y Diputados el proyecto de ley “José Matías” en memoria del estudiante trans de 16 años que se suicidó en 2019 tras sufrir acoso y bullying en el Liceo Sagrado Corazón de Copiapó, lo que provocó la visibilización de la salud mental de las personas de la comunidad LGBTI como también la urgencia de la Educación Sexual Integral. El proyecto “José Matías” propone modificar la Ley General de Educación circular 768 estableciendo medidas básicas de apoyo a estudiantes trans.
Los establecimientos educacionales deben adoptar estas medidas, así como respetar el nombre social en todos los espacios educativos más en los documentos de los estudiantes. Además, deben garantizar una orientación dirigida a la familia, al estudiante y a todo el establecimiento, así como dar facilidades en los espacios de usos higiénicos. Asimismo, el colegio debe denunciar, cuando en la comunidad educativa, haya discriminación y acoso, tomando en consideración la protección para los menores de 14 años que quedaron fuera de la Ley de Identidad de género.
De acuerdo a la Fundación Todo Mejora, el Ministerio de Educación recibe en promedio 1,5 denuncias de niños, niñas y niñes trans y durante 2017 y 2018, la Superintendencia de Educación recibió 30 denuncias de discriminación por identidad de género. El proyecto de ley “José Matías”, aún se encuentra en trámite.
“Cuando se habla sobre políticas de prevención del suicidio, no se reconoce a la población LGBTIQA+ como una población de riesgo, mientras muchos estudios internacionales declaran que sí lo es”, indicó Matías Trujillo, director de desarrollo de fondos, Fundación Todo Mejora.
De este mismo modo, en octubre de 2020 la Cámara baja rechazó el proyecto de ley de Educación Sexual Integral. Se requería un total de 89 votos pero se obtuvieron solo 73. Este proyecto establecía normas generales en materia de educación sobre afectividad, sexualidad, identidad de género, orientación sexual, relaciones interpersonales con consentimiento, y uno de los puntos más relevantes, distinguir y prevenir el abuso sexual.
La diputada Camila Rojas autora del proyecto de ley, comentó el rechazo de la ley en sus redes sociales, donde enfatizó: “Rechazado y archivado el proyecto. Este Congreso solo ha dilatado la necesaria discusión de una ley moderna de Educación Sexual. Solo queda seguir empujando este proyecto que más temprano que tarde será ley, aunque a los conservadores les moleste”.
Para el coordinador del área de DDHH del MUMS Región Metropolitana, Néstor Urrutia, la Educación Sexual Integral “podríamos hacer ver no solamente cuidados dentro de las infancias, sino que además `naturalizar` la existencia de la diversidad sexual y de género. Hay que dejar de `demonizar` estas condiciones”
De acuerdo a cifras del Instituto Nacional de la Juventud (INJUV), un 83% de jóvenes del país accede a información de sexualidad a través de redes sociales, un 71% de estos niños, niñas y adolescentes lo hace por medio de páginas de internet.
Con respecto a la promulgación del presidente Sebastián Piñera sobre el proyecto del matrimonio igualitario, las organizaciones de las disidencias señalaron que es un hito importante y que estará en el debate, sin embargo, no es la única causa a discutir como política pública. “El matrimonio igualitario es una de las demandas que se han movilizado, pero no es la única. Está también la de los derechos filiativos, la adopción homoparental, eliminar la cláusula de divorcio a propósito del cambio de identidad de género. Agregar y fortalecer la ley antidiscriminación”.
Las organizaciones de las disidencias y las diversidades coinciden en que la población trans es la más discriminada. Para el Coordinador de Legislación y Políticas Públicas de OTD Chile, Franco Fuica, el Estado se debe responsabilizar sobre una ley integral y específica para las personas trans. “El Estado debe abordar de manera muy amplia e integral las necesidades particulares de las personas trans a través de una ley integral trans que incluya apartados de Educación, salud, trabajo, vivienda y reparación de la discriminación. El Estado debe reconocer primero que las personas trans existen, eso de alguna forma ya lo hizo a través de la ley de identidad de género, pero debe reconocer también que es un grupo que históricamente ha sido discriminado y que tiene una expectativa de vida menor al resto de la población producto de la transfobia o trans odio”.
De este modo, Matías Trujillo, señaló que “el Estado tiene un problema de observación con la realidad que viven las personas LGBTIQA+. Por un lado, no existen instrumentos de medición sobre este tipo de realidades. Por ejemplo, la encuesta Casen no considera la variable “orientación sexual” o “identidad de género” al abordar la pobreza. Mientras que el Instituto Nacional de Estadísticas, a través del censo, no cuantifica cuántas personas pertenecen realmente a la comunidad LGBTIQA+”.
El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) realizó la tercera encuesta “Las personas LGBTI frente al Covid-19 en Chile”, el cual arrojó que desde el inicio de la crisis sanitaria, la discriminación contras las personas de la diversidad aumentó en un 81,8%, también hubo un incremento de abuso del 31% entre la primera y segunda ola de contagios. También refleja que el número de personas de la comunidad que se han contagiado de Covid-19 se duplicaron en el último año.
En la encuesta, también se refleja que el 8% de quienes fueron discriminados sufrió agresiones físicas, el 70,2% verbales y el 66,7% psicológicas. De las personas encuestadas, señalaron que entre quienes sufren discriminación, el 81.8% señala que “han aumentado los conflictos familiares o de convivencia a raíz de mi orientación sexual o identidad de género ahora que paso más tiempo en mi casa”.
“Justamente la cuarentena generó que todo lo que no era urgente quedase relegado a un segundo o tercer plano y muchas de las atenciones que las personas trans requieren para poder afirmar su identidad y expresión de género fueron congeladas (…) creo que este gobierno no tiene un interés genuino de avanzar con las personas LGBTIQA+ y que las personas trans no le interesan, nunca le han interesado y se han visto obligados a hacerlo para subir en las encuestas”, indicó Franco de OTD.
De acuerdo a estudio “Salud mental en personas LGBT+ en el contexto de la pandemia Covid-19 en Chile”, realizada por MUMS junto a la Universidad Católica del Norte y la Universidad Alberto Hurtado, se indicó que “el 18,7% de les encuestades, ha vuelto a vivir con sus padres, lo cual, ha sido violento para muchas personas trans, que tuvieron que volver a sus casas, renegando incluso de su identidad de género, con el fin de no ser discriminades o violentades en sus hogares familiares”.
Para la Agrupación Lésbica Rompiendo el Silencio, la pandemia mostró aún más la precarización de la vida de las personas de la comunidad, “nuestres compañeres están pasando hambre. Estamos en medio de una situación de pandemia donde, por ejemplo, las trabajadoras sexuales, que por lo general son mujeres trans, están constantemente en un sistema de vulneración. Les compañeres con VIH no ha podido recibir sus terapias de manera contínua ni un aseguramiento de su tratamiento. En el caso de nuestras compañeras lesbianas han tenido mucha precariedad laboral y tienen que volver a las casas donde sufrieron violencia”, comentó Nicole.
Por primera vez Chile escribirá una Constitución con paridad, y a ello se le suma que ocho de sus integrantes son de la comunidad LGBTIQA+, donde representan un 3,9% de los escaños electos. Las y los candidatos electos fueron Bessy Gallardo Prado (D8), Jeniffer Mella Escobar (D5); Valentina Miranda (D8); Pedro Muñoz (D24), Javier FuschLocher Baeza (D21), Gaspar Domínguez (D26), Tomás Laibe Saez (D27) y Rodrigo Rojas Vade (D13).
Las agrupaciones de las disidencias apuestan por un camino que puede mejorar, pero que aún no hay nada ganado y hay mucho camino por recorrer. “La lucha está en los cambios estructurales que se dan en el día a día. El trabajo territorial no hay que perderlo”, comentó Nicole de Rompiendo el Silencio.
MUMS realizó la encuesta “Proceso Constitucional y Población LGBTIQA+” donde apuntó que un 55,2% de las personas encuestadas apuesta por la eliminación del modelo económico neoliberal. “eso nos da cuenta de que hay múltiples cuestiones que afectan a la comunidad LGBTIQA+ que se encuentran enquistadas precisamente en ese modelo económico.”, añadió Néstor de MUMS. Asimismo, la encuesta establece que un 54,3% de las personas mencionan que es necesario generar o establecer como interés público el medio ambiente y los recursos naturales.
A pesar de esto, también se cuestionó la ausencia de personas de la comunidad trans en la Convención, lo que provoca que un gran sector de la población quedará fuera de la discusión dentro del proceso. “Esperamos incorporar dentro de la nueva Constitución a las personas trans de manera explícita como una población protegida contra la discriminación Y lograr que también el período actual les presidenciables trabajen propuestas qué estén orientadas al acceso a la salud”, indicó Franco de OTD.
Por último, Matías de Todo Mejora, enfatizó en la importancia del proceso constituyente donde se espera que se mantenga el carácter participativo y que se permita hablar de temas que anteriormente se consideraban “tabú” como lo es la identidad de género, la salud mental, la educación sexual, acoso, entre otras. “Esperamos que la sociedad que se comience a construir a través de la Convención sea una sociedad que nos permita hablar, hablarnos y querernos”.
